Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Boletín CF+S > 29/30: Notas para entender el Mercado Inmobiliario > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/ncartas.html   
Cartas


Índice General

 

Por un Urbanismo Social y Respetuoso con el Entorno Natural

De: Ciudadanos contra la especulación urbanística
Madrid (España), 17 de febrero de 2005.[1]

En los últimos años el acelerado y descontrolado crecimiento urbanístico que está sufriendo la Comunidad de Madrid ha favorecido la aparición de procesos de especulación urbanística. Esta situación está creando graves problemas ambientales, sociales e institucionales en nuestras ciudades y pueblos. Para intentar invertir esta tendencia, grupos vecinales y ecologistas apoyados por sindicatos nos hemos agrupado bajo el nombre de Ciudadanos contra la Especulación Urbanística. Este colectivo se propone recuperar unos espacios urbanos, antaño a la medida de hombres y mujeres, respetuosos con el medio natural de nuestro territorio.

El crecimiento de las poblaciones viene mostrando hace ya más de 20 años unas características cada vez más nocivas para el medio ambiente e inhumanas para sus habitantes. A pesar de que la población de Madrid crezca en una proporción muchísimo menor que la de la edificación de viviendas, se insiste una y otra vez en la necesidad de multiplicarlas, obviando el hecho de que, sin contar las que están en construcción, en esta Comunidad existen más de 300.000 viviendas vacías. Esta proliferación descontrolada de la construcción, esta metástasis del ladrillo, no ha traído consigo un abaratamiento de la vivienda, al contrario, la subida anual supera el 10%. Dado el elevado precio del alquiler, tampoco éste es una solución para miles de personas, con las evidentes consecuencias de frustración social y familiar que ello comporta. La población se ve con frecuencia empujada hacia zonas más y más alejadas de la capital obligándola a realizar grandes desplazamientos y a depender del vehículo privado y de las grandes infraestructuras, principales factores que contribuyen, por un lado, al deterioro ambiental y, por otro, a la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos.

Actualmente la construcción de vivienda nueva, además de innecesaria, muestra un carácter fuertemente especulativo, abandonando todo criterio de utilidad social y entregándose al beneficio particular en una huida hacia adelante que los políticos de distintos partidosfrecuentemente en connivencia con los grandes capitales del negocio inmobiliario no parecen querer ni poder contener.

El impacto ambiental del caótico modelo de urbanismo que sufre la Comunidad de Madrid es incalculable: desde el aumento de emisiones de CO2 hasta la invasión y destrucción de suelos y bosques, pasando por el horrible impacto paisajístico causado por la proliferación desbocada del urbanismo.

Ciudadanos contra la Especulación Urbanística en la Comunidad de Madrid creemos que es posible habitar en poblaciones respetuosas con el medio ambiente y recuperar una vida ciudadana más gratificante y saludable; ciudades hechas a la medida de hombres y mujeres, y no del automóvil; ciudades en cuyos espacios sea posible la convivencia y no meramente el intercambio mercantil. Por todo ello es necesario frenar este crecimiento urbanístico, protegiendo el suelo, permitiendo únicamente la urbanización de zonas que combinen un bajo impacto ambiental con condiciones idóneas de habitabilidad; teniendo presente en todo momento el objetivo del bien social y del disfrute de los espacios naturales por las siguientes generaciones. Los procesos urbanizadores deben estar regidos por los principios lógicos de la proximidad. Hay que luchar por recuperar viviendas y edificios vacíos, adoptando medidas que fomenten su entrada en el mercado. Ha de terminarse con la especulación del suelo buscando alternativas de financiación municipal al margen del urbanismo y declarando tolerancia cero al delito urbanístico y la prevaricación.

La Comunidad de Madrid, en fin, precisa urgentemente de unas políticas y leyes llenas de sensibilidad social y ambiental que procuren una ordenación del territorio sensata, que integre aspectos sociales y económicos sostenibles. No es ésta precisamente la característica definitoria de la mayoría de nuestros Ayuntamientos y, mucho menos, de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cambiar esta situación es el objetivo que se propone esta agrupación de ciudadanos.

El anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, una propuesta de muerte súbita para el paisaje madrileño

De: Ignacio De la Riva, Red Verde.
Madrid (España), 16 de febrero de 2005.

La Comunidad de Madrid ha hecho público su anteproyecto de Ley del Suelo para sustituir la vigente ley de 2001. A continuación se hace un repaso somero de dicho anteproyecto, comentando sólo algunos de los aspectos más destacados. En primer lugar hay que decir que muchos estamos sorprendidos, porque nos esperábamos una mala ley y la que se propone no es mala: es malísima. Si la ley de 2001 ya era descabellada desde un punto de vista medioambiental (su principal novedad fue considerar que todo suelo que no estuviese explícitamente protegido era, por defecto, urbanizable) y ha inducido la sepultura bajo cemento y ladrillos de una porción enorme del territorio madrileño, la nueva ley, si prospera en los términos propuestos, barrerá del mapa, en un tiempo record y para siempre lo poco que nos queda.

Cuando se parte de una visión de las cosas diametralmente opuesta a la de quienes han perpetrado un texto así, es lógico escandalizarse casi con cada párrafo, pero hay que decir que, eso sí, el anteproyecto es totalmente coherente con sus fines. Frente a la visión del mundo de quien es capaz de preparar un documento semejante, toda discusión sería estéril, por moverse los argumentos y la lógica de ambas partes en coordenadas y dimensiones completamente diferentes. Sencillamente, unos persiguen fines concretos que a otros no nos gustan nada. De modo que si protestamos porque en el texto no se hace una sola mención a la protección del paisaje, la respuesta honesta debería ser: naturalmente que no; el paisaje no nos importa en absoluto. No es que sea un anteproyecto de ley mal hecho (o tal vez, técnica y legalmente sí, pero eso yo no tengo capacidad para valorarlo); es que es, sencillamente, impresentable. Siguen algunos comentarios sobre unos cuantos aspectos puntuales:

  1. El Documento preliminar, firmado por D. Alberto Recarte, miembro de la comisión de expertos designada por el Gobierno Regional para preparar y debatir el anteproyecto, hace una introducción sobre la situación y problemática del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid que, en principio, aunque algo sesgada, es en términos generales acertada en cuanto al análisis de los datos y de los agentes causales de la situación, pero aberrante en cuanto a su interpretación y filosofía de fondo. Prácticamente sin considerar en ningún momento, por supuesto, los aspectos medioambientales, termina con la asunción simplista de que el problema (y ahí ya habría que matizar, pues, evidentemente, cada uno vemos un problema distinto) es que las trabas administrativas impiden que la oferta inmobiliaria actúe con la rapidez que la demanda exige, y expone el argumento, a estas alturas manido e irrisorio, de que el suelo es escaso y por ello es caro y por eso la vivienda es cara. Incluso acusa a la vivienda protegida de contribuir en gran parte al encarecimiento del suelo y de las viviendas libres, al alterar la dinámica normal de un mercado que debería basarse sólo en la ley de la oferta y la demanda. Como solución, por tanto, la ley se propone eliminar todas las «dificultades administrativas para crear suelo inmediatamente» y poner así rápidamente todo el suelo posible a disposición de los especuladores y los constructores. Por supuesto, como ya se ha dicho, salvo alguna referencia a los más bien inútiles estudios de impacto ambiental y poco más, el documento no transpira la más mínima preocupación por el medio ambiente, aunque eso ya lo esperábamos. Pero es que va más allá: no sólo no se hace ninguna referencia a la posible conveniencia de proteger de algún modo el territorio y el paisaje, sino que, en el colmo de la desfachatez, se culpabiliza a las zonas protegidas por razones ecológicas de la falta de suelo en la Comunidad. (Con semejante espíritu no es de extrañar que, bajo este gobierno regional, un proyecto como el del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no pueda prosperar).

