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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Este trabajo plantea la gestión de demanda de agua como
alternativa a la política de oferta del trasvase del Ebro que
propone el Plan Hidrológico Nacional. En el estudio se analiza
la demanda de agua de la agricultura en las comarcas de las
cuencas del Levante mediterráneo, para demostrar que una política
de gestión de demanda con precios de agua más elevados que los
actuales soluciona el problema de la escasez del recurso, sin
necesidad de transferencias externas que deterioran las
funcionalidades ecológicas de la cuenca cedente y de las cuencas
receptoras. En el análisis económico de demanda de agua de la
agricultura, se examinan los efectos de las alternativas sobre
la superficie y producción de los cultivos, el valor de la
producción, el margen neto, y la utilización del agua y de la
mano de obra.
Para determinar los impactos en el sector agrario de las
alternativas ante la escasez de agua se simulan dos escenarios.
En el primer escenario se plantea como medida de gestión de
demanda la prohibición de la sobreexplotación de acuíferos sin
transferencias de agua de otras cuencas, dado que la
sobreexplotación de acuíferos no es sostenible por la degradación
y el agotamiento a largo plazo de los acuíferos. En un segundo
grupo de escenarios se plantea la elevación de los precios del
agua como medida de gestión de demanda, con lo que se consigue
determinar el precio del agua que equilibra la demanda global de
agua de las cuencas de Levante con la oferta disponible en dichas
cuencas. Una vez alcanzado el equilibrio entre la oferta y la
demanda global a un precio más elevado, se podría reasignar el
agua entre las comarcas en que haya excedentes y en las que
persista la escasez.
El impacto sobre el sector agrario de incrementos hasta 30 pta/m3
del precio del agua, es relativamente moderado y alcanza el seis
por cien de la producción final agraria (valor de la producción)
y el treinta por cien de la renta neta (margen neto) de los
agricultores, y el agua que deja de utilizarse en la agricultura
permite cubrir las dotaciones del trasvase previstas en el PHN
para uso agrícola y medioambiental, y más de la mitad de la
dotación de uso industrial y urbano. El resto de dotación de uso
industrial y urbano (117 hm3) podría cubrirse mediante
desalación, mejora en la eficiencia de riego, o transferencias
internas desde el oeste de la cuenca Sur. Para aumentos de
precios superiores a 30 pta/m3, se intensifica el impacto
negativo sobre la producción y el margen neto de las actividades
agrarias.
La viabilidad del trasvase del Ebro que propone el PHN se ha
examinado simulando un incremento de 70 pta/m3 en el precio del
agua. Esta simulación permite conocer la demanda de agua de
trasvase que pueden absorber las comarcas de Levante a precios
de trasvase, y se comprueba que las dotaciones que asigna el PHN
para uso agrario y medioambiental en la cuenca del Segura superan
ampliamente la demanda solvente de agua a este precio, que los
agricultores del Segura no podrán pagar.
La sostenibilidad aplicada a los recursos hídricos implica la
protección del capital natural formado por los sistemas hídricos
que mantienen la funcionalidad ecológica de las cuencas. La
cuenca del Ebro y las cuencas de Levante han experimentado una
grave degradación de sus funcionalidades ecológicas en la segunda
mitad del siglo veinte, y además este deterioro compromete las
posibilidades de sustitución por otro tipo de capital. Hoy, el
problema clave en las cuencas del Ebro y de Levante es frenar la
degradación del capital natural y restaurar las funcionalidades
de los sistemas hídricos, por lo que el Plan Hidrológico Nacional
debería garantizar unas acciones que no provoquen más
degradación, sino que aseguren la mejora de la funcionalidad de
los sistemas hídricos.
El PHN propone transferir agua de la cuenca del Ebro a las
cuencas de Levante, y la cuestión esencial es identificar los
elementos del capital natural que el trasvase deteriora, y si
existen alternativas al trasvase preferibles desde el punto de
vista económico y medioambiental.
Los elementos críticos que se pueden identificar en la cuenca del
Ebro son la tendencia decreciente de caudal en el valle del Ebro
en las últimas décadas por la expansión del consumo de agua, y
la progresiva degradación de la calidad del agua. Esta
degradación es consecuencia de la contaminación puntual urbana
e industrial, la contaminación difusa de las actividades agrarias
(eutrofización y arrastre de sales), y la escasez de caudal en
algunos tramos. Otra consecuencia negativa se deriva de que el
trasvase requeriría aumentar la regulación para hacer frente a
los períodos plurianuales de sequía, lo que supondría una mayor
degradación de las funcionalidades ecológicas en la cuenca.
Finalmente el trasvase deterioraría el Delta del Ebro por la
disminución de caudal y la penetración más agresiva del agua
salina.
La Unión Europea ha aprobado la Directiva Marco del Agua que
adopta un nuevo enfoque en política del agua basado en la gestión
de la demanda, la repercusión completa de costes incluyendo los
medioambientales, y los estándares de caudales y contaminantes.
