Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 34: Polémicas, reincidencias, colaboraciones... > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/ncartas.html   
Cartas


Índice General

 

1 «Por favor, no nos jodan»

De: roussuper38@hotmail.com.
9 de septiembre de 2005.
Véase: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/ajlord_3.html

Por favor, vivo en un barrio tranquilo, sin lujos, sin demasiadas instalaciones de ningún tipo, pero repito, es un barrio tranquilo; y a alguno de ustedes no se le ocurre otra que destrozar el barrio haciendo un metro en superficie en la calle Almazora, y además como si esto fuera una buena inversión para nuestro barrio. Sepan ustedes que esto no puede quedar así. No es posible que quieran joder a todo un barrio y que además nos quedemos impasibles viendo cómo lo hacen. Por favor, no hagan nada si no hay dinero para ello, pero por favor, repito, no nos jodan.

2 Manifiesto de la Plataforma Acción Deporte Público

De: Plataforma Acción Deporte Público.
Madrid (España), octubre de 2005.

Las plataformas, clubes deportivos, asociaciones y personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales de Madrid abajo firmantes, valoramos que:

Por todo ello, acordamos que nuestras reivindicaciones generales son:

Entendemos que es muy importante el trabajo común con los sindicatos de los trabajadores de los polideportivos para apoyarnos mutuamente en el objetivo compartido de mejorar la calidad, eliminar la precariedad laboral, ampliar los servicios y, sobre todo, parar el proceso de privatización total o parcial que parece estar gestándose.

Esta plataforma tiene por objetivos coordinar esfuerzos, extender la información y convocar movilizaciones en el municipio de Madrid para conseguir nuestras reivindicaciones.

Esta plataforma se nutrirá de, y apoyará, el trabajo que cada colectivo desarrolle en su barrio o distrito, pilar indispensable de cualquier movilización.

Los colectivos y personas que formamos esta plataforma nos comprometemos a extender la información y la propuesta de incorporación a la misma de otras organizaciones interesadas en el objetivo que nos une: que el deporte en Madrid esté de verdad al alcance de toda la ciudadanía madrileña, como elemento fundamental de salud y cultura.

Primeros firmantes:

3 Asociación Niños de Papel, Colombia

De: Manuel Jiménez Tejerizo, presidente de la Asociación Niños de Papel
Bucaramanga (Colombia), enero de 2006.

Queridos amigos,

La cruda realidad social de Colombia golpea a los más desprotegidos: sus niños. Permítanme presentarme, soy Manuel Jiménez Tejerizo, sacerdote católico español, presidente de la Asociación Niños de Papel de Colombia. Tenemos más de quince años de labor en pro de los derechos de niños, niñas y jóvenes que viven en circunstancias realmente difíciles, y en este tiempo hemos venido siendo testigos de cómo esta realidad los golpea,maltrata y excluye.

Recorriendo las calles encontramos miles de niños buscando formas de subsistencia en culturas que los destruyen como son la prostitución infantil, la guerra, la calle o el pandillismo. Ante esta realidad sentimos, por una parte, el llamado a trabajar por el rescate, desvinculación y promoción de estas personas, y por otra, nuestra impotencia económica para responder a una demanda cada día mayor.

Hoy queremos invitarlos a unir esfuerzos para poder dar respuesta a nuestro compromiso y responsabilidad social. Una de las opciones es trabajar en algún proyecto específico dependiendo de las alternativas que vean convenientes, o referenciar una organización que sea de su conocimiento con la que podamos contactar y hacer realidad el sueño de muchos niños, niñas y jóvenes de Colombia. Además, podemos involucrar a personas que deseen unirse a nuestra labor por medio de donaciones en especie o de apadrinamiento.

Nosotros, y en especial nuestra población objetivo, quedaremos agradecidos con su apoyo a esta propuesta. Para mayor información visite nuestra página web: http://www.ninosdepapel.org.

Muchas gracias.

4 Agenda Vecinal de Quito: ¡Por la democracia deliberativa!

De: Unión Metropolitana de Barrios de Quito.
Quito (Ecuador), febrero de 2006.

Texto completo de la declaración de la Agenda Vecinal.

5 Declaración conjunta de los movimientos en defensa del agua

De: Organizaciones participantes en el Foro Internacional en Defensa del Agua.
Ciudad de México, 19 de marzo de 2006.

Del 14 al 19 de marzo, nosotros, seres humanos con una visión integral de la vida, activistas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, redes que luchan en todo el mundo por la defensa del agua, del territorio y de los bienes comunes, hemos compartido ideas, luchas, inquietudes y propuestas. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de cómo las experiencias de lucha han cambiado la realidad en todos los lugares del planeta, deteniendo el proceso de privatización del agua. Ya no estamos en la defensiva, somos capaces de promover propuestas concretas que ya caminan en la vida de cada rincón del planeta.

A partir del espíritu de Caracas, que sumó a muchas organizaciones del mundo alrededor de la defensa del agua, ahora ya tenemos en nuestra historia y corazón las luchas de La Parota, La Laguna, Xoxocotla, Acuitlapilco y muchas otras de México y el mundo. La humanidad y el compromiso de los que organizaron este Foro son un éxito en la construcción de nuestro movimiento.

Por todo esto, en continuidad con los encuentros de los años anteriores durante los Foros Sociales Mundiales, los movimientos sociales que en todo el planeta luchamos por el derecho al agua, en una visión ecosistémica e integral y en contra de su mercantilización en todos los ámbitos (doméstico, agrícola e industrial), confluimos en una plataforma de acción común sobre los problemas de cada lugar en función de una estrategia global.

Consideramos que:

  1. El agua en todas sus formas es un bien común, y el acceso a ella un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación pública-privada, que han mostrado su total fracaso en todo el planeta.
  2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario y participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.
  3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobreexplotación de la madre naturaleza.
  4. Es necesaria la gestión sustentable de los ecosistemas, así como la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las cuencas hidrológicas deben ser unidades básicas integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se haga efectiva la participación ciudadana y de los pueblos. La defensa del agua implica recuperar la salud de los ecosistemas desde las fuentes de captación hasta el tratamiento de las aguas residuales.
  5. En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra firme oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de las grandes empresas transnacionales, de las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y de las potencias gubernamentales del mundo, por excluyentes y antidemocráticos. Por eso no legitimamos a estos organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales de los pueblos y que por el contrario continúan buscando nuevas formas de mercantilización del agua, desdeñando los altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este modelo neoliberal.