    Tras el Documento preliminar sigue una Exposición de motivos que viene a ser como los capotazos previos antes de entrar a matar. Aquí se pueden leer cosas tales como la necesidadde suprimir la multiplicidad de intervenciones administrativas que embarazan y demoran en exceso los procesos de desarrollo urbano. Claro; pobre sector inmobiliario; seguramente es por culpa de ese embarazo y esa demora por lo que la superficie urbanizada en la Comunidad de Madrid entre 1990 y 2000 representa solamente un 49,23% de lo que ya se había urbanizado previamente (¡en toda la historia!) (Corine Land Cover Project, 2004); una cifra, por cierto, ya totalmente obsoleta, pues el crecimiento urbanístico entre 2000 y 2005 ha hecho de todo menos disminuir.

  2. Para eliminar las «dificultades administrativas» (léase: la regulación y el control), todo silencio administrativo en cuanto a solicitud de licencias, permisos, etc. se considera positivo; bonita manera de ahorrar burocracia. En total, el texto contiene no menos de 16 puntos en los que se decreta el silencio administrativo como luz verde para perpetrar lo que sea, y siempre en tiempos muy cortos; lógico: si la intención única y final es dejar que se construya cualquier cosa, para qué hacer esperar. De este modo, ni siquiera quedará constancia de que un organismo determinado se ha dado por enterado de las solicitudes, y de paso se dará luz verde a toda posible corruptela. Porque cabe preguntarse: ¿Cómo se puede demostrar siempre que, efectivamente, se ha producido silencio administrativo? ¿Cómo se distingue éste de una pérdida de documentación o un traspapeleo? ¿No puede uno también hacerse el sordo para alegar que la administración no le respondió? No importa, no es el caso, pues está claro que la intención es instalar una especie de total anarquía. El ahorro de un montón de papeleo y burocracia será, simplemente, un beneficioso efecto colateral de la ley.
  3. La ley pretende, por medio de su mera entrada en vigor, dar un empujón espectacular a la cantidad de suelo inmediatamente urbanizable, al recalificar automáticamente al alza todos los terrenos no protegidos, elevándolos a una categoría superior en cuanto a su disponibilidad y plazos para ser urbanizados. Se avecina así un boom de plusvalías y pelotazos sin precedentes, ante el cual seguro que muchos ya han tomado posiciones...
  4. No se establecen cuotas mínimas y obligatorias de vivienda protegida. Teniendo en cuenta la archiconocida situación vergonzosa del precio actual de la vivienda libre y su constante y escandalosa revalorización, el nivel de endeudamiento de las familias por culpa de las hipotecas, etc., etc., esta sorpresa del anteproyecto de ley es sencillamente increíble. Si antes las cuotas obligatorias de vivienda protegida eran burladas sistemáticamente mediante trapicheos varios, ahora ni siquiera hará falta eso. Tras la desfachatez que supone exponer primero la supuesta urgentísima necesidad de dotar de viviendas a la población, se deja después a los más desfavorecidos totalmente a merced de la especulación. Absolutamente impresentable.
  5. Los propietarios del suelo tendrán prioridad durante un año (no esta claro si desde la aprobación de cada Plan General o desde la entrada en vigor de la ley, dada la automática recalificación de terrenos que ello supondría) para iniciar proyectos de urbanización, y si no un Agente Urbanizador (una especie de Gran Hermano en el sentido orwelliano) puede expropiarles forzosamente los terrenos y urbanizarlos. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es: quienes ostenten la propiedad de un sector del suelo apto para la urbanización tendrán preferencia para plantear sus iniciativas de desarrollo del mismo durante el primer año de vigencia del Plan General. Transcurrido dicho plazo sin que los propietarios hayan promovido iniciativa alguna, queda expedito el camino para que cualquier agente urbanizador, público o privado, propietario o no propietario, pueda presentar ante la Administración urbanística, su propio programa de actuaciones urbanísticas integradas. Increíble, pero cierto. No hay mala interpretación posible, porque está perfectamente detallado y explicado en el anteproyecto. Esto es múltiplemente malicioso. En primer lugar, se mete prisa para urbanizar todo el suelo cuanto antes. En segundo lugar, desde el punto de vista de los profesionales de la construcción y la urbanización, parece impresentable que los propietarios sean quienes se convierten en urbanizadores con ventaja sobre ellos, sin necesidad de optar a concursos públicos. Todos sabemos que, proporcionalmente, el suelo está en pocas manos y que hay grandes propietarios, corporaciones, empresas, bancos, etc., que han amasado suelo y manejan este mercado a su antojo. Lo que parece claro, es que se pretende abonar aún más el terreno para que los pelotazos y las plusvalías lleguen a su cenit. En tercer lugar, aquellos (pocos) propietarios que se resistan numantina y/o románticamente a vender su terreno a las urbanizadoras, ya no tendrán nada que hacer (o sea, esos prados o bosquecillos aquí y allá que siguen siendo zonas verdes de verdad porque los propietarios así lo quieren, se acabaron). En cuarto lugar, se terminaron también las zonas donde las posibilidades de urbanizar eran bajas por estar el terreno dividido en muchas pequeñas propiedades a cuyos dueños iba a ser muy difícil poner de acuerdo; ahora el Agente Urbanizador, las Juntas de Compensación, etc., podrán doblegar voluntades y expropiar a la fuerza. Este modelo, aplicado ya en la Comunidad Valenciana, ha sido seriamente criticado desde Bruselas.
  6. Ya no hará falta acudir a las artimañas de empadronar muchos vecinos o torpedear un consistorio para darle la vuelta y cambiar a su (extraño) alcalde si éste se obstina en que no quiere que su pueblo se llene de urbanizaciones. Ahora, simplemente, la Comunidad impondrá por la fuerza al municipio díscolo el modelo urbanístico que ésta quiera ¿Cómo? Muy sencillo. Ante alcaldes que discrepen del modelo de crecimiento total impulsado por el gobierno de Esperanza Aguirre, los Agentes Urbanizadores podrán puentear tranquilamente a los ayuntamientos y tramitar directamente ante el propio gobierno regional los planes urbanísticos que deseen; por supuesto, tras un plazo mínimo, el silencio administrativo podrá considerarse un semáforo en verde.
  7. Se pierde una vez más la oportunidad de regular lo que debería contener un Plan General de Ordenación Urbana. Si se empieza por el lamentable hecho de que, en el contexto de actual desmadre, ningún alcalde parece plantearse la posibilidad de un crecimiento urbanístico próximo a cero, es ridículo protestar por un hecho tan evidentemente absurdo como que los PGOU sean encargados a empresas básicamente constructoras, en lugar de a entidades profesionales expertas en gestión integral del territorio, sociología, demografía, medio ambiente y, por supuesto también, urbanismo. No se recomienda por ninguna parte que cada plan contenga los datos que justifiquen socialmente el modelo de desarrollo urbanístico proyectado. ¿No parece elemental que, ante cualquier propuesta de crecimiento urbano, haya que aportar datos sobre el número actual de viviendas y parcelas vacías, la extensión de suelo urbano todavía sin construir, la pirámide de población, la proyección de crecimiento demográfico, las necesidades escolares y sanitarias, el número de vehículos censados y la superficie que estos ocupan, las predicciones sobre gastos energéticos e hídricos y los posibles problemas de suministro, etc., etc., etc.? Ni una sola mención a nada de eso. Un municipio debería poder, en aras de mantener la calidad de vida, de proteger el entorno, o de cualquier otro argumento, proponer un modelo de no crecimiento o mínimo crecimiento. Esto no será posible, y que el (rarísimo) alcalde que promueva tal modelo se prepare para ver su municipio directamente invadido por grúas y excavadoras impuestas desde fuera.