La Directiva promueve los instrumentos económicos frente al
aumento de la regulación del recurso, para evitar el despilfarro
y reducir la degradación.
La alternativa de gestión de demanda al trasvase del Ebro que se
propone en este estudio, va encaminada en la dirección de la
Directiva Marco del Agua. Un aumento moderado del precio del agua
en las cuencas de Levante de entre 20 y 30 pta/m3 reequilibra la
demanda con la oferta de agua sin necesidad de transferencias
externas a las cuencas de Levante. La insostenibilidad del
trasvase se deriva del hecho de que el recurso hídrico no está
valorado al coste completo de recuperación, ya que el precio
medio del agua de uso agrario no supera las 5 pta/m3 en casi
todas las comarcas del Júcar y en algunas comarcas del Segura,
y ese precio alcanza las 25 pta/m3 en alguna comarca del Sur.
Estos precios reducidos fomentan el despilfarro en un mercado del
recurso racionado y con asignación administrativa.
Los precios del agua de uso agrario podrían seguir estando por
debajo de los precios que pagan otros usuarios, pero la escasez
del agua en Levante ha de solucionarse con unos precios por
encima de 20 pta/m3 que liberan la suficiente demanda de agua
para resolver la escasez, con un efecto negativo moderado para
los agricultores. Esta política de gestión de demanda es la que
se ha analizado en este trabajo, y es preferible económica y
medioambientalmente a la política de oferta del trasvase del
Ebro.
En la simulación del escenario de prohibición de la
sobreexplotación de acuíferos como medida de gestión de demanda,
la eliminación de la sobreexplotación reduce el uso del agua en
la agricultura. La sobreexplotación de los acuíferos se ha
determinado a partir de la documentación del Plan Hidrológico
Nacional, del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, del Libro
Blanco de las Aguas Subterráneas, y de publicaciones de la
Comunidad Autónoma de Valencia. Se han identificado las zonas
donde se encuentran los acuíferos sobreexplotados y los volúmenes
de sobreexplotación, que corresponden a 157 hm3 en las comarcas
de Castellón, Valencia y Alicante de la Confederación del Júcar,
226 hm3 en las comarcas de Murcia y Alicante en la Confederación
del Segura, y 71 hm3 en las comarcas de Almería de la
Confederación del Sur.
La simulación de la eliminación de la sobreexplotación de
acuíferos se ha realizado reduciendo la disponibilidad de agua
en las comarcas donde se localizan los acuíferos. El agua no
puede transferirse entre comarcas al no existir mercados de agua
u otros mecanismos de reasignación de agua en el interior de las
cuencas.
Los efectos de la eliminación de la sobreexplotación se
concentran en las comarcas donde se encuentran los acuíferos. En
el Júcar y el Segura, la reducción de agua disponible y
superficie cultivada afecta especialmente a los cultivos poco
rentables. Por el contrario en el Sur, la reducción de agua y
superficie cultivada afecta a cultivos muy rentables, ya que en
las comarcas del Sur no hay posibilidad de abandonar cultivos
poco rentables como los cereales.
Los resultados muestran que la eliminación de la sobreexplotación
disminuye un veinte por cien la superficie cultivada, ingresos
y renta neta para el conjunto de las cuencas del Júcar, Segura
y Sur. Gran parte de las pérdidas ocurren en las cuencas Sur y
Segura; en la cuenca Sur se reducen los cultivos en invernadero,
lo que provoca unas pérdidas superiores al cincuenta por cien de
los ingresos y renta neta, que son las más elevadas en términos
absolutos y relativos de las tres cuencas. El 67 por cien de las
pérdidas de renta neta ocurren en Almería por la elevada renta
neta de los cultivos de invernadero. En el Segura las pérdidas
rondan el veinte por cien de los ingresos y renta neta, mientras
que en el Júcar las pérdidas de ingresos y renta neta están por
debajo del cinco por cien.
Las comarcas con mayores pérdidas son las que soportan mayor
reducción en la disponibilidad de agua: Campo Dalias, Bajo
Almanzora, y Campo Níjar-Bajo Andarax en Almería; y Valle del
Guadalentín y Nordeste en Murcia. En Campo Dalias las pérdidas
son de 62.900 millones de ingresos y 30.100 millones de renta
neta, y en Valle de Guadalentín 17.300 millones en ingresos y
7.400 millones en renta neta.
Como conclusión se puede señalar que si la medida de gestión de
demanda de agua que se toma es la prohibición de la
sobreexplotación de acuíferos, sin posibilidad de transferencias
de agua entre comarcas, la caída de superficie, ingresos y renta
neta en el conjunto de las cuencas del Júcar, Segura y Sur es del
veinte por cien. Estas pérdidas se concentran en el Sur con
caídas de ingresos y renta neta superiores al cincuenta por cien.
