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Informe sobre la misión de información llevada a cabo en Valencia (España) los días 25 a 28 de mayo de 2004, de conformidad con el apartado 3 del artículo 192 del Reglamento [1]
Comisión de Peticiones, Parlamento Europeo
Estrasburgo (Francia), 6 de julio de 2004.


Índice General

 

1 Introducción

La decisión de la Comisión de Peticiones de enviar una misión de información a la región valenciana fue refrendada por la Mesa del Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2004 «debido al enorme interés público que suscita la petición n° 609/2003 relativa a la aplicación por las autoridades españolas de una ley nacional sobre derechos de propiedad» que parece privarles de sus derechos legítimos. La petición fue presentada por Charles Svoboda, en nombre de una asociación, basada en la región valenciana, denominada Abusos Urbanísticos No. Más de diez mil personas firmaron la petición o enviaron mensajes electrónicos o cartas de apoyo, muchas de ellas describiendo de forma detallada sus reclamaciones. Otras peticiones referentes a la misma cuestión fueron registradas en nombre de un grupo de ciudadanos alemanes afectados por las leyes urbanísticas en una asociación liderada por D. Klaus Schuckall y su esposa (985/2002), y otra más por Dña. Ulla-Britt Perret (1129/2003).

La comisión designó a los diputados Margot Kessler y Eurig Wyn para que participaran en la misión, acompañados por el jefe de la secretaría de la comisión. También estaba prevista la participación del diputado Roy Perry, pero éste tuvo que renunciar a ella debido a otros compromisos apremiantes.

El objetivo de la visita era doble:

  1. Investigar, junto con los peticionarios y las autoridades afectadas, así como con otras partes interesadas, la aplicación y el presunto abuso del Derecho del suelo valenciano, en particular la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y tratar de encontrar remedio al aparente abuso de esta legislación, en la actualidad objeto de revisión; (Peticiones números 609/2003, 107/2004, 985/2002, 1112/2002, 732/2003).
  2. Investigar, junto con los peticionarios y las autoridades afectadas, la situación con respecto a los proyectos de trasvase de agua relacionados con las cuencas del Júcar y del Vinalopó (Petición nº 32/2003), también en la región valenciana.

2 Las leyes urbanísticas valencianas o la LRAU

En la sala de llegadas del aeropuerto de Alicante, el visitante se ve confrontado de inmediato con mostradores promocionales pertenecientes a agentes inmobiliarios y gestores urbanísticos, destacando todos ellos las ventajas de segundas residencias, alojamientos de vacaciones y viviendas para la jubilación. Esto proporciona el decorado conveniente.

De acuerdo con la asociación de residentes extranjeros europeos denominada Ciudadanos Europeos, más de 100.000 personas han comprado anualmente viviendas en España durante los últimos seis años, creando una inversión anual de unos 200.000 millones de euros. En los últimos 40 años, más de 1,5 millones de propiedades han sido adquiridas por familias procedentes de otros países, principalmente del norte de Europa. Una proporción muy elevada de dichas adquisiciones ha tenido lugar en la región valenciana. La mayoría de los propietarios extranjeros resultan ser personas cercanas a la edad de jubilación y el 20% de las propiedades adquiridas se convierte en la primera residencia de sus propietarios en un plazo muy breve de tiempo. Una proporción muy elevada de propietarios divide su tiempo entre su domicilio español y su domicilio en otro país europeo. Un número creciente de personas invierte en propiedades situadas en el extranjero por razones de todo tipo: diferente precio de la vivienda, mejores condiciones climáticas y de vida, más tiempo libre, etc. El 90% de estas personas compran propiedades en España.

Esto se ha convertido en un fenómeno social de considerable importancia que afecta a las vidas de muchos miles de ciudadanos europeos que, contrariamente a lo que antes sucedía, son por regla general de recursos económicos relativamente modestos y extracción social diversa. En un entorno semejante, es esencial contar con la legislación adecuada que regule la propiedad del suelo, la construcción y el mercado de la propiedad. Debería respetar las directivas comunitarias sobre el medio ambiente, la protección de los consumidores y la contratación pública, así como las disposiciones de los Tratados relativas a los derechos individuales y colectivos.

La necesidad de una legislación adecuada resulta también evidente, por supuesto, para un número significativo de ciudadanos españoles que han entrado en el mercado de la propiedad y adquirido viviendas en las regiones costeras de Valencia en los últimos años. Y no es de menor importancia para aquellos ciudadanos españoles que, siendo propietarios de tierras en la región durante generaciones, necesitan un reconocimiento adecuado de sus derechos, y no sólo de sus deberes y responsabilidades.