Llamamos

A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos principios en los marcos jurídicos locales, nacionales e internacionales.

A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a desarrollar acciones conjuntas para unirnos, organizarnos y concretizar nuestras propuestas de cambio articulando un Movimiento Mundial del Agua.

Exigimos

Rechazamos

Proponemos

Nos comprometemos

En este marco, el movimiento mundial del agua se compromete a realizar tres acciones conjuntas:

  1. Una actividad global, común y simultánea entre septiembre y octubre del 2006.
  2. Tomar como lema común en todas las actividades: El derecho al agua es posible: gestión pública participativa.
  3. Esta declaración será difundida en conferencia de prensa en cada localidad al regreso a sus territorios como consigna del movimiento mundial del agua.

La suscribimos, a los diecinueve días del mes de marzo de 2006 en México. Tenochtitlan.

Organizaciones participantes en el Foro Internacional en Defensa del Agua de más de 40 países.

Un listado preliminar estará listo en breve. Si quiere firmar esta declaración puede mandar un correo a comdainfo@hotmail.com, por favor indique su país y, en caso de ser de México, también su estado.

6 Manifiesto a favor de la Sierra de Guadarrama

De: Óscar Bermejo
Madrid (España), 11 de abril de 2006.

¿Eres tú Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo veía en el azul pintada?
Antonio Machado. Campos de Castilla

Desde que los guadarramistas de la Institución Libre de Enseñanza, como Francisco Giner de los Ríos, Constancio Bernaldo de Quirós o Manuel Bartolomé Cossío, y los miembros de la Sociedad Peñalara pidieran la declaración de Parque Nacional para la Sierra de Guadarrama, o desde que Antonio Machado le dedicara versos inmortales, mucho ha llovido sobre el Guadarrama hasta que la sociedad y sus administraciones, a comienzos del nuevo siglo, intentan dar el paso definitivo elevando a categoría lo que la Sierra de Guadarrama ha sido siempre: una reserva de montaña, con un paisaje y un patrimonio medioambiental del máximo interés. Y, al tiempo, un magnífico ejemplo de convivencia entre usos y medio natural.

Sin embargo, en las últimas décadas, la presión creciente que han ejercido las sociedades del entorno y muy especialmente, la presión que ejerce el desarrollo expansivo de la ciudad de Madrid sobre la corona más meridional de la Sierra, ha puesto en cuestión el modelo de convivencia con el medio. Un modelo de desarrollo, lento y respetuoso con el entorno, madurado a lo largo de siglos.

La ruptura ¿irreversible? del antiguo modelo tiene su origen y justificación en las décadas del desarrollismo, cuando sociedades rurales relativamente subdesarrolladas cultural y socialmente, perdiendo población de forma continuada, no tenían otro recurso económico eficaz, durante los cambios acelerados que imponía la economía de los años 60 y 70 del pasado siglo, que la venta de sus fincas de labor. La venta de terrenos, por la demanda creciente de los habitantes de la ciudad, y el consiguiente desarrollo de la construcción y los servicios, al tiempo que supuso el inicio de una transformación social de gran magnitud, facilitó unas inyecciones de capital que permitieron que estas comarcas de la España rural de la época participaran en el desarrollo general del país.

Pero hoy, tras décadas de cambio acelerado, la realidad y el potencial de estas comarcas se han modificado radicalmente. Las actuales sociedades que habitan la región del Guadarrama se parecen bien poco a las que lo hicieron hace sólo cuatro o cinco décadas. El mestizaje de las comunidades locales con los miembros y los usos de la sociedad urbana, la llegada de gentes desde los cuatro puntos cardinales y la preparación académica y vital que hoy poseen las nuevas generaciones nacidas en la Sierra, dotan al conjunto de un enorme potencial, que será plenamente efectivo si realmente somos capaces de lograr una cohesión suficiente que permita la colaboración positiva y fluida entre los diferentes grupos que conforman nuestra realidad. Este potencial que, por supuesto, también es económico, hace innecesario e injustificado que buena parte de la sociedad y las administraciones públicas sigan apostando por la construcción inmobiliaria como si se tratase, igual que entonces, de la única opción para el desarrollo.

Nuestras sociedades están demostrando tener dificultades serias para vencer las inercias del pasado. Hoy no es posible ni razonable mantener indefinidamente la idea de que desarrollarse, crecer, significa ocupar más y más territorio, en una convocatoria sin fin para construir primera o segunda vivienda y atraer a los millones de ciudadanos madrileños que sueñan con abandonar la ciudad, construyendo cada vez viales e infraestructuras mejores y más costosas, que rápidamente se colapsan y, en pocos años, de nuevo resultan insuficientes. Un modelo de urbanizaciones dormitorio, que se basa en el uso permanente del coche y que medioambientalmente, en el medio plazo, es insostenible. Mientras, aquí y allá, los jóvenes y las gentes con menos recursos tienen enormes dificultades para encontrar su primera vivienda.

La debilidad de un sistema económico que en determinadas zonas del país pivota, casi exclusivamente, sobre la construcción y sus derivados, queda de manifiesto cuando conocemos que en España, con un importante parque de vivienda vacía, se están construyendo al año más casas que en Francia y Alemania juntas, con una población tres veces y media superior a la española. El argumento de que cuanto más se construye más barata es la vivienda está tan alejado de la realidad, que produce sonrojo escucharlo con cierta frecuencia en boca de algunos de nuestros más insignes representantes. La realidad es tozuda y no siempre consiente en adecuarse a los preceptos ideológicos, que sin embargo permanecen inmutables.

