Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 29/30: Notas para entender el Mercado Inmobiliario > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/abcue.html   
Cambios, logros y conflictos en la politica de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX [1]
Beatriz Cuenya[2]
Buenos Aires (Argentina), 2000.

Introducción

Durante la década de los noventa la política de vivienda en el mundo ha atravesado un periodo de re-definición ideológica y política en torno al papel que deben asumir los distintos actores estatales, privados y comunitarios en la satisfacción de las necesidades de hábitat. En Argentina este proceso ha estado signado por una serie de conflictos y contradicciones (en plena vigencia hacia fines de la década) asociados a la reforma del sector vivienda dentro de la reforma del Estado y a la nueva distribución del poder económico y político entre actores gubernamentales y privados resultante de dicha transformación. El proceso también ha exhibido logros que es importante consignar. En este artículo se presentan, en primer término, los conceptos e instrumentos que caracterizan al nuevo modelo de política de vivienda que está imponiéndose en el mundo, particularmente en los países en desarrollo. Luego se examina la situación argentina, limitándose el análisis a la política social de vivienda y no a la reforma de todo el sector.

1 El escenario mundial

Dos conceptos claves dan cuenta de los profundos cambios por los que atraviesan las políticas de vivienda en el mundo : enabling, traducido como habilitación o facilitación, y partnership que significa asociación de distintos actores, traducido como partenariado. Enabling hace referencia a la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, en el cual los emprendimientos del sector privado, de las organizaciones sociales y de los individuos puedan desarrollar efectivamente el sector de la vivienda. El Estado debe contribuir a estructurar ese marco, cumpliendo un rol de facilitador de las iniciativas particulares en el ámbito del mercado; es decir que el Estado debe dejar de lado su anterior función de productor de vivienda y asumir el papel de administrador en la totalidad del sector y de orientador del desempeño del ámbito privado estructurado y no estructurado, poniendo más énfasis en la función global que cumple la vivienda en el desarrollo económico y social. La noción de partnership, por su parte, alude a la creación de nuevos escenarios de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales, con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil (ONG, organizaciones sociales y familias).

Dichos conceptos fueron definidos en una sucesión de documentos y publicaciones de Naciones Unidas y Banco Mundial y finalmente incorporados en el Plan Mundial de Acción para Siglo XXI que aprobaron los gobiernos nacionales en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, conocida como La Cumbre de La Ciudad o Hábitat II (Estambul 1996).

¿Cómo se están plasmando estas ideas en las políticas de vivienda que se formulan y ejecutan en los países en desarrollo?

De manera ciertamente simplificada, podría decirse que hay dos tendencias en curso: una hegemónica y otra, más bien, marginal. La primera está representada por un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los paises en desarrollo y que apuesta fuerte a «que los mercados funcionen». Sus pilares básicos son:

  1. la eliminación de las entidades públicas de la construcción y financiamiento (evitando que desplacen al sector privado) concentrándose los esfuerzos gubernamentales en lograr el mejor desempeño del sector privado;
  2. el perfeccionamiento del mercado, mediante una serie de medidas e instrumentos que servirían para convertir los préstamos de vivienda en alternativas atractivas para las entidades financieras (la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la estructura legal para el financiamiento de la vivienda, la atención a las leyes que rigen para ejecutar hipotecas, la simplificación del registro de títulos de propiedad de la tierra, entre otras) y
  3. el buen diseño de subsidios de demanda (subsidios transparentes separados de las fuentes de financiación) para evitar el desgaste de las instituciones de financiamiento y tener mejor impacto en la población pobre.

Una segunda tendencia está representada por el conjunto de experiencias alternativas que, especialmente varios gobiernos locales, ponen en marcha en sus ciudades. Guiadas por el principio de que la ciudad debe ser accesible a todos sus habitantes, estas experiencias exigen un control institucional sobre el uso especulativo del suelo y una distribución y accesisibildad más equitativa de equipamientos sociales y servicios públicos. Dentro de este grupo se incluyen los programas de regularización de loteos (adecuación de loteos irregulares a los estándares urbanos vigentes), los de regularización fundiaria (regularización de tenencia de los inmuebles), los de urbanización de asentamientos irregulares, los de capacitación y asesoramiento para la vivienda popular, los bancos de tierras y materiales y los microcréditos para mejoramiento de vivienda, entre otros. Estos programas usualmente son tangenciales dentro de las agendas públicas y casi nunca superan el nivel de experiencias piloto. Las limitaciones con las que tropiezan derivan no sólo de la escasez de recursos públicos, la extrema pobreza de los grupos sociales a los que van dirigidos y la falta de participación de los sectores productivos privados. Un obstáculo importante está dado por el hecho de que la estructura institucional de los municipios no está preparada para las nuevas dinámicas de trabajo que implican los programas de vivienda popular. Se requieren profundas transformaciones en la capacidad operacional de los gobiernos locales para dar lugar a procesos de asistencia técnica, cooperación y participación con los habitantes y también de coordinación intersectorial con otras reparticiones del propio municipio. Este tipo de experiencias además son muy vulnerables frente a los cambios políticos y administrativos.