En el plano nacional, se promulgó en 1989 el Decreto 515, que otorgaba derechos a los compradores de propiedades e imponía a las autoridades locales y autonómicas la obligación de organizar sus procedimientos de planificación de usos del suelo. Antes de que se promulgara esta legislación, eran numerosas las irregularidades registradas en la compraventa de terrenos que escapaban a todo control. Se construían con frecuencia casas en terrenos no calificados de urbanizables, que eran incluso inadecuados para fines de construcción, y las personas podían aprovechar terrenos de bajo coste sin ninguna intervención o reglamentación por parte de las autoridades en la mayor parte de los casos. Las autoridades locales concedían frecuentemente amnistías, regularizando a posteriori actuaciones urbanísticas ilegales. Dado el crecimiento registrado en el mercado, no podía permitirse que persistiera esta situación. [2]

Según el sistema político español, las autoridades responsables de los detalles y la aplicación de este tipo de legislación son los gobiernos autónomos. Las Cortes Valencianas fueron el primer parlamento en aprobar una legislación semejante en 1994, cuando se promulgó la LRAU con el fin de regular la adquisición y el desarrollo ordenados del suelo y evitar la especulación excesiva con terrenos. Otras leyes que rigen los derechos de suelo y derechos de propiedad incluyen las Leyes del Suelo y la Ley de Expropiación Forzosa.

Fueran cuales fuesen los propósitos iniciales de las Cortes Valencianas cuando se aprobó la LRAU en 1994, no cabe duda de que la aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos, bien sea mediante intrigas o fraude. Sus derechos como consumidores, y especialmente sus derechos de propiedad, han resultado también ampliamente desatendidos en numerosos casos bien documentados. Sus viviendas y terrenos han sido objeto de expropiación y se han encontrado inmersos en un entorno jurídico surrealista, sin ningún recurso adecuado a una verdadera justicia, aunque muchos de ellos también han pagado abogados para tener el privilegio de escuchar directamente que lo que les había ocurrido era totalmente legal. Incluso intentos de juzgar la constitucionalidad de la LRAU han fracasado con el pretexto de anomalías procesales.

Por otra parte, el gestor urbanístico —el urbanizador— ha resultado un beneficiario importante, y con frecuencia falto de escrúpulos, de la aplicación de la ley, al igual que numerosos paraísos fiscales. Corren también rumores sobre corrupción política y vínculos existentes entre el urbanizador, por una parte, y las autoridades locales, por otra. Pocos de estos rumores han sido objeto de investigación adecuada por las autoridades competentes. En el transcurso de la visita, los miembros de la delegación escucharon relatos de primera mano sobre intentos de soborno y corrupción en ayuntamientos. Muchos ciudadanos españoles manifestaron su vergüenza y su más enérgica protesta por el nivel de corrupción que, según se cree, ha provocado la ley en cuestión. Otros ciudadanos españoles se quejaban de verse intimidados por políticos locales, y algunos habían recibido amenazas claras; como consecuencia, algunos tenían miedo de reunirse con la delegación.

Los peticionarios han manifestado gran confianza en la capacidad del Parlamento Europeo para trabajar de forma activa, juntamente con las Cortes y las autoridades valencianas, con el fin de solucionar los problemas políticos y personales relacionados con la vulneración de las leyes urbanísticas. Como ciudadanos europeos, los peticionarios tienen derecho a contar con la intervención y el apoyo activo del Parlamento Europeo cuando queda claro que se han producido infracciones. A la delegación que visitó la región no le cabe duda de que muchísimas personas han atravesado considerables y graves dificultades de índole personal, económica y psicológica como consecuencia de las leyes en cuestión.

En el transcurso de la visita, la delegación pudo reunirse con varios centenares de personas directamente afectadas por la vulneración de las leyes urbanísticas valencianas. Viajaron desde todas las zonas circundantes para reunirse con la delegación en la Oficina comunitaria de Alicante y otros se reunieron en un hotel de Benissa; un número aún mayor de personas se reunió en Valencia. Además, la delegación efectuó visitas sobre el terreno para investigar distintas propiedades que ya habían resultado afectadas por nuevos proyectos urbanísticos o estaban incluidas en los nuevos planes de desarrollo urbanístico. En ningún caso concreto se había producido notificación razonable alguna, ni se había realizado ningún anuncio público de decisiones inminentes, excepto quizá de forma ocasional en algún oscuro diario local.

Incluso en aquellos casos en los que los residentes habían sido informados de que eran objeto de estudio ciertos planes que afectaban a su zona, muchos no residentes no tuvieron posibilidad alguna de informarse antes de que el gestor urbanístico entrara en acción.

En gran número de ejemplos, los planes de desarrollo parecían exceder en mucho cualesquiera necesidades locales realistas en materia social, de infraestructuras o de servicios locales. (En un proyecto de desarrollo local, al que propietarios de terrenos locales se vieron obligados a realizar una contribución sustancial, se incluía la construcción de unos lavabos públicos por importe de 850.000 euros; incluso teniendo en cuenta la inflación, esto es llevar las cosas demasiado lejos.)