El Plan Hidrológico Nacional debería contemplar medidas de
gestión de demanda que permitieran reasignar agua entre las
comarcas de la Confederación del Sur, del oeste hacia el este,
o desde otras cuencas adyacentes. La asignación de agua del
trasvase que el PHN prevé para solventar la sobreexplotación de
acuíferos (y mejora de garantía de riego) en el Sur es de solo
58 hm3, lo que es insuficiente ya que la sobreexplotación alcanza
los 71 hm3, a diferencia de las asignaciones del trasvase
previstas para el Júcar y el Segura que son mucho más generosas.
Incluso si se realizara el trasvase, no podría solucionarse la
sobreexplotación de acuíferos en la cuenca Sur, por lo que será
necesario en cualquier caso introducir medidas adicionales de
gestión de demanda en la cuenca Sur que equilibren
disponibilidades y usos.
Una recomendación que se deriva de estos resultados es que para
minimizar los efectos de la prohibición de la sobreexplotación
de acuíferos en ausencia de transferencias de agua de otras
cuencas, deberían establecerse mecanismos para la transferencia
de agua entre comarcas en el interior de las cuencas del Sur,
Segura y Júcar, que redujeran las pérdidas de ingresos y de
margen neto de los agricultores.
Un incremento de los precios del agua de uso agrario es una
medida de gestión de demanda en línea con los principios que
promueve la Directiva Marco del Agua, y que permite solucionar
la escasez de agua en Levante al menor coste económico y
medioambiental para la sociedad. La gestión de demanda mediante
el incremento de precios sirve para equilibrar la oferta y la
demanda global de agua en las cuencas de Levante, liberando
recursos hídricos por abandono de cultivos poco rentables que
podrían transferirse a zonas donde persista la escasez o la
sobreexplotación de acuíferos.
También se hace una simulación de precios de agua al coste
elevado de agua del trasvase, ya que este escenario facilita
información sobre la propuesta del PHN de trasvasar agua para
eliminar la escasez, y sirve para determinar la localización y
volumen de demanda de agua de las comarcas con cultivos rentables
que pueden absorber agua de trasvase a precio elevado.
El precio del agua que se paga actualmente en las cuencas de
Levante depende en general de la escasez de agua en las comarcas.
Se han establecido tres niveles de precios: 5 pta/m3 en comarcas
sin problemas de escasez o con escasez moderada, 15 pta/m3 en
comarcas con problemas de escasez y 20 pta/m3 cuando la escasez
es severa.
Un aumento del precio del agua de 20 pta/m3 en las cuencas de
Levante reduce la demanda agraria de agua en 441 hm3, y provoca
una caída del cuatro por cien en los ingresos de los agricultores
y del veintiuno por cien en su renta neta, por la disminución del
cultivo de cereales y leñosos poco rentables. El impacto en
ingresos y renta neta es mayor en el Segura y Júcar que en
Almería; los ingresos caen un 8 por cien en el Segura y un dos
por cien en el Júcar, sin embargo la renta cae un veintitres por
cien en el Segura y un treinta por cien en el Júcar, debido al
coste del agua que es un recurso con fuerte demanda en el Júcar.
En Almería la caída de ingreso y margen es inferior al uno y seis
por cien, respectivamente.
La reducción en 441 hm3 de la demanda de agua es inferior pero
no muy alejada de la dotación agraria y medioambiental de 561 hm3
que el PHN establece para cese de sobreexplotación de acuíferos
y garantía de riego. El aumento de precio libera 141 hm3 de agua
en el Júcar, 263 hm3 en el Segura y 37 hm3 en el Sur, frente a
las dotaciones de trasvase de 141 hm3 en el Júcar, 362 hm3 en el
Segura y 58 hm3 en el Sur. Por lo tanto, con el incremento de
precio disminuye el uso agrario de agua en un volumen suficiente
para evitar la sobreexplotación de acuíferos tanto en el Segura
como en el Júcar, y también para cubrir una parte de la garantía
de riego del Segura[1]. A este precio del agua de riego, el
volumen de agua liberado en el uso agrario reduciría las
necesidades de transferencias externas a las cuencas de Levante
a 379 hm3, de los que 120 hm3 se destinarían al uso agrario y
medioambiental y 259 hm3 al uso urbano e industrial.
El problema de sobreexplotación de acuíferos se resolvería
mediante esta medida de gestión de demanda, y el resto de
dotaciones para garantía de riego y uso urbano e industrial,
mediante un trasvase del Ebro de 379 hm3 con una dimensión mucho
menor que la actual propuesta del PHN de 820 hm3. Esta solución
tiene un coste moderado para los agricultores, medido por una
caída entorno del cuatro por cien de sus ingresos y del veintiuno
por cien de su renta neta. La pérdida de 49.000 millones en renta
neta de los agricultores, mide la compensación que podría
ofrecerse por la administración central o comunitaria, para que
los agricultores aceptáran la subida de precios del agua.