2 La política de vivienda en Argentina: hacia un rol facilitador del Estado

En Argentina, la promoción de un nuevo rol del Estado como facilitador de las acciones del sector privado --más que como productor directo de vivienda-- comenzó a instrumentarse hacia comienzos de la década de los noventa, mediante una sustancial reforma del sistema institucional y financiero de la vivienda, que implicó:

No se ha efectuado aún un balance de los impactos de esta reforma, lo cual excede las intenciones de este trabajo. Un somero análisis de lo ocurrido en torno al FONAVI, permite advertir que su reestructuración ha aparejado cambios importantes respecto del anterior modelo de política de vivienda, los cuales, a su vez, han significado logros y conflictos.

2.1 Cambios en la política de vivienda a partir de la reestructuración del FONAVI

La reforma del FONAVI se instrumentó a través de la Ley 24.464, (del 8/3/95) que creó un nuevo marco institucional y financiero para el sector de la vivienda: el Sistema Federal de la Vivienda que hoy rige.[3] El nuevo sistema fue concebido como un «instrumento facilitador de las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna» (artículo 1). Esta reforma generó tres grandes cambios con respecto al modelo anterior:

Como consecuencia del mayor poder otorgado a las provincias (descentralización de los recursos financieros y poder político de aplicación de la nueva ley), la profundidad y el alcance de los cambios impulsados por la nueva normativa en dirección a un rol facilitador del Estado, pasaron a depender, en buena medida, de la voluntad política de sus gobiernos, de la fuerza de sus alianzas y compromisos con las empresas constructoras y clientelas políticas, de la vocación de trabajo con ONG y organizaciones de base. Sería necesario analizar el variado mosaico de las políticas de vivienda provinciales para evaluar en qué medida se efectivizó la reforma y cuáles fueron sus resultados. En los puntos siguientes se avanza en esa dirección.

2.2 Logros del nuevo sistema de vivienda según el balance oficial

Un balance de la política de vivienda con posterioridad a la reforma requiere examinar lo que ha ocurrido en las provincias con la aplicación de los fondos del FONAVI, ya que son ellas las principales artífices de la aplicación de los nuevos instrumentos. De acuerdo a la información producida por la Subsecretaría de Vivienda, mediante sus auditorías anuales a los organismos ejecutores, ha habido logros:

2.3 Una evaluación crítica de los logros

Si bien parecen haber habido una serie de logros que expresarían una mayor eficiencia en el sistema de la vivienda en su conjunto, se observan todavía varios puntos críticos:

2.4 Los conflictos y contradicciones del nuevo sistema de la vivienda

Otro balance posible de lo ocurrido en la política de vivienda, con posterioridad a la aplicación del Sistema Federal de la Vivienda, surge al analizarse la posición de los distintos actores estatales y privados en el marco de la nueva distribución de poder que implicó la reforma del sistema de vivienda. Esta mirada --a través de la información suministrada por los medios de prensa-- permite observar que en los casi 5 años, que van desde 1995 hasta fines de 1999, la política de vivienda ha estado atravesada por una serie de conflictos (vigentes e irresueltos hacia final de la década), cuyos principales ejes, a mi juicio, fueron dos:

  1. el espacio que se pretendió asignar a la política de vivienda en el contexto del ajuste fiscal y
  2. el rol que intentaron asumir los distintos actores vinculados al sistema frente a los cambios introducidos.


