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Boletín CF+S > 27 -- El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/ajalb6.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

6 Resumen y Conclusiones


Este trabajo plantea la gestión de demanda de agua como alternativa a la política de oferta del trasvase del Ebro que propone el Plan Hidrológico Nacional. En el estudio se analiza la demanda de agua de la agricultura en las comarcas de las cuencas del Levante mediterráneo, para demostrar que una política de gestión de demanda con precios de agua más elevados que los actuales soluciona el problema de la escasez del recurso, sin necesidad de transferencias externas que deterioran las funcionalidades ecológicas de la cuenca cedente y de las cuencas receptoras. En el análisis económico de demanda de agua de la agricultura, se examinan los efectos de las alternativas sobre la superficie y producción de los cultivos, el valor de la producción, el margen neto, y la utilización del agua y de la mano de obra.

Para determinar los impactos en el sector agrario de las alternativas ante la escasez de agua se simulan dos escenarios. En el primer escenario se plantea como medida de gestión de demanda la prohibición de la sobreexplotación de acuíferos sin transferencias de agua de otras cuencas, dado que la sobreexplotación de acuíferos no es sostenible por la degradación y el agotamiento a largo plazo de los acuíferos. En un segundo grupo de escenarios se plantea la elevación de los precios del agua como medida de gestión de demanda, con lo que se consigue determinar el precio del agua que equilibra la demanda global de agua de las cuencas de Levante con la oferta disponible en dichas cuencas. Una vez alcanzado el equilibrio entre la oferta y la demanda global a un precio más elevado, se podría reasignar el agua entre las comarcas en que haya excedentes y en las que persista la escasez.

El impacto sobre el sector agrario de incrementos hasta 30 pta/m3 del precio del agua, es relativamente moderado y alcanza el seis por cien de la producción final agraria (valor de la producción) y el treinta por cien de la renta neta (margen neto) de los agricultores, y el agua que deja de utilizarse en la agricultura permite cubrir las dotaciones del trasvase previstas en el PHN para uso agrícola y medioambiental, y más de la mitad de la dotación de uso industrial y urbano. El resto de dotación de uso industrial y urbano (117 hm3) podría cubrirse mediante desalación, mejora en la eficiencia de riego, o transferencias internas desde el oeste de la cuenca Sur. Para aumentos de precios superiores a 30 pta/m3, se intensifica el impacto negativo sobre la producción y el margen neto de las actividades agrarias.

La viabilidad del trasvase del Ebro que propone el PHN se ha examinado simulando un incremento de 70 pta/m3 en el precio del agua. Esta simulación permite conocer la demanda de agua de trasvase que pueden absorber las comarcas de Levante a precios de trasvase, y se comprueba que las dotaciones que asigna el PHN para uso agrario y medioambiental en la cuenca del Segura superan ampliamente la demanda solvente de agua a este precio, que los agricultores del Segura no podrán pagar.



6.1 Sostenibilidad del Plan Hidrológico Nacional



El concepto de sostenibilidad está ligado al aumento del bienestar humano en el tiempo, y se basa en la idea de la no disminución de los distintos tipos de capital: capital creado por el hombre, capital natural, y capital humano y social. En la sostenibilidad débil se admite la sustitución entre los diferentes tipos de capital, y el requisito de sostenibilidad se cumple siempre que el stock de capital total se mantenga. En la sostenibilidad fuerte algún tipo de capital no es sustituible, por lo que no solo ha de mantenerse el capital total, sino que también se ha de mantener el capital específico que no es sustituible.

La sostenibilidad aplicada a los recursos hídricos implica la protección del capital natural formado por los sistemas hídricos que mantienen la funcionalidad ecológica de las cuencas. La cuenca del Ebro y las cuencas de Levante han experimentado una grave degradación de sus funcionalidades ecológicas en la segunda mitad del siglo veinte, y además este deterioro compromete las posibilidades de sustitución por otro tipo de capital. Hoy, el problema clave en las cuencas del Ebro y de Levante es frenar la degradación del capital natural y restaurar las funcionalidades de los sistemas hídricos, por lo que el Plan Hidrológico Nacional debería garantizar unas acciones que no provoquen más degradación, sino que aseguren la mejora de la funcionalidad de los sistemas hídricos.

El PHN propone transferir agua de la cuenca del Ebro a las cuencas de Levante, y la cuestión esencial es identificar los elementos del capital natural que el trasvase deteriora, y si existen alternativas al trasvase preferibles desde el punto de vista económico y medioambiental.

Los elementos críticos que se pueden identificar en la cuenca del Ebro son la tendencia decreciente de caudal en el valle del Ebro en las últimas décadas por la expansión del consumo de agua, y la progresiva degradación de la calidad del agua. Esta degradación es consecuencia de la contaminación puntual urbana e industrial, la contaminación difusa de las actividades agrarias (eutrofización y arrastre de sales), y la escasez de caudal en algunos tramos. Otra consecuencia negativa se deriva de que el trasvase requeriría aumentar la regulación para hacer frente a los períodos plurianuales de sequía, lo que supondría una mayor degradación de las funcionalidades ecológicas en la cuenca. Finalmente el trasvase deterioraría el Delta del Ebro por la disminución de caudal y la penetración más agresiva del agua salina.

La Unión Europea ha aprobado la Directiva Marco del Agua que adopta un nuevo enfoque en política del agua basado en la gestión de la demanda, la repercusión completa de costes incluyendo los medioambientales, y los estándares de caudales y contaminantes. La Directiva promueve los instrumentos económicos frente al aumento de la regulación del recurso, para evitar el despilfarro y reducir la degradación.