¿Qué autorizan las leyes urbanísticas valencianas?

En esencia, las leyes prevén la clasificación del suelo como rústico, y por tanto no susceptible de desarrollo, o urbanizable, donde se autoriza la construcción de nuevas viviendas, infraestructuras y servicios. Las autoridades locales, a propuesta del alcalde, son responsables de tales decisiones de planificación. Los propietarios de terrenos y propiedades existentes que son reclasificados como urbanizables se ven forzados a ceder un 10% de su suelo, sin compensación alguna, como contribución a la provisión de servicios públicos y zonas verdes o espacios libres en cualquier proyecto de desarrollo. También están obligados a aportar, bien en suelo o en metálico, hasta el 65% del valor calculado como coste de construcción de toda la infraestructura para el conjunto de la zona de desarrollo. (No tienen control alguno sobre las necesidades de infraestructura ni sobre su coste.) Deben aportar su contribución por adelantado; en caso contrario, su propiedad resulta embargada y la actuación urbanística avanza en cualquier caso. (Mucha gente que se encuentra en tal situación no está ya en condiciones de hipotecar de nuevo su propiedad para adquirir fondos, ni puede venderla a un precio razonable a causa de la inminente actuación urbanística.)

La ley establece la obligación, desigualmente aplicada por las autoridades locales, de desarrollar todo suelo clasificado como urbanizable. En principio, aunque no siempre en la práctica, si transcurrido un año, el suelo clasificado no ha sido objeto de un plan urbanístico específico, la ley permite que las autoridades locales aprueben una solicitud que pueda presentar cualquier persona para desarrollar porciones concretas de suelo urbanizable, con independencia de que dicha persona sea realmente propietaria de alguna parte de la zona designada. De este modo, la ley, tal como está redactada en la actualidad, no exige que la empresa urbanística adquiera realmente el suelo que desea urbanizar; ésta simplemente presenta un plan, construye y recoge los beneficios.

En tales circunstancias, es práctica común de los gestores urbanísticos —agentes urbanizadores o simplemente urbanizadores— elaborar sus planes sin conocimiento de la población local, pero habitualmente con el conocimiento y asentimiento tácito del alcalde y de los funcionarios responsables del planeamiento urbanístico, no sólo antes de la reclasificación del suelo, sino también durante el primer año de su clasificación como suelo urbanizable. El urbanizador puede no ser más que el testaferro de una empresa constructora mucho mayor. Por regla general, no se informa en absoluto directamente a los propietarios existentes sobre todos estos procedimientos, al contrario de lo que ocurre en otros países, donde tendrían una participación directa en el caso de una orden de expropiación. Si se les informa, por ejemplo mediante un anuncio en la prensa local, sólo disponen como mucho de tres semanas para presentar un plan alternativo. Esto resulta imposible a los residentes y lo es aún más para los propietarios de viviendas de vacaciones o para quienes alquilan su propiedad.

Las autoridades locales se escudan con frecuencia tras los conceptos engañosos de utilidad pública o interés social, que colocan cualquier actuación urbanística fuera del alcance de todo recurso legal, sin necesidad alguna de definir qué se entiende por tales términos. En Benissa, por ejemplo, una proporción muy reducida de viviendas sociales ha servido para justificar un plan urbanístico masivo que la delegación tuvo ocasión de debatir con el alcalde. El principal interés parece ser de índole puramente económica.

Todas las cartas están en manos del alcalde, su oficina técnica, la comisión de urbanismo local y el urbanizador. Quienes son propietarios legales de bienes inmuebles situados en una zona reclasificada como urbanizable, que han realizado mejoras a lo largo de los años, que han cuidado sus jardines, que ya han pagado su consumo de agua y electricidad y otros servicios, incluido el tratamiento de sus residuos domésticos, que han contribuido al desarrollo de la comunidad de múltiples maneras, a través de sus impuestos y por otros medios, no tienen carta alguna que jugar.

Resumen de algunos casos

La delegación se vio inundada por estudios de casos concretos y ejemplos de expropiación durante su corta visita. Se han formado varias asociaciones locales para organizar mejor la defensa de casos concretos. En consecuencia, los siguientes ejemplos no constituyen más que una muestra de una gran cantidad de reclamaciones. Detrás de cada reclamación hay personas reales, muchas de las cuales han quedado traumatizadas por la experiencia vivida.[3]

Observaciones

Lo que llama la atención en todos estos ejemplos es que ninguna de las personas afectadas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales o de abogados, ya que lo que les ha ocurrido se considera absolutamente legal. En la práctica, las increíbles lagunas que ofrece la ley (redactada inicialmente para afrontar un problema específico de desarrollo urbanístico) han permitido a políticos y empresarios carentes de escrúpulos obtener enormes ganancias económicas a costa de numerosas personas vulnerables y confiadas.