El aumento del precio del agua en 30 pta/m3 reduce en 703 hm3 la
demanda agraria de agua en las cuencas de Levante, con una caída
del seis por cien en los ingresos y del treinta por cien en la
renta neta al dejar de cultivarse los cereales y reducirse la
superficie de leñosos. El impacto en ingresos es mayor en el
Segura (-11%) que en el Júcar (-5%), pero el impacto en la renta
neta es superior en el Júcar (-44%) que en el Segura (-31%) por
la mayor especialización del Segura en hortalizas por el elevado
consumo de agua en el Júcar a un precio elevado. En Almería, las
pérdidas de ingresos (-2%) y de renta neta (-8%) son moderadas.
La contracción de la demanda agraria en las tres cuencas es de
703 hm3, una cifra cercana a los 820 hm3 de dotación de agua de
trasvase que el PHN asigna a las tres cuencas para uso urbano e
industrial (259 hm3) y para cese de sobreexplotación de acuíferos
y garantía de riego (561 hm3). La subida de precios provoca una
caída de demanda de 325 hm3 en el Júcar, 327 hm3 en el Segura y
51 hm3 en el Sur, lo que casi cubre las dotaciones del trasvase
para uso urbano, industrial, agrícola y medioambiental de 300 hm3
en el Júcar, 420 hm3 en el Segura, y 100 hm3 en el Sur (Cuadro
2.2).
Transfiriendo los 25 hm3 (325-300) de excedente del Júcar hacia
el Segura, solo habría un déficit en el Segura de 68 hm3 (327+25-420) y de 49 hm3 (51-100) en el Sur. Estos déficits pueden
cubrirse mediante medidas como la desalación y la mejora de la
eficiencia de riego, o en el caso de la cuenca Sur con
transferencias desde el oeste de la cuenca. En Almería, la
desalación es una alternativa de aumento de oferta que tiene un
coste mucho menor que el agua del trasvase del Ebro, ya que el
coste de desalación es de unas 60 pta/m3 y podría abastecer
regadíos cercanos al mar de la comarca de Campo Dalias, donde el
problema de sobreexplotación de acuíferos es más grave (51 hm3).
Esta medida de gestión de demanda de incrementar los precios del
agua en 30 pta/m3, soluciona la escasez de agua equilibrando la
oferta y la demanda de agua sin necesidad de las enormes
inversiones en la infraestructura del trasvase del Ebro. Esta
medida debe ser considerada seriamente como alternativa a las
transferencias desde el Valle del Ebro, por los responsables de
la toma de decisiones en las administraciones autonómica, central
y comunitaria, y por los grupos políticos y de presión.
El coste para los agricultores de Levante de esta medida no es
excesiva, y representa una caída del seis por cien en el valor
de la producción y del treinta por cien en el margen neto, con
una pérdida en la utilización de la mano de obra del nueve por
cien. La compensación para que los agricultores aceptaran
voluntariamente esta subida de precios viene dada por los 70.400
millones de renta neta anual que pierden, y que podría pagar la
administración o los otros grupos de usuarios del agua, en lugar
de que la sociedad realice la inversión del trasvase. Esta
inversión supera el billón de pesetas, y podría producir una
rentabilidad superior a los 70.400 millones anuales en
inversiones alternativas al trasvase.
La simulación de un escenario de un aumento de 70 pta/m3 en el
precio del agua de uso agrario, facilita información sobre la
propuesta del PHN de trasvasar agua del Ebro para cubrir la
actual escasez, sin medidas de racionalización de la demanda de
agua. El análisis sirve para conocer cuales son las comarcas
especializadas en cultivos rentables y el volumen de agua de
trasvase que pueden absorber a estos altos precios.
El PHN evalúa el coste medio de agua de trasvase en 55 pta/m3 en
la red primaria, lo que supone unas 75 pta/m3 en parcela. Por
ello, se ha considerado que el agua de trasvase supondrá un
incremento de 70 pta/m3 sobre el precio que los agricultores
pagan actualmente, y este elevado precio del agua solo podrá
pagarse en comarcas con cultivos de alta rentabilidad.
El volumen de agua de trasvase que pueden absorber las comarcas
de Levante para un aumento de precios de 70 pta/m3 es de 560 hm3
en el Júcar, 220 hm3 en el Segura y 119 hm3 en el Sur (Cuadro
5.13), frente a la asignación de agua del trasvase para uso
agrícola y medioambiental que propone el PHN y que es de 141 hm3
en el Júcar, 362 hm3 en el Segura y 58 hm3 en el Sur. En
consecuencia, en la cuenca del Segura hay un problema de
inconsistencia en la propuesta de trasvase del PHN, ya que esta
cuenca solo puede absorber 220 hm3 de agua de uso agrario al
precio de agua del trasvase, lo que no cubre la asignación del
PHN de 362 hm3 para cese de sobreexplotación de acuíferos y
garantía de riego, en un volumen de 142 hm3. La situación de
desequilibrio más grave se da en las comarcas Nordeste o
Altiplano, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, y Vega del
Segura.