Afortunadamente, dentro de la comisión de expertos había gente sensata. El voto particular de D. Javier García-Bellido es un alarde de sentido común, y tras el amargo esfuerzo que supone leer el anteproyecto, representa un bálsamo el toparse con, por ejemplo, argumentos y cifras que desmontan categóricamente la falacia de la escasez de suelo (en la Comunidad hay suelo para ¡¡570.000 viviendas!!, un 40% en suelo ya urbano y el resto en suelo ya urbanizable; por tanto, no habría ninguna necesidad de recalificar más terrenos). Y, sobre todo, reconforta por fin leer una defensa encendida del medio ambiente y el paisaje, exponiendo con lucidez que, lejos de tratar de urbanizar lo que queda cuanto antes, debería hacerse todo lo contrario: protegerlo y administrarlo como preciadas gotas de agua en el desierto. Y aporta una observación importante sobre un fenómeno que ya está teniendo lugar y que, sin duda, se recrudecerá en el futuro: el crecimiento urbanístico madrileño ha empezado ya a devorar el territorio de las comunidades autónomas vecinas, algo que sólo puede agravarse más en el futuro.

El desarrollo urbano, según qué circunstancias, es inevitable y necesario; pero tiene un límite, que no debería ser el estrictamente dictado por el espacio disponible. En Madrid, al menos en ciertas zonas, ese límite ya se ha sobrepasado ampliamente. Por ello, este anteproyecto no debe prosperar, y no admite una enmienda aquí y otra allá. Debe ser revocado en su totalidad. Parece mentira cómo un acto impreciso, intangible y aparentemente inocuo como es la publicación de un texto en un boletín tras haber pasado ciertos trámites, se traduce finalmente en la cruda y palpable realidad de una proliferación de construcciones que sepultan árboles, prados, paisajes y formas de vida, que alteran cursos de agua, que expulsan y aniquilan animales y plantas y que, en definitiva, transforman negativa e irreversiblemente lo que día a día ven nuestros ojos, los espacios por los que nos tendremos que seguir moviendo cotidianamente y aquellos otros que sólo contemplamos en la distancia. El daño hecho hasta ahora es ya descomunal; convertir la Comunidad de Madrid dentro de unos años en algo todavía más irreconocible es la voluntad de unos cuantos, y encontrarían en nuestra indiferencia su mejor aliado.

Urbanización sostenible en el Parque de Cabo Cope-Calnegre (Murcia)

De: Eduardo Salazar, Asociación Ciudadana y Profesional para la defensa jurídica del litoral (PROLITORAL)
Murcia (España), marzo de 2005.

Estimad@s compañer@s,

Desde la Asociación Ciudadana y Profesional para la defensa jurídica del litoral (PROLITORAL), lanzamos un mensaje de bienvenida a todos aquellos que quieran colaborar en la difusión a la ciudadanía murciana de la campaña para la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural de Cabo Cope-Calnegre, modificado entendemos que ilegalmente por la Ley del Suelo, y sobre el que se plantea una actuación de interés regional que pretender convertir la zona en la urbanización más sostenible de Europa, con varios campos de golf y decenas de miles de plazas hoteleras.

Las directrices de Ordenación del Litoral así como la propia Actuación de Interés Regional han sido recurridas judicialmente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con todo lo que ello comporta.

La situación es más compleja si conocemos la pendencia de una Sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley del Suelo que no llega y la existencia de hábitats protegidos en la zona en cuestión.

Nada es casualidad y la Autovía Cartagena-Vera acelera su llegada sembrando tortugas mutiladas.

Cualquier persona que voluntariamente quiera aportar tiempo o fondos a la asociación --que agrupa a todas las organizaciones de defensa de la naturaleza, vecinos de la zona, profesionales críticos con determinadas opciones de desarrollo-- puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección.

Se necesitan también personas que sepan diseñar y poner en marcha páginas web, así como diseñadores gráficos y artistas varios para preparar un material a difundir entre las gentes.

Como reza el graffiti, «Cope no se vende».

Contacto:

Ecologistas en Acción - Región Murciana
C/ José García Martínez, nº 2 - 1º C
30005 Murcia
Tlfs: 968 28 15 32 - 629 85 06 58
http://www.ecologistasenaccion.org/murcia
murcia@ecologistasenaccion.org

Comunicado de prensa sobre actuaciones judiciales contra las mafias en la Costa del Sol

De: Coordinadora en Defensa del Medio Rural y Litoral
Málaga (España), 18 de marzo de 2005

La Coordinadora en Defensa del Medio Rural y Litoral compuesta por plataformas de pueblos y comarcas de la provincia de Málaga, contra los proyectos de especulación sobre el territorio quiere manifestar su satisfacción por las últimas operaciones judiciales contra las redes de blanqueo de dinero procedente de prácticas ilícitas y delincuencia organizada, invertido sobretodo en promociones inmobiliarias.

La Coordinadora considera que la grave situación actual es algo que la administración pública ha podido evitar; el simple hecho de haber cumplido con su trabajo a tiempo, aplicando las leyes, hubiese parado los pies a las mafias y al incontrolado crecimiento urbanístico. Así estaríamos hablando de otra Costa del Sol en un notablemente mejor estado, tanto desde un punto de vista ambiental y social como moral y con la vivienda a un precio bastante más asequible.

En cambio, durante años se ha permitido un crecimiento económico a base de una expansión urbanistica salvaje y destructiva, acompañada por incontables irregularidades y promociones inmobiliarias financiados con dinero de procedencia ilícita, lo que ha supuesto y facilitado el asentamiento de las mafias y la consiguiente corrupción económica y política, con la fiscalía, los concejales y alcaldes; hasta las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas, mirando al otro lado...

Lo que era un secreto a voces; que se estaba creando un paraíso fiscal para blanquear dinero a través de promociones inmobiliarias no ha hecho actuar a ninguna de estas autoridades, por lo cual tenemos nuestras propias razones para coincidir con el fiscal-general en que las operaciones policiales no son más que el la punta del iceberg y que el caso va más allá de los detenidos actuales.

Actualmente se sigue permitiendo que el modelo de la Costa del Sol se expanda hacia otras zonas con sus operaciones inmobiliarias opacas y convenios urbanísticos que difícilmente benefician a los ciudadanos de los ayuntamientos donde se conceden, no sólo hacia los alrededores, como Estepona, Casares, Manilva, Istán y otras zonas costeras como Rincón de la Victoria, sino también hacia el interior, como en Gaucín, Ronda, la Comarca de Antequera y Coín.

Denunciamos en este sentido la pasividad de las autoridades competentes, al no paralizar obras ni efectuar multas, ni llevar a cabo demoliciones y legalizar lo que se construyó ilegalmente, como lo hizo recientemente la Consejería de Medio Ambiente con su vergonzosa decisión de aprobar un ilegalmente construido circuito de alta velocidad privada (Ascari) en un encinar protegido en plena Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

Para la Coordinadora es inaceptable que se sacrifiquen las tierras agrícolas, zonas naturales y culturales, recursos hídricos, zonas litorales, la cultura e identidad, en solidaridad con la delincuencia organizada para que puedan blanquear su dinero a través de la construcción y venta de urbanizaciones, campos de golf y puertos deportivos.

Reiteramos nuestro rechazo a la construcción de esos proyectos especulativos, así como a la infraestructura que conllevan en forma de carreteras y autopistas, aeropuertos, canteras, presas y trasvases de agua y centrales térmicas.

Esperamos que las operaciones judiciales actuales no se queden en un mero acto de lavado de cara, sino que las autoridades competentes sigan haciendo su trabajo y aplicando las leyes, aunque se llegue a los niveles (políticos) más altos.