El ingente esfuerzo económico que hace España, en este afán de aferrarse a la construcción como motor de crecimiento, resulta disparatado si, además de en la destrucción de entornos de alto valor ecológico y paisajístico a lo largo de todo el territorio nacional, pensamos en que una economía media europea, que pretenda ser competitiva en un mundo cada vez más interrelacionado, debería estar invirtiendo, entre otros capítulos, en educación, sanidad, e investigación para el desarrollo, que sí, éstas sí, son inversiones de futuro. Por el contrario, en el entorno de la Sierra de Guadarrama, lo que efectivamente hace décadas fue un motor de desarrollo, hoy es causa de degradación social y medioambiental.

Las formas tradicionales de resolución autónoma o local de las necesidades humanas suelen estar razonablemente adaptadas a las necesidades del entorno: en su secular proceso de consolidación y perfeccionamiento se han visto obligadas a ello para ser realmente eficientes y perdurar a largo plazo. Pero la globalización de la economía fuerza la especialización de las actividades económicas en cada lugar en función de las exigencias de los mercados, y no de las condiciones naturales de cada espacio de producción. Poco importa si las actividades impuestas en una comarca agotan los recursos naturales locales, como el suelo y las dehesas de nuestra Sierra, siempre que el beneficio obtenido hasta el declive definitivo de la base de recursos sea suficiente para justificar esa producción en ese momento y en ese lugar.

Olvidamos que el desarrollo sostenible ha tenido siempre un componente de territorialidad, de marco físico y geográfico, de sistema ecológico sobre ese marco. Un componente que ha ido desapareciendo en no pocos lugares, muchos de los cuales hoy pugnan por recuperarlo, quizás demasiado tarde. Al diluirse el territorio, por la ausencia de una dialéctica productiva y existencial con él, desaparecen también las raíces y el sentido de pertenencia, que es fácilmente usurpado por nuevos territorios, tan nuevos como falsos, cuya geografía es el consumismo (consumir para ser), el dinero y la propiedad, por no mencionar otros mucho más nihilistas.

Es urgente comprender que el desarrollo de las comarcas como la Sierra de Guadarrama debe reconducirse drásticamente, sustituyendo el consumo frívolo e irresponsable de territorio por un auténtico crecimiento basado en la recuperación parcial de usos agrícolas y ganaderos que generen productos con la garantía y la calidad necesarias para convertirse, al menos en los mercados locales, en productos de prestigio. Desarrollar una industria turística en armonía con el entorno, limitando drásticamente la presencia de vehículos a motor en todo el ámbito del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales), y potenciar un turismo científico y cultural, fomentando las prácticas blandas del deporte y evitando las manifestaciones o actividades que impliquen la presencia masiva de visitantes; aprovechando y rentabilizando, siempre que sea posible, las infraestructuras de transporte público. En definitiva, se trata de promover procesos de economía adaptada al territorio, de economía de escala, como ciertas formas de turismo de calidad que pueden ser, y a la larga lo son con seguridad, mejor fuente de ingresos y crecimiento que la expoliación acelerada; algo que supone pan para hoy y hambre y frustración para mañana.

La construcción en los núcleos de población de estas zonas rurales debe limitarse y reconvertirse, especializarse, rehabilitando y edificando con criterios bioclimáticos y de calidad, en consonancia con el verdadero crecimiento interior, personal y colectivo, desarrollando una cultura de cohesión y participación que enriquezca al conjunto de la comunidad, poniendo en marcha nuevas estrategias de mejora.

Los municipios serranos deben buscar un modelo urbanístico distinto, tendente a la creación y el fortalecimiento de sus centros urbanos, creando espacios peatonales públicos y aumentando la densidad de los edificios en sus núcleos centrales, y no seguir levantando urbanizaciones de viviendas unifamiliares, que ya son demasiadas, en las periferias de los cascos urbanos para quienes, en muchos casos, buscan apartarse del mundo. Social y económicamente, siempre será más rentable para la comunidad construir en los cascos urbanos edificios de mayor densidad, con viviendas de más altura, liberando al mismo tiempo espacio para plazas y jardines, construyendo apartamentos de superficie media, destinados a jóvenes, emigrantes de aquí o allá y, algo que cada vez es más importante, fomentando la construcción o la reconversión de viejos edificios en locales de oficinas, en espacios de negocio, que den entrada a nuevas formas de economía.

Junto a las formas de desarrollo más evidentes, ligadas a las características y las potencialidades del territorio, hoy se abre para nuestro entorno una amplia gama de posibilidades de desarrollo económico que no existían antes. Las nuevas formas de la economía facilitan, cada vez más, el trabajo en red. Numerosas empresas ensayan fórmulas de teletrabajo, animando a parte de la plantilla a trabajar desde sus propias viviendas. Para sectores de la pequeña y mediana empresa, responsable de aproximadamente el ochenta por ciento del empleo nacional, hoy, que la tecnología lo permite, puede resultar tentador escapar de la presión o las dificultades añadidas que supone en la actualidad una ciudad como Madrid, y decidir instalarse en las proximidades de un parque nacional, a una hora, más o menos, de la capital o aún más cerca de la ciudad de Segovia, buscando un lugar en el que la calidad de vida y la productividad puedan ser superiores.

Los ayuntamientos en cuestión deben comprender que es mejor negocio construir oficinas y otros espacios de trabajo, que fomenten la creación o la llegada de nuevas empresas compatibles con el entorno, tratando de crear una economía propia y menos dependiente; que plantar urbanizaciones destinadas a segunda residencia que, para la comunidad, siempre van a dar un menor fruto. Al tiempo, los ayuntamientos afectados deben exigir toda la financiación necesaria para cubrir los gastos y las iniciativas municipales, a través de los presupuestos generales. No se debería colocar a las agrupaciones locales ante la disyuntiva de tener que recurrir a ingresos extras, mediante las plusvalías generadas por la enajenación de terrenos públicos, para poder ejercer su función con la dignidad suficiente, o renunciar a parte de sus competencias. No hay que olvidar que los ayuntamientos son depositarios de un bien de interés general del que debieran ser custodios y garantes. Sólo de este modo las localidades que representen y posean valores excepcionales, justificarán contraprestaciones también excepcionales que, conforme señala la Carta Magna, garanticen la preservación de espacios de interés estratégico y vital para la sociedad presente y futura. Las acciones de los municipios y munícipes hoy condicionarán sin duda la calidad de vida de las futuras generaciones.

