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Suspenso oficial a la gestión ambiental de las obras del AVE

El Periódico de Aragón
20-2-2005
R. Lozano

El Tribunal de Cuentas ve «deficiente» el cumplimiento de las normas de protección.

El GIF no justificó suficientemente haber cumplido las medidas para disminuir impactos.

La construcción de la plataforma del AVE entre Madrid, Zaragoza y Lérida desde el año 1998 hasta el 2002 dejó mucho que desear desde el punto de vista de la protección y el cuidado ambiental, según ha constatado en un informe oficial el Tribunal de Cuentas. Este organismo fiscalizador ve «bastante deficiente» el cumplimiento de la normativa conservacionista por las empresas estatales, entre ellas, el extinto GIF, que ejecutó la línea de alta velocidad.

El informe del Tribunal de Cuentas, concluido hace escasos días, analiza la actuación del GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) en el periodo 98-02 en la construcción de diferentes tramos de la línea AVE. En concreto, se centra en varios proyectos del enlace Zaragoza-Lérida, en las actuaciones entre Madrid y Calatayud, en el subtramo Calatayud-Ricla y en la conexión Ricla-Zaragoza.

La inversión que llevó a cabo el ente gestor --actualmente desaparecido por la reconversión de los sistemas ferroviarios-- fue de más de 5.000 millones de euros en el citado periodo, mientras que los gastos ambientales en las obras de los tramos citados fueron de 104 millones.

El documento oficial constata que los proyectos tenían declaración de impacto ambiental, pero en los diversos casos analizados el Tribunal de Cuentas llega a conclusiones similares. La más habitual es que el GIF no facilitó el programa de vigilancia ambiental, de forma que no se ha podido comprobar «si su contenido se ajustaba al condicionado» de la citada declaración de impacto.

En el informe se detallan las deficiencias. Por ejemplo, cuando se refiere a las obras del subtramo II del enlace Zaragoza-Lérida indica que se había establecido la obligación de reconocer los posibles yacimientos arqueológicos que surgieran en el trazado para preservar el patrimonio artístico y cultural. Y se había fijado también como medida «imprescindible» la total excavación y documentación de varios yacimientos (Barrada I, Cabeza Morrudo I, Cabeza Morrudo II y La Cruz de Piedras).

Según el Tribunal de Cuentas, el GIF no facilitó ningún informe ni documento para acreditar «que se realizó la campaña de reconocimiento de yacimientos arqueológicos y se adoptaron las medidas establecidas para la protección de los yacimientos» citados.

Otro ejemplo alude a la construcción del tramo de la variante de Calatayud-Ricla. De nuevo, el tribunal asegura que el ente gestor no acreditó el cumplimiento de las medidas diseñadas en la declaración de impacto y se limitó a comunicar en septiembre del 2004, dos años después de la conclusión de las obras, que había enviado un escrito al Ministerio de Medio Ambiente para dar cuenta de los programas de seguimiento y vigilancia ambiental.

El Tribunal de Cuentas denuncia que, en general, las sociedades estatales cumplían de forma «bastante deficiente» la normativa ambiental, una situación que mejoró en parte en el 2000, con la aplicación de varias directivas europeas.


Edición del 15-11-2013
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