Por ultimo, expresamos nuestra solidaridad hacia nuestro compañero Juan Clavero y su familia, sufriendo amenazas a raíz de las declaraciones de uno de los muchos alcaldes que se ha ido degradando desde supuesto representante de su pueblo hacia un despreciable intermediario a favor de los promotores y constructores y su dinero negro.

Portavoces: Juan Calvente
Francisco Enríquez

Carta abierta al Alcalde de Algete, Comunidad de Madrid

De: Plataforma Jarama Vivo
Madrid (España), 30 de marzo de 2005.

Sr. Herrera, el pasado 17 de marzo el Pleno Municipal aprobó su propuesta de facilitar la construcción de un complejo de varios campos de golf en las inmediaciones del río Jarama, en la zona del Soto de la Heredad, uno de los escasos parajes de ribera bien conservados del tramo medio del río Jarama.

La única justificación razonable que pudo alegar en defensa de esta iniciativa son los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de la empresa Golf La Moraleja, con la que ha firmado el convenio para la explotación de estas instalaciones. Tiene que ser muy importante ese dinero para su municipio, no lo dudo, pero créame que el paisaje, las riberas, el uso público, la fauna y flora, etc, que usted ha puesto en riesgo no son fáciles de cuantificar, si es que estas cosas se pueden convertir a euros. Y creo no equivocarme si le digo que no ha hecho un buen negocio representando los intereses de los vecinos.

Seguramente construir campos de golf en la Cornisa Cantábrica o en Galicia es una buena alternativa de ocio. Cualquiera que aplique el sentido común sabe que estas actuaciones, aquí en Madrid, y ahora, no salen gratis. Verá, estamos en plena Meseta Castellana, con una pluviometría que no hace falta que le recuerde a la vista de la sequía que ya estamos soportando. La Región de Madrid tiene graves problemas de abastecimiento, debería saberlo, hace tiempo que nos estamos bebiendo el agua de nuestros vecinos a través del Alberche y el Sorbe-Henares. Lo que Ayuntamientos como el suyo hacen es estimular el derroche de un agua que no tenemos, para generar plusvalías y negocios especulativos, a costa de estimular un colapso hidrológico que pagaremos en destrucción de cauces, humedales, áreas agrícolas y, finalmente, en el recibo del agua. La construcción de estos campos de golf en Algete, y en otros municipios, es una agresión ambiental innecesaria e injustificada, y usted lo sabe, aunque le compensen esos millones para poder ejercer su gestión con mejores posibilidades de repetir mandato.

Los campos que su Ayuntamiento está promoviendo o apoyando necesitan una gran cantidad de agua de riego al año, tanta como el caudal ecológico establecido para el río Jarama durante dos meses y medio. Para ser más exactos, el doble que la que actualmente factura Algete al Canal de Isabel II. No pretenda hacernos creer que el agua de riego para estas paradisíacas praderas artificiales saldrá de la depuradora (¿). Ni se dispondrá de tanta agua tratada ni hay depuradoras (ni en Algete ni en Madrid) que le puedan garantizar la alta calidad que la legislación exige para estos usos suntuarios. Usted sabe, o debería saber, que estos campos, como la treintena que ya funcionan en la Región, se abastecerán de la red general de abastecimiento, o de pinchar clandestinamente en el acuífero. Le hago una apuesta amigable: cuando se elabore el proyecto, si no lo está ya, compruebe dónde se encuentra el enganche que han previsto a la red del Canal de Isabel II. Seguro que lo encuentra, aunque ya sabe que sólo se trata de una alternativa para emergencias.

Me temo que lo de la Nueva Cultura del Agua aplicada al empleo de las aguas tratadas no llegó a comprenderlo en toda su magnitud. Verá, se trataba de aprovechar aguas recicladas para, a cambio, aumentar en los mismos volúmenes los caudales de agua límpia que circulan por nuestros ríos y acuíferos. Lástima que ustedes lo interpretaron como la oportunidad de nuevas ofertas y negocios (perdón, creo que le llaman convenios). Como ve, nada que ver con eso de la sostenibilidad.

Es una iniciativa innecesaria. La práctica de esta actividad no tiene una demanda social que la justifique, y la que pudiera haber en su localidad está perfectamente cubierta por los cercanos campos de La Moraleja, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, RACE y Alalpardo. Como le dijimos en el pleno municipal, hay probablemente más practicantes de esquí y no creo que se le ocurriera promocionar un recorrido de esquí alpino. ¿O sólo depende de lo que estuvieran dispuestos a ingresar en el Ayuntamiento?

Costó mucho que los años de desecación del cauce del Jarama pasaran a la historia, y todos nos hemos congratulado de ver como desde hace tres años circula agua por su cauce de manera continua, sin ningún riesgo para el abastecimiento de los madrileños. Con la decisión que acaba de tomar, está contribuyendo a que aquella situación vuelva a producirse.

El aprovechamiento de suelos municipales por parte de una empresa privada, como es el caso del campo de aprendizaje, representa una privatización encubierta del uso de suelos públicos, en los que estaba previsto construir un Centro de Educación Ambiental, abierto a todos los ciudadanos. Sus campos de golf sustituyen parcialmente aquel proyecto por unas instalaciones explotadas por una empresa privada durante 30 años, limitando el libre acceso a la zona.

No le negamos legitimidad ni competencias para lo que quiere hacer, ni siquiera ponemos en duda la legalidad. ¡Cuantas barbaridades se amparan hoy tras el escudo del Boletín Oficial!. Ni siquiera le reprochamos que no nos lo haya consultado. Pero, por favor, no nos intente negar el derecho a ejercer la crítica pública a estos abusos. Es usted muy libre de modificar sus prioridades y de gestionar sus contradicciones, pero no las descargue en nuestras espaldas. Recordará que en junio de 2001 celebramos en Algete, y con su apoyo, las Primeras Jornadas del Jarama, en ellas acordamos reclamar de la Administración Regional la creación del Parque Regional del Tramo Medio del Jarama (una iniciativa recogida por cierto en el programa electoral del PP) como instrumento para proteger estos parajes de iniciativas como la que su Ayuntamiento acaba de promover.

Usted sabe, o debería de saber, que la Plataforma Jarama Vivo, con la que en su día colaboraba, existe para trabajar por diez objetivos compartidos, y que sus integrantes se comprometen a respetarlos. Dos de ellos hacen referencia a conseguir un régimen ambiental de caudales y a conseguir una figura de protección eficaz que garantice la recuperación de la ribera, lo tiene a su disposición en http://www.elsoto.org/jarama_vivo.htm.

En algunos medios de comunicación ha tenido usted el atrevimiento de preguntarse públicamente por la actuación de la Plataforma Jarama Vivo en la defensa del río, especialmente frente a la ampliación del aeropuerto de Barajas. A estas alturas, ya debería saber que las alegaciones presentadas por su Ayuntamiento, y otros, contra el desvío del río Jarama, fueron redactadas y facilitadas por los colectivos de defensa ambiental de Jarama Vivo. Un año antes de que su Ayuntamiento y otros viajaran a Bruselas para presentar la queja ante el Parlamento Europeo, los grupos de defensa ambiental de Jarama Vivo ya la habíamos presentado el 29 de junio de 2001, por una módica tarifa postal. Nunca pretendimos que nos lo agradeciera (si en algo le importaba el Jarama), nosotros no estamos en el circuito electoral ni en el medallero mediático, pero su ignorancia y atrevimiento resultan preocupantes.