Para todo ello es necesario que la sociedad y sus administraciones cambien los modelos imperantes. Es imprescindible estudiar y racionalizar determinadas inercias para optimizar los recursos públicos. Las administraciones, y en particular las Comunidades Autónomas, deberían tratar de corregir estas tendencias y no potenciarlas con desarrollos legislativos tan negativos como la nueva Ley del Suelo que prepara la Comunidad de Madrid, y plantear un plan de ordenación para el conjunto del territorio de la Comunidad, que racionalice y limite el consumo y abuso del territorio, un bien común que no puede estar al margen del interés general. En consecuencia, instamos a la ciudadanía a asumir el protagonismo necesario para forzar un cambio en el modelo de crecimiento de las comarcas del Guadarrama, y a las Administraciones de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, a agilizar los procedimientos necesarios para garantizar, en la presente legislatura, la aprobación en los respectivos parlamentos autonómicos de una propuesta coherente y ambiciosa para conseguir la declaración de la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama puede y debe convertirse en emblema de modernidad y sabiduría, en un hito en el camino hacia un cambio profundo en el modelo de crecimiento. Honrar nuestro pasado, convirtiendo la Sierra de Guadarrama en un aliado para el desarrollo y dejando de actuar como si se tratara de un enemigo a batir. Las administraciones, despojándose de la aparente desgana con la que afrontan el proyecto, deben dar el impulso necesario, concretando las declaraciones de buenas intenciones, que jalonan el documento presentado por la Comunidad de Madrid, en planes concretos, con partidas presupuestarias definidas, para dinamizar y reorientar las economías locales y regionales hacia un futuro de sostenibilidad y desarrollo inteligente.

No convirtamos nuestra Sierra en la nueva línea de costa de la especulación irracional, en competencia con el maltrecho Levante y otras zonas del país, que ya no pueden soportar más agresiones. De este modo, los chalets con vistas a las Cumbres del Guadarrama, que podrían ser lo único que permanezca realmente protegido, serán una triste reedición de los apartamentos masivos con vistas al Mediterráneo que insultan nuestro sentido común.

No pidamos a la naturaleza más de lo que nos puede dar, pues todo en ella, salvo su generosidad, es finito.

7 Manifiesto «Con orgullo, con modestia y con gratitud»

De: Colectivo Memoria del Futuro
Madrid (España), 14 abril de 2006.

El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad. La proclamación de la II República Española encarnó el sueño de un país capaz de ser mejor que sí mismo, y reunió en un solo esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de justicia, de educación y de progreso, de igualdad y de derechos universales para todos sus conciudadanos. Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto evocamos aquel espíritu con orgullo, con modestia y con gratitud, y reivindicamos como propios los valores del republicanismo español, que siguen vigentes como símbolos de un país mejor, más libre y más justo.

Frente al colosal impulso modernizador y democratizador que acometieron las instituciones republicanas --siempre con la desleal oposición de quienes creían, y siguen creyendo, que este país es de su exclusiva propiedad--, todavía se nos sigue intentando convencer de que la II República fue un bello propósito condenado al fracaso desde antes de nacer por sus propios errores y carencias. Los firmantes de este manifiesto rechazamos radicalmente esta interpretación, que sólo pretende absolver al general Franco de la responsabilidad del golpe de estado que interrumpió la legalidad constitucional y democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Y exigimos que las instituciones de la actual democracia española rompan de manera definitiva los lazos que la siguen uniendo --desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos de los libros de texto-- con un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder durante treinta y siete años mediante el abuso sistemático e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los regímenes totalitarios. Después de treinta años de democracia, resulta vergonzoso tener que recordar aún dónde estaba la ley y dónde el delito. A estas alturas, es intolerable, y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país, que todavía se pretenda equiparar al gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el estado al que, por su honor, había jurado defender, y cuya victoria sólo fue posible gracias a la ayuda de los regímenes fascista y nazi que preparaban una invasión de Europa que acabaría provocando una guerra mundial y, aún más decisivamente, gracias a la culpable indiferencia de las democracias occidentales, que, antes de convertirse en víctimas de las mismas potencias en cuyas manos habían abandonado a España, eligieron parapetarse tras el hipócrita simulacro de neutralidad que representó el Comité de No Intervención de Londres.

El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad, y los españoles la aprovecharon. Pese a la brevedad de su vida, la II República desarrolló en múltiples campos de la vida pública una labor ingente, que asombró al mundo y situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros, bastaría citar la reforma agraria, el sufragio femenino, los avances en materia legislativa de toda índole, la separación efectiva de poderes, las constantes y modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta en las comarcas más remotas, el decidido impulso de la investigación científica o el florecimiento ejemplar no sólo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria pública, para demostrar que aquel bello propósito generó bellísimas realidades, que habrían sido capaces de cambiar la vida de un pueblo condenado a la pobreza, la sumisión y la ignorancia por los mismos poderes --los grandes propietarios, la facción más reaccionaria del Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica-- que se apresuraron a mutilarlo de toda esperanza.

La República dotó a los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad de entonces, las mujeres y los niños, de un estatuto jurídico privilegiado en su época. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso para ellas, para ellos, la pérdida de todo derecho y su consagración como subciudadanos dependientes de la buena voluntad de los cabezas de sus respectivas familias. La República apostó por la defensa de los espacios públicos como escenario fundamental de la vida española, asumiendo la necesidad de equiparar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas, y desarrollando políticas de igualdad no sólo entre los individuos, sino también entre las regiones más y menos prósperas. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen consolidó las desigualdades históricas, tanto individuales como colectivas, y abandonó la promoción de los servicios públicos para crear un déficit que en algunos sectores, como la educación primaria y secundaria, seguimos padeciendo todavía. La República fomentó el auge de la cultura española en todos los terrenos de la creación artística y de la investigación científica, el debate intelectual y la vida universitaria, hasta el punto de que su nombre y su destino estarán unidos para siempre a la memoria del máximo esplendor cultural del que ha gozado nuestro país en la era moderna. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso la pérdida más trágica que ha soportado nunca la cultura española: el exilio masivo de los mejores, que dejó las aulas y los laboratorios, los talleres y las redacciones, las editoriales y los museos, la autoridad y el prestigio intelectual de nuestro país, en manos de una improvisada cosecha de oportunistas y segundones, que redujeron la vida cultural española a una lamentable manifestación de mediocres oscuridades.

Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto no queremos seguir lamentando la triste brutalidad de aquel retroceso, sino celebrar la emocionante calidad de los logros que le precedieron, y agradecer la ambición, el coraje, el talento y la entrega de una generación de españoles que creyó en nosotros al creer en el futuro de su país. Reivindicar su memoria es creer en nuestro propio futuro, que será proporcionalmente mejor, más libre, más justo, más feliz, en la medida en que seamos capaces de estar a la altura de la tradición republicana que hemos heredado. Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos; hoy, setenta y cinco años después, queremos celebrar el 14 de abril de 1931 y proponer que esta fecha se celebre en lo sucesivo como un reconocimiento oficial a todos los ciudadanos españoles que lucharon activamente por la libertad, la justicia y la igualdad, valores comunes que tienen que seguir orientando la construcción democrática de la sociedad española.

8 Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio

De: Colegio de Geógrafos y Asociación de Geógrafos Españoles
Madrid (España), mayo de 2006.

La evolución que están experimentando los usos del suelo en España, principalmente a causa de los avances de una urbanización realizada de forma masiva y sobre terrenos no siempre adecuados, es muy preocupante. Este proceso está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas cuyo alcance, en muchos casos, no viene siendo ni considerado, ni corregido. El actual modelo de urbanización está teniendo asimismo consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los ciudadanos --de las que son expresión palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios-- y puede comportar efectos preocupantes para el mismo equilibrio del sistema financiero y la actividad económica, tal como han advertido en reiteradas ocasiones las autoridades fiscales y monetarias.

Además, la práctica del urbanismo ha devenido demasiado a menudo sinónimo de opacidad, de mala política y aun de corrupción. Así, el instrumento que debería servir para ordenar los usos del territorio en beneficio de la colectividad ha acabado identificándose, en muchos casos, con una técnica ininteligible donde la participación democrática del conjunto de actores presentes en los territorios es irrelevante y en la que prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores. En el campo disciplinar, la propia expresión «ordenación del territorio» no ha alcanzado todavía un suficiente consenso científico-técnico, y su práctica real en la mayoría de las Comunidades Autónomas no ha llegado a ser relevante en términos político-administrativos. Así, se consume voraz y desordenadamente un recurso limitado, el territorio, sin disponer de instrumentos adecuados y sin que se atisben respuestas suficientes a los graves e irreversibles daños que en muchos lugares se están ocasionando.

La gestión prudente del territorio debe convertirse en el elemento central de un nuevo debate ciudadano. Un debate democrático en el que participen todos los actores concernidos, especialmente aquellos que menos capacidad tienen para hacer oír su voz. Es imprescindible que la sociedad española tome conciencia de que, de persistir, el mal uso y desgobierno del territorio acarrearía, tras una corta etapa de grandes beneficios privados, largos periodos de onerosos costes ambientales, económicos y sociales. La mayor capacidad técnica para transformar la naturaleza y los espacios de vida y el rápido aumento de la población y de los niveles de consumo deben ir acompañados de prudencia y respeto en el uso y la gestión de los recursos de que disponemos. Sólo así conseguiremos mantener y mejorar nuestro nivel de bienestar, sólo así aprovecharemos las grandes potencialidades de que goza nuestro territorio, sólo así evitaremos legar a las generaciones venideras una España desfigurada, plagada de riesgos y repleta de exasperaciones cotidianas, de desequilibrios territoriales, de procesos segregadores y de deterioro irreversible de elementos culturales, simbólicos y patrimoniales.

El buen gobierno del territorio, de la ciudad y del campo, como el representado en el maravilloso fresco del Palacio Comunal de Siena, es responsabilidad de todos. Por ello debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por política no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. En este sentido, hay que saludar con optimismo el incremento del número de asociaciones y entidades que en toda España pugnan por preservar determinados espacios amenazados por procesos de urbanización inadecuados. Pero debemos ser capaces de dar a estos movimientos un carácter no sólo defensivo y local, sino también propositivo y general.

Urge pues poner las bases de una nueva cultura del territorio. Una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todos los ayuntamientos y del conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.

Esta nueva cultura del territorio debe estar sustentada, a juicio de los firmantes, en los siguientes principios, criterios y prioridades:

1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles. Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

3. El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales, difíciles de medir en términos monetarios convencionales, deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico.

4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

5. El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes deben propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico.

6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura, y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras y/o expropiación por interés social.

7. El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado, el planeamiento municipal no puede hacer frente por sí solo a las dinámicas de transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo sea evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada, casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos y litorales y para espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.

8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades. En el momento actual es inaplazable la revisión de la legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y resulta imprescindible una nueva legislación del suelo que supere la visión estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización. La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural. Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.

9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, Hannover, 2000; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, el conjunto de las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.

10. El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio. Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

10 de marzo de 2006

Listado de adhesiones al Manifiesto

Si desea adherirse al manifiesto, por favor envíe un correo electrónico a:
nueva.cultura.territorio@geografos.org.

Es imprescindible aportar el número del documento nacional de identidad, la profesión, el lugar de trabajo y un número de teléfono (se solicita para poder contrastar la veracidad de las adhesiones). Es importante que sepa que los datos de su nombre y profesión se incorporarán a un listado de acceso abierto en nuestra página web:
http://www.geografos.org/manifiesto/manifiesto.htm.

9 Hacia un debate fértil sobre el agua y los estatutos de autonomía

De: Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace España, SEO/BirdLife y WWF/Adena.
Madrid (España), 15 de mayo de 2006.