En la cuenca del Júcar, la demanda global de agua de uso agrario
a precio de trasvase es mayor que la asignación del PHN para
agricultura y medioambiente, sin embargo también es inconsistente
la propuesta del PHN, porque en varias comarcas de Alicante y
Valencia el volumen de sobreexplotación de acuíferos es similar
o superior a la demanda de uso agrario a precio de trasvase o
demanda solvente. Los agricultores no podrán pagar en estas
comarcas un volumen de agua de trasvase igual a la
sobreexplotación, por lo que la sobreexplotación continuará. Es
el caso de las comarcas de Camp de Morvedre, Baix Vinalopó, Alt
Vinalopó, y Marina Baixa.
En consecuencia, la propuesta del PHN no elimina la
sobreexplotación de acuíferos por los agricultores en la cuenca
del Segura y en algunas comarcas de la cuenca del Júcar, al no
poder pagar los agricultores el elevado precio del agua del
trasvase. Esta incoherencia de la propuesta del PHN demuestra la
superioridad de las políticas de gestión de demanda de agua
mediante precios más elevados como las señaladas en las secciones
6.3.1 y 6.3.2, sobre la política de aumento de la oferta de agua
del PHN que tiene un coste enorme para la sociedad. La gestión
de demanda es superior tanto desde el enfoque económico de
análisis de oferta y demanda, como desde un enfoque de
sostenibilidad por las razones señaladas en la sección 6.1.
El documento de análisis económico del Plan Hidrológico Nacional
examina los efectos del trasvase sobre la renta neta, la
producción final agraria y la mano de obra del sector agrario en
el regadío de las cuencas del Segura, Júcar y Sur (MIMAM 2000b).
La evaluación del PHN sobre el sector agrario se realiza
evaluando dos aspectos: la eliminación de la sobreexplotación de
acuíferos y la mejora de la garantía de riego.
El procedimiento utilizado en el PHN adolece de excesiva
simplicidad, ya que parte del volumen de agua a transferir desde
el Ebro para eliminar la sobreexplotación de acuíferos y
garantizar el regadío, sin justificar este volumen a transferir.
La cifra del volumen a transferir se divide por la dotación
normal de riego en la zona en metros cúbicos por hectárea, y de
esa forma se calcula cuál puede ser la superficie afectada. Una
vez calculada la superficie afectada, el PHN estima la renta neta
multiplicando esta superficie por 0,7 millones de pesetas por
hectárea, que es la renta neta por hectárea que se considera
representativa en las zonas de escasez de agua.
El agua que se transfiere a las superficies afectadas por
sobreexplotación de acuíferos y garantía de riegos alcanza un
volumen de 339 hm3 para eliminación de sobreexplotación de
acuíferos y de 222 hm3 para garantía de riego para el conjunto
de las cuencas del Júcar, Segura y Sur. La suma de transferencias
para eliminación de sobreexplotación y garantía de riego, se
distribuye por cuencas de la siguiente forma: 141 hm3 para el
Júcar, 362 para el Segura y 58 para el Sur[2].
A partir de las cifras de 339 hm3 de sobreexplotación y 222 hm3
de garantía, el PHN deduce la superficie de riego afectada: la
superficie bajo sobreexplotación se calcula dividiendo los 339
hm3 por una dotación media de 6.780 hm3/ha, y se obtiene una
superficie de 50.000 ha; la superficie bajo insuficiente garantía
de riego se calcula dividiendo los 222 hm3 por una dotación media
de 5.500 hm3/ha, y se obtiene una superficie de 40.364 ha. El
procedimiento utilizado en el PHN es excesivamente simple y poco
fundamentado, y por tanto los resultados son en el mejor de los
casos aproximados. El procedimiento utilizado en este trabajo
proporciona una precisión mucho mayor al incorporar por comarcas
la superficie de cada cultivo, información meteorológica para
calcular las necesidades de riego de los cultivos y la demanda
de agua de riego, información técnica sobre rendimientos y
costes, e información sobre sistemas de riego.
El concepto de renta neta que utiliza el PHN a nivel agregado[3],
coincide con el margen neto utilizado en este trabajo a nivel
comarcal. El PHN estima los siguientes resultados: hay 50.000 ha
afectadas por sobreexplotación y 40.364 ha afectadas por garantía
de riego en las cuencas del Júcar, Segura y Sur. La valoración
anual de la eliminación de la sobreexplotación de acuíferos es
35.000 millones de renta neta[4]. Es decir, el agotamiento de los
acuíferos dejaría improductivas 50.000 ha con una pérdida de
renta neta de 35.000 millones. En cuanto a la garantía de riegos,
su valoración anual alcanza los 1.978 millones de renta neta[5].