Cuadro 1: Utilización de fondos del FONAVI por jurisdicción (1989-1998)
JurisdicciónTransferenciasObras terminadasEn ejecución 1999 % copartic% obras juris% Fondos
FONAVI Viviendas Sol. habit Viviendas Sol. habit Ley24464 total obras país tot. obras juris.
Buenos Aires 1.093.175.028 54.617 14.789 122 15.932 14,50 16,60 12.791
Cap. Federal 145.304.785 4.358 819 1,30 1,00 28.203
Catamarca 176.316.863 8.884 641 1.911 84 2,10 2,94 15.305
Córdoba 417.122.625 23.002 1.930 6.961 298 5,65 6,26 12.957
Corrientes 461.398.758 16.166 587 4.483 150 4,95 4,20 21754
Chaco 415.635.111 17.356 206 3.025 55 4,60 4,01 20.135
Chubut 262.886.970 11.817 2.225 2.003 2.862 3,20 3,68 13.904
Entre Ríos 290.255.524 14.180 879 4.406 4.043 3,90 4,57 12.347
Formosa 314.407.903 9.466 150 5.188 155 4,00 2,91 21.017
Jujuy 235.026.477 12.521 81 1.420 102 3,00 3,75 16.640
La Pampa 166.236.937 12.256 691 2,00 2,52 12.839
La Rioja 157.597.176 6.326 1.044 2.476 525 2,00 2,01 15.196
Mendoza 292.455.375 23.272 5.658 8.092 355 4,00 7,28 7.824
Misiones 396.121.340 16.713 588 2.142 900 4,70 3,96 19.472
Neuquén 336.192.087 15.468 1.722 2.125 290 4,30 3,81 17.148
Rio Negro 381.791.835 11.671 818 2.369 162 4,50 2,92 25.418
Salta 317.812.441 18.079 118 4.661 178 4,00 4,48 13.794
San Juan 275.776.644 12.459 129 3.730 64 3,65 3,19 16.834
San Luis 317.481.208 20.821 3.786 3,65 4,79 12.902
Santa cruz 287.755.084 5.053 1.749 2.200 186 3,20 1,79 31.318
Santa Fé 462.001.632 25.702 20 5.467 5,65 6,07 14.813
Stgo Estero 333.356.206 15.258 2.351 3.480 4,30 4,11 15.807
Tierra Fuego 235.628.898 4.159 529 807 49 2,65 1,08 42.501
Tucumán 317.917.094 15.026 3.763 4,20 3,66 16.920
Total 8.089.654.001 374.630 36.214 92.297 10.458 100,00 100,00 15.751

Fuente: Subsecretaría de vivienda, 1999 y estimaciones propias a partir de datos de la Subsecretaria.


El primer eje del conflicto pasó por definir si la vivienda debía seguir siendo responsabilidad del Estado o no. Dicho de otro modo, si el Estado debía continuar manteniendo un fondo de vivienda de la envergadura del FONAVI en un marco de ajustes fiscales. Esto se expresó en la puja entre el Ministerio de Economía --cuya principal preocupación es cerrar las cuentas, preservar el equilibrio macroeconómico y decidir cada año por dónde hacer el ajuste-- y el resto de los actores que participan en el sector vivienda. Se trata de un conflicto económico que ha tenido varias manifestaciones a lo largo de este período examinado y que estaba en plena efervescencia a fines de los 90, en el marco de la discusión del presupuesto del año 2000.

El segundo conflicto pasó por determinar quién debía controlar el Fondo, quiénes serían sus principales beneficiarios y cuál la orientación que habría de darse a los recursos. Se trata de una lucha de naturaleza más bien política cuyos principales contrincantes fueron, por un lado, el organismo nacional de vivienda que antes controlaba la política habitacional y, por el otro, las jurisdicciones que pasaron a manejar el recurso. En la medida en que la política FONAVI constituye un partnership Estado-empresas, la disputa afectó también intereses económicos. Del lado de la Nación seguramente tendieron a ubicarse las empresas más grandes, para las cuales resultó más fácil presionar en una sola ventanilla (la nacional) que en varias geográficamente dispersas en cada jurisdicción; mientras que del lado de las provincias se habrían alineado las empresas locales menores que tienen asegurada su participación en los planes provinciales de vivienda, ya que sus mecanismos de relación con los gobiernos provinciales (Institutos de Vivienda) están totalmente aceitados.

¿Cómo se expresaron estos conflictos y qué consecuencias tendrían la manera en que éstos se resuelvan en el futuro de la política de vivienda social? Voy a colocar unos ejemplos.