Sr. Herrera, carece usted de la prudencia más elemental y, lo que es aun más peligroso, de algunos escrúpulos y sensibilidades para ejercer un cargo desde el que se puede hacer mucho daño, e irreversible, en unos parajes que son patrimonio de todos. Sus últimas iniciativas de urbanizar parte de la cercana ZEPA, la tolerancia que muestra hacia algunas explotaciones mineras, o estos complejos de praderas, resultan muy preocupantes por la deriva que va tomando un Ayuntamiento que no hace mucho era capaz de comprender el valor añadido que representa el medio natural y los recursos. Debería reflexionar sobre ello. Por nuestra parte no lo dude, haremos todo lo posible por que esos campos de golf no se construyan, y si no lo podemos evitar al menos recordaremos a los futuros vecinos quién tuvo la infeliz iniciativa de privarles de una parte de su patrimonio natural.

Reciba un cordial saludo en nombre de los siguientes colectivos integrantes de Jarama Vivo:

La ampliación y soterramiento de la M-30: Un grave y costoso despropósito urbanístico que no se soluciona mediante un concurso para maquillar su cota cero.

De: Ramón López de Lucio
Madrid (España), mayo de 2005.

  1. El Ayuntamiento de Madrid con su alcalde, Ruiz-Gallardón, a la cabeza persiste en su megalómano proyecto de ampliar sustancialmente la capacidad de la M-30 y enterrarla en una parte significativa de sus 32,6 kilómetros de recorrido, lo que supone un total de 40 kilómetros de túneles contabilizando por separado los tramos en los que cada sentido discurre por diferentes itinerarios.
  2. Esta obra tiene un coste inicial cercano a los 4000 millones de Euros que, con las previsibles desviaciones de ejecución y los intereses financieros a 35 años, se elevará probablemente hasta los 12000/15000 millones de Euros (entre dos y dos y medio billones de pesetas).
  3. Supondrá un gigantesco endeudamiento municipal que se va a arrastrar durante las próximas 8 o 9 legislaturas. Seguramente forzará importantes subidas de los impuestos municipales y dificultará sobremanera la financiación de otras políticas mucho más relevantes para la mayor parte de la ciudadanía, como son las de suelo público y vivienda protegida, rehabilitación del centro y de otros barrios, construcción de equipamientos sociales (guarderías, residencias de ancianos, hospitales...), programas de capacitación profesional e innovación tecnológica, etc.
  4. Además, las consecuencias perversas de la ampliación de la vía son perfectamente previsibles: riesgos en la ejecución y operación del sistema de túneles; incremento global del tráfico rodado, de la congestión y la contaminación en la almendra central de la ciudad y en su inmediata periferia; caída de los viajes en transporte público (pese a las importantes obras e inversiones que se realizan en sus redes); alejamiento aún mayor en la consecución de las metas de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero; insostenibilidad global de la ciudad aún más acusada, en resumen.
  5. El Ayuntamiento, consciente de la gravedad de sus decisiones --que realmente sólo favorecen las cuentas de resultados de las grandes empresas constructoras--, intenta distraer a la opinión pública utilizando el más habitual de los argumentos: el recurso al espectáculo convocando un «concurso internacional de ideas» para el diseño de lo que los medios han dado en llamar «alfombra verde» (sobre placa de hormigón) con que se cubrirá la ampliada autopista subterránea a lo largo de los 9 km. lineales de recorrido en sus tramos del Manzanares y de la Avda. de Portugal.
  6. La pretendida unión de las zonas verdes a uno y otro lado del río, en particular el acceso a la Casa de Campo, se podría conseguir mediante operaciones puntuales muchísimo menos costosas y traumáticas para la ciudad . Las 30 Has de zona verde que se dice se van a ganar, a un coste unitario superior a los 4 millones de pesetas por metro cuadrado, se podrían obtener por una mínima fracción de tal importe, mejor distribuidas y con mayores utilidades agregadas, repartidas por la ciudad.
  7. Por este conjunto de razones los firmantes de la presente Declaración nos dirigimos al Ayuntamiento de la ciudad en primer término, pero también a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la nación, a los distintos colectivos colegiales, sociales o profesionales y al conjunto de la ciudadanía, para que se suspenda, se debata en profundidad y se reformule el conjunto de la operación M-30. Y que, entretanto, se paralice el «concurso internacional», cuyo objetivo implícito no es otro que la justificación estética y mediática que puedan aportar sus participantes a una operación de mucha más envergadura que el adorno en superficie del conjunto de túneles que se quieren construir. Actuación que suscita bastante más críticas e interrogantes que las que podrán ser respondidas/solucionadas en dicho concurso.

