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Como las moscas a la miel están acudiendo empresas de los más diversos sectores a un negocio que acaba de nacer, el del cambio climático y la compraventa de derechos de emisión de gases contaminantes. En Europa estos negocios pueden estar moviendo ya 30.000 millones de euros y alcanzarán los 200.000 millones año en 2010, de los que un 7% corresponderán al mercado español.
Un negocio de gran dimensión acaba de nacer en Europa en torno al Protocolo de Kioto y al cambio climático, aunque con retraso y a trompicones y con unos perfiles aún poco definidos. Teóricamente, el 1 de enero se inauguró el mercado europeo de emisiones de CO2, llamado a mover miles de millones en pocos años, que tiene como objetivo hacer menos costoso a las empresas europeas su cumplimiento del Protocolo de Kioto en unas 12.000 instalaciones industriales. Pero aún son pocas las operaciones que se han realizado con los derechos de contaminación y siempre a futuro. También son escasos los países y empresas que se han incorporado efectivamente al nuevo mercado.
España, en concreto, debería haber inaugurado el lunes último, como otros países de la UE, su registro nacional de emisiones, que es imprescindible para la compraventa de derechos, y también debía haber transferido oficialmente la titularidad de los derechos adjudicados a las 957 instalaciones industriales afectadas. No pudo ser. Retrasos en el software aprobado por la Administración para el Registro de derechos y en alguna normativa de funcionamiento han impedido a la compañía Iberclear (véase la página 7 de este suplemento), a quien se ha encomendado la gestión del citado registro, iniciar su labor y abrir las imprescindibles cuentas a las empresas titulares de derechos.
Una tarta multisectorial
Dentro de unas semanas estará listo, pero desde hace meses muchas empresas ya han tomado posiciones y han comprometido mucho dinero con vistas al mercado que abre Kioto y el cambio climático. Y no sólo las empresas afectadas directamente por las cláusulas de estos acuerdos internacionales: eléctricas, refinerías, acereras, papeleras, cementeras, azulejeras, industrias del vidrio y de la cal...
Al calor de Kioto están surgiendo negocios, y en algunos casos se han creado incluso compañías nuevas para explotarlos, que tocan campos muy variados: brokers [intermediarios y operadores del mercado por cuenta ajena], especializados en transacciones con gases de efecto invernadero; plataformas de negociación específicas; consultorías, asesorías legales y auditorías; banca, fondos de inversión y otros productos financieros; financiación de tecnologías ambientalmente limpias y operaciones corporativas (compras, fusiones y constitución de sociedades mixtas) relacionadas con las exigencias medioambientales; ingeniería especializada, y verificadoras y certificadoras de emisiones de CO2.
Un pastel, el de los negocios del cambio climático en Europa, que, según una presentación reciente del Grupo Santander y del británico Climate Change Capital (CCC) sobre su alianza en el mercado español, supera en estos momentos los 30.000 millones de euros anuales y va a situarse en 2010 en los 200.000 millones (véase el gráfico adjunto). De esta cifra, un 7% corresponderá a España.
España tiene un importante atractivo para las multinacionales que operan en este campo, y de hecho han desembarcado ya directamente o mediante alianzas varias, porque al haber rebasado ampliamente, lo ha triplicado, su compromiso de limitar a un 15% el crecimiento de sus emisiones de CO2 de 1990 y ofrece grandes expectativas de convertirse, en calidad de comprador, en uno de los mayores operadores en los mercados de CO2 y en los bancos de carbono. Así como en un gran demandante de proyectos limpios de inversión medioambiental en América Latina y Europa del Este para compensar sus excesivas emisiones en España y evitar multas e incluso el riesgo de cierre de instalaciones.
Estas empresas extranjeras destacan también el papel relevante de la industria y de la tecnología española de energías renovables a escala mundial como un atractivo adicional para trabajar aquí.
La creación de una bolsa europea de CO2, donde se van a concretar muchas de las transacciones de derechos de emisión de estos gases, es una de las medidas más llamativas, y también de las que mayores críticas ha suscitado entre los ecologistas. Oficialmente funciona desde el primero de enero y previsiblemente no va a tener sede física, sino que se trata de un mercado electrónico en el que empresas, plataformas privadas de contratación y brokers pueden operar a través de los distintos registros nacionales de CO2, y de los mercados donde los haya, que van a estar siempre interconectados.
Hay una autoridad europea que vela por el funcionamiento de este mercado, aunque Bruselas desea que sean las empresas, los agentes privados y los intermediarios los que organicen esta bolsa. Un elemento clave para su éxito, según algunos de sus primeros operadores, será la liquidez, y hasta ahora hay poca porque acaban de asignarse los derechos de contaminación y las escasas operaciones que se están cerrando (véase el cuadro adjunto) son a futuro. Otro elemento imprescindible, agregan, es la transparencia.
Las empresas españolas, como se ha dicho, deberán esperar a que Iberclear les abra una cuenta con sus derechos para poder operar en la citada bolsa europea. De momento, Londres, donde ya había una bolsa informal, está siendo el gran centro de operaciones de compraventa sobre derechos de emisión de CO2 en Europa, y a nivel mundial la bolsa de referencia en gases de efecto invernadero es la de materias primas de Chicago.
