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Boletín CF+S > 31: Quinto Catálogo Español de Buenas Prácticas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/asagu.html   
Gestión de los recursos naturales y protección medioambiental en la quinta convocatoria del concurso de buenas prácticas
Susana Aguilar Fernández[1]
Madrid (España), mayo de 2004.


Índice General

 

Introducción: un concurso atípico

El concurso internacional de prácticas para mejorar la calidad del medio ambiente (best practices to improve the living environment) que patrocina Naciones Unidas, y que este año entra en su quinto ciclo, tiene como objetivo principal seleccionar las mejores experiencias conducentes a resolver problemas cotidianos del individuo en general, y de los grupos marginales en particular, en su medio ambiente urbano, de forma que la satisfacción colectiva con la calidad de vida circundante aumente. Resultan de especial interés en este concurso los siguientes aspectos:

En relación con el aspecto medioambiental del concurso, me gustaría destacar que en las prácticas españolas seleccionadas se han premiado, además del contenido o impacto de las propuestas, los aspectos de procedimiento que facilitan la participación en el proceso de toma de decisiones por los afectados, así como todos aquellos elementos que contribuyen a una mejor governance medioambiental, tales como la relación transparente entre administración y administrados, la puesta en práctica de mecanismos de asignación de responsabilidades hacia los decisores (accountability) y la implementación de estrategias de evaluación y seguimiento (follow-up) de los programas aprobados. Por supuesto, todas aquellas experiencias no promovidas por las administraciones sino por ONGs u otro tipo de organización de la sociedad civil que han resultado en impactos positivos para las poblaciones interesadas y que cumplen estos requisitos, han sido recogidas con especial interés.

Han sido rechazadas aquellas prácticas que se limitan a cumplir la legislación medioambiental vigente, ya que, como todos sabemos, las administraciones comunitarias tienen la obligación de aplicar las directivas que emanan de la Unión Europea, con independencia de su alto nivel de exigencia, no pudiendo aducir en su descargo ni la falta de medios personales o financieros, ni la ausencia de preparación técnica de su personal. Tampoco se han considerado para la selección aquellas que estaban en un estado muy incipiente de desarrollo (con nulo o escaso impacto) o que no contaban con un grado de partnership apreciable (falta de cooperación entre distintos agentes). Y es que como Naciones Unidas ha reconocido en numerosas ocasiones, la participación, o la democracia participativa, no es solo un medio para conseguir cosas sino un fin en sí mismo, ya que sirve para educar a la gente, hacer conscientes a los individuos de sus posibilidades y méritos y generar confianza colectiva a la hora de afrontar retos futuros.

Dicho esto, me gustaría clasificar las prácticas españolas seleccionadas en las siguientes categorías:

  1. las que apuntan a una incorporación del principio medioambiental en la gestión municipal cotidiana o en la gestión privada de las empresas,
  2. las que apuestan por el desarrollo sostenible como filosofía de actuación,
  3. las que demuestran un impacto positivo de gran escala, y
  4. las que añaden innovación o valor añadido a experiencias ya conocidas.

La incorporación del principio medioambiental en la gestión municipal cotidiana o en la gestión privada de las empresas

Antes de comentar algunas de las prácticas que recogería esta categoría, es necesario abordar someramente el contenido del Principio de Integración Medioambiental (PIM).

El PIM, entendido como la necesidad de incorporar el componente medioambiental en todas aquellas políticas que tienen efectos negativos sobre el entorno con el objetivo de mejorar los resultados de la política de medio ambiente (o de reducir su déficit de implementación), ha tenido una larga e importante presencia principalmente dentro de la Unión Europea. Recientemente, además, se ha visto reforzado a raíz de la aprobación de la denominada Iniciativa de Cardiff y de su vinculación a la estrategia comunitaria de Desarrollo Sostenible (DS). Ya el 3er Plan de Acción Medioambiental (PAM), que cubría el periodo 1982-86, defendió la necesidad de integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales, mientras que en el Tratado de Amsterdam, de 1997, se señala, en el artículo 6, que «los requerimientos de la protección medioambiental deben ser integrados en la definición e implementación de las distintas políticas de la Comisión (...) principalmente con el objetivo de promover el DS». A nivel de Naciones Unidas, por otro lado, el Informe Brundtland (Our Common Future), de 1987, que consagra el concepto de DS a nivel internacional, afirma, en su capítulo 12, que una de las aproximaciones con respecto a la cuestión medioambiental debe centrarse en las políticas que son la fuente de efectos sobre el medio ambiente, así como que la capacidad para elegir políticas que son sostenibles exige que las dimensiones ecológicas sean consideradas al mismo tiempo que las económicas, comerciales, energéticas, agrícolas, industriales y otras. Éste es, según el informe, el principal reto institucional del nuevo milenio: adaptar las prácticas de gobierno al DS, haciendo del principio de integración uno de los mecanismos clave de tal adaptación. Asimismo, y dentro de la Agenda 21 (capitulo 8), que dimana de la Cumbre sobre Desarrollo y Medio Ambiente auspiciada por la ONU en Río de Janeiro en 1992, se señala la necesidad de integrar el medio ambiente y el desarrollo en el proceso decisorio y en los niveles de planificación y gestión, y también de establecer sistemas integrados de contabilidad medioambiental y económica. En el ámbito de la OCDE, por último, el principio de integración está también estrechamente vinculado al DS, ya que se le considera un instrumento básico a la hora de afrontar el principal reto de la sostenibilidad, que no es otro que el de disociar (de-coupling) el crecimiento económico de las presiones negativas sobre el medio ambiente que históricamente le han acompañado.