La alternativa de gestión de demanda al trasvase del Ebro que se propone en este estudio, va encaminada en la dirección de la Directiva Marco del Agua. Un aumento moderado del precio del agua en las cuencas de Levante de entre 20 y 30 pta/m3 reequilibra la demanda con la oferta de agua sin necesidad de transferencias externas a las cuencas de Levante. La insostenibilidad del trasvase se deriva del hecho de que el recurso hídrico no está valorado al coste completo de recuperación, ya que el precio medio del agua de uso agrario no supera las 5 pta/m3 en casi todas las comarcas del Júcar y en algunas comarcas del Segura, y ese precio alcanza las 25 pta/m3 en alguna comarca del Sur. Estos precios reducidos fomentan el despilfarro en un mercado del recurso racionado y con asignación administrativa.

Los precios del agua de uso agrario podrían seguir estando por debajo de los precios que pagan otros usuarios, pero la escasez del agua en Levante ha de solucionarse con unos precios por encima de 20 pta/m3 que liberan la suficiente demanda de agua para resolver la escasez, con un efecto negativo moderado para los agricultores. Esta política de gestión de demanda es la que se ha analizado en este trabajo, y es preferible económica y medioambientalmente a la política de oferta del trasvase del Ebro.



6.2 Eliminación de la Sobreexplotación de Acuíferos


En la simulación del escenario de prohibición de la sobreexplotación de acuíferos como medida de gestión de demanda, la eliminación de la sobreexplotación reduce el uso del agua en la agricultura. La sobreexplotación de los acuíferos se ha determinado a partir de la documentación del Plan Hidrológico Nacional, del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, y de publicaciones de la Comunidad Autónoma de Valencia. Se han identificado las zonas donde se encuentran los acuíferos sobreexplotados y los volúmenes de sobreexplotación, que corresponden a 157 hm3 en las comarcas de Castellón, Valencia y Alicante de la Confederación del Júcar, 226 hm3 en las comarcas de Murcia y Alicante en la Confederación del Segura, y 71 hm3 en las comarcas de Almería de la Confederación del Sur.

La simulación de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos se ha realizado reduciendo la disponibilidad de agua en las comarcas donde se localizan los acuíferos. El agua no puede transferirse entre comarcas al no existir mercados de agua u otros mecanismos de reasignación de agua en el interior de las cuencas.

Los efectos de la eliminación de la sobreexplotación se concentran en las comarcas donde se encuentran los acuíferos. En el Júcar y el Segura, la reducción de agua disponible y superficie cultivada afecta especialmente a los cultivos poco rentables. Por el contrario en el Sur, la reducción de agua y superficie cultivada afecta a cultivos muy rentables, ya que en las comarcas del Sur no hay posibilidad de abandonar cultivos poco rentables como los cereales.

Los resultados muestran que la eliminación de la sobreexplotación disminuye un veinte por cien la superficie cultivada, ingresos y renta neta para el conjunto de las cuencas del Júcar, Segura y Sur. Gran parte de las pérdidas ocurren en las cuencas Sur y Segura; en la cuenca Sur se reducen los cultivos en invernadero, lo que provoca unas pérdidas superiores al cincuenta por cien de los ingresos y renta neta, que son las más elevadas en términos absolutos y relativos de las tres cuencas. El 67 por cien de las pérdidas de renta neta ocurren en Almería por la elevada renta neta de los cultivos de invernadero. En el Segura las pérdidas rondan el veinte por cien de los ingresos y renta neta, mientras que en el Júcar las pérdidas de ingresos y renta neta están por debajo del cinco por cien.

Las comarcas con mayores pérdidas son las que soportan mayor reducción en la disponibilidad de agua: Campo Dalias, Bajo Almanzora, y Campo Níjar-Bajo Andarax en Almería; y Valle del Guadalentín y Nordeste en Murcia. En Campo Dalias las pérdidas son de 62.900 millones de ingresos y 30.100 millones de renta neta, y en Valle de Guadalentín 17.300 millones en ingresos y 7.400 millones en renta neta.

Como conclusión se puede señalar que si la medida de gestión de demanda de agua que se toma es la prohibición de la sobreexplotación de acuíferos, sin posibilidad de transferencias de agua entre comarcas, la caída de superficie, ingresos y renta neta en el conjunto de las cuencas del Júcar, Segura y Sur es del veinte por cien. Estas pérdidas se concentran en el Sur con caídas de ingresos y renta neta superiores al cincuenta por cien. El Plan Hidrológico Nacional debería contemplar medidas de gestión de demanda que permitieran reasignar agua entre las comarcas de la Confederación del Sur, del oeste hacia el este, o desde otras cuencas adyacentes. La asignación de agua del trasvase que el PHN prevé para solventar la sobreexplotación de acuíferos (y mejora de garantía de riego) en el Sur es de solo 58 hm3, lo que es insuficiente ya que la sobreexplotación alcanza los 71 hm3, a diferencia de las asignaciones del trasvase previstas para el Júcar y el Segura que son mucho más generosas. Incluso si se realizara el trasvase, no podría solucionarse la sobreexplotación de acuíferos en la cuenca Sur, por lo que será necesario en cualquier caso introducir medidas adicionales de gestión de demanda en la cuenca Sur que equilibren disponibilidades y usos.