En este trabajo, la valoración del efecto de la eliminación de
la sobreexplotación de acuíferos sobre la renta neta se ha
estimado en 50.600 millones para los cultivos estudiados en las
tres cuencas de Levante, que se distribuyen en 4.000 millones de
pérdidas en el Júcar, 12.700 millones en el Segura, y 33.900
millones en el Sur. Si se tienen en cuenta todos los cultivos en
regadío de las tres cuencas, la valoración del efecto es de
64.100 millones[6].
Es de destacar que casi el setenta por cien de las pérdidas
ocurren en Almería, por la enorme renta neta de los cultivos de
invernadero (1,5 millones de pesetas por hectárea y la caída de
13.300 ha del cultivo de invernadero). Sin embargo la propuesta
del PHN solo asigna a Almería 58 hm3 para sobreexplotación de
acuíferos y garantía de riego sobre los 543 hm3 de total de
dotación de trasvase para este fin a Levante. La dotación a
Almería de 58 hm3 ni siquiera cubre la sobreexplotación de
acuíferos de las comarcas que es 71 hm3, lo que demuestra que el
trasvase no tiene una justificación económica que se apoye en la
agricultura de Levante. Almería es la zona donde se produce la
mayor parte del impacto económico de la eliminación de la
sobreexplotación de acuíferos, pero no recibe la suficiente
asignación para eliminar la sobreexplotación, a diferencia del
Segura que recibe 362 hm3 para usos agrícolas y medioambientales,
136 hm3 por encima de la sobreexplotación. Además, como ya se ha
señalado en la sección 6.3.3, la cuenca del Segura y varias
comarcas de la provincia de Alicante en la cuenca del Júcar, no
pueden absorber la dotación del PHN para uso agrícola y
medioambiental, porque los agricultores no pueden pagar el precio
del agua de trasvase al no tener estas comarcas cultivos
suficientemente rentables.
La diferencia entre la valoración de la eliminación de la
sobreexplotación de acuíferos del presente trabajo, 64.100
millones, con el PHN que lo estima en 35.000 millones, es de
29.100 millones al año. El PHN añade 2.000 millones de valoración
de garantía de riegos, que la valoración del presente trabajo
incluye, ya que el modelo utilizado incorpora actividades de
cultivo con déficit de riego y menor rendimiento. Por tanto se
debería comparar la valoración de 64.100 millones del presente
trabajo con los 37.000 millones de la evaluación del PHN.
Realizando una estimación para todos los cultivos en regadío de
las tres cuencas, la renta neta de Murcia es de 70.200 millones,
y la eliminación de la sobreexplotación en Murcia produce una
caída de renta neta de 15.500 millones, mientras que la
producción final agraria (PFA, estrictamente producción final
vegetal) de Murcia en 1998 es 169.000 millones, y el efecto de
la eliminación de sobreexplotación sobre la PFA es de 40.200
millones[7]. La renta neta de la Comunidad Valenciana es 135.000
millones y la PFA 283.000 millones, y el cese de sobreexplotación
provoca una caída de 5.200 millones en la renta neta y de 12.700
millones en la PFA. En Almería la renta neta es 82.500 millones
y la PFA 167.600 millones, y el cese de sobreexplotación reduce
la renta neta en 43.400 millones y la PFA en 89.700 millones. El
PHN no da estimaciones por provincias del efecto de la
sobreexplotación de acuíferos sobre la renta neta y la PFA,
aunque sí estima una PFA de 159.000 millones en Murcia, 331.000
en la Comunidad Valenciana, y 233.000 en Almería, cifras
razonablemente cercanas a las de este estudio para Murcia y la
Comunidad Valenciana, aunque en Almería la estimación del PHN es
algo mayor que la de este trabajo.
La mano de obra de Murcia se ha estimado en 38.000 UTA para los
cultivos estudiados, o 47.000 UTA para todos los cultivos de
Murcia (38.000 * 1,25), con una equivalencia de 1UTA = 1.800
horas. El efecto de la eliminación de acuíferos es de 8.900 UTA
para los cultivos estudiados o 11.200 UTA para todos los
cultivos. El PHN estima el empleo directo de Murcia en 48.346
para 1997 o en 0,304 empleos/ha frente a los 0,316 empleos/ha del
presente trabajo (47.000 UTA/148.500 ha).
En la Comunidad Valenciana la mano de obra es 73.400 UTA para los
cultivos estudiados o 88.800 UTA para todos los cultivos (73.400
* 1,21), con una reducción de la mano de obra al eliminar la
sobreexplotación de 4.200 UTA para los cultivos estudiados y
5.100 UTA para todos los cultivos. La mano de obra en Almería es
27.000 UTA para los cultivos estudiados y 33.900 UTA para todos
los cultivos (27.000 * 1,28), y el cese de sobreexplotación
provoca una caída de 13.400 UTA en los cultivos estudiados y
17.200 UTA en todos los cultivos. El PHN estima la mano de obra
en la Comunidad Valenciana y Almería en 92.452 y 40.408 empleos,
lo que se acerca razonablemente a las 88.800 y 33.900 UTA
estimadas en este trabajo.