El principio de integración está estrechamente vinculado al debate acerca de la necesidad de una nueva governance en política medioambiental. Por governance se entiende un proceso público no centralizado que intenta llegar a un equilibrio entre libertad y orden con vistas a una gestión democrática, y que incluye, pero no está limitado a las actuaciones de los gobiernos y sus burocracias. Elementos integrantes de esta nueva governance serían, junto al principio de integración, los de precaución, coordinación, subsidiariedad, participación y transparencia, y rendimiento de cuentas (accountability). Debido a la naturaleza muchas veces cambiante, interdisciplinar, trans-sectorial y transfronteriza de muchos problemas medioambientales actuales (la lluvia ácida es uno de los mejores ejemplos), está surgiendo una nueva governance basada en pautas de cooperación funcional (entre las autoridades y los grupos sociales) y territorial (entre las autoridades nacionales, regionales y locales), que mezcla distintos tipos de instrumentos políticos y va más allá de los tradicionales enfoques regulativos impuestos desde arriba (top-down) y centrados en ordenar y controlar (command-and-control), y que muestra un mayor interés por el cumplimiento y la evaluación de las políticas (policy enforcement y policy assessment) que por la producción y reforma legislativa.

Uno de los principales retos que debe afrontar una nueva governance basada, entre otros, en el principio de integración, es que tiene que competir con formas de gobernar caracterizadas por inercias y malos hábitos fuertemente enraizados en tradiciones políticas y culturas organizativas, tales como la lealtad institucional que alimenta la fragmentación y la rivalidad entre y dentro de las instituciones. Es bien sabido que los burócratas generalmente apoyan aquellas estrategias que maximizan los beneficios de aquellas instituciones dentro de las que trabajan: estrategias que persiguen no solo la asignación de mayor presupuesto (dentro de la dinámica incrementalista que impera en la administración) sino, principalmente, la acumulación de poder. Este poder puede ser entendido como el manejo de más cantidad de recursos no únicamente económicos sino, sobre todo, políticos: de status o prestigio, y de discreción o margen de maniobra. A la hora de luchar por la distribución de estos recursos, las instituciones se ven a sí mismas inmersas en un duro mercado de competencia con otras instituciones a las que consideran rivales, lo cual no favorece, indudablemente, la puesta en práctica de principios que, como el de integración, promueven la coordinación y cooperación en el desarrollo de políticas que tradicionalmente han sido elaboradas desde el prisma sectorial y fragmentado del ministerio al que pertenecen.

Los objetivos de la integración de la política medioambiental son tres: la consecución del DS y la prevención del daño medioambiental, la eliminación de contradicciones entre las políticas así como dentro de las mismas, y el entender los beneficios mutuos que se derivan de intentar que las políticas se apoyen entre sí. De estos tres objetivos, tal vez sea el segundo el que apunta con mayor precisión al principal significado del principio de integración, ya que éste no consiste sino en la necesidad de introducir coordinación y coherencia en la elaboración de las políticas. Para que una política esté integrada tiene que cumplir tres requisitos: comprehensividad (que incorpore ámbitos temporales y espaciales, actores y temas), agregación (que sea evaluada desde una perspectiva global) y consistencia (que los diferentes elementos de la política estén en consonancia recíproca). Si se combinan estos requisitos con el análisis de políticas públicas, se obtiene lo siguiente:

Una vez explicado el contenido y alcance del principio de integración medioambiental, paso a comentar algunas de las prácticas seleccionadas que se adecúan al mismo.