Una recomendación que se deriva de estos resultados es que para minimizar los efectos de la prohibición de la sobreexplotación de acuíferos en ausencia de transferencias de agua de otras cuencas, deberían establecerse mecanismos para la transferencia de agua entre comarcas en el interior de las cuencas del Sur, Segura y Júcar, que redujeran las pérdidas de ingresos y de margen neto de los agricultores.



6.3 Aumento del Precio del Agua y Reducción de las Transferencias Externas


Un incremento de los precios del agua de uso agrario es una medida de gestión de demanda en línea con los principios que promueve la Directiva Marco del Agua, y que permite solucionar la escasez de agua en Levante al menor coste económico y medioambiental para la sociedad. La gestión de demanda mediante el incremento de precios sirve para equilibrar la oferta y la demanda global de agua en las cuencas de Levante, liberando recursos hídricos por abandono de cultivos poco rentables que podrían transferirse a zonas donde persista la escasez o la sobreexplotación de acuíferos.

También se hace una simulación de precios de agua al coste elevado de agua del trasvase, ya que este escenario facilita información sobre la propuesta del PHN de trasvasar agua para eliminar la escasez, y sirve para determinar la localización y volumen de demanda de agua de las comarcas con cultivos rentables que pueden absorber agua de trasvase a precio elevado.

El precio del agua que se paga actualmente en las cuencas de Levante depende en general de la escasez de agua en las comarcas. Se han establecido tres niveles de precios: 5 pta/m3 en comarcas sin problemas de escasez o con escasez moderada, 15 pta/m3 en comarcas con problemas de escasez y 20 pta/m3 cuando la escasez es severa.



6.3.1 Incremento en 20 pta/m3


Un aumento del precio del agua de 20 pta/m3 en las cuencas de Levante reduce la demanda agraria de agua en 441 hm3, y provoca una caída del cuatro por cien en los ingresos de los agricultores y del veintiuno por cien en su renta neta, por la disminución del cultivo de cereales y leñosos poco rentables. El impacto en ingresos y renta neta es mayor en el Segura y Júcar que en Almería; los ingresos caen un 8 por cien en el Segura y un dos por cien en el Júcar, sin embargo la renta cae un veintitres por cien en el Segura y un treinta por cien en el Júcar, debido al coste del agua que es un recurso con fuerte demanda en el Júcar. En Almería la caída de ingreso y margen es inferior al uno y seis por cien, respectivamente.

La reducción en 441 hm3 de la demanda de agua es inferior pero no muy alejada de la dotación agraria y medioambiental de 561 hm3 que el PHN establece para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego. El aumento de precio libera 141 hm3 de agua en el Júcar, 263 hm3 en el Segura y 37 hm3 en el Sur, frente a las dotaciones de trasvase de 141 hm3 en el Júcar, 362 hm3 en el Segura y 58 hm3 en el Sur. Por lo tanto, con el incremento de precio disminuye el uso agrario de agua en un volumen suficiente para evitar la sobreexplotación de acuíferos tanto en el Segura como en el Júcar, y también para cubrir una parte de la garantía de riego del Segura[1]. A este precio del agua de riego, el volumen de agua liberado en el uso agrario reduciría las necesidades de transferencias externas a las cuencas de Levante a 379 hm3, de los que 120 hm3 se destinarían al uso agrario y medioambiental y 259 hm3 al uso urbano e industrial.

El problema de sobreexplotación de acuíferos se resolvería mediante esta medida de gestión de demanda, y el resto de dotaciones para garantía de riego y uso urbano e industrial, mediante un trasvase del Ebro de 379 hm3 con una dimensión mucho menor que la actual propuesta del PHN de 820 hm3. Esta solución tiene un coste moderado para los agricultores, medido por una caída entorno del cuatro por cien de sus ingresos y del veintiuno por cien de su renta neta. La pérdida de 49.000 millones en renta neta de los agricultores, mide la compensación que podría ofrecerse por la administración central o comunitaria, para que los agricultores aceptáran la subida de precios del agua.



6.3.2 Incremento en 30 pta/m3


El aumento del precio del agua en 30 pta/m3 reduce en 703 hm3 la demanda agraria de agua en las cuencas de Levante, con una caída del seis por cien en los ingresos y del treinta por cien en la renta neta al dejar de cultivarse los cereales y reducirse la superficie de leñosos. El impacto en ingresos es mayor en el Segura (-11%) que en el Júcar (-5%), pero el impacto en la renta neta es superior en el Júcar (-44%) que en el Segura (-31%) por la mayor especialización del Segura en hortalizas por el elevado consumo de agua en el Júcar a un precio elevado. En Almería, las pérdidas de ingresos (-2%) y de renta neta (-8%) son moderadas.

La contracción de la demanda agraria en las tres cuencas es de 703 hm3, una cifra cercana a los 820 hm3 de dotación de agua de trasvase que el PHN asigna a las tres cuencas para uso urbano e industrial (259 hm3) y para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego (561 hm3). La subida de precios provoca una caída de demanda de 325 hm3 en el Júcar, 327 hm3 en el Segura y 51 hm3 en el Sur, lo que casi cubre las dotaciones del trasvase para uso urbano, industrial, agrícola y medioambiental de 300 hm3 en el Júcar, 420 hm3 en el Segura, y 100 hm3 en el Sur (Cuadro 2.2).

