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La derogación del trasvase del Ebro: inicio de un nuevo ciclo de política de aguas
Leandro del Moral Ituarte[1]
Sevilla (España), julio de 2004.

«Un nuevo siglo en el que el viejo sueño de Costa podrá, por fin, hacerse realidad, aunque no se limitará a su Litera querida: el Ésera y muchos otros Éseras recorrerán la piel de España y sus aguas limpias serán, recordando la letra poética costista, su sangre, su rocío y su oro, el camino de la liberación y de la riqueza colectivas.»

Con estas palabras terminaba --casi parece increíble-- la exposición de motivos del Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) de abril de 1993. Ese viejo sueño de Joaquín Costa al que se refería el documento citado se podría sintetizar en la formulación y materialización de «una verdadera empresa nacional capaz de rehacer la geografía de la Patria». En el caso del Anteproyecto de PHN de 1993, esta reconstrucción geográfica se pretendía realizar mediante un «Sistema de Equilibrio Hidrológico Nacional» que redistribuiría 4.000 millones de m3 cada año (lo suficiente para abastecer a una población de 40 millones de personas, con todas sus actividades industriales y terciarias incluidas) desde la Cuenca Norte (Asturias) hasta la del Sur (Almería), pasando por el Duero, el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

Apenas diez años después, un gobierno constituido por el mismo partido político y, en parte, por el mismo equipo técnico, ha empezado su andadura derogando (R. D. Ley 2/2004, de 18 de junio) la Ley de PHN finalmente aprobada en 2001 (Ley 10/2001 de 5 de julio). Más exactamente, derogando los preceptos de dicha Ley que regulaban «las transferencias de agua entre el bajo Ebro y las cuencas interna de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur», que ascendían a una cuarta parte (1.050 Hm3/año) de los volúmenes propuestos en el Anteproyecto de 1993. El PHN derogado, además, excluía como cedentes y receptores de agua a numerosas cuencas implicadas en el Anteproyecto de la década anterior.

Los argumentos para la derogación son contundentes: el PHN de 2001 contenía «acusadas y graves deficiencias» en aspectos fundamentales de carácter económico (exageración de beneficios, sistemática infravaloración de costes, ausencia de explicación sobre estructura de precios), ambientales (carencia de medidas de protección del río y Delta del Ebro, falta de seguridad respecto a especies protegidas, inadecuado tratamiento de los problemas de salinidad) y técnicos (ausencia de rigor en los estudios sobre disponibilidad efectiva de agua para trasvasar).

¿Qué ha pasado entre 1993-1995 y 2004 que pueda explicar un cambio tan radical de planteamientos? En realidad, la derogación del PHN expresa abruptamente la crisis de racionalidad económica y técnica del paradigma hidráulico que se ha ido larvando y acumulando durante la última década. La fractura entre la realidad de una práctica y una opinión pública todavía controladas por la comunidad de política hidráulica tradicional, por un lado, y los planteamientos dominantes, aunque no exclusivos, en la comunidad cientifico-técnica, por otro, se ha resuelto parcialmente con una decisión histórica e irreversible. Subrayo el carácter parcial de la decisión, por cuanto la primera disposición del R. D. Ley 2/2004 declara de interés general «todas y cada una de las obras incluidas en los anexos II y III» de la Ley 10/2001. Es decir, se deroga el trasvase pero se deja en vigor una variopinta, desordenada y prolija lista de actuaciones, entre las que se cuentan en torno a 100 grandes embalses de regulación que por si solos constituyen un plan de obras hidráulicas de extraordinaria importancia. Estas obras son la condición necesaria para la ejecución de determinados planes de expansión del regadío, fundamentalmente en la cuenca del Ebro (la Resolución del Pleno de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 conocida como Pacto del Agua de Aragón), que constituyen (junto con la expansión del riego en el Alto y Medio Júcar) propuestas a las que cabría aplicar, aún con más motivo, las contundentes críticas económicas, ambientales y técnicas que el R.D. Ley 2/2004 aplica al trasvase del Ebro.

Al mantenimiento de los anexos II y III, el R.D. Ley de 2004 añade una lista de actuaciones prioritarias y urgentes, de entre las que destacan 22 desaladoras (incluyendo remodelación y ampliación de plantas ya existentes y nuevas instalaciones). Esta línea de actuación, posibilitada por los desarrollos tecnológicos recientes, aunque introduce nuevos problemas y dificultades, rompe la inercia de la gran obra hidráulica tradicional subvencionada, al segmentar las soluciones, identificar con precisión a los beneficiarios y transmitir con más claridad que la hidráulica tradicional un mensaje de responsabilidad de los usuarios.

El debate, pues, no ha terminado. Además de la discusión sobre la coherencia en la aplicación de los nuevos criterios de racionalidad económica, técnica y ambiental, se ha abierto otro frente, también de profunda significación geográfica: la valoración de los modelos de desarrollo territorial, fundamentalmente en el litoral mediterráneo desde Barcelona hasta la Costa del Sol Occidental, que subyacen, a la vez que se ven impulsados, por las nuevas ofertas de agua. Como ya señalaba hace años el responsable del Plan Hidrológico de Baleares, la realidad es que técnicamente todo se puede resolver: si falta agua para usos con la suficiente capacidad de pago, se puede construir desaladoras, y si para su funcionamiento hace falta energía, se pueden construir nuevas estructuras: al final, se trata de un problema de inversión y de decisión. Pero lo que no se puede ampliar ni sustituir es el territorio, sobre este recurso no se puede actuar técnicamente. Por eso, en el fondo no hay un problema de agua o de energía; lo que finalmente se presenta es un problema básico de ordenación del territorio.


Notas


[1]: Departamento de Geografía Humana, Universidad de Sevilla


Edición del 14-9-2004
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