Buenas Prácticas relacionadas

La experiencia de la planta BHS en Esquiroz (Navarra) de extensión del sistema de gestión medioambiental a las empresas proveedoras ha conseguido mejorar la calidad medioambiental global (al reducirse la cantidad de vertidos y residuos peligrosos, minimizarse el consumo de agua y energético, así como la cantidad de embalajes), al tiempo que genera sensibilización medioambiental entre los empleados de la planta y, posteriormente, entre los suministradores, mediante la implantación de un sistema de gestión medioambiental y la creación de un Ecoteam y un equipo de trabajo denominado SU/MA (suministradores y medio ambiente). Además, de incorporar el principio medioambiental en todas las fases de la producción, un elemento de suma importancia en esta práctica es su enfoque holístico y global (from cradle to grave) y no basado en tecnologías curativas, de tipo end-of-pipe. Asimismo, hay que reseñar la aplicación, aunque limitada, del principio de precaución a la hora de eliminar el gas R134A, que, a pesar de estar permitido por el Tratado de Kioto, tiene un cierto efecto invernadero. Tan importante, si no más, que el enfoque holístico es el papel promotor de la planta con respecto a la difusión de los sistemas de gestión medioambiental a sus empresas proveedoras (extensión sectorial), extendiéndolo incluso geográficamente a otras regiones como Aragón.

La experiencia de gestión y consumo energéticos sostenibles, así como de formación profesional en energías renovables, en San Fernando de Henares (Madrid), ha contribuido a un importante ahorro energético en edificios públicos así como en alumbrado y, al mismo tiempo, ha proporcionado formación profesional en este campo a quince jóvenes en situación laboral precaria. La incorporación del principio medioambiental se traduce en la aprobación de un Plan de Acción de Ahorro Energético, así como en la elaboración de una ordenanza sobre la energía solar y sobre alumbrado exterior. Asimismo, se han modificado las ordenanzas fiscales para incentivar la instalación voluntaria de sistemas de captación solar mediante aminoración porcentual del IBI y del IAE. Por todo ello, esta práctica resulta muy interesante pues su ambicioso planteamiento medioambiental (hay que destacar aquí la meticulosidad con la que se ha realizado la auditoría medioambiental del municipio, que ha dado luego lugar a múltiples acciones sectoriales) se combina con la aplicación de instrumentos económico-fiscales (reducción del IBI e IAE), relegando a un segundo lugar los tradicionales (y muchas veces, ineficaces) instrumentos legislativos, a la hora de promover las energías renovables.

El programa de gestión energética en Sevilla destaca por recoger claros y cuantificables objetivos medioambientales (reducción de las emisiones de CO2 en un 25%, llegar al 18% de consumo municipal de energías renovables en el 2006 y conseguir ahorros energéticos del 20%), al tiempo que los programas de actuación anuales, que recoge el Plan Energético, se dividen en un gran número (140) de subprogramas diseñados para cumplir los objetivos marcados, los cuales se evalúan anualmente. De este modo, el ayuntamiento incorpora a su política energética el principio de integración medioambiental, sujetándolo a una detalla revisión y seguimiento.

La apuesta por el desarrollo sostenible como forma de actuación

Aunque el concepto de DS es más conocido que el principio de integración medioambiental, quisiera referirme, antes de discutir las prácticas que integrarían este apartado, a una serie de aspectos del mismo que pueden levantar una cierta polémica.

Una de las características básicas de lo que podría denominarse proyecto europeo medioambiental es en estos momentos la relevancia indiscutible en la agenda europea del DS, que, postulando la compatibilidad entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente, ha desbancado por completo concepciones anteriores que, o bien propugnaban la congelación del crecimiento económico como forma de afrontar el deterioro ecológico, o bien recalcaban que la defensa de la calidad medioambiental podía estar por encima de la libertad de circulación de mercancías, uno de los principios básicos del mercado común (tal y como sentenció el TJE en el célebre caso de las botellas danesas). La indefinición que aún rodea al concepto de DS, así como la pretendida armonía que en éste subyace a la hora de atender, al mismo tiempo, a necesidades económicas, sociales y mediombientales, ayudan a entender, entre otras razones, el porqué de su triunfo político a nivel comunitario.

El programa de DS a nivel comunitario, que subsume, de alguna forma, la siempre polémica política de medio ambiente en una estrategia global de crecimiento económico de calidad, con contenido tanto social como medioambiental, parece haber concitado un apoyo generalizado entre los distintos países europeos, al menos a nivel retórico (prueba de ello son las entusiastas declaraciones que se han producido tras determinadas cumbres del Consejo Europeo). Este apoyo se explica, principalmente, por dos rasgos del DS. Por un lado, la supuesta compatibilidad que preconiza entre crecimiento económico, protección del medio ambiente y reducción de las desigualdades sociales, permite ocultar la naturaleza política (en términos de decisiones que afectan al juego político tal y como ha sido tradicionalmente definido: quién gana/pierde qué, cómo y cuándo), y lógicamente conflictiva, de las estrategias de sostenibilidad; y, por otro lado, su relativa imprecisión, en el sentido de que el DS significa cosas distintas según el gobierno, partido, o agente socio-económico en cuestión, hace posible que se estén elaborando actualmente estrategias de sostenibilidad absolutamente dispares que recogen, en ocasiones, objetivos contradictorios, lo cual tiene indudablemente relación tanto con la diversidad de trayectorias que el concepto admite, como con la gran inexperiencia existente en cuanto a la aplicación con éxito de políticas sostenibles.