Transfiriendo los 25 hm3 (325-300) de excedente del Júcar hacia el Segura, solo habría un déficit en el Segura de 68 hm3 (327+25-420) y de 49 hm3 (51-100) en el Sur. Estos déficits pueden cubrirse mediante medidas como la desalación y la mejora de la eficiencia de riego, o en el caso de la cuenca Sur con transferencias desde el oeste de la cuenca. En Almería, la desalación es una alternativa de aumento de oferta que tiene un coste mucho menor que el agua del trasvase del Ebro, ya que el coste de desalación es de unas 60 pta/m3 y podría abastecer regadíos cercanos al mar de la comarca de Campo Dalias, donde el problema de sobreexplotación de acuíferos es más grave (51 hm3).

Esta medida de gestión de demanda de incrementar los precios del agua en 30 pta/m3, soluciona la escasez de agua equilibrando la oferta y la demanda de agua sin necesidad de las enormes inversiones en la infraestructura del trasvase del Ebro. Esta medida debe ser considerada seriamente como alternativa a las transferencias desde el Valle del Ebro, por los responsables de la toma de decisiones en las administraciones autonómica, central y comunitaria, y por los grupos políticos y de presión.

El coste para los agricultores de Levante de esta medida no es excesiva, y representa una caída del seis por cien en el valor de la producción y del treinta por cien en el margen neto, con una pérdida en la utilización de la mano de obra del nueve por cien. La compensación para que los agricultores aceptaran voluntariamente esta subida de precios viene dada por los 70.400 millones de renta neta anual que pierden, y que podría pagar la administración o los otros grupos de usuarios del agua, en lugar de que la sociedad realice la inversión del trasvase. Esta inversión supera el billón de pesetas, y podría producir una rentabilidad superior a los 70.400 millones anuales en inversiones alternativas al trasvase.



6.3.3 Inconsistencia de la asignación comarcal del trasvase que propone el PHN


La simulación de un escenario de un aumento de 70 pta/m3 en el precio del agua de uso agrario, facilita información sobre la propuesta del PHN de trasvasar agua del Ebro para cubrir la actual escasez, sin medidas de racionalización de la demanda de agua. El análisis sirve para conocer cuales son las comarcas especializadas en cultivos rentables y el volumen de agua de trasvase que pueden absorber a estos altos precios.

El PHN evalúa el coste medio de agua de trasvase en 55 pta/m3 en la red primaria, lo que supone unas 75 pta/m3 en parcela. Por ello, se ha considerado que el agua de trasvase supondrá un incremento de 70 pta/m3 sobre el precio que los agricultores pagan actualmente, y este elevado precio del agua solo podrá pagarse en comarcas con cultivos de alta rentabilidad.

El volumen de agua de trasvase que pueden absorber las comarcas de Levante para un aumento de precios de 70 pta/m3 es de 560 hm3 en el Júcar, 220 hm3 en el Segura y 119 hm3 en el Sur (Cuadro 5.13), frente a la asignación de agua del trasvase para uso agrícola y medioambiental que propone el PHN y que es de 141 hm3 en el Júcar, 362 hm3 en el Segura y 58 hm3 en el Sur. En consecuencia, en la cuenca del Segura hay un problema de inconsistencia en la propuesta de trasvase del PHN, ya que esta cuenca solo puede absorber 220 hm3 de agua de uso agrario al precio de agua del trasvase, lo que no cubre la asignación del PHN de 362 hm3 para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego, en un volumen de 142 hm3. La situación de desequilibrio más grave se da en las comarcas Nordeste o Altiplano, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, y Vega del Segura.

En la cuenca del Júcar, la demanda global de agua de uso agrario a precio de trasvase es mayor que la asignación del PHN para agricultura y medioambiente, sin embargo también es inconsistente la propuesta del PHN, porque en varias comarcas de Alicante y Valencia el volumen de sobreexplotación de acuíferos es similar o superior a la demanda de uso agrario a precio de trasvase o demanda solvente. Los agricultores no podrán pagar en estas comarcas un volumen de agua de trasvase igual a la sobreexplotación, por lo que la sobreexplotación continuará. Es el caso de las comarcas de Camp de Morvedre, Baix Vinalopó, Alt Vinalopó, y Marina Baixa.

En consecuencia, la propuesta del PHN no elimina la sobreexplotación de acuíferos por los agricultores en la cuenca del Segura y en algunas comarcas de la cuenca del Júcar, al no poder pagar los agricultores el elevado precio del agua del trasvase. Esta incoherencia de la propuesta del PHN demuestra la superioridad de las políticas de gestión de demanda de agua mediante precios más elevados como las señaladas en las secciones 6.3.1 y 6.3.2, sobre la política de aumento de la oferta de agua del PHN que tiene un coste enorme para la sociedad. La gestión de demanda es superior tanto desde el enfoque económico de análisis de oferta y demanda, como desde un enfoque de sostenibilidad por las razones señaladas en la sección 6.1.



6.4 Comparación de los Resultados con el Plan Hidrológico Nacional


El documento de análisis económico del Plan Hidrológico Nacional examina los efectos del trasvase sobre la renta neta, la producción final agraria y la mano de obra del sector agrario en el regadío de las cuencas del Segura, Júcar y Sur (MIMAM 2000b). La evaluación del PHN sobre el sector agrario se realiza evaluando dos aspectos: la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos y la mejora de la garantía de riego.

El procedimiento utilizado en el PHN adolece de excesiva simplicidad, ya que parte del volumen de agua a transferir desde el Ebro para eliminar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar el regadío, sin justificar este volumen a transferir. La cifra del volumen a transferir se divide por la dotación normal de riego en la zona en metros cúbicos por hectárea, y de esa forma se calcula cuál puede ser la superficie afectada. Una vez calculada la superficie afectada, el PHN estima la renta neta multiplicando esta superficie por 0,7 millones de pesetas por hectárea, que es la renta neta por hectárea que se considera representativa en las zonas de escasez de agua.