Carta abierta a la Ministra de Medio Ambiente y los Presidentes de las Comunidades Autónomas

La modificación de los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas ha intensificado el debate político acerca de la titularidad y las competencias sobre las aguas continentales. En el debate, algunas Comunidades Autónomas reivindican sus derechos sobre determinadas aguas intercomunitarias frente a la Administración General del Estado o a otras Administraciones autonómicas.

Es un debate que santifica la titularidad o competencia sobre las aguas como solución, pero que desvía la atención de los problemas reales de los ríos, de los ecosistemas acuáticos, del agua y de sus usos: la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía y la ilegalidad.

Entendemos que esta discusión puede y debe superarse mediante la aplicación de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE). Esta norma de la Unión Europea nos obliga y nos brinda, a la vez, la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora. La superación de este debate se basa en las siguientes razones:

En primer lugar, la Directiva recuerda que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. No debemos concebir este patrimonio de manera fragmentada, como un mero recurso económico, ya que forma parte de ecosistemas esenciales para la vida.

En segundo lugar, nos exige que realicemos una planificación y gestión integrada de todas las aguas, superficiales, subterráneas y costeras. Para ello establece como unidad de gestión la Demarcación hidrográfica, que comprende toda la cuenca fluvial y aguas costeras, sean cuales sean las divisiones administrativas de este territorio.

En tercer lugar, la Directiva nos obliga a llevar a cabo una planificación y gestión integradora, designando «la autoridad competente apropiada para la aplicación de las normas de la presente Directiva».

Si la planificación y gestión de las aguas ha de ser integrada respecto de todas las aguas e integradora respecto de todas las competencias concurrentes, se debería crear un órgano de coordinación con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la planificación y gestión de las aguas de la Demarcación. En él deberían estar representados con voz y voto los distintos departamentos de las Administraciones públicas con competencias concurrentes sobre las aguas. Su responsabilidad principal sería la propuesta vinculante del Plan Hidrológico de Cuenca y de los Programas de Medidas y Seguimiento, a propuesta del Organismo de Cuenca y tras la tramitación y participación pública establecidas.

El papel competencial de las Administraciones autonómicas es un hecho indiscutible, como también lo es que el establecimiento de la demarcación como unidad de gestión y la DMA obligan a un esfuerzo de coordinación interadministrativa.

El conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va a existir y lo importante es crear espacios duraderos donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos.

Éstas son las razones que nos llevan a pedir que los políticos abandonen el conflicto por la titularidad o la competencia sobre las aguas, e inicien un debate político más fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos en un espacio común y con una participación pública activa.

Theo Oberhuber, Coordinador de Ecologistas en Acción.
Pedro Arrojo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Mario Rodríguez, Director de Campañas de Greenpeace España.
Alejandro Sánchez, Director Ejecutivo de SEO/BirdLife.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena.

10 Manifiesto por el cierre de las centrales nucleares

De: Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida
Guadalajara (España), 20 de mayo de 2006.

«La energía nuclear: paradigma de la insostenibilidad»

Abandonar la energía nuclear es sobre todo una cuestión de voluntad política, no hay insalvables problemas técnicos, energéticos o económicos que lo impidan. Es lo deseable desde la óptica tanto ciudadana como medioambiental.

La evolución de los acontecimientos en las últimas décadas ha mostrado palpablemente que la energía nuclear constituye un rotundo fracaso social, medioambiental, económico y tecnológico. Por ello, la energía nuclear se encuentra en una situación de declive a nivel global.

Las razones de ese declive son bien conocidas:

Es evidente que la energía nuclear no cumple ninguna de las premisas de la sostenibilidad: ni la económica, ni la social ni la medioambiental. Es más, la energía nuclear es el paradigma de la insostenibilidad.

Abandonar la energía nuclear en el Estado español, de forma progresiva pero urgente, es posible desde el punto de vista energético y económico, además de deseable desde el punto de vista de la seguridad y de la protección del medioambiente y la salud. Se trata sobre todo de una cuestión de voluntad política.

El actual Gobierno socialista ha manifestado tener esa voluntad. En efecto, el PSOE y su Secretario General, José Luis Rodríguez Zapatero, ganaron las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 gracias, entre otros elementos, a una serie de promesas como la de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por «energías más limpias, más seguras y menos costosas», como reza su programa electoral a las Elecciones Generales 2004 y se lee también en el Acuerdo Programático PSOE-Los Verdes.

Este compromiso electoral es además un compromiso de Gobierno pues el propio Presidente Zapatero así lo concretó en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados (y lo ratificó en su discurso en La Moncloa el 16 de febrero de 2005 para celebrar la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, así como en el Debate del Estado de la Nación de mayo de 2005).

Si de verdad el Gobierno desea crear un modelo energético sostenible que permita cumplir con los compromisos de Kioto, debe poner en marcha, cuanto antes, un plan de cierre progresivo de las centrales nucleares, empezando por las más peligrosas, como Garoña, e impulsar decididamente las energías limpias.

Reclamamos por tanto al Partido Socialista y al Presidente Zapatero que no defrauden a la ciudadanía y cumplan su promesa de cerrar las centrales nucleares, dando un fuerte impulso al cambio de modelo energético con la decidida promoción de la eficiencia, la suficiencia y las energías renovables.

Organizaciones que participan en la Coordinadora Estatal por el Cierre de las Centrales Nucleares, constituida hoy sábado 20 de mayo de 2006:

Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, Científicos por el Medio Ambiente (CIMA), Plataforma de Vecinos Afectados por la Central Nuclear de Almaraz (Extremadura), Adenex (Extremadura), Plataforma Ciudadana por el Cierre de Garoña (Castilla y León), Asociación de Vecinos Afectados por la Central Atómica de Garoña (Castilla y León), Coordinadora contra Garoña (Castilla y León/La Rioja/Euskadi), Coordinadora de Pueblos Odra-Pisuerga contra el cementerio nuclear (Castilla y León), Asociació Ecologista Agró (Valencia), ADEGA (Galicia), Coordinadora «Tanquem les Nuclears» (Cataluña), Plataforma en Defensa del Territori de Vandellós y L'Hospitalet del Infant (Cataluña), Plataforma Anticementerio Nuclear de Córdoba (Andalucía), Plataforma Anticementerio Nuclear de Guadalajara (Castilla-La Mancha).