Ya en el Plan de Acción de Estocolmo, que dimanaba de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en dicha ciudad en 1972, se señalaba que la gestión medioambiental debía facilitar una planificación comprehensiva que tuviera en cuenta los efectos no deseados de las actividades humanas y que protegiera el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, solo a partir de 1987, y gracias al trabajo de la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de Naciones Unidas, se universaliza el concepto de DS, definido como «el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades». Este trabajo, recogido en el Informe Brundtland, defendía la tesis de que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente son compatibles siempre y cuando el primero sea reformulado para atender las necesidades del segundo. La UE, como ya se vió anteriormente, ha acogido sin reservas la noción de DS, tanto en las textos que reforman sus tratados fundacionales (principalmente en los Tratados de Maastricht y Amsterdam), en sus últimos PAM, así como en diversas declaraciones por parte de las distintas instancias que la componen. La fórmula mágica de la compatibilidad entre crecimiento material y defensa del entorno físico explica, en gran medida, el éxito político del DS en el seno de la UE, a pesar de que, junto a su imprecisión o acepción polisémica, tal vez uno de los mayores problemas de este concepto sea que se ha pasado de una concepción antagónica a otra acríticamente armónica de ambos. Más que hablar de una armonía, que ahora se da por supuesta, lo que habría que resaltar es el elemento de interdependencia (o de sinergias) que subyace en el concepto. La interdependencia permite comprender complejos problemas, como por ejemplo el de la pobreza endémica en los países en vías de desarrollo, tanto como resultado de la degradación del entorno como en su vertiente de agente causante de este mismo deterioro ecológico. Esta interdependencia, además, está íntimamente vinculada a problemas de governance global, o a la tensión que existe entre la percepción de una interrelación económica y medioambiental crecientes, y el énfasis que ponen los estados, y determinadas comunidades locales y grupos étnicos, en la independencia o autodeterminación políticas.

Otra de las razones del triunfo del DS estriba en el enfoque antropocentrista que subyace en lo que podría denominarse la acepción mayoritariamente compartida del concepto. El enfoque político que subyace en la sostenibilidad se sitúa cerca de la denominada estrategia de gestión, o management approach. Esta estrategia es la heredera del enfoque de conservación de recursos defendido por Pinchot (primer director del Servicio Nacional de Bosques de Estados Unidos), cuyo principal objetivo era asegurar una provisión sostenible de materia prima para consumo del hombre. La gestión racional, orientada hacia la planificación a medio y largo plazo y centrada en la estabilidad y continuidad, se basa principalmente en la regulación. La regulación, entendida como la legislación o conjunto de reglas, apoyadas en sanciones, que tienden a limitar la discrecionalidad de agentes públicos y privados, sigue siendo el pilar básico de la política medioambiental europea, por mucho que esté siendo complementada por instrumentos económico-fiscales o voluntarios, que ponen el énfasis en la capacidad auto-regulativa de los individuos y grupos socio-económicos. Aunque el DS intente una atemperación del enfoque antropocentrista que subyace en la estrategia de gestión, sigue resaltando la necesidad de planificación a largo plazo del crecimiento económico de forma que éste se sostenga en el tiempo gracias a la reducción de las externalidades sobre el medio ambiente y a la aminoración de las desigualdades sociales.

El compromiso de la UE con respecto al DS parece ser perseguido con más ahínco, sin embargo, en el plano internacional que en el propiamente europeo. Debido, entre otras razones, a que los ciudadanos europeos están a favor de que la UE juegue un papel más importante en la protección del medio ambiente a nivel internacional, tanto en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro en 1992[2], como en la Cumbre de Johanesburgo del 2002, la Comunidad ha intentado, no obstante sin éxito, hacer prevalecer sus tesis vinculantes en relación al DS, frente a las medidas basadas en la voluntariedad y en las declaraciones de principios. Este ejercicio de presión de la UE, que buscaba reducir el aspecto retórico-simbólico de las resoluciones para favorecer el impositivo-regulativo, encuentra un ejemplo en la finalmente rechazada propuesta europea según la cual el 15% de la energía primaria del mundo debía proceder en el año 2010 de fuentes renovables[3]. En consecuencia, de los tres regímenes internacionales que han podido identificarse en la Cumbre (el europeo, el de los países en vías de desarrollo, o G-77, y el liderado por Estados Unidos, que reunía a Japón, Canadá, Nueva Zelanda, y Rusia, entre otros), la UE ha sido el que mayor número de iniciativas ambiciosas ha propuesto.

