Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 34: Polémicas, reincidencias, colaboraciones... > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/afpra.html   
S.O.S. en el litoral español
Fernando Prats Palazuelo[1]
Madrid (España), julio de 2006.

¿Es sensato dejar sin respuesta las iniciativas que pretenden llevar hasta sus últimos extremos la urbanización masiva de nuestro litoral? ¿Es razonable disentir, aunque una poderosa demanda inmobiliaria en la costa pueda impulsar, aún más, al pujante sector promotor/constructor, y el proceso cuente con las bendiciones de un amplio número de ayuntamientos y algunas regiones que han decido apostar por el nuevo boom urbanístico?

¿Dónde están, más allá de evaluaciones de corto plazo, los análisis científicos, los debates parlamentarios o la convicción ciudadana, que avalarían que esa es la opción estratégica más interesante para el futuro de este país y su litoral?

¿Cómo es posible que, contraviniendo todas las recomendaciones internacionales sobre la importancia de las estrategias de sostenibilidad integral del litoral y ante el inexplicable mutis de nuestras principales instituciones regionales y nacionales, hayan tenido que ser el Parlamento Europeo y un diario, El País, quienes hayan levantado su voz denunciando los desmanes en nuestras costas?

Evidentemente, algo está fallando en la sensibilidad institucional y social cuando, sin mediar nuevos argumentos, asistimos a la reproducción de prácticas urbanísticas ya denostadas en los manuales sobre la reciente historia socioeconómica del país.

Los límites del modelo expansivo

Sin dejar de insistir en que lo primordial es abrir un debate serio en el que puedan expresarse con luz y taquígrafo todas las posiciones, conviene explicitar algunos rasgos y contradicciones de las lógicas del ‘crecimiento ilimitado’ en una costa que, según el Corine Land Cover de la Unión Europea, tiene ya, en su tramo mediterráneo, el 34% de su primer kilómetro ocupado por las urbanizaciones.

La complejidad y transversalidad de las contradicciones en el litoral

Hoy, al menos sobre el papel, existe una aceptación generalizada sobre la necesidad de reformular las lógicas de desarrollo imperantes y que hay que hacerlo desde la complejidad de las contradicciones por las que atraviesa el sistema litoral. No parece posible salir al mundo con otro discurso.

Por eso, tras una etapa de incomprensible silencio por parte del Gobierno Central ante un tema de la envergadura expuesta, ha causada cierta sorpresa la reciente intervención en la III Conferencia Turística Internacional Exceltur (enero de 2006) del prestigioso Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, en la que calificó contundente y positivamente la situación actual y a futuro del modelo de desarrollo económico/turístico del litoral. Por cierto, visión que no parece sea compartida por el Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del MIMAM, ni por los tres Presidentes Autonómicos de Andalucía, Canarias y Baleares, presentes en la misma Conferencia, quienes expresaron, con prudencia y claridad, su preocupaciones por la evolución del litoral.

Lógicamente, la opinión de Miguel Sebastián, tal vez excesivamente macroeconómica y descontextualizada para quienes trabajamos y reflexionamos a diario sobre la realidad costera, tiene mucho peso y ha de ser tomada en consideración. ¿Refleja el sentir y explica el prolongado mutis del Gobierno ante el tema? ¿Responde a análisis que asimilan la complejidad y transversalidad de las contradicciones que atraviesan el sistema litoral español y las interrelaciones apuntadas entre economía, territorio, calidad de vida y medioambiente?

¿Hasta que punto, incluso hablando de economía, consideran tales opiniones la evolución de las rentas monetarias de forma interrelacionada con el progresivo deterioro del propio patrimonio natural y el entorno que permiten obtener dichas rentas? ¿No se estarán considerando como costes colaterales asumibles muchas de las contradicciones apuntadas, sobrevalorando, por el contrario, el valor estratégico de los abultados rendimientos económicos y de empleo generados a corto plazo por el hiperdesarrollo del sector promotor y constructor en la costa? ¿No estaremos reproduciendo, otra vez, los patrones de lo que críticamente se llamó desarrollismo económico español en los ochenta?

Sobre todas estas cuestiones se ha escrito mucho, pero por su actualidad, tal vez convenga recordar las recientes declaraciones en Davos del Director del Informe sobre el Índice de gestión ambiental en el mundo, que sitúa a nuestro país a la cola de los países ricos: «España se precia de ser una de las economías más dinámicas de Europa, pero está creciendo a costa del medioambiente, con gran participación de la construcción. Y eso, a la larga tiene un coste» (El País, 24 de enero de 2006)

¿Realmente no existen alternativas capaces de afrontar desde otras lógicas los complejos problemas de la costa? ¿Van a resultar suficientemente profundas y amplias las medidas adoptadas por el Plan Nacional de Reformas para reencauzar adecuadamente la evolución del litoral? Como mínimo, hay que decir que el tema es suficientemente importante para debatirlo a fondo y con la amplitud necesaria.

Afortunadamente, otras lógicas son posibles

Todo indica que, más que insistir en el viejo modelo expansivo, hay que pensar en formular y aplicar otros paradigmas más solventes. Y en el centro de esas nuevas lógicas se plantea la cuestión de la sostenibilidad y los límites de la capacidad de carga de los sistemas costeros como requisitos fundamentales para preservar su valor como patrimonio integral.

Porque, sólo a partir de esas premisas es posible pensar en combinar los márgenes de crecimiento disponibles y las estrategias de valorización capaces de optimizar la rentabilidad integral de nuestras costas y de fidelizar a los públicos que más nos interese atraer a las mismas.