El agua que se transfiere a las superficies afectadas por sobreexplotación de acuíferos y garantía de riegos alcanza un volumen de 339 hm3 para eliminación de sobreexplotación de acuíferos y de 222 hm3 para garantía de riego para el conjunto de las cuencas del Júcar, Segura y Sur. La suma de transferencias para eliminación de sobreexplotación y garantía de riego, se distribuye por cuencas de la siguiente forma: 141 hm3 para el Júcar, 362 para el Segura y 58 para el Sur[2].

A partir de las cifras de 339 hm3 de sobreexplotación y 222 hm3 de garantía, el PHN deduce la superficie de riego afectada: la superficie bajo sobreexplotación se calcula dividiendo los 339 hm3 por una dotación media de 6.780 hm3/ha, y se obtiene una superficie de 50.000 ha; la superficie bajo insuficiente garantía de riego se calcula dividiendo los 222 hm3 por una dotación media de 5.500 hm3/ha, y se obtiene una superficie de 40.364 ha. El procedimiento utilizado en el PHN es excesivamente simple y poco fundamentado, y por tanto los resultados son en el mejor de los casos aproximados. El procedimiento utilizado en este trabajo proporciona una precisión mucho mayor al incorporar por comarcas la superficie de cada cultivo, información meteorológica para calcular las necesidades de riego de los cultivos y la demanda de agua de riego, información técnica sobre rendimientos y costes, e información sobre sistemas de riego.



6.4.1 Renta Neta


El concepto de renta neta que utiliza el PHN a nivel agregado[3], coincide con el margen neto utilizado en este trabajo a nivel comarcal. El PHN estima los siguientes resultados: hay 50.000 ha afectadas por sobreexplotación y 40.364 ha afectadas por garantía de riego en las cuencas del Júcar, Segura y Sur. La valoración anual de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos es 35.000 millones de renta neta[4]. Es decir, el agotamiento de los acuíferos dejaría improductivas 50.000 ha con una pérdida de renta neta de 35.000 millones. En cuanto a la garantía de riegos, su valoración anual alcanza los 1.978 millones de renta neta[5].

En este trabajo, la valoración del efecto de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos sobre la renta neta se ha estimado en 50.600 millones para los cultivos estudiados en las tres cuencas de Levante, que se distribuyen en 4.000 millones de pérdidas en el Júcar, 12.700 millones en el Segura, y 33.900 millones en el Sur. Si se tienen en cuenta todos los cultivos en regadío de las tres cuencas, la valoración del efecto es de 64.100 millones[6].

Es de destacar que casi el setenta por cien de las pérdidas ocurren en Almería, por la enorme renta neta de los cultivos de invernadero (1,5 millones de pesetas por hectárea y la caída de 13.300 ha del cultivo de invernadero). Sin embargo la propuesta del PHN solo asigna a Almería 58 hm3 para sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego sobre los 543 hm3 de total de dotación de trasvase para este fin a Levante. La dotación a Almería de 58 hm3 ni siquiera cubre la sobreexplotación de acuíferos de las comarcas que es 71 hm3, lo que demuestra que el trasvase no tiene una justificación económica que se apoye en la agricultura de Levante. Almería es la zona donde se produce la mayor parte del impacto económico de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos, pero no recibe la suficiente asignación para eliminar la sobreexplotación, a diferencia del Segura que recibe 362 hm3 para usos agrícolas y medioambientales, 136 hm3 por encima de la sobreexplotación. Además, como ya se ha señalado en la sección 6.3.3, la cuenca del Segura y varias comarcas de la provincia de Alicante en la cuenca del Júcar, no pueden absorber la dotación del PHN para uso agrícola y medioambiental, porque los agricultores no pueden pagar el precio del agua de trasvase al no tener estas comarcas cultivos suficientemente rentables.

La diferencia entre la valoración de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos del presente trabajo, 64.100 millones, con el PHN que lo estima en 35.000 millones, es de 29.100 millones al año. El PHN añade 2.000 millones de valoración de garantía de riegos, que la valoración del presente trabajo incluye, ya que el modelo utilizado incorpora actividades de cultivo con déficit de riego y menor rendimiento. Por tanto se debería comparar la valoración de 64.100 millones del presente trabajo con los 37.000 millones de la evaluación del PHN.

Realizando una estimación para todos los cultivos en regadío de las tres cuencas, la renta neta de Murcia es de 70.200 millones, y la eliminación de la sobreexplotación en Murcia produce una caída de renta neta de 15.500 millones, mientras que la producción final agraria (PFA, estrictamente producción final vegetal) de Murcia en 1998 es 169.000 millones, y el efecto de la eliminación de sobreexplotación sobre la PFA es de 40.200 millones[7]. La renta neta de la Comunidad Valenciana es 135.000 millones y la PFA 283.000 millones, y el cese de sobreexplotación provoca una caída de 5.200 millones en la renta neta y de 12.700 millones en la PFA. En Almería la renta neta es 82.500 millones y la PFA 167.600 millones, y el cese de sobreexplotación reduce la renta neta en 43.400 millones y la PFA en 89.700 millones. El PHN no da estimaciones por provincias del efecto de la sobreexplotación de acuíferos sobre la renta neta y la PFA, aunque sí estima una PFA de 159.000 millones en Murcia, 331.000 en la Comunidad Valenciana, y 233.000 en Almería, cifras razonablemente cercanas a las de este estudio para Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque en Almería la estimación del PHN es algo mayor que la de este trabajo.