Lista de firmantes, mayo de 2005

Javier Alau Massa, Arquitecto, DNI nº 1479636-T
Eloy Algorri García, Arquitecto, DNI nº 9709034
Luis Felipe Alonso Teixidor, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 50000210-G
Francisco Altemir Ruiz-Ocaña, Ingeniero Caminos, DNI nº 308883
Mercedes Alvarez Ramos, Economista, DNI nº 71008903-Z.
Miguel Angel Anibarro, Subdirector Escuela Arquitectura U. P.M., DNI nº 51176273-P.
Ana Antón-Pacheco, Prof. Filología U. Complutense Madrid, DNI nº 128121.
Angel Aragonés López, Escritor, DNI nº 224818-Q
Joaquín Aramburu Mata, Arquitecto, DNI nº 781963-D
Celina Arana Cañedo-Argüelles, Médico, DNI nº 16239312-R
Teresa Arenillas Parra, Arquitecta, DNI nº 558057-P.
Eduardo Arenillas Parra, Artista Plástico, DNI nº 1321156-J.
José Miguel Avila Jalvo, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 40420451-K.
Cristina Bernis Carro, Catedrática Antropología U. Autónoma Madrid, DNI nº 131814.
Mónica de Blas Gutiérrez, Arquitecta-Urbanista, DNI nº 2193092.
Carmen Blasco, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 51863385.
Teresa Bonilla Lozano, Arquitecta-Urbanista, DNI nº 51044709-G
Justo Borrajo Sebastián, Ingeniero de Caminos, DNI nº 1077207-W.
Dolores Brandis García, Prof. Geografía U. Complutense Madrid, DNI nº 2066594.
Luis Calvo Pérez, Arquitecto-Urbanista, DNI nº 50400314-T
Alberto Campo Baeza, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 31167369-T
Cristina Cañedo-Argüelles Gallastegui, Catedrát. I.E.S. Ramiro de Maeztu, DNI nº 10784091-N
Silvia Canosa Ovejero, Profesora Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 388994-H
Antonio G. Capitel, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 51579560
Cecilia Castaño Collado, Catedrática Economía U. Complutense Madrid, DNI nº 22427862-X
David Castellano Zamora, Ingeniero de Caminos, DNI nº 51407071
Francisco J. Cenamor, Actor y poeta, DNI nº 50065301-M
Jaime Cervera Bravo, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 50538634
Angeles de Coig-O'Donell Durán, Arquitecta, DNI nº 301764-G
Fernando Conde Gutiérrez del Älamo, Sociólogo, DNI nº 26173220
Mar Cristóbal Calabozo, Consultora, DNI nº 11737924-N
Enriqueta Chicano Jávega, Presidenta Federación Mujeres Progresistas, DNI nº 2832880-Q
Marie Claire Decoy, Vda. de Salvador Victoria, Artista Plástico, DNI nº 51057915-P
Victoriano Díaz Toril, Graduado Social, DNI nº 2188159-P
Javier Echenagusia Belda, Periodista, DNI nº 50276465-Y
Xavier Eizaguirre Garaitagoitia, Prof. Arquitectura U. Politécnica Cataluña, DNI nº 14535185-J
Lucía Etxebarría de Asteinza, Escritora, Premio Planeta 2004, DNI nº 381374-H
Fernando Fernández Alonso, Arquitecto, DNI nº 50823760
Isabel Fernández Galaz, Arquitecta, DNI nº 2490913-J
Antonio Font Arellano, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Cataluña, DNI nº 12664843-P
Espido Freire, Escritora, DNI nº 30645574-Y
Jesús Gago Dávila, Arquitecto, DNI nº 12653976-C
Luis Galiana Martínez, Prof. Geografía U. Autónoma Madrid, DNI nº 698778-S
Javier García-Bellido García de Diego, Arq, Director. Ciudad y Territorio, DNI nº 779559-C
Pedro García Ramos, Diseñador, DNI nº 2165006Q
José Mª García-Pablos Ripoll, Arquitecto, DNI nº 2167275-P
Ricardo García Zaldívar, Economista-Urbanista, DNI nº 14859894-P
Juan Genovés Candel, Pintor, DNI nº 19509466-S
Aitor Goitia Cruz, Profesor Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNIº 1104903Y
Josefina Gómez Mendoza, Catedrática Geografía U. Autónoma Madrid, DNI nº1459289
Irene Gómez Rivas, Ingeniera Técnica Agrícola, DNI nº 50862089
Juan Gómez Toril, Consultor, DNI nº 2175292-K
Alvaro Hernández, Arquitecto, 51046405-K
Agustín Hernández Aja, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 51320518-C
Andrés Jaque Ovejero, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 2894017-L
Joaquín Jiménez Otero, Ingeniero de Caminos, DNI nº 24787156-X
Jesús Leal Maldonado, Catedrático Sociología U. Complutense Madrid, DNI nº 1467515-T
Antonio Lopera Arazola, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 2174540-M
Ramón López de Lucio, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 555465-S
Margarita de Luxan, Catedrática Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 2478625-F
Javier de Marcos García, Economista, DNI nº 50790326-R
Gonzalo Marín, Ingeniero de Caminos, DNI nº 15986274-D
Jorge Martínez Reverte, Escritor, DNI nº 50400082
Elena Mata, Profesora Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 379413M
Pepe Mejía, Periodista, DNI nº 50124856-J
Jaime Mendoza Laosa, Arquitecto, DNI nº 50940005-L
José Miguel Merino de Cáceres, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 3368939
Fernando Mínguez Izaguirre, Ingeniero de Caminos, DNI nº 50278010
Antonio Miranda Regojo, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 7725360-M
Javier G. Mosteiro, Catedrático Hab. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 2500254-Q
José Manuel Naredo Pérez, Economista, DNI nº 50264152-K
Pedro Navascués Palacio, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 630209-D
Javier Ortega Vidal, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 50404691-F
Enrique Ortiz Alonso, Artista Plástico, DNI nº 709555-M
Begoña Pachón García, Abogada Urbanista, DNI nº 50717856-G
Enrique Palazuelos Manso, Catedrático Economía U. Complutense Madrid, DNI nº 50406562-S
Andrés Perea Ortega, Arquitecto, DNI nº 2459022-T
Aurelio Pérez Älvarez, Arquitecto, DNI nº 2188066-F
Norma Pérez Huerta, Arquitecta-Urbanista, DNI nº 50808752-G
Ricard Pié i Ninot, Arquitecto-Urbanista, DNI nº 37244091-F
Francisco Pol Méndez, Arquitecto, Presidente Club Debates Urbanos, DNI nº 10526709-T
Teo Puebla Morón, Artista Plástico, DNI nº 4098171
Enrique Rabasa Díaz, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 50681156-N
Paloma Ramos Riesco, Geógrafa, DNI nº 2197598-V
Fernando Roch Peña, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 5143688-L
Rosa Regás, Escritora y Directora Biblioteca Nacional, DNI nº
Isabel Rodríguez Chumillas, Prof. Geografía U. Autónoma Madrid, DNI nº 4561401-H
Julio Rodríguez López, Economista, Vocal del Consejo Superior Estadística, DNI nº 23740276-K
Jorge Rolland Calvo, Arqueólogo, DNI nº 50739358-R
Isaac Rosa, Escritor, DNI nº 9201434-P
Carlos Ruiz Escudero, Ingeniero de Caminos, DNI nº 976659-X
Javier Ruiz Sánchez, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 51357744-D
Joaquín Sabaté Bel, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Cataluña, DNI nº 42011115-M
Carlos Sambricio R-Echegaray, Catedrático Arq. U. Politécnica Madrid, DNI nº 50264604-J
José Antonio Sánchez Villasevil, Profesor, DNI nº 50933627-N
Daniel Sarasola, Escritor y Traductor, DNI nº 16033965-K
Javier Seguí de la Riva, Catedrático Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 345660-Q
Ruth G. Toledano, periodista, DNI nº 5389447-H
Angelique Trachana, Prof. Arquitectura Universidad Alcalá, DNI nº X0378376-A
Miguel Angel Troitiño Vinuesa, Catedrático Geografía U. Complutense, DNI nº 1075713-A
Patricia Vaquero Luengo, Arquitecta, DNI nº 5396354-W
Mariano Vázquez Espí, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, DNI nº 50801376-B
Antonio Vélez Catraín, Prof. Arquitectura U. Politécnica Madrid, D.N.I. nº 5380433-C
Lourdes Ventura, Escritora, DNI nº 21389087
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas, Prof. Arquitectura U. Polit. Madrid, DNI nº 5343333-L
Fernando Verdugo, Pintor, DNI nº 27774561
Alfredo Villanueva Paredes, Arquitecto, DNI nº 2167797-R
Daniel Zarza Balluguera, Catedrático Arquitectura Universidad Alcalá, DNI nº 50267214-R

Organismos Modificados Genéticamente: Reivindicaciones de mínimos en coexistencia al Ministerio de Agricultura

De: COAG, UPA, SEAE, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Intereco, Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenibilidad y Red Española de Desarrollo Rural.
9 de marzo de 2005

Ante la inminente aprobación por parte del MAPA de un Real Decreto de Coexistencia cuyo último borrador entregado a las organizaciones firmantes garantiza que los responsables de las contaminaciones genéticas sigan inmunes, pone en riesgo el futuro de una agricultura sostenible y puede provocar una presencia irreversible de los transgénicos en la agricultura, se solicitó una reunión de urgencia con altos responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En la reunión, mantenida ayer con el Director General de Agricultura, las organizaciones mencionadas hicieron entrega de un documento de consenso en el que se recogen los aspectos básicos con vistas a regular la coexistencia entre cultivos genéticamente modificados, convencionales y ecológicos, sin cuyo cumplimiento dicha coexistencia no es posible.

Entre los aspectos de mayor relevancia que contiene el documento se encuentran los siguientes:

Por todo ello, la liberación de OMG en nuestros agrosistemas debe estar rigurosamente regulada de modo que se impidan las contaminaciones de las producciones de los agricultores convencionales y ecológicos. En consecuencia, las organizaciones firmantes del citado documento solicitan al MAPA que se tomen en cuenta todos los aspectos contemplados con vistas a regular la coexistencia entre los cultivos modificados genéticamente, los convencionales y los ecológicos en nuestro país.

Un millón de europeos exigen el abandono de la energía nuclear

De: Agustín Hernández Aja, miembro de la Coordinadora «Salvemos a la Dehesa de la Villa».
Fecha: 16 de marzo de 2005.

Bajo el título «Un millón de europeos exigen el abandono de la energía nuclear», muchas asociaciones, sindicatos y grupos europeos han iniciado una campaña en toda la Unión Europea que comenzó el 26 de abril de 2004, en el 18 aniversario del desastre de Chernóbil.

Para firmar: http://www.atomstopp.com/1million/neu.asp?c=es

Para descargar una hoja de peticiones: http://www.atomstopp.com/1million/images/Signature_list_front.pdf
http://www.atomstopp.com/1million/images/Signature_list_back.pdf

El objetivo es recoger un millón de firmas para convencer a los países europeos para que tomen las siguientes medidas sin demora:

Sólo estas medidas harán posible la lucha contra la ira nuclear y el calentamiento global, al mismo tiempo.