Esta mayor ambición no debe confundirse con una total adhesión hacia el programa de la sostenibilidad por parte de los hasta recientemente quince estados miembros de la Comunidad, ya que el compromiso en torno a éste depende, en gran medida, del país que asume la presidencia semi-anual del Consejo Europeo. «Ello se ve claramente en el caso de la Cumbre de Barcelona, que, anunciada por el director de la Agencia Europea de Medio Ambiente como una ocasión histórica para que las exigencias medioambientales fueran finalmente integradas, en condiciones de igualdad, en la impresionante agenda socio-económica que el Consejo aprobó en Lisboa en el año 2000, terminó con un resultado decepcionante, ya que los temas de DS, que inicialmente aparecieron como objetivos de la Presidencia española, terminaron siendo relegados a un segundo plano a favor de un enfoque centrado en la competitividad económica [...]. Lógicamente, por lo tanto, los avances que a nivel comunitario se produzcan en el [...] DS dependerán en gran medida de la sensibilidad ecológica de los distintos países, lo cual da lugar a un movimiento pendular que oscila entre el optimismo (en cumbres como las de Cardiff de 1998, o Gotenburgo de 2001, en las que la sostenibilidad ocupó una posición clave) y el pesimismo (caso de la cumbre de Barcelona del 2002, en la que el tema pasó desapercibido)».

Los diferentes Estados miembros de la UE encuentran en los rasgos de armonía e imprecisión del concepto de DS la excusa perfecta para elaborar estrategias nacionales que, ajustándose en mayor o menor medida a las preferencias del electorado y a los intereses prioritarios del país (tal y como ambos son definidos por los distintos gobiernos), se caracterizan por su gran heterogeneidad de contenido, predominando, en muchas de ellas, la indefinición en cuanto a objetivos, instrumentos a aplicar y plazos de cumplimiento. En una investigación comparada a nivel de la OCDE, por ejemplo, se comprobó que, aunque dentro del amplio abanico de planes medioambientales nacionales y estrategias de sostenibilidad que se han llevado a cabo por muy distintos países, los contenidos oscilan entre los de tipo genérico (como el Reino Unido, Japón, Finlandia y Austria) y aquellos otros que abarcan metas específicas junto a marcos temporales concretos y medidas para la aplicación del DS (los Países Bajos, Corea, Suecia y Noruega), situándose algunos países como Canadá y Alemania en una categoría intermedia, la mayoría de ellos se aproxima al primer grupo. Aunque es cierto que la heterogeneidad de estrategias y orientaciones a la hora de aplicar la política medioambiental europea por parte de los Estados miembros ha sido una constante de este área de gestión desde sus comienzos en los años setenta, y ha llevado a algunos autores a afirmar una revitalización dentro de la UE de las identidades o estilos nacionales utilizados por los estados miembros en la formulación de políticas públicas, esta diversidad es aún mayor en el caso del DS. Coexisten, por ello, planteamientos contradictorios e incluso antagónicos a la hora de resolver problemas similares, algo que puede explicarse en gran medida por la ambigüedad, la imprecisión y el elemento idiosincrático (o de path- dependence) que acompañan al DS. No deja de resultar en consecuencia paradójico que, a nivel internacional, la UE lidere propuestas de sostenibilidad concretas y vinculantes, mientras que, a nivel europeo, no otorgue obligatoriedad jurídica a las estrategias nacionales de DS que están llevando a cabo sus Estados miembros y les permita, al mismo tiempo, adoptar documentos dispares e imprecisos en cuanto a la definición de objetivos, medidas y horizontes temporales de ejecución.

A nivel nacional, por último, la voluntad política de llevar a cabo políticas de sostenibilidad debe ir acompañada por el necesario consenso interpartidista e institucional (entre las distintas administraciones) que permita su cumplimiento con independencia de los resultados de los comicios electorales. Este consenso debe sustentarse, asimismo, en un proceso de consulta y debate con los grupos de interés (principalmente, empresarios, sindicatos, ecologistas y expertos), de forma que éstos contribuyan a mejorar la estrategia de sostenibilidad y se comprometan a facilitar su implementación. Estos apoyos, tanto partidistas como institucionales y sociales, forman parte de la etapa de legitimación que el policy analysis recoge como elemento fundamental dentro del proceso de formación de las políticas públicas, pero que, desgraciadamente, los responsables políticos tienden a olvidar escudándose en la legitimidad democrática que les proporcionan las urnas. El DS se presenta así como una magnífica oportunidad para profundizar en la democracia sustantiva y para ensayar nuevos mecanismos de participación. El reto político, así como también administrativo-institucional, de la sostenibilidad puede resumirse en la necesidad de acometer lo que actualmente se denomina new governance, entendida como una mejor asignación de responsabilidades o rendimiento de cuentas de los responsables políticos (accountability), mayores facilidades en el acceso a la información y la puesta en práctica de mecanismos de participación social, la necesidad de superar inercias político-administrativas que consagran la autonomía departamental, la sectorialización de las políticas, el incrementalismo presupuestario y la descoordinación dentro y entre las administraciones, y la necesidad de legislar menos y aplicar mejor las políticas aprobadas. Asimismo, la necesidad de contar con un liderazgo político de calidad a nivel local, regional y, sobre todo, nacional y comunitario, es innegable: un liderazgo comprometido sin ambages con el DS, que busca el consenso interpartidista, institucional y social en políticas que superan con mucho el corto ciclo electoral. Este es el reto del new governance, que está lejos de haberse plasmado en prácticas concretas y que adolece, además, de una total disparidad de programas y criterios, lo cual puede provocar una situación de impasse con respecto a la promoción del DS en general, y de la política medioambiental en particular.