6.4.2 Mano de obra


La mano de obra de Murcia se ha estimado en 38.000 UTA para los cultivos estudiados, o 47.000 UTA para todos los cultivos de Murcia (38.000 * 1,25), con una equivalencia de 1UTA = 1.800 horas. El efecto de la eliminación de acuíferos es de 8.900 UTA para los cultivos estudiados o 11.200 UTA para todos los cultivos. El PHN estima el empleo directo de Murcia en 48.346 para 1997 o en 0,304 empleos/ha frente a los 0,316 empleos/ha del presente trabajo (47.000 UTA/148.500 ha).

En la Comunidad Valenciana la mano de obra es 73.400 UTA para los cultivos estudiados o 88.800 UTA para todos los cultivos (73.400 * 1,21), con una reducción de la mano de obra al eliminar la sobreexplotación de 4.200 UTA para los cultivos estudiados y 5.100 UTA para todos los cultivos. La mano de obra en Almería es 27.000 UTA para los cultivos estudiados y 33.900 UTA para todos los cultivos (27.000 * 1,28), y el cese de sobreexplotación provoca una caída de 13.400 UTA en los cultivos estudiados y 17.200 UTA en todos los cultivos. El PHN estima la mano de obra en la Comunidad Valenciana y Almería en 92.452 y 40.408 empleos, lo que se acerca razonablemente a las 88.800 y 33.900 UTA estimadas en este trabajo.

El PHN señala que en el Plan Hidrológico del Segura los empleos en la cuenca del Segura se estiman en 76.000, que sin trasvase caerían a 52.000 (-24.000) y con trasvase aumentarían a 102.000 (+26.000)[8]. En el presente trabajo, los empleos en las comarcas de Murcia y Alicante de la cuenca del Segura para los cultivos estudiados son 47.700 UTA, o 59.600 UTA para todos los cultivos. Si se estiman para toda la superficie de la cuenca del Segura (añadiendo el regadío de Castilla-la Mancha y Andalucía), se alcanzan las 82.000 UTA que se acercan a los 76.000 empleos del Plan Hidrológico del Segura. El presente estudio evalúa la caída del empleo en las comarcas de Murcia y Alicante de la cuenca del Segura por eliminación de sobreexplotación en 16.700 UTA para los cultivos estudiados y 20.800 UTA para todos los cultivos, lo que está por debajo de las pérdidas de 24.000 empleos que señala el PHN.



6.5 Consideraciones Finales



El análisis de los impactos en el sector agrario de las alternativas a la escasez de agua en Levante, muestra que la primera alternativa considerada prohibición de la sobreexplotación de acuíferos como medida de gestión de demanda sin trasvases externos de agua, provoca en las cuencas de Levante una caída de la superficie cultivada que reduce en un 20 por cien la producción final agraria y la renta neta. Esta alternativa sería especialmente perjudicial para Almería, ya que la prohibición de la sobreexplotación afectaría de forma grave a las producciones de invernadero, mientras que en el Segura y el Júcar los efectos negativos se compensarían en parte con la reducción de la producción de cultivos poco rentables. El grado mayor o menor de impacto de esta alternativa depende de la reasignación de agua disponible entre las zonas en que hay escasez. En caso de ausencia de transferencias de otras cuencas, se deberían establecer mecanismos de gestión de la demanda de agua y de transferencia de agua entre comarcas que suavicen los efectos de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos.

La segunda alternativa considerada ha sido el incremento del precio del agua de riego. Esta medida de gestión de demanda sirve para equilibrar la oferta y la demanda global de agua en las cuencas de Levante, y está en línea con los criterios de la Directiva Marco del Agua que promueve los instrumentos económicos en lugar de las políticas de expansión de la oferta. Los precios del agua de uso agrario pueden seguir estando por debajo de los que pagan otros grupos de usuarios, pero la escasez en las cuencas de Levante ha de solucionarse con un incremento razonable de precios que libere del uso agrario un volumen de recursos hídricos suficiente, con un efecto moderado para los agricultores. Esta política de gestión de demanda es preferible para la sociedad, y es la que se defiende en este trabajo al tener un coste económico y medioambiental menor que la política de expansión de la oferta del trasvase del Ebro.

Un incremento de 20 pta/m3 del precio del agua de riego en las cuencas de Levante reduce la demanda de agua en 441 hm3, cifra inferior pero no muy alejada de la dotación de 561 hm3 que el PHN establece para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego (Cuadro 6.1). La disminución de la demanda de uso agrario cubre la sobreexplotación de acuíferos en el Segura y en el Júcar y parte de la garantía de riegos en el Segura. A este precio del agua, el volumen de demanda liberado en el uso agrario reduciría a 379 hm3 la necesidad de trasvase externo a las cuencas de Levante, de los que 120 hm3 se destinarían al uso agrario y medioambiental, y 259 hm3 al uso urbano e industrial.

Cuadro 6.1. Escenarios de demanda de agua en Levante y propuesta del PHN (hm3).