La reacción de la Generalitat Valenciana

La reacción de la Generalitat Valenciana ante esta situación se ha materializado muy lentamente, aunque últimamente ha demostrado su propósito de reformar la legislación y, durante la reunión celebrada con los miembros de la delegación, indicó que tendría en cuenta cualquier sugerencia que el Parlamento Europeo pudiera formular. A pesar de nuestra solicitud, lamentablemente sólo un miembro de las Cortes Valencianas, el Sr. D. Rafael Ferraro Sebastià, pudo asistir al debate. Ante la posibilidad de que la LRAU pudiera ser declarada quizá inconstitucional, se elaboró un nuevo proyecto legislativo y se hizo llegar una copia a la delegación a través de Dña. Cristina Santamarina. Se informó a los miembros de la delegación de que los debates en las Cortes Valencianas podrían comenzar en el mes de octubre, ya que el Gobierno ya había aprobado el nuevo proyecto.

Los cambios principales introducidos por el proyecto de ley, según las autoridades, abarcan ocho elementos. Destacan, aunque no abordan de manera adecuada, la enormidad del problema que afrontan tantos ciudadanos europeos:

Algunos de estos puntos habían sido sugeridos por el Defensor del Pueblo valenciano (Síndic de Greuges), D. Bernardo del Rosal Blasco, en un informe especial publicado el 24 de marzo de 2004. Cuando la delegación se reunió con él, explicó que había dado el paso poco habitual de redactar un informe semejante, que contiene trece recomendaciones claras, debido al gran número de quejas que había recibido. Se mostró especialmente preocupado porque se estaban minando los derechos de los pequeños propietarios; en su opinión, los más hacendados siempre pueden defenderse. Él también se propone estudiar el nuevo proyecto de ley y, en particular, las partes que afectan a los derechos de los ciudadanos.

Se mostró especialmente preocupado por el hecho de que un tercero pueda presentar un plan urbanístico sin tener participación financiera alguna en el mismo, y que pueda hacerlo sin el conocimiento y consentimiento de los propietarios. Expresó su preocupación por la deficiente evaluación del valor de las propiedades y las tasas de urbanización extraordinariamente elevadas que se les cobraban a los propietarios de viviendas. Un sistema concebido para evitar la especulación ha perjudicado los derechos individuales, exclamó, y señaló que los propietarios directamente afectados por una actuación urbanística quedaban fuera del procedimiento por completo, y muy pocos municipios tenían canales de información operativos para mantener a los ciudadanos al corriente de tales acontecimientos.

Se refirió al artículo 33 de la Constitución Española, que protege los derechos de propiedad, de sucesión y otros, si bien quedan sujetos a restricciones de «interés público». En su opinión, las autoridades locales habían abusado de este concepto y se había denegado el tratamiento justo a los particulares en estas cuestiones. El artículo 6 del Tratado UE obliga a los Estados miembros a respetar las disposiciones del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, que también hace referencia a los derechos de propiedad.

Lamentablemente, ciertas críticas centrales contenidas en el informe del Síndic de Greuges fueron rechazadas desde el principio por el ministro valenciano responsable, el Sr. D. Rafael Blasco. Las dos primeras recomendaciones referentes a la expropiación y la compensación así como los elementos relacionados con el urbanizador han sido ignorados por las autoridades.

Cuestiones destacadas

Entre tanto, sigue habiendo muchas cuestiones destacadas que requieren aclaración, y una de ellas se refiere al modo en que las autoridades han aplicado la legislación comunitaria sobre contratación pública. El artículo 72 de la Ley española sobre contratación pública, que constituye supuestamente la transposición de la Directiva comunitaria sobre contratación pública, ya ha sido objeto de investigación por la Comisión de Peticiones y la Comisión, ya que se confirma cada vez más la impresión de que la ley no refleja la Directiva como debería. [4] Según muchos ciudadanos afectados, la adjudicación de los contratos urbanísticos casi nunca se lleva a cabo a través de licitaciones públicas, ya que la iniciativa para la realización de proyectos urbanísticos procede de los propios promotores. En Sant Joan d'Alacant, por ejemplo, hay nueve proyectos distintos aprobados para el plan de desarrollo urbanístico. El valor de estos proyectos supera los 100 millones de euros, aunque no se ha publicado ninguna licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Diversos residentes que han sido víctimas de los efectos de la LRAU piensan presentar una reclamación formal sobre este asunto ante la Comisión Europea.