  1. Conflicto por el monto del FONAVI: contradicciones entre política social y ajuste

    El conflicto entre los sectores vinculados a la vivienda y el Estado Nacional (Ministerio de Economía) se planteó toda vez que se discutió el presupuesto nacional. Hubo una disputa en octubre de 1998 cuando la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto de 1999, en el cual se preveía una quita de 120 millones de pesos al año del FONAVI. La Secretaría de Hacienda propuso bajar de 75 a 65 millones de pesos por mes el piso de fondos coparticipables que deben destinarse a la construcción de viviendas en todo el país, de acuerdo a lo que establece la Ley 24.464.

    La disputa más importante ocurrió en 1999. En el mes de abril, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 455 (29 de abril de 1999) donde se dispusieron ajustes a gastos corrientes y de capital de distintas jurisdicciones y entidades, a fin de racionalizar y disminuir el gasto público, corriéndose para el año 2000 muchos compromisos asumidos en el Presupuesto de 1999. En el artículo 9 se estableció la suspensión de la obligación del Tesoro Nacional de atender a la garantía del FONAVI en cuanto al piso de 900 millones anuales a que se refiere el artículo 3 de la Ley 24.464; se determinó que en caso de que la recaudación fuera menor el Tesoro no pondría la diferencia sino que la transferiría a la Ley de Presupuesto de 2000, que al momento de escribir este artículo se encontraba en discusión. Teniendo en cuenta las proyecciones sobre recaudación de impuestos, se estimaba que al FONAVI le correspondería apenas unos 540 millones.

    Once provincias peronistas se opusieron a esta medida través de sus legisladores, aduciendo que el Decreto 455 se acomodaba a los requerimientos del FMI. Es interesante advertir varios de los ingredientes de esta disputa, recogidos en un artículo del diario La Nación que dice: «En un nuevo desafío a la gobernabilidad de los últimos 7 meses de presidencia de Carlos Menem, los gobernadores justicialistas rechazarán hoy la poda de $360 millones de fondos específicos[8] para las provincias que el Poder Ejecutivo incluyó en el controvertido decreto de recorte presupuestario (...) El Ministro de Economía Roque Fernadez anunció que en caso que los gobernadores se opusieran al decreto prevía limitaciones presupuestarias en áreas más que sensibles en un año electoral: obras públicas, programas sociales y plan Trabajar, instrumento valorado por las administraciones provinciales en la lucha contra el desempleo.» (La Nación, 18/05/99).

    En mayo de 1999 se logró un acuerdo respecto de los montos (los gobernadores lograron una rebaja de 100 millones en el ajuste). Pero la contienda se volvió a plantear más adelante con la discusión del presupuesto para el año 2000. De acuerdo a la prensa, el Presupuesto presentado en Washington al FMI en setiembre de 1999 preveía un crecimiento del PBI del 3,5% y un déficit fiscal de $4.500 millones para el año próximo. Como ese nivel de crecimiento no alcanzaría para mantener el nivel vigente de gasto se proponía un ajuste cercano a los 1.800 millones aplicables a: gastos reservados, aportes del tesoro a las provincias, Programas de empleo, Gastos de la Administración Nacional (reducciones de planta y sueldos de empleados públicos), promoción industrial, Fondo del Conurbano y al FONAVI. Se eliminaría el FONAVI quitándose a las provincias el manejo de los recursos y se lo incorporaría a un nuevo fondo, el Fondo de Desarrollo Humano. De los 700 millones que había manejado hasta ese momento el FONAVI recibiría sólo recibiría 225 millones. (La Nación, 29/10/99). Se trataba de un fuerte golpe al FONAVI que implicaba su cuasi eliminación.

    Todo esto se encontraba en plena discusión con las nuevas autoridades electas que asumirían el 10 de diciembre de 1999. Todos los sectores se encontraban presionando en función de sus intereses.

  2. Conflicto por el control del FONAVI

    El forcejeo entre actores al interior del sector vivienda salió a la luz al poco tiempo de aprobado el nuevo Sistema Federal de la Vivienda, cuando en 1996 la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, de la de depende la Subsecretaría de Vivienda, envió al Congreso de la Nación un anteproyecto de reforma de la Ley 24.464. Este apuntaba a varias direcciones:

De acuerdo a declaraciones de los entonces funcionarios[10] recogidas por los medios periodísticos en mayo de 1996, la reforma afectaba a la «patria contratista» --aunque se había llegado a ciertos acuerdos con las empresas--.[11] También se topaba con la gran dificultad de sanear la cartera hipotecaria, ya que la mitad de los deudores estaban en mora, y con el hecho de que las hipotecas se otorgaban a tasas subsidiadas de 3,5% al 4% anual, muy por debajo de lo que pretendería un inversor privado. (Clarín, ; Economía, 20/05/96; Crónica, 3/05/96; Ambito Financiero, 14/05/96).