En el fondo, cuando ya circulan más de cien millones de turistas nacionales y extranjeros por el país y se ingresan cerca de 85.000 millones de euros anuales, el reto no es seguir creciendo, sino valorizar, incluso reduciendo, un flujo tan importante de visitantes; lo que pasa, entre otras cuestiones, por impulsar la rehabilitación integral de un litoral desbordado. Como decía hace poco un representante del macro-operador TUI, en España no faltan turistas sino que sobran urbanizaciones y alojamientos turísticos.

Además, la propia experiencia de nuestro país muestra cómo las nuevas formulaciones también consiguen el imprescindible respaldo social, poniendo así en evidencia a aquellos que justifican sus políticas urbanísticas expansivas en base a unas presuntas demandas sociales inconmovibles. Eso sí, agrupar mayorías sociales en torno a las nuevas políticas en el litoral no es fácil y requiere lucidez y coraje institucional, mucha pedagogía y capacidad de innovación, y amplia concertación con los principales actores empresariales y sociales.

Una referencia muy significativa; en el ámbito estatal, Exceltur, la principal asociación empresarial turística del país, acaba de realizar uno de los estudios más lúcidos sobre el litoral Mediterráneo y las islas, en el que aboga, inequívocamente, por la necesidad del cambio de modelo en la costa.

También en los territorios regionales, desde los primeros pasos de Baleares en los noventa, se han producido experiencias innovadoras. En Canarias, se han aprobado unas Directrices Generales y del Turismo (2003) que suponen un auténtico hito en la nueva dirección, conteniendo la nueva implantación de plazas turísticas y apoyando la rehabilitación de los destinos. Y, en Cataluña, el PDU del Sistema Costero (2005) ha iniciado su singladura apostando por restringir el crecimiento urbanístico al sustraer 23.500 hectáreas del proceso urbanizador, como condición de partida para empezar a pensar en la revalorización de sus costas.

En la escala local e insular es donde las experiencias adquieren un nivel de concreción más interesante. Calviá y su Agenda Local (1995-2002) desclasificaron en el año 1999 más de 1.200 Ha de suelo urbanizable, apostando por la rehabilitación integral del patrimonio edificado. Y el Plan Territorial de Menorca (2004), ha desclasificado unas 60.000 plazas turísticas y ha establecido un amplio acuerdo basado en la preservación/valorización del sistema insular, limitando al 1% interanual el máximo crecimiento del nuevo alojamiento.

En la isla de Lanzarote, en aras de recuperar ciertos equilibrios del sistema insular, se han desclasificado hasta la fecha, con amplio respaldo popular, más de 200.000 plazas turísticas y, desde 1991, no se aprueban nuevos planes urbanísticos en sus zonas turísticas. Y en el litoral del entorno de Doñana, las estrategias territoriales tienen a gala, desde el Plan de Desarrollo Sostenible de 1992, la preservación de más de 50 Km de playa virgen.

Recuperar el discurso político y la responsabilidad compartida

Apuntada la dimensión del desgobierno en el litoral y sus contrapuntos, hay que preguntarse quién tiene responsabilidades de liderazgo político para tratar de impulsar un debate serio y adoptar iniciativas para reencauzar el desarrollo urbanístico de la costa. Ha llegado el momento de volver nuestra mirada exigente hacia los máximos responsables políticos e instituciones nacionales, regionales y locales, para que asuman los roles que sus responsabilidades institucionales exigen.

El tema merece la atención del Presidente del Gobierno, hasta ahora silencioso, que debería liderar un discurso y una política innovadores sobre el litoral y su futuro. Y, también merecería ser tratado en las reuniones de Presidentes Autonómicos para concertar posiciones y propuestas que pudieran debatirse e instrumentarse en las correspondientes Cámaras y Parlamentos.

Lo más urgente sería concretar unas serie de medidas legislativas que, cautelarmente, permitieran contener los crecimientos inmobiliarios previstos y, sobre todo, crear un espacio para el debate sobre las mejores opciones para el futuro. Es lo menos que puede pedirse; tiempo para no equivocarnos más.

En ese marco de responsabilidad compartida y de apertura al debate, hay que tantear las oportunidades que ofrece la nueva legislación sobre el régimen local o del suelo, la posibilidad de limitar la disponibilidad de recursos (agua, energía...) y la generación de contaminación (gases de efecto invernadero...), así como el posible reforzamiento del campo de acción parlamentaria, con capacidad de acción excepcional si fuera preciso, sobre la materia.

Complementariamente, también podrían adoptarse algunas medidas tendentes a formular una nueva cultura sobre el litoral: la elaboración de un Libro Blanco, la creación de un Observatorio y de redes de conocimiento y cooperación, así como la concreción de compromisos, también compartidos, en torno al desarrollo de operaciones de rescate, rehabilitación y revalorización integral en zonas clave.

No conviene engañarse; si no se reconducen a tiempo las estrategias vigentes, lo más probable es que los impactos ambientales y socioeconómicos acumulados en el tiempo sean más extensos y estructuralmente más destructivos que los generados por casos como el Prestige, porque, en esta ocasión, será prácticamente imposible rectificar a posteriori sus efectos demoledores.


Notas


[1]: Arquitecto urbanista y director de la Agenda Local 21 de Calviá, de la Estrategia Lanzarote en la Biosfera y de la Estrategia Turística-Territorial del entorno de Doñana.


Edición del 30-9-2006
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