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Boletín CF+S > 27 -- El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/ajalb2.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

2 El Principio de Sostenibilidad Cuestiona el Plan Hidrológico Nacional


El concepto de desarrollo sostenible está ligado al aumento del bienestar humano en el tiempo, una idea que procede de la noción de estado estacionario introducida por John Stuart Mill en el siglo XIX. La discusión sobre sostenibilidad se centra en el stock de capital y su interacción con el cambio tecnológico y el crecimiento de la población. El stock de capital está formado por distintos tipos de capital: capital creado por el hombre, capital natural, y capital humano y social. En la sostenibilidad débil, los diferentes tipos de capital son sustituibles, por lo que el requisito de sostenibilidad se cumple siempre que el stock de capital total se mantenga, aunque alguno de los tipos de capital disminuya. En la sostenibilidad fuerte, algún tipo de capital no es sustituible, por lo que se ha de cumplir el requisito de que el stock de capital total se mantenga, y además también se ha de cumplir el requisito de que el stock de capital específico (no sustituible) tampoco disminuya [Pearce, 2000].

La lógica del concepto de sostenibilidad fuerte es que gran parte del capital natural provee servicios que no son sustituibles, como la regulación de la composición atmosférica, los valores espirituales del medio natural, y los ciclos de nutrientes. En consecuencia, la preservación de especies importantes es clave para proteger la capacidad de soportar perturbaciones (resiliencia) del medio natural [Hanley et al., 1997]. Esta noción de que existen componentes críticos en el stock de capital natural también se utiliza en el enfoque de [Common y Perrings , 1992] en el que se combinan conceptos de estabilidad ecológica y eficiencia económica. La estabilidad ecológica implica la capacidad del ecosistema de soportar perturbaciones sin perder la autoorganización, y la sostenibilidad económica requiere el mantenimiento del stock de capital total.

Una política de gestión de recursos dirigida al desarrollo sostenible supone aumentar progresivamente el stock de capital. En un enfoque de sostenibilidad débil, es necesario determinar la tasa de retorno de los distintos tipo de capital (creado por el hombre, natural, humano y social), y estas tasas de retorno deben incluir los impactos de mercado y no mercado del uso de recursos. Bajo la sostenibilidad fuerte, son mayores las exigencias de restauración de la degradación de los recursos naturales, pero es difícil aplicar la sostenibilidad fuerte al tener que determinar el grado en que los recursos son críticos y no sustituibles, y el coste de oportunidad de las medidas de preservación. En un enfoque de sostenibilidad fuerte priman las medidas basadas en cantidades y no las relacionadas con el precio del recurso como impuestos y tasas.

La sostenibilidad aplicada a la gestión de los recursos hídricos implica la protección del capital natural formado por los sistemas hídricos, en el sentido de mantener la funcionalidad ecológica de las cuencas. Las cuencas de la Península Ibérica, y en particular las cuencas del Ebro y de Levante, han experimentado una grave degradación de su funcionalidad ecológica en las décadas de la segunda mitad del siglo veinte, por la actividad de origen antropogénico. Además, la posibilidad de sustitución por otros tipos de capital disminuye conforme el capital natural se deteriora, lo que impide que la fuerte degradación de la funcionalidad de los sistemas hídricos de las cuencas del Ebro y de Levante, pueda sustituirse por otros tipos de capital. Hoy en día, el problema clave desde una perspectiva sostenible es frenar el deterioro de este capital natural e iniciar la restauración de las funcionalidades de los sistemas hídricos, por lo que el Plan Hidrológico Nacional, en la línea de una nueva política del agua preconizada en el Libro Blanco del Agua, ha de garantizar un enfoque que no provoque una mayor degradación ecológica, sino que asegure el mantenimiento o la mejora de la funcionalidad de los sistemas hídricos.

El Plan Hidrológico Nacional propone transferir agua de la cuenca del Ebro a las cuencas del Levante mediterráneo, y la cuestión esencial es identificar los elementos críticos del capital natural que el trasvase deteriora, y que pueden producir una degradación irreversible de los ecosistemas de la cuenca cedente y las cuencas receptoras.

Los elementos críticos que se pueden identificar en el valle del Ebro son los siguientes: desde los años sesenta el caudal del Ebro muestra una tendencia decreciente debido al aumento en el consumo de agua, y la calidad del agua se ha degradado[1]. Varios tramos tienen graves problemas de calidad por contaminación puntual urbana e industrial, contaminación difusa de actividades agrarias, o escasez de caudal. Estos tramos reciben vertidos de los centros urbanos e industriales de Miranda de Ebro, Logroño y Zaragoza, u otro tipo de contaminación en los tramos aguas abajo del Canal de Lodosa y la presa de Cabriana. La regeneración de estos tramos se produce por la capacidad de autodepuración del río [Confederación Hidrográfica del Ebro, 1998]. También hay problemas de eutrofización en el medio y bajo Ebro, y de arrastre de sales generado en los regadíos de la cuenca. La capacidad de embalse en el valle del Ebro no ha aumentado desde los años setenta y el trasvase requeriría aumentar la regulación para hacer frente a los períodos plurianuales de sequía, lo que supondría una mayor degradación de las funcionalidades ecológicas del río. Finalmente, un elemento crítico del capital natural que el trasvase deterioraría es el Delta del Ebro, por la disminución del caudal que provocaría una penetración mucho más agresiva de agua salina.