Cuenca del Júcar

Cuenca del Segura

Cuenca Sur

Total Levante

Reducción de Demanda de Agua de Uso Agrario

por prohición de sobreexplotación de acuíferos

157

226

71

454

por incremento de precio en 20 pta/m3

141

263

37

441

por incremento de precio en 30 pta/m3

325

327

51

703

Dotación PHN

total usos

300

420

100

820

uso agrario y medioambiental

141

362

58

561

uso urbano e industrial

159

58

42

259

Demanda Solvente de Agua de Uso Agrario

a precio de trasvase (D 70 pta/m3)

560

220

119

899


El problema de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego se resolvería con esta medida de gestión de demanda de agua y un trasvase del Ebro de 379 hm3 que tendría una dimensión mucho menor que la propuesta actual del PHN. Esta solución tiene un coste moderado para los agricultores de Levante, de alrededor del cuatro por cien de sus ingresos y del veintiuno por cien de su renta neta. La pérdida de 49.000 millones de renta neta anual de los agricultores mide la compensación que podría ofrecer la administración para que los agricultores acepten voluntariamente la subida de 20 pta/m3 en el precio del agua. Las administraciones autonómicas de la cuenca cedente deberían negociar esta alternativa con el gobierno central, que reduce la dimensión del trasvase a Levante de 820 a 379 hm3.

Un incremento de 30 pta/m3 del precio de agua de riego en las cuenca de Levante reduce en 703 hm3 la demanda agraria de agua, un volumen cercano a los 820 hm3 de dotación de agua de trasvase que el PHN asigna a las tres cuencas para uso urbano e industrial (259 hm3) y para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía de riego (561 hm3). La caída de demanda de 325 hm3 en el Júcar, 420 hm3 en el Segura y 51 hm3 en el Sur casi llega a cubrir las dotaciones del trasvase para uso urbano, industrial, agrícola y medioambiental de 300 hm3 en el Júcar, 420 hm3 en el Segura, y 100 hm3 en el Sur. Esta reasignación de la demanda permite abastecer internamente las necesidades de las tres cuencas equilibrando los usos y disponibilidades de agua. Transfiriendo los 25 hm3 (325-300) de excedente del Júcar al Segura, solo habría un déficit de 68 hm3 en el Segura (327+25-420) y de 49 hm3 (51-100) en el Sur, que podrían cubrirse con medidas como desalación y mejora de eficiencia de riego, o en el caso de la cuenca Sur con transferencias desde el oeste de la cuenca.

Esta medida de subir los precios 30 pta/m3 debería ser considerada seriamente como alternativa a las enormes inversiones del trasvase del Ebro por los responsables de las administraciones públicas, y por los grupos políticos y de presión. El coste de la medida no es excesivo y representa una caída del seis por cien de los ingresos y del treinta por cien de la renta neta de los agricultores. La compensación necesaria para que los agricultores de Levante aceptaran voluntariamente la subida de precios es igual a los 70.400 millones de renta neta anual que pierden. Esta cantidad podría pagarla la administración u otros grupos de usuarios del agua, para que la sociedad no lleve a cabo la inversión del trasvase que es superior al billón de pesetas, y que podría generar una rentabilidad superior a los 70.400 millones anuales en inversiones alternativas.

Otra crítica a la propuesta de trasvase del PHN surge como consecuencia de los resultados de este estudio, que demuestran la inconsistencia de la asignación comarcal del agua del trasvase que propone el PHN. Al precio elevado del agua del trasvase, los agricultores de la cuenca del Segura no pueden absorber la dotación de 362 hm3 para uso agrario y medioambiental que fija el PHN, y los agricultores tampoco pueden absorber esta dotación en varias comarcas de Alicante y Valencia de la cuenca del Júcar. El problema es que la demanda solvente de agua a precios de trasvase es inferior a la sobreexplotación de acuíferos en esas comarcas. En consecuencia, con la propuesta del PHN no se puede eliminar la sobreexplotación de acuíferos en el Segura y en algunas comarcas de Alicante y Valencia del Júcar, al no poder pagar los agricultores el elevado precio del agua de trasvase. La incoherencia de la propuesta del PHN es un argumento adicional que demuestra la superioridad de las políticas de gestión de demanda de agua sobre la política de aumento de la oferta del PHN.

Esta incoherencia del PHN se podría resolver mediante la subvención del precio del agua del trasvase para uso agrario, cargando precios más elevados a otros grupos de usuarios, lo que aseguraría la supervivencia de las actividades agrarias menos rentables[9]. Esta opción es francamente injustificable tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva del equilibrio territorial y la perspectiva medioambiental, ya que se mantendrían actividades agrarias no rentables en un marco insostenible, detrayendo recursos hídricos que comprometen las funcionalidades ecológicas de la cuenca cedente e hipotecando su futuro. Los responsables políticos y sociales de las comunidades autónomas de la cuenca cedente han de asegurarse de que esta opción no pueda ocurrir.

Las alternativas que se han expuesto en este trabajo son: prohibición de la sobreexplotación de acuíferos, incremento del precio del agua en 20 pta/m3 con un trasvase del Ebro de 379 hm3, incremento del precio de 30 pta/m3 sin trasvase, y la alternativa de trasvase de 820 hm3 del PHN. Estas alternativas se han de examinar cuidadosamente para determinar una política racional que no debe orientarse hacia la tradicional política de oferta con inversiones enormes en transferencias externas a las cuencas para aumentar la oferta de agua, sino que debe orientarse hacia medidas de gestión de la demanda de agua, con transferencias entre comarcas y precios de agua más elevados que reflejen la escasez del recurso y no supongan una carga excesiva para la actividad agraria.