El anteproyecto de ley conteniendo estas reformas (y que había logrado media sanción en la Cámara de Diputados) no prosperó. Contó con la firme oposición del Consejo Federal de la Vivienda. Dicho organismo consideró que la propuesta elaborada por Desarrollo Social era inconclusa y avasallaba el «espíritu federalista que había sido acordado en la ley 24.464». El ente exigió el estricto cumplimiento de las normas específicas, en cuanto a las transferencias automáticas, destino y control de fondos, (Ambito Financiero, 6/06/96)

Más adelante, a comienzos de 1998[12] hubo un nuevo intento desde la Secretaría de Desarrollo Social para reformar la Ley del Sistema Federal de la Vivienda; esta vez poniéndose el énfasis en la necesidad de crear mecanismos de control que garantizaran que las provincias no utilizaran los fondos para cubrir sus desfasajes financieros. Se preveía un sistema de premios para las provincias que usaran eficientemente los recursos y castigos en el caso de tener inmovilizados los recursos enviados por la Nación. (Clarín, 6/02/98). El intento de mayor control por parte de la nación tampoco esta vez prosperó.

3 Conclusiones

  1. La creación del nuevo sistema de la vivienda generó tres grandes cambios con respecto al anterior modelo: a) La descentralización de la masa de recursos que conforman el FONAVI hacia las provincias y ciudad de Buenos Aires, asignándoseles a dichos organismos las facultades que antes disponía el organismo nacional. b) La paulatina reorientación de los recursos, desde la producción de conjuntos masivos de viviendas al crédito individual para financiar la compra, construcción o mejoramiento de la vivienda. c) El establecimiento de pautas para eliminar los vicios del viejo sistema del FONAVI, entre ellos, menor poder a la «patria contratista» y mayor poder a los usuarios.
  2. Estos cambios han tenido varios resultados positivos. De acuerdo a un balance oficial, luego de 5 años se han verificado los siguientes logros: más unidades terminadas por año, mayor nivel de recupero de las inversiones, a través de cuotas de amortización y ahorro previo, que aumentaron los recursos disponibles de un 3 a un 15%; avance en las gestiones para la escrituración de unidades y contribución a la generación de empleo: mantenimiento de 260 mil puestos de trabajo.
  3. El mejor desempeño global del FONAVI ocultó fuertes diferencias entre jurisdicciones que merecerían estudiarse a fondo. Por de pronto, menos de la mitad de las provincias han mejorado la relación entre los recursos recibidos y la cantidad de soluciones producidas. Además predominó la construcción de vivienda nueva vía empresa en detrimento de otras operatorias (créditos individuales para compra o refacción u operatorias de mejoramiento de viviendas deficitarias que representan un tercio del déficit). Esto significa que no se produjo en una escala deseable la esperada diversificación en las operatorias habitacionales. Tampoco una mayor descentralización hacia municipios ni una convocatoria a la participación más protagónica de otros actores sociales (cooperativas, ONG, otras organizaciones de usuarios).
  4. Los cambios introducidos en el sistema significaron una reasignación de roles y cuotas de protagonismo político y beneficios económicos entre los distintos actores públicos y privados, lo que generó dos tipos de conflictos:

    Uno de los conflictos más evidentes se planteó entre la Secretaría de Desarrollo Social (de la que depende la Secretaria de Vivienda) y las provincias. Se expresó en: (a) los intentos de dicha Secretaria de modificación del Sistema Federal de la vivienda con la intención de garantizar y profundizar los principios fundamentales de la reforma pero también de reforzar su espacio de poder, y (b) la resistencia ejercida por los organismos ejecutores. La modificación no había prosperado, por lo menos hasta fines de los 90s.

    El otro conflicto se planteó entre el Ministerio de Economía y el resto de los actores que participan en el sector de la vivienda. El eje del conflicto pasó por definir si la vivienda debía seguir siendo responsabilidad del Estado o no. Dicho de otro modo, si el Estado debía continuar manteniendo un fondo de vivienda de la envergadura del FONAVI en un marco de ajustes fiscales. Esta disputa pone en serio peligro el destino del FONAVI.