Buenas Prácticas relacionadas

El proyecto Life Micovaldorba de implantación de un sistema integrado de gestión de ecosistemas forestales de hongos silvestres y política de desarrollo rural y sostenible en la comarca de Valdorba (Navarra), que intenta principalmente frenar el éxodo rural, aumentando el atractivo de la zona para la gente local mediante una política de empleo centrada en las actividades de contratación de la empresa Orbalan y las subvenciones del Servicio de Empleo navarro, y recuperar el acervo cultural y aumentar la sensibilización ciudadana hacia los valores ecológicos y culturales de la comarca. A través de la cooperación de distintos ayuntamientos de la zona se ha conseguido el objetivo de asentar a la población, pasándose de 150 a 260 vecinos empadronados. Además, existe un segundo proyecto basado en el desarrollo pionero de una industria micológica que es de indudable interés, ya que su sostenibilidad en el tiempo, sus perspectivas futuras de éxito y su potencial de transferencia internacional son muy grandes. Son impresionantes, en este sentido, los ambiciosos y transectoriales objetivos de este empeño: la presión para el desarrollo de una normativa legal sobre el sector micológico a nivel regional, la incentivación del micoturismo, la incorporación de la industria conservera al sector forestal, la contribución a la mejora de la política forestal, y la creación de empleo. El proyecto es además global y completo, pues, abarcando cuatro fases, aspira a realizar una gestión basada en el análisis y estudio micológicos, la aplicación de instrumentos silvícolas, la creación de modelos de gestión, la consecución de la certificación ecológica y la promoción del producto mediante campañas de marketing y comercialización. Desde el punto de vista del DS, esta práctica es óptima ya que combina a la perfección el componente de protección medioambiental (la mejora de ecosistemas forestales), con el de mejora social (recuperación del recurso demográfico y del acervo cultural de la población local), y crecimiento económico (generación de una producción silvícola con grandes perspectivas de fututo tanto en el mercado nacional como en el internacional).

Apuesta por la sostenibilidad del río Ter a través del consorcio Alba-Ter (Gerona-Barcelona). Esta es una práctica interesante y novedosa que toma la cuenca fluvial (basin) como unidad para la gestión global territorial del río Ter. A través del consorcio se persigue coordinar y dar coherencia a todas las actuaciones que los distintos agentes, con competencia en la materia, adoptan acerca de este río. Parte de esta coordinación se apoya en las nuevas tecnologías de comunicación (web, servicio interactivo de cartografía) y en foros de debate. Se persigue, desde una perspectiva transversal y de igualdad, que todos los municipios afectados tengan voz en el proceso de ordenación holístico del río, con independencia de su muy variada naturaleza (bien sea turística, industrial, agro-pecuaria, etc). Este carácter holístico se traduce en que las actuaciones se dirigen tanto a la corrección de la degradación medioambiental, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del patrimonio cultural y la ausencia de cohesión territorial. Es interesante que el marco europeo esté muy presente para los promotores de este proyecto, pues no solo presentaron la idea al Programa Terra de la DG XVI, sino que además, una vez que les fue concedido, se desarrolló el Plan de Ordenación Integral siguiendo la Estrategia Territorial Europea. Además, es la única práctica presentada que se apoya en la cooperación con un organismo extranjero (el Syndicat francés).

La demostración de un gran impacto positivo

Este apartado no necesita de ninguna clarificación adicional, ya que se refiere a aquellas experiencias que por sus dimensiones, economías de escala, larga experiencia o ambición resultan en impactos positivos tangibles para grandes colectivos presentes y futuros, haciendo así realidad el principio de la solidaridad intergeneracional.