El PHN señala que en el Plan Hidrológico del Segura los empleos
en la cuenca del Segura se estiman en 76.000, que sin trasvase
caerían a 52.000 (-24.000) y con trasvase aumentarían a 102.000
(+26.000)[8]. En el presente trabajo, los empleos en las comarcas
de Murcia y Alicante de la cuenca del Segura para los cultivos
estudiados son 47.700 UTA, o 59.600 UTA para todos los cultivos.
Si se estiman para toda la superficie de la cuenca del Segura
(añadiendo el regadío de Castilla-la Mancha y Andalucía), se
alcanzan las 82.000 UTA que se acercan a los 76.000 empleos del
Plan Hidrológico del Segura. El presente estudio evalúa la caída
del empleo en las comarcas de Murcia y Alicante de la cuenca del
Segura por eliminación de sobreexplotación en 16.700 UTA para los
cultivos estudiados y 20.800 UTA para todos los cultivos, lo que
está por debajo de las pérdidas de 24.000 empleos que señala el
PHN.
La segunda alternativa considerada ha sido el incremento del
precio del agua de riego. Esta medida de gestión de demanda sirve
para equilibrar la oferta y la demanda global de agua en las
cuencas de Levante, y está en línea con los criterios de la
Directiva Marco del Agua que promueve los instrumentos económicos
en lugar de las políticas de expansión de la oferta. Los precios
del agua de uso agrario pueden seguir estando por debajo de los
que pagan otros grupos de usuarios, pero la escasez en las
cuencas de Levante ha de solucionarse con un incremento razonable
de precios que libere del uso agrario un volumen de recursos
hídricos suficiente, con un efecto moderado para los
agricultores. Esta política de gestión de demanda es preferible
para la sociedad, y es la que se defiende en este trabajo al
tener un coste económico y medioambiental menor que la política
de expansión de la oferta del trasvase del Ebro.
Un incremento de 20 pta/m3 del precio del agua de riego en las
cuencas de Levante reduce la demanda de agua en 441 hm3, cifra
inferior pero no muy alejada de la dotación de 561 hm3 que el PHN
establece para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía
de riego (Cuadro 6.1). La disminución de la demanda de uso
agrario cubre la sobreexplotación de acuíferos en el Segura y en
el Júcar y parte de la garantía de riegos en el Segura. A este
precio del agua, el volumen de demanda liberado en el uso agrario
reduciría a 379 hm3 la necesidad de trasvase externo a las
cuencas de Levante, de los que 120 hm3 se destinarían al uso
agrario y medioambiental, y 259 hm3 al uso urbano e industrial.
Cuadro 6.1. Escenarios de demanda de agua en Levante y propuesta
del PHN (hm3).
|
Cuenca del Júcar |
Cuenca del Segura |
Cuenca Sur |
Total Levante |
|
|
Reducción de Demanda de Agua de Uso Agrario |
||||
|
157 |
226 |
71 |
454 |
|
141 |
263 |
37 |
441 |
|
325 |
327 |
51 |
703 |
|
Dotación PHN |
||||
|
300 |
420 |
100 |
820 |
|
141 |
362 |
58 |
561 |
|
159 |
58 |
42 |
259 |
|
Demanda Solvente de Agua de Uso Agrario |
||||
|
560 |
220 |
119 |
899 |
Un incremento de 30 pta/m3 del precio de agua de riego en las
cuenca de Levante reduce en 703 hm3 la demanda agraria de agua,
un volumen cercano a los 820 hm3 de dotación de agua de trasvase
que el PHN asigna a las tres cuencas para uso urbano e industrial
(259 hm3) y para cese de sobreexplotación de acuíferos y garantía
de riego (561 hm3). La caída de demanda de 325 hm3 en el Júcar,
420 hm3 en el Segura y 51 hm3 en el Sur casi llega a cubrir las
dotaciones del trasvase para uso urbano, industrial, agrícola y
medioambiental de 300 hm3 en el Júcar, 420 hm3 en el Segura, y
100 hm3 en el Sur. Esta reasignación de la demanda permite
abastecer internamente las necesidades de las tres cuencas
equilibrando los usos y disponibilidades de agua. Transfiriendo
los 25 hm3 (325-300) de excedente del Júcar al Segura, solo
habría un déficit de 68 hm3 en el Segura (327+25-420) y de 49 hm3
(51-100) en el Sur, que podrían cubrirse con medidas como
desalación y mejora de eficiencia de riego, o en el caso de la
cuenca Sur con transferencias desde el oeste de la cuenca.