Se recogerán las firmas durante un periodo de un año, desde el 26 de abril 2004, hasta el 26 de abril de 2006. Ayude a difundir este mensaje y pida a sus amigos que firmen esta solicitud. El resultado de estas solicitudes se hará público durante un gran acontecimiento que tendrá lugar en abril de 2006.

Para cualquier información adicional, escríbanos a: post@atomstopp.at
rezo@sortirdunucleaire.org
wiseamster@antenna.nl

10 de mayo: Juicio a Greenpeace. 20.000 personas se autoinculpan para ir a la cárcel con los ecologistas

De: Fernando Rodriguez, coordinador del Grupo de Apoyo de Greenpece Tenerife
Fecha: 21 de abril de 2005

Las principales organizaciones sociales expresan su apoyo a los activistas de Greenpeace que se enfrentan a 12 años de prisión

Las principales organizaciones ecologistas (como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife o WWF/Adena), del ámbito de la cooperación al desarrollo o humanitarias (como Intermón Oxfam o Entrepueblos), organizaciones y sindicatos agrarios (como Plataforma Rural, UPA, o EHNE), sindicatos (CCOO, UGT o ELA/STV), pacifistas (como la Escuela de Cultura de Paz o Fundaciò per la Pau), asociaciones profesionales (como el Sindicato de Periodistas de Madrid), ateneos culturales y otras, hasta un total de cerca de 40 organizaciones, han expresado su preocupación por la situación a la que se enfrentan los cinco activistas. Estas organizaciones consideran desproporcionadas las penas (un total de 12 años de prisión) solicitadas por el Ministerio Fiscal para los miembros de Greenpeace que protestaron pacíficamente contra la guerra de Irak el 14 de marzo de 2003.

Por otro lado, más de 30.000 personas se han solidarizado con Greenpeace y son cerca de 20.000 las que se han autoinculpado bajo el lema «Yo también me manifesté contra la guerra de Irak, yo también quiero ir a la cárcel con Greenpeace».La campaña de recogida de apoyos de Greenpeace sigue en marcha y es posible acceder a ella a través de su página web http://www.greenpeace.es.

El Director Ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha expresado su agradecimiento por las impresionantes muestras de apoyo recibidas. «Estoy convencido de que una condena a quienes no hicieron otra cosa que ejercer su derecho a protestar pacíficamente contra la guerra sería un gravísimo precedente para todas las organizaciones sociales. En cualquier caso, Greenpeace continuará realizando acciones pacíficas de protesta para defender el medio ambiente y la paz y asumiendo las consecuencias. Pero está claro que en esta ocasión las acusaciones y las penas que solicita el Ministerio fiscal son absolutamente desproporcionadas y así lo están entendiendo también las decenas de miles de personas que nos están expresando su apoyo», declaró López de Uralde.

En rueda de prensa, Greenpeace recordó otras situaciones, en el contexto de los meses previos a la guerra de Irak, en las que se intentó dificultar cuando no impedir el trabajo de la organización, como la persecución sufrida por Greenpeace en Estados Unidos. Además citó acciones similares de protesta contra la guerra realizadas por Greenpeace en aquellos meses en otros países (Reino Unido o Bélgica, por ejemplo) por las que los activistas no han tenido que enfrentarse a consecuencias penales, lo que subraya la desproporción en el caso del juicio que tendrá lugar en Cádiz.

La acción de protesta durante la que fueron detenidos los activistas se produjo en el marco de las masivas movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron en todo el mundo contra la guerra de Irak y tuvo lugar a bordo del Rainbow Warrior el 14 de marzo de 2003 frente a la bocana de la base militar de Rota (Cádiz), donde en esos momentos tenían lugar intensos preparativos de cara a la inminente invasión de Irak. La protesta, que fue pacífica como todas las que realiza Greenpeace, terminó con el abordaje del barco por parte de la Guardia Civil, que detuvo al Capitán y a cuatro activistas más.

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para el Capitán del Rainbow Warrior, Daniel Rizzotti (argentino) por delitos de desobediencia, resistencia grave y lesiones; para Carlos Bravo y Phillip Walter Lloyd (neozelandés) pide tres años de prisión para cada uno por delitos de resistencia grave y lesiones; y para los activistas Lawrence Martin Turk (estadounidense) y Ma. Teresa Ambrós (española), nueve meses de prisión para cada uno por delitos de desobediencia. En total, doce años. La vista oral tendrá lugar en Cádiz el próximo 10 de mayo.

Pueden encontrar la carta, lista para imprimir y rellenar en: http://www.greenpeace.org/espana/reports/carta-de-apoyo-a-los-activista
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/carta-de-apoyo-a-los-activista.pdf

Carta abierta a Cristina Narbona: al Xúquer le falta agua, no le sobra

De: Miembros de la Plataforma Xúquer Viu.
València (España), 6 de mayo de 2005.

Estimada Cristina Narbona:

Esta tarde visitará nuestra comarca en un momento en el que la preocupación por la situación de nuestro río y su futuro va en aumento. Y es que, señora ministra, el Xúquer, que es el Ebro de los valencianos y valencianas, está en sus horas más bajas, por la brutal sobreexplotación a que están siendo sometidos los acuíferos de La Mancha, y por las carencias de depuración en industrias y municipios de la Ribera.

La semana pasada, ayuntamientos de la cuenca baja del río colgaban banderas con crespones negros por la muerte del Xúquer, tras la modificación del PHN en el Congreso de Diputados, que deroga el trasvase del Ebro pero mantiene el del Júcar. Los habitantes de la Ribera y de otras comarcas valencianas no podemos entender porqué el trasvase del Ebro sí se deroga y el del Xúquer no, cuando usted sabe que este trasvase es aún más inviable e insostenible que el del Ebro.

Cuando usted también sabe que más de la mitad de los días nuestro río no desemboca en el mar. Cuando existe una seria preocupación entre los regantes por el futuro de nuestras huertas, naranjales y arrozales. Cuando los estudios de su propio Ministerio sobre el cambio climático nos advierten de una severa reducción en las precipitaciones y de los recursos hídricos en las próximas décadas. Cuando los vecinos de los pueblos de la parte final están hartos de ver convertido su río en una cloaca.

El trasvase Xúquer-Vinalopó es una obra conceptualmente idéntica al trasvase del Ebro, y responde a la misma visión obsoleta y superficial de la vieja cultura del agua. Los que diseñaron este trasvase se proponían traer agua del Ebro a la cuenca del Xúquer para compensar el agua que se llevarían a las tierras del sur, porque sabían que en el Xúquer no sólo no hay sobrantes para trasvasar, sino que falta el agua que se evapora cada verano en La Mancha, para regar campos de maíz subvencionados. Anulado el trasvase del Ebro, el del Xúquer se hace totalmente inviable también desde el punto de vista hidrológico, como siempre lo ha sido desde los puntos de vista social, ambiental y económico.

Señora Ministra: Usted misma ha criticado este trasvase en numerosas ocasiones, y ha repetido que nunca lo hubiera planteado. El argumento de que las obras están muy avanzadas y sería más costoso pararlas no lo podemos aceptar, cuando lo que está en juego es nuestro Xúquer, nuestra Albufera y nuestros acuíferos. Los principales costes que hay que considerar en este proyecto no son los costes económicos, sino los enormes costes ambientales y sociales. Como consecuencia de este proyecto se está generando un conflicto social que irá creciendo conforme pase el tiempo y aumente la presión sobre el río, sobre la Albufera y sobre los acuíferos. Generar un conflicto social interminable entre comarcas valencianas es una grave responsabilidad política.