Los primeros brokers
La intermediación en la compraventa de derechos de gases de efecto invernadero la ejercen ya varias empresas, en tanto que otras actúan aún sólo como consultores, pero no descartan en el futuro ampliar su actividad a este campo: CO2e. Es uno de los grupos más activos en el negocio de gases de efecto invernadero en Europa. Con sede en Londres y 900 empleados, su actividad se centra, por ejemplo, en intermediar en la obtención de créditos de emisiones para las empresas, a través de los llamados mecanismos de desarrollo limpio, que permiten a las compañías contabilizarse recortes de emisiones obtenidos en América Latina o Europa del Este. Su consejero delegado, Steve Drummond, ha declarado que España «es un mercado muy interesante donde contamos ya con un acuerdo estratégico con CO2 Spain».
CO2 Spain
Fundada hace unos dos años por Larry Philip, tras
dejar la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), donde era
director del área de medio ambiente. Cuenta con cinco
empleados y una facturación de 275 millones de euros, según
su fundador, y cuenta entre sus clientes a varios gobiernos
autonómicos, a empresas energéticas y a alguna
multinacional. Fundamentalmente asesora sobre comercio de
emisiones, créditos para el cumplimiento de Kioto y fondos
de carbono. Su acuerdo estratégico con el broker británico
supone un respaldo de cara a sus clientes y le permite
compartir su experiencia en los mercados de CO2 de Chicago y
Londres. Esta relación le ha permido además, según explica
Philip, convertirse en el representante para España del
primer fondo financiero europeo de carbono, un simcav con 60
millones de euros de capital y con sede en Luxemburgo,
promovido por la francesa Caisee des Dépôts et
Consignations.
SENDECO2
Su nombre responde a las siglas de Sistema
Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de CO2,
según su director general e impulsor, Javier Tordable. La
fundó en septiembre pasado con su socio y actual responsable
de tecnología, Ricardo Capella, aunque ahora están en
negociaciones avanzadas para que se incorpore a la empresa a
una sociedad de capital riesgo. Tordable, con amplia
experiencia en renta variable, derivados y deuda, ha creado
esta plataforma para dar acceso a estas transacciones a
empresas de mediana y pequeña dimensión primero en España y
después en Europa. Cuenta ya con 25 clientes, con los que ha
realizado pruebas piloto de contratación, y ha invertido en
el desarrollo informático de la plataforma medio millón de
euros.
Bolsa de Barcelona
Ha paralizado su proyecto de plataforma de negociación de
derechos de CO2 a la espera de que se clarifique si estas
compraventas están sujetas al IVA. De ello depende la
consideración o no de estos derechos como activos
financieros.
Factor CO2
Compañía vasca creada hace un año por un grupo
multidisciplinar de profesionales procedentes de la
consultoría Cimas y de la firma M+A+S Abogados. Según
Iñaki Garay, director técnico de la compañía, Factor CO2
facturó 300.000 euros el pasado ejercicio y piensa
incrementar un 50% su cifra de negocio en 2005. Las
adminsitraciones autonómicas vasca y asturiana y empresas
como Sidenor y Vidarla figuran en su cartera de clientes.
Ofrece asesoría, gestión, búsqueda de proyectos
compensadores de las emisiones de CO2 y no descarta entrar
en el área de verificación de emisiones.
Eptisa-EcoSecurities
Alianza de la empresa de ingeniería Eptisa (perteneciente al
grupo EP) con la británica EcoSecurities para actuar
conjuntamente en negocios relacionados con el cambio
climático. Luis Morán, director de medio ambiente de Eptisa,
no descarta que la alianza se trasforme en un fututo en una
jointventure. De momento participa de la mano de su socio en
un proyecto en Brasil y cuenta entre sus clientes de
asesoría en España a la eléctrica Viesgo y a varias
papeleras. Quiere ofrecer todo tipo de servicios
(asesoramiento, búsqueda de oportunidades de inversión,
elaboración de proyectos, ingeniería e incluso promoción e
inversión de proyectos relacionados con el cambio
climático). Prevé que su facturación este año en estas
actividades alcance un 2% de las ventas de Eptisa.
CO2 Solutions
Creada en 1999 por consultores y ejecutivos del sector
cementero. Comercializa biocombustibles y ha desembocado en
negocios relacionados con los gases contaminantes en
compañía del grupo K. Consulting, con el que ha suscrito un
acuerdo de colaboración.
Dónde y cómo obtener derechos
La ratificación de Rusia ha permitido la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, acordado en 1997 por 84 países, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El objetivo es que los países industriales, entre 2008 y 2012, reduzcan en conjunto sus emisiones en un 5,2% respecto a 1990.
Es un porcentaje promedio. De ahí que a España se le haya permitido, de acuerdo con dicho protocolo y con los más exigentes acuerdos de la UE para su aplicación, incrementar hasta el 15% sus emisiones de CO2.
Para cumplir estos objetivos, que se redistribuyen dentro de cada país por empresas e instalaciones, Kioto contempla tres mecanismos de flexibilidad:
También pueden acudir países y empresas, para cumplir sus objetivos aprovechando las dos últimas opciones citadas, a los denominados bancos de carbono del Banco Mundial.
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