El Concurso Internacional de Buenas Prácticas para mejorar la calidad de vida —Best Practices in improving the living environment— que patrocina la ONU, y que este año entra en su sexto ciclo, tiene como objetivo principal seleccionar las mejores experiencias internacionales destinadas a afrontar problemas cotidianos del individuo en general y de los grupos marginales en particular, en su medio ambiente urbano, de forma que se contribuya a una mejora apreciable de la calidad de vida colectiva.

Me gustaría aquí recordar que resultan de especial interés en este concurso los siguientes aspectos:

• En primer lugar, su naturaleza global. La competencia entre muy diferentes países de distintos continentes según unos criterios definidos a priori, y la posterior selección de las mejores prácticas a manos de un comité técnico de expertos, conforma una experiencia novedosa no sólo a nivel de Naciones Unidas, sino en términos de cualquier otra organización de ámbito supranacional que podamos imaginar.
• En segundo lugar, la combinación de distintos tipos de sistemas de valores. Que la filosofía del concurso mezcle tanto lo que podríamos denominar el credo liberal, basado en el reconocimiento y la defensa de los derechos individuales; con un enfoque de tipo interculturalista, que recalca que las sociedades no se componen solamente de individuos atomizados sino de grupos y colectividades que mantienen y reivindican sus diferentes culturas y tradiciones; y también con otro de estilo comunitarista, que pone el énfasis en que las personas son portadoras tanto de derechos como de deberes, resulta indudablemente innovador.
• En tercer lugar, el concurso recoge tanto elementos procedimentales como de contenido. Que se premie tanto el qué se consigue (los objetivos tangibles) como el cómo se consigue (los procedimientos) supone apostar por una vía de actuación que, aunque no es nueva, no suele ser puesta en práctica ni por los gobiernos que la suscriben ni por las propias organizaciones internacionales que la recomiendan. Así pues, el criterio de impacto que maneja la ONU se combina con otros básicos de tipo procedimental, como el número y la calidad de los participantes —partnership— en la práctica presentada, o el tipo de participación facilitada a los afectados, transparente y horizontal (lo que actualmente denominamos empowerment o procesos bottom-up).
• En cuarto y último lugar, que las mejores prácticas sean siempre de carácter holístico, aquellas que incorporan tanto aspectos medioambientales (de ahorro en el consumo de recursos escasos, de mejora en la calidad del medio hídrico, de gestión sostenible de bosques...) como de planificación territorial y urbana (recuperación de patrimonio histórico, renovación de cascos urbanos, diseño sostenible de edificios...) y, por supuesto, de apoyo a grupos marginales y colectivos en situaciones de exclusión (microcréditos a mujeres, políticas de discriminación positiva en relación con minorías étnicas...), entraña un enfoque total y global con respecto al problema de cómo mejorar la calidad de vida de las personas en el entorno urbano.

En relación con el aspecto medioambiental del concurso, me gustaría destacar que se ha reducido el número de prácticas en este apartado y que, lo que puede ser más preocupante, éstas son menos innovadoras que las presentadas en la anterior edición. Tal situación puede deberse a la ‘normalidad’ de la política medioambiental en nuestro país, tras prácticamente una década de funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y casi dos décadas de pertenencia a la Unión Europea e incorporación del acervo comunitario sobre la materia. Esta interpretación puede, sin embargo, ser completada con otra más negativa que incidiría en la rutinización a la baja de la gestión medioambiental de muchas administraciones locales y también regionales, cuando no en el descuido de los valores medioambientales en momentos en los que parece primar la especulación urbanística y la despreocupación por el cuidado de los recursos no renovables. Del total de dieciséis prácticas medioambientales presentadas, la mayoría se refiere a actuaciones urbanas globales, siguiendo en número aquellas relacionadas con la gestión de recursos y residuos y, finalmente, con la restauración de espacios naturales.

Dentro del apartado urbanístico, una parte importante de las prácticas se ha vinculado a actuaciones de mejora de barrios modernos y a procesos participativos en la gestión de las ciudades. Los elementos positivos de los casos estudiados se relacionan con la innovación, a diferencia del apartado medioambiental, y con el partnership. Por el contrario, se echa en falta un mayor ahínco por parte de los responsables de las prácticas por transferir o difundir las buenas experiencias llevadas a cabo.

En el apartado de inclusión social y género se han seleccionado once prácticas, de las cuales siete constituyen proyectos presentados por varias ONG y otras cuatro actuaciones son protagonizadas por administraciones regionales o locales. La gran diversidad de proyectos se concreta tanto en actuaciones como la integración social de colectivos de personas sin hogar, jóvenes e inmigrantes, como en aquellos otros centrados en la igualdad de género o la participación de los ciudadanos en el ámbito municipal.

En las prácticas españolas seleccionadas se han premiado, además del contenido o impacto de las propuestas, los aspectos de procedimiento que facilitan la participación en el proceso de toma de decisiones por los afectados, así como todos aquellos elementos que contribuyen a una mejor governance medioambiental, urbanística y social, tales como la relación transparente entre administración y administrados, la puesta en práctica de mecanismos de asignación de responsabilidades hacia quienes deciden —accountability— y la implantación de estrategias de evaluación y seguimiento —follow-up— de los programas aprobados. Por supuesto, todas aquellas experiencias no promovidas por las administraciones, sino por algunas ONG u otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, que han tenido un impacto positivo en las poblaciones interesadas y que cumplen estos requisitos, han sido recogidas con especial interés.

Han sido rechazadas aquellas prácticas que se limitan a cumplir la legislación vigente. Tampoco se han considerado para la selección aquellas que estaban en un estado muy incipiente de desarrollo (con nulo o escaso impacto) o que no contaban con un grado de partenariado apreciable (falta de cooperación entre distintos agentes). Y es que, como la ONU ha reconocido en numerosas ocasiones, la participación, o la democracia participativa, no es sólo un medio para conseguir cosas sino un fin en sí mismo, ya que sirve para educar a la gente, hacer conscientes a los individuos de sus posibilidades y méritos y generar confianza colectiva a la hora de afrontar retos futuros.