11 Ordenanza de civismo: ¿abriendo grietas sociales?

De: Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Barcelona (España), 25 de marzo de 2006.

Nota: Conferencia pronunciada por Carlos Jiménez Villarejo el 25 de marzo en la Casa del Mar del Poble Sec, en el marco de la 34a asamblea de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

La Ordenanza pretende ser una «respuesta democrática y equilibrada» a la consecución de un objetivo, la «preservación del espacio público como lugar de convivencia y civismo», para preservar lo que llama «un modelo de sociedad barcelonesa». Para ello enuncia y promete actividades de fomento y prestación social que, ciertamente, no hacen sino encubrir, incluso en el supuesto de que se cumplieran, un afán represivo de aquellas formas de vida plurales y diversas que están presentes en la ciudad pero que no se ajustan a aquel modelo. Formas de vida o de actividad que son estigmatizadas y penalizadas hasta evitar su presencia pública, situándolas en la más estricta marginación. Así, se llega a la paradoja de que, fijándose como primera conducta sancionable el «comportamiento discriminatorio» (Art.16), el desarrollo de la Ordenanza contiene múltiples expresiones de tratamiento personal y colectivo claramente discriminatorio.

La Ordenanza municipal de Barcelona dice inspirarse en las facultades reconocidas a los entes locales y al alcalde en la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y en la Ley autonómica 22/98 que contiene la Carta Municipal de Barcelona. En la primera de ellas, se fijan «los criterios» que deben presidir el establecimiento de infracciones y sanciones administrativas en el ámbito municipal (arts. 139-140), criterios a los que debían haberse sujetado las infracciones --llamadas «normas de conducta»-- contenidas en la Ordenanza. Los límites fijados en esta ley, por razón de su rango normativo, no pueden ser desbordados ampliando desmesuradamente la facultad sancionatoria, lo que estaría en contradicción con dicha ley y representaría una vulneración de derechos y libertades fundamentales. Por otra parte, la Carta Municipal, también con rango Ley, reconoce al Ayuntamiento de Barcelona la facultad de «sancionar en las Ordenanzas municipales los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana en el ámbito de relaciones de vecindad, respetando los derechos y libertades fundamentales» (artículo 128.1.b). Y a continuación, establece en el artículo 129 las conductas constitutivas de infracción administrativa grave. En consecuencia, estamos ante dos normas de superior rango normativo al de una Ordenanza municipal que ya definen las conductas sancionables por la autoridad municipal, límite que no puede ser superado por dicha autoridad, máxime cuando se restringen actos estrictamente privados por el mero hecho de producirse en un espacio público, como ocurre en relación a la mendicidad y a la prostitución.

Si, como dice el Art.1, «la ciudad es un espacio colectivo donde todos tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización personal, política y social», la Ordenanza más bien limita gravemente o, sencillamente, elimina esa posibilidad para muchas personas y colectivos que precisarían de un apoyo más directo y explícito, más que para «realizarse», para simplemente sobrevivir. La Ordenanza respira, más que «respeto mutuo y tolerancia», intolerancia. La mayor parte de las infracciones que define están muy lejos de cualquier forma de vandalismo que, por otra parte, sería perseguible con la aplicación del Código Penal.

La mayoría de ellas no contienen ningún elemento de violencia, es más, representan el ejercicio de derechos, como el de la libertad de expresión. Así resulta de infracciones consistentes en colocación de «pancartas, carteles y prospectos», que pueden sancionarse hasta con 3.000 euros y, entre otros, el ofrecimiento de «apuestas»; «la práctica de juegos en el espacio público»; «el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos», infracción ciertamente irritante en una ciudad que, previo pago de las tasas correspondientes, está inundada de terrazas en las aceras en las que se consumen masivamente aquellas bebidas; la «venta ambulante» sin autorización, hasta el límite realmente intolerable de sancionar hasta con 500 euros al particular que adquiere los productos a la venta; la prestación de servicios no autorizados como el «tarot, masajes y tatuajes», sancionando también a quienes aceptan esos servicios. La ruptura de los principios básicos a que debe sujetarse un derecho sancionador democrático alcanza su máxima expresión en la infracción, absolutamente indefinida, que consiste en «hacer un uso impropio de los espacios públicos y de sus elementos, de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por los demás usuarios» (Art. 58.1).

El tratamiento en la Ordenanza tanto de la mendicidad como de la prostitución está presidido por criterios que vulneran los principios y medidas de igualdad de trato y no discriminación contemplados en la Ley 62/03 de 30 de diciembre, que incorporó las Medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato, en el Capítulo Tercero sección Segunda, frente a cualquier forma de discriminación directa o indirecta o de acoso (arts. 27-43). Ley que contempla la posibilidad de que esas formas de discriminación puedan producirse a través de «disposiciones reglamentarias», aunque sea la mera «consecuencia» de su planteamiento normativo. La Ordenanza infringe dicha Ley en la medida en que se definen como infracciones conductas propias de determinadas personas por razón de su estatus social y, en consecuencia, se genera respecto de ellas un entorno que podría calificarse, siguiendo los términos de la Ley, de «intimidatorio, humillante u ofensivo» tanto en las relaciones sociales como en el ámbito laboral. La adopción de estas medidas representa una expresión patente de lo que debe llamarse discriminación institucional, en lugar de que la autoridad municipal adopte medidas estrictas y directamente positivas para que esas personas o colectivos puedan superar las desventajas individuales y sociales en que objetivamente se encuentran.