Sería deseable que las limitaciones manifiestas en el desempeño del FONAVI desde la creación del nuevo sistema federal de la vivienda no sirvan para justificar su debilitamiento o su eventual desaparición, en tanto fondo específico para vivienda. Junto al justo reclamo por su mantenimiento debería profundizarse su reforma por lo menos en tres direcciones: control del manejo indebido del recurso, aumento de la eficacia y eficiencia del sistema (medida en términos de cobertura social y fortalecimiento financiera) y mayor participación y control por parte de las organizaciones de la sociedad civil. De este modo, el estado facilitador orientaría su labor no sólo a conformar mercados sólidos de vivienda sino también a consolidar nuevos esquemas de cooperación entre actores estatales, privados y comunitarios.

Referencias bibliográficas

Coulomb, René  (1998)   Los nuevos desafíos,   en Delgadillo Polanco, Victor (Ed.) Hábitat II. Declaraciones, Compromisos y Estrategias para la Acción, HIC, México 
Cuenya, Beatriz  (1992)   «Políticas habitacionales en la crisis: el caso de Argentina»,   Vivienda, Nueva época, Volumen 3, Nº 3, septiembre-diciembre (México) 
Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Vivienda  (1999)   Vivienda: logros y desafíos   Buenos Aires 

Notas


[1]: Versión corregida en el 2000 del trabajo presentado en el Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales, organizado por la Maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad de Mar del Plata y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 18 y 19 de noviembre de 1999.
[2]: Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)
[3]: El Sistema Federal de la Vivienda está constituido por: (i) el FONAVI, (ii) los organismos provinciales y la ciudad de Buenos Aires, responsables de la aplicación de la ley y de administrar los recursos por ella creados, y (iii) el Consejo Nacional de la Vivienda (integrado por el Poder Ejecutivo, los estados provinciales que adhirieran a la ley y la Ciudad de Buenos Aires) con competencia en la planificación y evaluación del desarrollo del sistema.
[4]: La ley estableció que los créditos se debían destinar a la construcción y/ o compra, refacción, ampliación o completamiento de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes, (artículo 14) que afectaría los intereses de las empresas constructoras contratistas del Estado que se han beneficiado del antiguo modelo productor.
[5]: Un balance del FONAVI efectuado a fines de 1994 y publicado por la prensa un año más tarde arrojaba los siguientes resultados: en dos décadas el FONAVI había construido 511.790 viviendas con 20.000 millones de dólares. Había gastado en promedio 39.100 dólares por vivienda, pero la mayoría de las unidades no superaba un valor de mercado de 5.000, otras se habían regalado y una pequeña parte se había negociado a precios superiores a los 10.000 dólares. A eso se sumaba la morosidad de los adjudicatarios que se estimaba en el orden del 50% y el mal uso de los fondos por parte de las jurisdicciones. De daba un ejemplo según el cual, hasta el año anterior, uno de estos organismos había destinado el 80% de los recursos para el pago de sueldos a su personal, contaba con un presupuesto para levantar 5.000 viviendas al año pero sólo había construido 1.000. Y, según la auditoría, las obras contratadas durante 1993 habían tenido sobreprecios del 91% en sanitarios y 245% en ascensores. En algunas obras que jamás se ejecutaron, los contratos preveían pagos por adelantado. (Diario Clarín. Suplemento de Economía. 18/12/95).
[6]: La ley estableció que los recursos del FONAVI se integrasen con el 42% de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos, debiendo proporcionar como mínimo 75 millones de pesos por mes calendario (900 millones por año) y disponiendo que, cuando las percepciones fueran inferiores, el Tesoro Nacional debía hacer los anticipos necesarios para mantener ese nivel de financiamiento, los que sería compensados por excedentes posteriores si los hubiera (artículo 3).
[7]: Las cifras corresponden a los 10 años que van desde 1989 hasta 1998.
[8]: Estos fondos incluyen además del FONAVI, el Fondo del Conurbano Bonaerense, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y de organismos de vialidad, Fondo Especial del Tabaco, Fondo especial para bibliotecas Populares, Programas de ayuda al sector agropecuario.
[9]: Ambito Financiero, 14 de mayo de 1996.
[10]: Lic. Amadeo ( Secretario de Desarrollo Social) e Ing. Camarasa (Subsecretario de Vivienda).
[11]: De acuerdo a las declaraciones de las autoridades de vivienda las empresas se habían mostrado dispuestas a arriesgar hasta el 55% de la inversión, siempre que al concluir la obra el BHN les comprar las hipotecas generadas.
[12]: Durante la gestión del Arq. Miguel A. Lico como Subsecretario de Vivienda de la Nación.


Edición del 6-5-2005
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