Un excelente ejemplo de este gran impacto es la iniciativa empresarial de larga trayectoria en el campo de las energías renovables en la comunidad de Navarra que lideran la empresa Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN), el gobierno foral, la mancomunidad de la comarca de Pamplona, la universidad pública de Navarra, y las instituciones educativas de la región y compañías eléctricas extranjeras (Statkraft y Stuart Energy Systems). Su objetivo ha sido el extenso desarrollo de las energías renovables en la región a través, entre otros medios, de la promulgación de una normativa favorable al desarrollo de este tipo de energía: Planes Energéticos y decretos forales 125/96 y 222/98. Ello ha resultado en la aplicación de un modelo de energías renovables pionero en Navarra, en la mejora del medio ambiente, la reducción de la dependencia energética de la región, la creación de puestos de trabajo (en torno a 2.000), y la diversificación del tejido industrial. El impacto positivo del proyecto para la región es impresionante, que no solo pasa a ser pionera a nivel nacional e internacional en el campo de la aplicación de las energías renovables sino que, además, reduce su dependencia energética (el 60% de la electricidad que se consume proviene de estas energías y se prevé alcanzar el 100% en un futuro próximo). Además, EHN crea empleo y diversifica el tejido empresarial de forma respetuosa con el medio ambiente, y destina parte de los beneficios a la mejora de zonas rurales deprimidas, la sensibilización medioambiental de los más jóvenes y la recuperación del acervo cultural y patrimonial de Navarra. Por otro lado, la proyección internacional de EHN es incuestionable, tal y como lo prueban los premios recibidos (Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en Gestión Medioambiental, Premio a la Mejor Comunicación Medioambiental de Empresa, Premio Financial Times a la Mejor Empresa de Energías Renovables) y las instituciones que alaban su gestión (World Watch Institute, Greenpeace, Eurosolar, Energiesparverband...).

Otro proyecto de gran dimensión es el denominado Arco Medioambiental de Gijón, el cual intenta, partiendo de la propiedad en manos del consistorio (unas 800 hectáreas repartidas en 1.300 parcelas), revertir una tendencia histórica de crecimiento industrial y demográfico desordenado y no sostenible que ha perjudicado al paisaje asturiano en su conjunto y al mantenimiento de sus zonas rurales. Se engarza en un proceso actual de recuperación, visual y cultural, del entorno rural, que pasa a ser apreciado y valorado por los habitantes de las ciudades. Para ello, el ayuntamiento persigue unir, creando escalas de economía apropiadas, las distintas parcelas entre sí para unir el entorno urbano con el rural a través de un entramado de vías. Al mismo tiempo, el concejo planea desprenderse de aquellas fincas no interesantes, aunque, su paso a manos privadas, podría introducir una cierta disonancia en el proyecto. La implicación interadministrativa en el proyecto, así como los mecanismos de participación social que se han organizado, son garantías de su continuidad, ya que la práctica se prolongará hasta el año 2003. Asimismo, la perfecta combinación de los aspectos medioambientales (aumento de la calidad del agua abastecida, mejora de la gestión forestal...), sociales (programas de empleo e inclusión social) y económicos (dinamización productiva de la zona rural) puede ser la clave de su éxito.

La introducción de innovación o la creación de valor añadido

Este apartado recoge el grueso de las prácticas de contenido medioambiental y se refiere a aquellos casos que, aun partiendo de experimentos, modelos, o experiencias ya conocidas y puestas en funcionamiento con anterioridad, introducen algún elemento novedoso o valor añadido al resultado final. Es decir, muchas de estas prácticas responden a la aplicación de Agendas 21 a nivel municipal o de planes ambientales de distinto tipo a nivel local o regional, pero, aportan en sus propuestas o procedimientos, elementos originales que son altamente reseñables.

Buenas Prácticas relacionadas

Ejemplos de este partado serían las buenas prácticas para una nueva cultura medioambiental en Montcada i Reixac (Barcelona). Claramente, esta prácticase deriva de la aplicación del programa de Naciones Unidas, Agenda 21, asunto en el que como es bien sabido los municipios barceloneses llevan la égida. Se parte de una situación de alta degradación medioambiental, problemas de convivencia social (por la concentración de población inmigrante) y crisis económica (debida a la pérdida de protagonismo de la industria tradicional), por lo que el planteamiento global de esta práctica es muy meritorio y útil. En primer lugar, las actuaciones medioambientales intentan regenerar un paisaje degradado, ordenar el territorio con criterios sotenibles y mejorar la calidad global del medio natural, contribuyendo al mismo tiempo a una percepción positiva del mismo por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo se mejora el abastecimiento de agua y se implica a los vecinos en una cultura de ahorro de este recurso, de fomento de las energías renovables y de recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Paralelamente, se cierra una incineradora, se restauran vertederos y se crean naves de reciclaje y puntos verde. Todo ello, desde una política de información y sensibilización de los agentes sociales. La creación del Equipo Verde, como equipo multidisciplinar que fomenta una educación medioambiental transversal y respetuosa de la diversidad cultural, es muy interesante y novedosa.