La mejor opción para la sociedad sería el aumento del precio del agua que equilibre los usos y disponibilidades de agua en Levante sin recurrir al agua del Valle del Ebro, por las razones económicas, medioambientales y de equilibrio territorial que se han analizado. Pero ante la decisión firme del Gobierno central de llevar a cabo el trasvase del Ebro, una solución de compromiso entre la política de aumento de la oferta de agua y la política de gestión de la demanda de uso agrario, consiste en permitir que los precios del agua se incrementen moderadamente en unas 20 pta/m3, lo que reduciría el agua con un impacto moderado sobre la ingresos y renta neta de los agricultores por abandono del regadío en las actividades de cultivo menos rentables.

Una estrategia de gestión de demanda es preferible porque garantiza la disminución de la presión de la actividad agraria sobre los acuíferos, sin necesidad de establecer controles muy estrictos sobre pozos y extracciones, dejando que los precios del agua de uso agrario incorporen información sobre la escasez del recurso y la rentabilidad del uso. La supervisión del pago del agua deberían realizarlo las comunidades de regantes, de forma que se controlara tanto la demanda de agua superficial como la extracción y el pago del agua subterránea en las explotaciones de los agricultores. Los agricultores responderían a precios más elevados que se aproximen a la suma del coste económico y el coste medioambiental, internalizando en sus actividades privadas de producción el coste social de la externalidades derivadas de la provisión y utilización del recurso hídrico y del agotamiento de los acuíferos.

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José Albiac, Javier Tapia

Fecha de referencia: 30-9-2004


1: En el Segura, la sobreexplotación de acuíferos es 226 hm3 y la garantía de riego, 136 hm3.
2: La cifra de 362 hm3 para la cuenca del Segura no coincide con el documento de Análisis de los Sistemas Hidráulicos del PHN, que estima en 403 hm3 la suma de sobreexplotación (174 hm3) e infradotación (229 hm3). En el documento de Análisis Económicos del PHN se afirma que la sobreexplotación es de 174 hm3 en el Segura y de 70 hm3 en el Sur (parece que los restantes 95 hm3 hasta alcanzar el total de 339 hm3 de sobreexplotación corresponden al Júcar). La cifra de 70 hm3 de sobreexplotación en la cuenca Sur no cuadra con la transferencia de 58 hm3 para sobreexplotación y garantía de la cuenca Sur.
3: La relación entre Producción Bruta, VAB y Renta Neta es la siguiente:
Producción Bruta (Valor de la producción) - consumos intermedios
VABpm + subvenciones - impuestos
VABcf - amortizaciones
VANcf - remuneraciones asalariados - alquileres e intereses
Renta Neta (o Margen Neto en los Costes de MAPA)
4: 35.000 = 0,7 mill/ha (renta neta) * 50.000 ha. El máximo de 42.000 millones se alcanza en el año 45 del trasvase.
5: 1.978 = 0,7 mill/ha (renta neta) * 0,07 (el 7%) * 40.364 ha. Se supone que la disminución en porcentaje de la renta neta es la mitad que la del suministro hídrico (-15% suministro hídrico causa -7% de renta neta).
6: La caída de renta neta de 64.100 millones para todos los cultivos es la suma de la caída de renta neta de 4.800 millones en el Júcar (4.000 * 1,21; ya que hay un 21% adicional de superficie regada de cultivos no estudiados en el Júcar), 15.900 millones en el Segura (12.700 * 1,25 por el 25% de regadío adicional), y 43.400 millones en el Sur (33.900 * 1,28 por el 28% de regadío adicional).
7: La renta neta de todos los cultivos de Murcia es 70.200 millones, que es el resultado de multiplicar 56.200 millones de renta neta de los cultivos estudiados por 1,25 (ya que hay un 25% adicional de superficie regada de cultivos no estudiados en Murcia). Las pérdidas de renta neta en Murcia por cese de sobreexplotación son 15.500 millones para todos los cultivos (12.400 millones para los cultivos estudiados). Las cifras de PFA son valor de la producción 169.000 (135.000*1,25) y caída del valor de la producción 40.200 (32.100*1,25). Los valores 135.000 y 32.100 son el valor de la producción y la caída del valor de la producción de los cultivos estudiados. De forma similar se calcula la renta neta y la PFA para todos los cultivos de la Comunidad Valenciana y Almería.
8: Es difícil comprender de dónde sale esta expansión de la mano de obra; según el PHN la caída en renta neta al eliminar la sobreexplotación de acuíferos es 35.000 millones (caída de 24.000 empleos), y el aumento en renta neta por garantía de riego es de 1.978 millones (¿aumento de 26.000 empleos?).
9: La opción de subvencionar el agua de trasvase de uso agrario sería costosa para los usuarios no agrarios del Segura. El agua de trasvase con destino urbano e industrial en el Segura es 58 hm3, y para poder subvencionar en 50 pta/m3 los 362 hm3 de uso agrario y medioambiental (18.100 millones) sería necesario establecer un recargo de 300 pta/m3 sobre la dotación de trasvase de uso urbano e industrial, que habría que sumar al coste del agua de trasvase. Otra alternativa sería establecer el recargo sobre el actual uso urbano e industrial en la región de Murcia (74 hm3) y la dotación de trasvase de uso urbano e industrial (58 hm3). El precio del agua de uso urbano e industrial en Murcia es 165 pta/m3 [INE, 2001] y el coste del agua de trasvase puede estimarse en unas 75 pta/m3, con lo que el recargo de 18.100 millones supondría un precio conjunto para los 132 hm3 de uso urbano e industrial (uso actual más dotación trasvase) de unas 265 pta/m3, un precio similar al que se paga en Canarias.

Boletín CF+S > 27 -- El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/ajalb6.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
 
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