Formalmente es posible, de acuerdo con la LRAU, que el 50% de los propietarios de una zona de actuación urbanística concreta presenten un plan alternativo, pero el plazo otorgado es tan ridículo, por lo corto —únicamente tres semanas—, que, incluso si todos los afectados fueran adecuadamente informados, cosa que rara vez ocurre, no tienen ninguna posibilidad real de presentar una alternativa creíble dentro del plazo concedido. Al fin y al cabo, el urbanizador ha estado elaborando sus propuestas durante años, respaldado por abogados, arquitectos, contables, etc.

Se plantea también la cuestión acerca de la medida en que las compañías inmobiliarias, los urbanizadores y los agentes inmobiliarios han aplicado las directivas comunitarias concebidas para proteger a los consumidores. La Comisión habrá de investigar esta cuestión con más detenimiento, así como el uso de fondos de cohesión en tales actuaciones urbanísticas. La delegación tiene fotografías y vio ejemplos de casos en que se estaban usando claramente fondos comunitarios en apoyo de actuaciones urbanísticas y, de hecho, subvencionando al urbanizador. ¡Se aducen normas comunitarias de forma totalmente espuria como argumento para sostener que las carreteras han de tener doce metros de ancho y estar adecuadamente iluminadas de noche! Bastarían en cualquier caso unas carreteras más pequeñas, pero también las ganancias serían mucho más pequeñas.

Las repercusiones que han tenido en el medio ambiente costero del Mediterráneo tantos proyectos de urbanización han sido desastrosas. Dejando aparte toda la cuestión del abastecimiento de agua de la región, que consideraremos en la segunda parte del presente informe, vastas extensiones de terreno anteriormente cubiertas de bosques de pino así como un gran número de pequeños cursos de agua y gran cantidad de vegetación han quedado cubiertos por el asfalto y el cemento. Se han eliminado las vistas sobre el mar, al haberse construido bloques de apartamentos a lo largo de la costa. Los chalés y casas adosadas se desparraman en oleadas sobre las colinas costeras conforme los municipios se expanden.

No cabe duda de que la demanda de construcción de nuevas viviendas es elevada. Al mismo tiempo, sorprende que las autoridades hagan tan poco para mantener el proceso de urbanización dentro de normas aceptables desde el punto de vista ambiental que respeten asimismo los legítimos derechos de propiedad. En vez de esto, toda la región se ha visto inmersa en un experimento de desarrollo de carácter darwiniano, donde sólo pueden sobrevivir los más aptos y los más ricos. Se han hecho fortunas considerables en un espacio de tiempo muy corto, y lo han logrado especialmente quienes tienen buenos contactos.

Al urbanizador se le han dado poderes indebidos y excepcionales y muchos ciudadanos opinan que la clase dirigente española debería avergonzarse de que políticos y empresarios hayan robado a la gente lo que legítimamente le pertenecía con total impunidad. No son sólo personas concretas las que resultan perdedoras, sino comunidades rurales enteras que están perdiendo su identidad en el proceso. Los planes urbanísticos muy raramente tienen algo que ver con las necesidades o exigencias sociales, por no mencionar el desarrollo rural sostenible. Muchos de ellos se llevan a cabo alrededor de campos de golf, de los que ya hay sesenta sólo en la zona de Alicante. Con frecuencia, un urbanizador deja a un lado parcelas de terreno adquiridas a precios muy bajos como parte de un proyecto o en compensación por obras de infraestructura y las vende posteriormente con un beneficio enorme como parcelas urbanas cuando ya el resto de la zona ha sido urbanizado. El ejemplo de Terra Mítica, cerca de Benidorm, es elocuente.

Un antiguo alcalde contó a la delegación sus propias experiencias y añadió que la LRAU es una ley mala que puede resultar letal si la aplican malos políticos. Un concejal informó a la delegación de casos de corrupción de los que había sido testigo personalmente: «Un constructor (...) solicitó un permiso para ampliar el puerto de...El ayuntamiento se oponía firmemente al proyecto, pero una concejala lo apoyaba. Al parecer, tenía dificultades económicas. Intentó insistentemente convencer a otros concejales de que apoyaran el proyecto. En presencia del alcalde y de otros dos concejales, oí cómo un tercero admitía que un concejal que apoyaba el proyecto le había ofrecido 6.000 euros por adelantado y otros 30.000 euros cuando se hubiera aprobado el proyecto. Sólo cabe concluir que el dinero procedía de los constructores que proponían la ampliación del puerto.»

«Una cadena de supermercados quería construir en un terreno para el que carecía de permisos. Pagó 5 millones de pesetas al club de fútbol local y otros 5 millones de pesetas a una persona concreta, el presidente del club de fútbol, quien era también el concejal de urbanismo. Ese mismo concejal inició su mandato de cuatro años en 1999 con un requerimiento de Hacienda para que dedujera directamente pasadas deudas fiscales. Acabó su mandato con un coche nuevo, unas vacaciones en el Caribe y varias urbanizaciones en construcción de su propiedad. Después pasó a trabajar para el constructor que era promotor del proyecto de desarrollo del puerto.»