Saneamiento y recuperación del entorno fluvial del río Congost en Granollers (Barcelona). Este caso también trata de un proceso de Agenda 21. Las actuaciones se centran principalmente en el ecosistema fluvial a través de un enfoque global y ambicioso: regeneración de espacios fluviales y creación de parques, mejora de los sistemas de depuración y abastecimiento, creación de huertos municipales controlados, mejora de las infraestructurales viarias y conexión del entorno fluvial con el resto del municipio, fomento de la biodiversidad, gestión controlada de los RSU, sistema municipal de ahorro energético... Es interesante la transferibilidad potencial de la actuación a otros tramos del río, tal y como anuncia el Consejo comarcal del Vallès Oriental (aunque todavía no se habla, a diferencia de la actuación en el cauce del Ter, del enfoque holístico de cuenca), y su explicación en un país como Cuba.

Adecuación de zonas verdes en polígonos industriales de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Desde el punto de vista de la innovación, esta práctica es similar, aunque no tan rompedora, a la ya comentada sobre gestión de ecosistemas micológicos en Navarra. Se parte de un ecosistema muy degradado (el río Llobregat y sus riberas) y de una zona en la que la actividad industrial ha experimentado una clara recesión para recuperar espacios degradados, tanto si habían sido ocupados por huertas ilegales como si habían quedado en el olvido, y destinarlos a la actividad hortícola controlada y medioambiental de las personas mayores. Para ello, se organiza un concurso de ocupación temporal por 5 años prorrogables. Asimismo, dentro de la zona industrial se han acondicionado 5.200 m2 como zona verde de uso público.

Gestión sostenible del agua de lluvia en la Junta municipal de Hortaleza (Madrid). Esta práctica debería ser difundida y aplicada en otras zonas de la geografía española (sobre todo, aquellas más gravemente afectadas por problemas de erosión del suelo y desertización), a pesar de que, en principio, depende de una insalvable condición ajena al propio diseño de la misma, como es la enormemente variable pluviometría del país. Es ingenioso el sistema de retención del agua de lluvia que consigue aliviar los problemas de impermeabilización edafológica, y que, de forma pionera, aplica el ayuntamiento, aunque la técnica en la que se basa (Water sensitive urban design) haya sido ya implantada en países con fuerte sensibilización medioambiental. Su sencillez en cuanto a instalación y montaje, así como sus pequeños costes de mantenimiento, son puntos a tener en cuenta a la hora de valorar su alto potencial de transferencia. Sobre todo hay que destacar cómo el objetivo social, de mejora de viviendas modestas que adolecen de problemas de humedad, es vinculado con éxito a un objetivo medioambiental, de regeneración paisajística, eficiencia en el uso de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental hídrica, al tiempo que se utiliza una técnica que podría denominarse como BAT (best available technology).

Estrategia de gestión de residuos en Orense. Quizás lo más innovador de este plan integral de gestión de RSU sean las actuaciones de recogida selectiva (de papel y cartón, vidrio, aceites, resiuos voluminosos y enseres domésticos) a domicilio. También es relativamente novedoso la generación de compost, a ser utilizado en viveros y zonas verdes del municipio, y la instalación de contenedores soterrados que contribuyen a minimizar su impacto visual.

Recuperación de la ribera y entorno natural del río Turia en Manises (Valencia). Esta práctica se presenta como una gestión integral de programas, basados en la cooperación interadministrativa y la participación social, desde la calidad total. La sostenibilidad se sustenta tanto en la política de empleo destinada a la conservación de un paseo de casi dos kilómetros, como en la concienciación medioambiental de la población, en general, y de los escolares, en particular. Se mejora la calidad de vida de la población al recuperar una zona altamente degrada, medioambiental y socialmente, y facilitar el acceso a la misma del conjunto de la sociedad, al tiempo que se crea empleo. Es muy bonito el caso de participación escolar en el diseño de murales, que posteriormente se reproducen en cerámica, y que decoran el paseo construido en las márgenes del río.


Notas


[1]: Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y Doctora Miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March
[2]: En Río, tal vez la propuesta europea más ambiciosa fue la de aplicar un impuesto ecológico para reducir las emisiones de dióxido de carbono, siempre y cuando se contara con el apoyo de los Estados Unidos y Japón. Los resultados de esta conferencia fueron las convenciones sobre cambio climático, biodiversidad, y gestión de recursos forestales, la Agenda 21, y la Declaración de Río. Todos ellos están ya incidiendo, de alguna forma, en el curso de la política comunitaria: la Agenda 21, por ejemplo, está reflejada en el 5º PAM, mientras que los Estados miembros deben elaborar planes para aplicar los convenios sobre biodiversidad y cambio climático, y realizar propuestas sobre gestión de los bosques.
[3]: Esta propuesta ha terminado convirtiéndose en una iniciativa voluntaria (con un compromiso en cuanto a fechas y objetivos así como un sistema de fiscalización de cumplimiento de los mismos) a la que se han adherido distintos países.


Edición del 17-6-2005
Boletín CF+S > 31: Quinto Catálogo Español de Buenas Prácticas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/asagu.html   
 
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