Señora Ministra: Usted que ha sido coherente con la derogación del trasvase del Ebro, impida que este trasvase continúe adelante, y ponga en marcha, también en este caso, las nuevas políticas del agua que constituyen la base de su programa de gobierno.

Roger Pons (Alberic), Paco Sanz y Graciela Ferrer (L'Alcúdia), Elvira Mondragón (Cullera), Claudi Parrell y Rosa Serrano (Sueca), Carles Bayarri (Alginet), Pep Carreres y Tomás Pérez (Alzira), Frederic Piqueres (Fortaleny), Benjamí Cerdà (Antella) y Isidre Pegenaute (Algemesí).

Europa y el urbanismo valenciano

De: Charles Svoboda y Enrique Climent, presidente y vicepresidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No.
València (España), 31 de mayo de 2005. [2]

En julio de 2004, desde la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) presentamos ante la Comisión Europea una denuncia formal contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística valenciana (LRAU), por violar la normativa europea sobre contratos públicos. El 21 de marzo de 2005, el ejecutivo comunitario nos ha dado la razón en primera instancia, iniciando un expediente sancionador contra España al considerar que la LRAU vulnera las Directivas comunitarias sobre contratos públicos, así como los artículos 43 a 55 del Tratado de la Unión Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal Europeo de Justicia, en particular el principio de igualdad de trato entre los distintos licitadores que optan a urbanizar una determinada zona.

¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es su trascendencia para la actual situación del urbanismo valenciano?

La legislación europea en la materia tiene por finalidad que los poderes públicos dispongan de la menor libertad posible a la hora de adjudicar contratos públicos, con objeto de evitar el favoritismo y la corrupción. Para ello impone estrictas obligaciones que tratan de garantizar la igualdad de trato de todos los competidores, e intentan atar las manos de la entidad pública (en este caso, ayuntamiento) con el fin de que adjudique el contrato a la oferta más ventajosa para el erario público (y, por tanto, para el bolsillo de los ciudadanos afectados, que son los que pagan en última instancia).

Desde Abusos Urbanísticos No (AUN) hemos venido denunciando que la LRAU permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia, y abre la puerta a la corrupción al otorgar al ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control. Corrupción con mayúsculas, pero difícil de identificar y de explicar, porque es de cuello blanco y goza de toda la protección que le otorga la enorme complejidad del urbanismo. ¡Bastantes dificultades tenemos los afectados para entender la ley y explicar sus subterfugios en las instancias correspondientes!

¿Y qué es lo que dice la Comisión Europea? Pues por ejemplo que, cuando un agente urbanizador ha dispuesto de todo el tiempo del mundo para presentar un plan de urbanización mientras que a los competidores se le dan sólo 20 días, se viola el principio de igualdad de trato entre los candidatos, impidiendo así que otros licitadores puedan competir de forma efectiva con quien inició el procedimiento. Nuestra interpretación: si no hay igualdad de trato, puede haber favoritismo, arbitrariedad y corrupción.

Otro ejemplo: en el procedimiento simplificado (artículo 48 LRAU), ni siquiera es necesaria la aprobación del ayuntamiento, pudiendo un candidato a agente urbanizador iniciar el procedimiento desde una notaría. Dice la Comisión: «En este caso, la violación del principio de igualdad de trato es todavía más clara, puesto que el primer candidato fija las condiciones que los demás candidatos deberán respetar, sin intervención a priori del ayuntamiento». Nuestra interpretación: favoritismo, arbitrariedad y corrupción, pero de forma todavía más clara.

Dice muchas más cosas la Comisión, hasta llegar a lo que consideramos la clave del perverso sistema de la LRAU: la oferta de precios que hacen los urbanizadores «sólo debe estimar, siquiera sea de manera preliminar y aproximada, los costes de la obra» (artículo 32.D.2º LRAU). Según la Comisión, ello viola el Tratado de la Unión Europea y el principio de igualdad de trato, dado que, al no haber un precio cierto, el Ayuntamiento dispone de una «libertad incondicional» para elegir a quien le venga en gana, «ya que las ofertas de los competidores no pueden ser efectivamente comparadas».

Traducción: las obras se adjudican sin precio cerrado. Más o menos, como si cualquiera de ustedes encargara reformas en su casa, y en vez de ajustar el precio antes de empezar las obras, dejara que lo fijen más adelante entre el contratista y el ayuntamiento.

¿Consecuencias? En el sistema de la LRAU, el candidato preferido por un ayuntamiento non sancto puede rebajar sin problemas el precio de su oferta para conseguir el contrato, porque una vez que se lo adjudiquen podrá aumentar los costes hasta donde le plazca, con la seguridad de que el ayuntamiento se los va a aprobar, en virtud de la «libertad incondicional» de que goza, según reconoce -y censura- la Comisión Europea. ¿Y quién paga? El pobre propietario de los terrenos, también llamado por algunos «beneficiario» de la urbanización. No olvidemos que, cuanto más cara sea la obra urbanizadora, menos posibilidades tendrá el afectado de pagar en metálico, y deberá retribuir al urbanizador en terrenos, llegando a darse el caso de propietarios que han perdido el 85% de su terreno. Y no estamos hablando de latifundios, sino de la pequeña propiedad de un agricultor o de un simple ciudadano que decidió vivir en el campo. Consecuencia: una ley que había sido concebida para evitar la concentración de terrenos en manos de los especuladores, ha provocado exactamente el efecto contrario: los urbanizadores se hacen con enormes cantidades de terreno gracias al perverso sistema de una ley que parece tener más vidas que un gato, porque no paran de prometer su derogación, pero ahí sigue, coleando cada vez con más fuerza.

El pronunciamiento de la Comisión Europea, que coincide con los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al plantear la inconstitucionalidad de la LRAU en 2001, tiene consecuencias muy importantes. En nuestra opinión, cualquier juzgado o tribunal puede negarse a aplicar la LRAU, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. Además, el sentido común exige una moratoria urbanística inmediata, que no significa que se paren las obras y se deje de construir, sino que se dejen de aprobar nuevos planes de urbanización al amparo de la LRAU, puesto que su validez puede ser impugnada ante cualquier tribunal, y puede dar lugar a la ruina económica de los ayuntamientos que los aprueben (ya que deberían hacer frente a indemnizaciones multimillonarias), así como a la responsabilidad personal de los alcaldes y concejales que sigan adelante con la aplicación de una ley ilegal.

Los políticos han sido incapaces de solucionar una situación que causa escándalo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a diecisiete embajadores comunitarios, al Sindic de Greuges... El conseller Blasco, en lugar de instar su inmediata derogación, nos dice que vayamos a los tribunales. Pues allí iremos. Nuestros argumentos están en el dominio público, a disposición de todos los afectados, en la página http://www.abusos-no.org. Allí encontrarán, por ejemplo, un modelo de recurso para impugnar las actuaciones previas a la aprobación de cada plan de urbanización. Por violación de las normas europeas sobre contratos públicos y sobre medio ambiente, y por violación de las garantías constitucionales (derecho a la propiedad, a la tutela judicial efectiva...). No nos lo ponen fácil, pero estamos defendiendo la legalidad y los derechos fundamentales, y más temprano que tarde vamos a acabar con este desafuero. Venceremos.


Notas


[1]: Manifiesto leído al final de la concentración contra la especulación urbanística y la degradación ambiental el domingo 27 de febrero de 2005, a las 12h00, en la Puerta del Sol de Madrid.
[2]: Publicada en El País el 31 de mayo de 2005.


Edición del 30-6-2005
Boletín CF+S > 29/30: Notas para entender el Mercado Inmobiliario > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/ncartas.html   
 
Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad
Departamento de Estructuras y Física de la EdificaciónDepartamento de Urbanística y Ordenación del Territorio