La LRAU es una mala ley y las autoridades autonómicas han dicho que se revisará; queda por ver hasta qué punto. Pero ha servido de modelo para otras autoridades autonómicas que, tratando de obtener nuevas fuentes de financiación, están dispuestas a sacar capital de estos inmorales beneficios. Según el Defensor del Pueblo valenciano, algunas comunidades autónomas que han aprobado leyes similares han corregido algunas de las más flagrantes lagunas que presenta la LRAU. Pero ciudadanos europeos de Andalucía, Cantabria, Murcia y otras comunidades temen la perspectiva de que se produzcan similares apropiaciones de terrenos. Dos hombres que habían oído hablar de la visita de la delegación pagaron de su propio bolsillo el viaje de más de mil kilómetros desde Cantabria hasta Valencia para presentar a la delegación una nueva petición, debido a los temores que han surgido ahora en su comunidad. Al día siguiente de reunirse con la delegación del Parlamento Europeo y presentarle su petición, emprendieron el viaje de regreso en coche.

Conclusiones

Sean cuales sean las decisiones que adopten las autoridades de Valencia, deben tomarse en consideración con particular seriedad, juntamente con las restantes observaciones contenidas en el informe, los siguientes elementos:

  1. Debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuación urbanística propuesta en la región valenciana hasta que la legislación vigente se adapte y sea conforme con la legislación comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades.
  2. Debe considerarse un nivel adecuado de compensación para aquellos a quienes ya se les han confiscado o destruido sus propiedades y se les ha negado el tratamiento justo.
  3. Las autoridades valencianas tienen la responsabilidad y, en consecuencia, deberían estar obligadas a documentar tales casos, y cada uno de ellos debería evaluarse según sus características específicas. A juzgar por la correspondencia detallada recibida por el Parlamento Europeo, probablemente haya cientos, si no miles de reclamaciones semejantes.

3 El proyecto de trasvase de aguas Júcar-Vinalopó

En enero de 2003, un grupo de peticionarios que representaban a WWF/Adena, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) y la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano criticaron la solicitud realizada por las autoridades españolas a la Comisión para que financiara un importante proyecto de trasvase de aguas de la cuenca del Júcar a la cuenca del Vinalopó. Los peticionarios plantearon cuestiones referentes a los objetivos del trasvase de aguas y su viabilidad en relación con los ecosistemas locales, en especial, la Albufera. También cuestionaban la validez de los datos presentados junto con la solicitud y, lo que no es menos importante, el hecho de que no se hubieran sondeado alternativas adecuadas en el marco de la evaluación ambiental. Por entonces, este proyecto estaba relacionado con el más amplio Plan Hidrológico Nacional (en su Anexo II), basado alrededor del delta del Ebro, que ya había sido objeto de una serie de audiencias críticas de la Comisión de Peticiones. Una presentación y debate adicionales de la petición relativa al proyecto Júcar-Vinalopó tuvo lugar en esta comisión el pasado 4 de abril, [5] cuando la comisión convino en efectuar una visita a la zona, de ser posible, en combinación con la investigación sobre la LRAU.

La Albufera

Dado el poco tiempo disponible, la delegación no pudo reunirse con todas las partes interesadas, en especial en la región de Alicante. Sin embargo, visitó la Albufera y los humedales circundantes, acompañada de un grupo de especialistas ambientales, quienes también aportaron contribuciones por escrito, y celebró una reunión con miembros electos de las Cortes Valencianas, autoridades locales y varias ONG, incluida la Plataforma Xúquer Viu, así como sindicatos agrícolas. También debatió las diversas cuestiones con altos funcionarios responsables del gobierno valenciano y, lo que es más importante, con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, D. Juan José Moragues Terrades, quien había obtenido autorización de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para reunirse con la delegación.

Es particularmente importante señalar que era la primera vez que tenía lugar una reunión semejante para debatir el trasvase Júcar-Vinalopó. Los miembros de la delegación expusieron sus preocupaciones y debatieron las cuestiones abiertamente en presencia de numerosos peticionarios y ONG así como de la prensa. Todos consideraron la reunión con el Sr. Moragues un avance considerable hacia el inicio de debates informales sobre el controvertido proyecto. Por primera vez, quienes tenían puntos de vista alternativos sobre este asunto pudieron hacerlos llegar directamente a los más altos funcionarios de la región.