Algunos de los argumentos medioambientales de los expertos en contra del Plan Hidrológico Nacional son:


Para decidir las actuaciones más apropiadas en el Levante mediterráneo, el Plan Hidrológico Nacional debería considerar los siguientes puntos: la optimización de los sistemas y los usos, la sustitución de los regadíos por otras actividades más rentables, el uso de la desalación, la recuperación de la funcionalidad de los sistemas hídricos en las cuencas actuando sobre la cubierta vegetal y la calidad del agua, la mejora del patrimonio hidráulico de embalses y redes, y la gestión de la demanda de agua para no crear nuevas presiones ambientales como alternativa a la política de aumento de la oferta [Jiménez-Beltrán, 2001].

La Unión Europea ha aprobado la Directiva Marco del Agua, que adopta el nuevo enfoque en política del agua preconizado por el Libro Blanco del Agua. La directiva promueve la unidad de las cuencas, la repercusión completa de costes al usuario incluyendo las externalidades medioambientales, la gestión de la demanda, y la fijación de estándares sobre caudales y flujos de contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas. La directiva impulsa la aplicación de instrumentos económicos frente a los instrumentos de regulación que tienen costes elevados para los agentes económicos, por lo que se ha establecido el coste completo de recuperación como instrumento económico que evita el despilfarro del recurso y contribuye a reducir la degradación del recurso.

El problema de insostenibilidad del trasvase se deriva de que el recurso hídrico no está valorado por el coste completo de recuperación, que debería incluir el coste medioambiental de provisión del recurso y el coste de contaminación de las aguas de retorno en los usos agrícolas, industriales y urbanos. El precio medio del agua de uso agrario en los sistemas de riego por gravedad en el Levante no supera las 5 pta/m3 en casi todas las comarcas del Júcar y en algunas comarcas del Segura, y este precio alcanza las 25 pta/m3 en alguna comarca del Sur. Unos precios tan reducidos fomentan el despilfarro del recurso e impiden las inversiones para mejorar la eficiencia, provocando la escasez artificial del recurso en un mercado racionado y con una asignación basada en mecanismos administrativos. Unos precios del agua de uso agrario algo más elevados reducirían la escasez y el despilfarro, y estimularían la modernización del regadío.

Si la política de apoyo al sector agrario requiere unos precios del agua subvencionados, como ocurre en los países en que la producción en regadío es importante, podría mantenerse un precio del agua subvencionado para la agricultura, pero con unos precios por encima de las 20 pta/m3 que permitirían el mantenimiento de las actividades agrarias menos rentables como los cereales [Albiac et al., 1998] y [Berbel et al., 1999] y [Sumpsi et al., 1998]. El mantenimiento de actividades agrarias poco rentables en las cuencas de Levante no pueden justificar la realización del trasvase porque se degrada la funcionalidad ecológica de los sistemas hídricos de la cuenca cedente, se mantienen actividades poco rentables en las cuencas receptoras que suponen costes medioambientales, y porque las inversiones que supone el trasvase podrían dedicarse a actividades más rentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

Este trabajo es un estudio de la demanda de agua de la agricultura en las comarcas de las cuencas del Levante mediterráneo, y su propósito es demostrar que una política de gestión de demanda con precios de agua más elevados soluciona el problema de escasez del recurso sin necesidad de las enormes transferencias entre cuencas que empeoran la situación de insostenibilidad de la cuenca del Ebro y de las cuencas receptoras. Esta solución del problema mediante la gestión de demanda de agua ha sido reiteradamente señalada por los expertos en hidrología, ecología y economía, tanto desde foros universitarios como desde asociaciones de protección del medio ambiente y organizaciones de la administración pública nacionales e internacionales.

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José Albiac, Javier Tapia

Fecha de referencia: 30-9-2004


1: La aportación del río Ebro en Tortosa en la década de los sesenta superaba casi todos los años los 15.000 hm3, mientras que en la mayoría de los años ochenta y noventa la aportación está por debajo de los 10.000 hm3. Los datos de aportación entre principios del siglo XX y la guerra civil confirman esta tendencia decreciente. Uno de los factores que explica este descenso es el aumento del consumo neto de agua que ha pasado de 3.000 hm3 a comienzos de los sesenta, a 6.000 hm3 a finales de los noventa [MIMAM, 2000a].

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