El fundamento de la persecución de diversas formas de mendicidad ya expresa una posición de rechazo y excluyente de dicha actividad. Es el derecho de los ciudadanos de Barcelona a transitar «sin ser molestados o perturbados en su voluntad» o, entre otras razones, una tan imprecisa como «el uso correcto de las vías y espacios públicos». El mendigo o indigente, por el mero hecho de estar presente en la vía publica, «molesta» y debe ser retirado de ella. Por otra parte, el concepto de mendicidad se extiende tan ampliamente, como es habitual en esta norma, hasta comprender «cualquier otra fórmula equivalente», conducta absolutamente indeterminada que atribuye a los agentes unas facultades desproporcionadas en la persecución y sanción de estas conductas.

Los términos de mendicidad «insistente, intrusiva y agresiva» expresan la definición de conductas que en grado leve constituyen, si así lo aprecian los que se sienten ofendidos, una falta penal prevista en el artículo 620 segundo del Código Penal. En efecto es incompatible con los principios del Estado de Derecho que la autoridad municipal amplíe sus competencias hasta el punto de definir y sancionar conductas de relevancia penal. Igual ocurre con la norma contemplada en el artículo 35.1, que se refiere expresamente a «actitudes coactivas o de acoso».

La prohibición contenida en el artículo 35.2, entendida erróneamente como una forma de mendicidad, del «ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos» sin que medie ningún grado de coacción, es sencillamente inaceptable en cuanto pretende sancionar formas elementales de comercio ambulante que sólo pretenden encontrar una vía para la subsistencia. La norma del artículo 35.4 --como la «realización en el espacio público de actividades de cualquier clase cuando obstruyan o puedan obstruir el trafico rodado...»-- es de tal grado de indeterminación en la descripción de la conducta típica que es incompatible con los principios sancionatorios del Estado de Derecho de tipicidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Si ya es grave el empleo de medidas restrictivas de derechos para sustituir las multas, lo es más que respecto de estas personas puedan imponerse dichas medidas, como «sesiones de atención individualizada», sin contar con su consentimiento (Art. 36). Constituye un verdadero atropello a la libertad de esas personas.

Una consideración sobre «la limpieza de parabrisas» contemplada en el artículo 35.2. La Ordenanza no puede sancionar una conducta sin sujetarse a los términos en que la misma ya fue definida como infracción en el artículo 129 f de la Carta Municipal, que exige para su sanción que esa conducta se produzca «sin permiso».

Las normas sobre «utilización del espacio público para el ofrecimiento y solicitud de servicios sexuales» expresan no sólo una discriminación institucional de las personas que ejercen la prostitución en los espacios públicos, sino también una estigmatización de las mismas en la medida en que carecen de recursos económicos para desenvolver su actividad en ámbitos reservados fuera de toda clase de controles institucionales y policiales. Ya sabemos que estas mujeres suelen ser víctimas de organizaciones criminales que trafican con ellas y las explotan hasta someterlas a formas modernas de esclavitud que justifican la respuesta penal, respaldada por un consenso internacional. Pero en la Ordenanza estamos ante medidas que sancionan, en aras de una supuesta protección del espacio público, a personas que ejercen una actividad laboral y que pactan libremente con los clientes las condiciones de su trabajo. La protección del espacio público no puede llegar hasta el límite de que la Administración municipal irrumpa en el control y la sanción de pactos libremente aceptados por las partes sobre los servicios sexuales mediante precio. Porque resulta incompatible con la función protectora de las víctimas que debe asumir la Administración que, finalmente, la Administración haga recaer el peso de la persecución y la sanción en este ámbito sobre dichas mujeres que, en efecto, son más vulnerables y por tanto más discriminadas que aquellas que desarrollan su actividad fuera del espacio público. Por ello, es necesario reiterar la vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación que van a soportar estas personas en relación a otras que ejercen esa actividad en otras ciudades de Catalunya y el Estado. De conformidad con la Ley ya citada 62/03, dichas personas, en cuanto trabajadoras, son discriminadas por razón de su «condición social» de conformidad con el artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, resulta realmente grave que las relaciones sexuales en el espacio público sólo se sancionen si son «mediante retribución». La protección de los menores, si es lo que se persigue, no justifica esta respuesta claramente discriminatoria respecto a las que pudieran mantenerse sin que mediara precio.

La norma del artículo 13, sobre extranjeros, tiene cierta similitud, con las salvedades oportunas, con la contenida el artículo 59 de la Ley de extranjería vigente. En este precepto se establecen ciertas ventajas para los extranjeros que colaboren en la denuncia de las redes criminales organizadas de las que son víctimas. En efecto, el Real Decreto, que contiene el Reglamento que desarrolla dicha Ley, citado en el apartado número 2 del artículo 13, contempla que el Ayuntamiento puede emitir un informe respecto de los extranjeros «que acredite su inserción social» para así obtener una autorización de residencia por razones de arraigo. Pero resulta inadmisible, en cuanto contradictorio con una norma de superior rango, que la autoridad municipal, por la vía de una Ordenanza, pueda ampliar las exigencias que no están contenidas en el Real Decreto para obtener dicha autorización, como es exigir la colaboración de los extranjeros «en el fomento de la convivencia y el civismo en la ciudad de Barcelona», haciendo más gravosa para el extranjero que reside en Barcelona la obtención de dicha autorización, dado que el Reglamento de Extranjería no exige requisitos complementarios.

En cuanto a la «organización y autorización de actos públicos» (artículos 14 y siguientes), la Ordenanza desborda de forma improcedente los límites de la competencia de los entes locales establecidos en el artículo 130 de la Carta Municipal que, respecto a las manifestaciones públicas, debe limitarse a «emitir informe preceptivo sobre el recorrido propuesto».

Si se trata del ejercicio del derecho de reunión habrá que estar, sin más requisitos, a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/83, sin que la Ordenanza pueda de ningún modo alterar los términos y requisitos establecidos en ese precepto legal sobre el alcance del informe municipal, informe que no puede ni aconsejar ni «desaconsejar» la celebración de la reunión, porque ello representaría sustituir los términos establecidos por una Ley Orgánica por la vía de un reglamento municipal.


Edición del 30-9-2006
Boletín CF+S > 34: Polémicas, reincidencias, colaboraciones... > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/ncartas.html   
 
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