Cuando el BEI llevó a cabo su estudio, se reunió con una serie de expertos designados por el gobierno, todos los cuales estaban a favor del proyecto propuesto. A pesar de ello, su informe está redactado en términos muy cautos y condicionales y en él se afirma que la sostenibilidad del proyecto depende en una medida muy importante de que se respete una serie de recomendaciones. Además, de modo inexplicable, el estudio del BEI omite por completo toda consideración de la repercusión del trasvase de aguas en los humedales de la Albufera, protegidos en el marco de la Directiva sobre hábitats. Al aprobar la financiación del proyecto sin saber si podrían garantizarse caudales de agua suficientes —lo que admite el informe del BEI—, se da el riesgo, no sólo de daños ambientales y ecológicos permanentes en un área frágil, sino de despilfarro de recursos comunitarios.

El enfoque del nuevo Gobierno español parece ser totalmente diferente que el mantenido por el gobierno anterior, y parece mayor su disposición a considerar alternativas adecuadas, incluida la desalación, cuyos costes son ahora mucho más reducidos que antes, así como el uso del canal Tajo-Segura, que proporciona agua de una fuente alternativa.

La visita a la Albufera fue extremadamente instructiva, pues mostró claramente la diferencia que existe entre los caudales de agua procedentes de plantas de tratamiento (en la parte septentrional del parque nacional) y los procedentes de manantiales de agua naturales que desembocan en otras partes de la laguna. El agua procedente de plantas de tratamiento, aunque filtrada, sigue conteniendo bacterias tóxicas y elementos biológicos que propician el desarrollo de fitoplancton, que enturbia la laguna y agota el oxígeno del agua. Los peces y otros seres vivos acuáticos mueren, las aves parten en busca de otros lugares. Sin embargo, si hay un caudal satisfactorio de agua fresca procedente de fuentes normales de la cuenca del Júcar, el agua de la laguna está limpia y el ecosistema, equilibrado y sano. Si la proporción de agua tratada aumenta en la medida en que disminuye el caudal de agua fresca —lo que ocurriría según lo previsto en el proyecto de trasvase—, la propia Albufera moriría. La laguna es totalmente dependiente del agua del Júcar en un 85% al menos de su volumen. Los miembros de la delegación pudieron ser testigos sin ninguna duda de la diferencia.

Se supone que esta es una cuenca piloto para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua. Hay mucho en juego, pero parece que por el momento ningún experto de la Comisión ha estado sobre el terreno para evaluar la situación. No obstante, el Gobierno ha de informar a la Comisión para finales de año. En estas circunstancias, la Comisión haría bien en enviar una misión de especialistas de la DG Medio Ambiente para que supervise y evalúe la situación por adelantado y más detalladamente que lo que ha podido hacer la delegación parlamentaria.

Reuniones

El alcalde de Sueca se reunió con la delegación, junto con numerosos representantes de ciudades y municipios vecinos. Señaló la importancia económica de la Albufera, no sólo para el turismo, sino especialmente para los cultivadores locales de arroz. Todo su medio de vida está en juego y si se toman las decisiones equivocadas acerca del trasvase Júcar-Vinalopó, su futuro estaría en peligro.

Otros asistentes a la reunión hablaron de la importancia del propio río y la arena que éste arrastra para la zona costera. Sin caudales adecuados, la arena no podría alcanzar la costa, y si el río comienza a morir, según vaya encenagándose, se verá amenazada la propia franja costera. Este ecosistema único se vería amenazado por cualquier modificación del caudal del río Júcar, que ya es muy vulnerable y frágil y supone menos de la mitad del caudal que llevaba hace cien años. La urbanización masiva de las zonas costeras se ha cobrado su precio, señalaron muchos asistentes, así como el crecimiento de la propia Valencia. A medida que crece la superficie edificada, aumenta la demanda de agua.

Los representantes gubernamentales con los que también se reunió la delegación destacaron que compartían nuestras preocupaciones sobre la garantía de un abastecimiento de agua sostenible. También hicieron hincapié en la complejidad de la situación y en las demandas enfrentadas existentes. Convinieron también en la amenaza que supone la hiperurbanización, tal como ellos lo denominaron. Habían comenzado a desarrollar plantas desaladoras para competir con la demanda procedente de los nuevos proyectos urbanísticos costeros de Alicante y Denia, por ejemplo. Según explicaron, las viviendas requieren de hecho mucho menos agua que la irrigación en la agricultura, y los agricultores no pueden pagar por el agua procedente de las desaladoras, mientras que los hogares sí pueden.

