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Una ciudad de medio millón de habitantes en el Aljarafe

El País Andalucía
24-02-2005

Jorge Benavides Solís, Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

En El Aljarafe, actualmente a vista y paciencia de todos se encuentra en construcción, de manera precaria y sin Plan, una ciudad superior a medio millón de personas. Afecta a una superficie mayor a la total de Sevilla cuyos 709.975 habitantes, según el Instituto de Estadística, residen en 226.621 viviendas. Con otras palabras, la ciudad en construcción tendrá una capacidad para albergar a todos los habitantes de tres capitales de provincia: Almería, Cádiz y Huelva.

Al respecto, la prensa local durante las últimas semanas ha proporcionado numerosas informaciones. Se alude a un territorio culturalmente denso, convertido en el vertedero occidental en el que la administración municipal y las inmobiliarias tranquilamente acumulan enormes problemas urbanísticos al amparo del cómplice silencio de los poderes públicos. Deficiencias e insuficiencias que de manera indefectible habrán de solucionarse a costos no previsibles y a cargo de todos y cada uno de los sevillanos en los próximos veinte años.

Algo huele mal en este asunto pero nadie se decide a controlar la salvaje manera de ocupar-consumir el suelo en el área post-metropolitana de Sevilla bajo el rutinario proceso impuesto por la iniciativa privada: comprarlo como rústico, hacerlo urbano valiéndose de la revisión del PGOU, construir bajo criterios financieros y venderlo al precio que determina el sacrosanto, neoliberal mercado.

Para atenuar la voracidad inmobiliaria bastaría aplicar el artículo 47 de nuestra Constitución que dice textualmente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». La Constitución por lo visto, no puede con la economía neoliberal.

Y además hay quien justifica que en el negocio inmobiliario nadie pierde, o sea, supuestamente todos ganan: los propietarios del suelo al convertir sus terrenos rústicos en suelo urbanizable tienen beneficios superiores a los obtenidos con las actividades agrícolas; el Ayuntamiento adquiere sin coste una considerable extensión de suelo que, a conveniencia en el futuro inmediato lo convertirá en dinero para «resolver los postergados problemas de la localidad»; las inmobiliarias porque ese es su negocio y hasta los clientes ganan (en apariencia) pues, compran su vivienda a los precios más bajos de entre los elevados del mercado. Aunque para pagar la deuda hipotecaria deban destinar al menos el 40% de sus ingresos durante más de veinte años. Esta justificación es falaz.

Ganan pocos (los de siempre) y perdemos todos, es decir la sociedad, la organización (Morin) el conjunto de personas interesadas en construir la futura urbs de Sevilla (dimensión física) pero, sobre todo la civitas (dimensión social y de convivencia). Perdemos quienes deseamos ejercer el derecho a la civilidad y participar en la construcción de nuestra ciudad para que sea un espacio de convivencia con una mínima calidad de vida y no una simple área donde aparcar y acumular objetos de escasa calidad estética, como antes, producidos en serie y en los que se refugian jóvenes familias con alarmante carencia de equipamientos, de servicios, de transportes públicos, como si todavía estuviésemos soportando las consecuencias de la primera revolución industrial cuando, al contrario, estamos transitando por la cuarta y, en Andalucía, por la segunda modernización. Y además vivimos desde hace 27 años en democracia.

Huelga abundar en cantidades, referencias y datos. Las autoridades locales se encargan de darlos a conocer diariamente en todos los periódicos. Basten algunos índices de crecimiento demográfico de los últimos diez años: Castilleja de Guzmán, 419%, Bormujos 126%, Espartinas 105%; los demás municipios tienen un índice promedio superior al 50%. Las grandes superficies comerciales y las edificaciones singulares brotan como hongos. La autopista desde Sanlúcar se ha convertido en una congestionada vía urbana. Antes de la inauguración de IKEA desde Gines se tardaba poco, ahora en las horas punta, más de 45 minutos y en el futuro inmediato será peor. Lo mismo desde Mairena. Antonio Cano con el cálculo de la Huella Ecológica para la aglomeración urbana de Sevilla, acaba de confirmar lo dicho por la Junta en 2001: este proceso es insostenible, irracional.

¿Qué hacer? Ante todo recuperar el sentido común; evitar el sprawl urbano al estilo usamericano; retomar los estudios publicados en 1989 y 2000 sobre el área metropolitana y, hasta redactar un Plan, por lo pronto, de manera urgente reunir a los Alcaldes de los Municipios que están revisando los PGOU. Primero para determinar los mecanismos de coordinación y de control con el fin de evitar el despilfarro en aras del equilibrio y la solidaridad territorial y, segundo, superando las conveniencias electorales de corto alcance reunirlos, para hacer posible la comprensión de este problema bajo la clave sistémica de las interrelaciones y no de las jerarquías funcionales ni de los ineficaces ámbitos (limitantes) de competencias.

Si se prefiere superar los tópicos urbanos, sería oportuno tomar en cuenta las recomendaciones de algunos arquitectos famosos, entre otros: de Rogers para que la ciudad en construcción sea sostenible, de Foster para recuperar la idea de barrio (cohesión y diferencia cultural integradora) o, llamar a Koolhaas para que le de racionalidad formal a la especulación salvaje.


Edición del 15-11-2013
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