Esta medida de subir los precios 30 pta/m3 debería ser
considerada seriamente como alternativa a las enormes inversiones
del trasvase del Ebro por los responsables de las
administraciones públicas, y por los grupos políticos y de
presión. El coste de la medida no es excesivo y representa una
caída del seis por cien de los ingresos y del treinta por cien
de la renta neta de los agricultores. La compensación necesaria
para que los agricultores de Levante aceptaran voluntariamente
la subida de precios es igual a los 70.400 millones de renta neta
anual que pierden. Esta cantidad podría pagarla la administración
u otros grupos de usuarios del agua, para que la sociedad no
lleve a cabo la inversión del trasvase que es superior al billón
de pesetas, y que podría generar una rentabilidad superior a los
70.400 millones anuales en inversiones alternativas.
Otra crítica a la propuesta de trasvase del PHN surge como
consecuencia de los resultados de este estudio, que demuestran
la inconsistencia de la asignación comarcal del agua del trasvase
que propone el PHN. Al precio elevado del agua del trasvase, los
agricultores de la cuenca del Segura no pueden absorber la
dotación de 362 hm3 para uso agrario y medioambiental que fija
el PHN, y los agricultores tampoco pueden absorber esta dotación
en varias comarcas de Alicante y Valencia de la cuenca del Júcar.
El problema es que la demanda solvente de agua a precios de
trasvase es inferior a la sobreexplotación de acuíferos en esas
comarcas. En consecuencia, con la propuesta del PHN no se puede
eliminar la sobreexplotación de acuíferos en el Segura y en
algunas comarcas de Alicante y Valencia del Júcar, al no poder
pagar los agricultores el elevado precio del agua de trasvase.
La incoherencia de la propuesta del PHN es un argumento adicional
que demuestra la superioridad de las políticas de gestión de
demanda de agua sobre la política de aumento de la oferta del
PHN.
Esta incoherencia del PHN se podría resolver mediante la
subvención del precio del agua del trasvase para uso agrario,
cargando precios más elevados a otros grupos de usuarios, lo que
aseguraría la supervivencia de las actividades agrarias menos
rentables[9]. Esta opción es francamente injustificable tanto
desde la perspectiva económica como desde la perspectiva del
equilibrio territorial y la perspectiva medioambiental, ya que
se mantendrían actividades agrarias no rentables en un marco
insostenible, detrayendo recursos hídricos que comprometen las
funcionalidades ecológicas de la cuenca cedente e hipotecando su
futuro. Los responsables políticos y sociales de las comunidades
autónomas de la cuenca cedente han de asegurarse de que esta
opción no pueda ocurrir.
Las alternativas que se han expuesto en este trabajo son:
prohibición de la sobreexplotación de acuíferos, incremento del
precio del agua en 20 pta/m3 con un trasvase del Ebro de 379 hm3,
incremento del precio de 30 pta/m3 sin trasvase, y la alternativa
de trasvase de 820 hm3 del PHN. Estas alternativas se han de
examinar cuidadosamente para determinar una política racional que
no debe orientarse hacia la tradicional política de oferta con
inversiones enormes en transferencias externas a las cuencas para
aumentar la oferta de agua, sino que debe orientarse hacia
medidas de gestión de la demanda de agua, con transferencias
entre comarcas y precios de agua más elevados que reflejen la
escasez del recurso y no supongan una carga excesiva para la
actividad agraria.
La mejor opción para la sociedad sería el aumento del precio del
agua que equilibre los usos y disponibilidades de agua en Levante
sin recurrir al agua del Valle del Ebro, por las razones
económicas, medioambientales y de equilibrio territorial que se
han analizado. Pero ante la decisión firme del Gobierno central
de llevar a cabo el trasvase del Ebro, una solución de compromiso
entre la política de aumento de la oferta de agua y la política
de gestión de la demanda de uso agrario, consiste en permitir que
los precios del agua se incrementen moderadamente en unas 20
pta/m3, lo que reduciría el agua con un impacto moderado sobre
la ingresos y renta neta de los agricultores por abandono del
regadío en las actividades de cultivo menos rentables.
Una estrategia de gestión de demanda es preferible porque
garantiza la disminución de la presión de la actividad agraria
sobre los acuíferos, sin necesidad de establecer controles muy
estrictos sobre pozos y extracciones, dejando que los precios del
agua de uso agrario incorporen información sobre la escasez del
recurso y la rentabilidad del uso. La supervisión del pago del
agua deberían realizarlo las comunidades de regantes, de forma
que se controlara tanto la demanda de agua superficial como la
extracción y el pago del agua subterránea en las explotaciones
de los agricultores. Los agricultores responderían a precios más
elevados que se aproximen a la suma del coste económico y el
coste medioambiental, internalizando en sus actividades privadas
de producción el coste social de la externalidades derivadas de
la provisión y utilización del recurso hídrico y del agotamiento
de los acuíferos.
Fecha de referencia: 30-9-2004
| Boletín CF+S > 27 -- El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/ajalb6.html |
Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
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