En opinión de la delegación, deben investigarse alternativas reales que vayan mucho más allá que el actual proyecto Júcar-Vinalopó, que —si se autoriza que siga adelante— podría conllevar la decadencia inevitable de la vida social y económica de las ciudades y pueblos circundantes, al tiempo que pondría fin a la calidad única del entorno natural, que ha constituido un orgullo para España y la región valenciana y sus gentes durante siglos. Se necesita un verdadero plan hidrológico alternativo basado en más criterios de desarrollo sostenible.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Sr. Moragues, hizo hincapié ante la delegación en que, para el Gobierno español y para él mismo, la integridad de la Albufera es una prioridad principal. En la actualidad está trabajando activamente en una serie de estudios que, según afirmó, se evaluarán en su totalidad de forma adecuada antes de que el Gobierno tome decisión alguna. Añadió que se están realizando todos los esfuerzos posibles para desarrollar el mejor medio de garantizar que la laguna continúe teniendo una vida saludable. Aseguró a la delegación que se exigirán más evaluaciones de las repercusiones ambientales sobre los numerosos cursos históricos de agua que desembocan en la Albufera. Tendrá en cuenta todos los requisitos de los ecosistemas, tanto en la desembocadura del río como aguas arriba, ya que la intrusión de sal es también un factor a tener en cuenta. Las derivaciones de cursos de agua, concluyó, serían la última alternativa que consideraría el nuevo Gobierno, tal como habían demostrado ya en relación con el plan referente al Ebro.

La delegación quedó muy satisfecha de la reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, no sólo por el compromiso de su nuevo Presidente, sino también por el nuevo grado de apertura y disposición a abordar estas cuestiones complejas a la luz pública. Por consiguiente, solicitará a los propios peticionarios que proporcionen su valoración de la situación actual y de la repercusión lograda por esta visita cuando asistan próximamente a una reunión de la Comisión de Peticiones.

Conclusiones

Hay claramente una serie de cuestiones que requieren un análisis adicional, y no cabe duda de que se necesita mayor información de todos aquellos que están especializados en tales cuestiones. Sin embargo, la visita de la delegación a la región afectada por el proyecto de trasvase de aguas Júcar- Vinalopó ha actuado como catalizador y ha conseguido reunir por primera vez a los principales protagonistas directamente afectados por el proyecto.

La Comisión Europea ha de reconsiderar seriamente su decisión de financiar el proyecto en las circunstancias actuales y la Comisión de Peticiones intentará obtener de la DG Medio Ambiente respuestas específicas a las cuestiones planteadas en el presente informe. Resulta, cuando menos, bastante curioso que se apruebe la financiación de un proyecto antes de que las autoridades que han de materializarlo hayan seguido las recomendaciones.

4 Conclusiones generales

Al someter este informe a la aprobación de la Comisión de Peticiones que se formará al inicio de la nueva legislatura, los miembros de la delegación expresan su deseo de que este tipo de labor continúe hasta que se resuelvan con éxito los problemas descritos en el mismo. El Reglamento del Parlamento especifica que la tramitación de las peticiones no concluye con el final de la legislatura, tal como ocurre con la labor legislativa del Parlamento. Esta es la razón por la que el Parlamento Europeo está cualificado de forma incomparable para continuar sus esfuerzos dirigidos a servir los intereses de los ciudadanos europeos, a través del derecho de petición, en especial cuando sus derechos individuales se ven amenazados y en los casos en que parece denegárseles la justicia natural. Misiones como la que nos ocupa son necesariamente de índole excepcional y cabe esperar que todas las personas con las que la delegación tuvo el privilegio de reunirse tengan la sensación de que el Parlamento Europeo ha sido de utilidad para solucionar sus preocupaciones concretas. Tal como la delegación dejó claro, sus miembros no tienen ninguna varita mágica. Pero sí tienen mucha determinación.


Notas


[1]: Petición nº 609/2003, presentada por Charles Svoboda, en nombre de Abusos Urbanísticos No, y peticiones nº 107/2004, 985/2002, 1112/2002, 732/2003.

Petición nº 32/2003, presentada por WWF/Adena y otros, sobre el proyecto de trasvase de aguas Júcar-Vinalopó.

Comisión de Peticiones

Miembros de la delegación:


[2]: Este Decreto fue consecuencia de un informe elaborado para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por Edward McMillan-Scott sobre transacciones inmobiliarias transfronterizas (PE 126.117, de 1.9.1989) y la actuación concomitante del Defensor del Pueblo en España. El informe parlamentario se basaba en dos años de investigaciones y contactos con las autoridades españolas. España no ingresó en la UE hasta 1986.
[3]: Véase El Síndrome de Castellón del Dr. Juan Ángel Ramos, un estudio médico de las dramáticas repercusiones psicológicas de la LRAU en propietarios de viviendas afectados de la región valenciana.
[4]: Petición nº 600/2002.
[5]: En dicha ocasión, un alto funcionario responsable presentó un estudio llevado a cabo por el BEI (31 de julio de 2003), que fue objeto de críticas por parte de los peticionarios. Representantes de la DG Regio y de la DG Envi también parecían mantener puntos de vista muy diferentes sobre el proyecto.

Edición del 30-6-2005
Boletín CF+S > 29/30: Notas para entender el Mercado Inmobiliario > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/nparleu.html   
 
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