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Boletín CF+S > 27: El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/aaest1.html   
La Gestión del Agua en el Mediterráneo Español (Síntesis) [1]
Antonio Estevan
Ondara (España), noviembre de 2002.

Informe completo en PDF (624Kb)

Una solución europea para un problema europeo

A lo largo de los últimos meses, los dos trasvases del Ebro contemplados en el PHN (uno hacia el norte y otro, más grande, hacia el sur), se han ido convirtiendo de modo cada vez más evidente en un problema europeo, por varias razones:

Los trasvases del Ebro afectarán negativamente a varios espacios de interés comunitario que son fundamentales para la continuidad de los ciclos migratorios o reproductivos de diversas especies de aves de Europa.

Millones de ciudadanos comunitarios pasan sus vacaciones o tienen segundas residencias en las costas mediterráneas españolas, por lo que tienen interés directo en ser abastecidos con agua de calidad durante sus estancias en España

Las subvenciones que el estado español está demandando a la Unión Europea son crecientemente cuestionadas desde diversos sectores sociales e institucionales.

Los impactos energéticos de los trasvases son muy elevados, y pueden tener una importante repercusión en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto.

Desde la presentación del PHN, el tema de los trasvases ha sido conducido políticamente en España con unos grados de vehemencia y crispación inusuales, que han creado condiciones poco adecuadas para la adopción de decisiones serenas y juiciosas. La Comisión podría contribuir a reconducir este asunto hacia cauces de debate más racionales, promoviendo alternativas más coherentes con las orientaciones y normativas comunitarias. Para ello...

En el presente Informe se aportan determinados datos y reflexiones que pueden contribuir a la construcción de soluciones bien encuadradas en las políticas europeas, con costes asumibles y muy inferiores a los de los trasvases, y que, además, pueden garantizar de modo mucho más eficiente la protección de los intereses de todos los usuarios del agua en la vertiente mediterránea. Antecedentes: proyectos fracasados y problemas construidos El llamado "problema hidrológico español" tiene dos grandes facetas, una visible y otra invisible. La faceta visible es la existencia de unas 60.000 hectáreas de tierras ubicadas en Murcia y en el sur de Alicante, que fueron oficialmente clasificadas como de regadío al amparo del fracasado trasvase o Acueducto Tajo-Segura (ATS), o transformadas ilegalmente bajo la tolerancia oficial, pero que siempre han carecido de una dotación adecuada de agua. La faceta invisible, o poco publicitada, es el reciente desarrollo de una masiva agricultura de regadío en la Mancha Oriental, que está introduciendo serias tensiones adicionales en los ya precarios resultados del trasvase Tajo-Segura, y está rompiendo el equilibrio histórico de la cuenca del río Júcar, que permite la existencia de la agricultura valenciana. La mayor parte de los recursos del proyectado trasvase sur del Ebro van destinados a estas zonas: el sistema del ATS recibe unos 450 hm3, y Castilla-La Mancha otros 200 hm3, obtenidos por compensación con aguas del Júcar.

Sin embargo, ambos son problemas técnica e institucionalmente construidos en las últimas décadas del siglo XX. El primero, por la política de la administración hidráulica española, que lleva largo tiempo alimentando expectativas de riego y permitiendo la expansión de regadíos en la cuenca del Segura, que luego no es capaz de atender. Y el segundo por la Política Agraria Común de la Unión Europea, que a través de las subvenciones agrarias ha estimulado en Castilla-La Mancha la extensión de cultivos ecológicamente inadecuados para una meseta semiárida, como el maíz o la alfalfa. La productividad del agua en el cultivo del maíz en las estepas castellanas es una de las más bajas conocidas: producir 1 kg de maíz en Castilla-La Mancha requiere 1,7 m3 de agua, y cada m3 de agua produce una renta bruta (antes de descontar los costes de producción), de 16,4 Pts. (0,1 Euros).

No puede haber una solución razonable para los problemas del agua en la vertiente mediterránea si no es en el marco de una reorganización agraria con una filosofía de adaptación ecológica, como la que inspira la reforma en curso de la PAC. Según esta filosofía, se deberían establecer limitaciones de los cultivos subvencionables en función de su adecuación ecológica al territorio, siendo obviamente la demanda de agua en relación con la climatología natural una de las claves de esta adaptación. En cuanto la nueva PAC disuadiera en Castilla-La Mancha el cultivo de maiz y otras especies con gran consumo de agua, ofreciendo alternativas que mantuvieran o mejoraran las rentas de las explotaciones familiares, los cientos de hectómetros cúbicos que así se liberarían restaurarían en pocos años el equilibrio hidrológico de La Mancha, y reducirían la creciente presión actual sobre los recursos del Júcar y del ATS. Y obviamente, no serían necesarios los 200 hm3 que se pretende trasvasar desde el Ebro a la cuenca del Júcar para compensar el consumo insostenible del riego de maiz en La Mancha.

En el Segura, por su parte, la única solución razonable pasa por actuar sobre las 60.000 hectáreas mal dotadas de agua que constituyen "el problema hidrológico español". De ellas, hay una primera bolsa de entre 10.000 y 15.000 hectáreas que nunca debieron haber sido transformadas en regadío, por falta de aptitud agronómica, y que en su mayor parte deberían ser renaturalizadas como saladares o marjales, que es su verdadera vocación, o simplemente devueltas al secano. Una segunda bolsa de tierras, quizá de entre 15.000 y 20.000 hectáreas, de limitada aptitud agronómica y derechos poco consolidados, deberían pasar a la categoría de regadíos eventuales, que sólo recibirían agua para riego en los años en que hubiese suficiente disponibilidad de recursos. Las indemnizaciones por retirada de tierras o reducciones de garantía se canalizarían a través de los nuevos programas de reestructuración agraria asociados a la reforma de la PAC.

El resto, entre 25.000 y 35.000 hectáreas seleccionadas entre las de mayor potencial agronómico y derechos de riego más consolidados, necesitarían unos 150 hm3 anuales para asegurar su dotación. Estos caudales deberían ser aportados en el marco del ATS, una parte en forma de caudales liberados por la racionalización del regadío en La Mancha, y el resto por desalobración o desalación. Los costes de las nuevas aportaciones deberían ser imputados al sistema general de explotación del ATS, pues en definitiva se trata de completar un trasvase que fracasó por no contar con los recursos previstos en cabecera, y que ahora hay que completar en cola.

La desalación de agua de mar, una tecnología en rápido desarrollo tecnología de desalación de agua de mar es reputada como una tecnología de muy alto consumo energético, y por tanto, como una fuente intrínsecamente cara y con elevado impacto ambiental. Sin embargo, esta visión no es esencialmente cierta. La realidad es que el límite físico teórico del coste energético de la desalación de agua de mar, en condiciones ideales, se sitúa en 0,77 kWh/m3, que es aproximadamente la energía necesaria para extraer agua de un pozo de unos 200 metros de profundidad. Obviamente, estas condiciones son inalcanzables en la realidad, pero en los últimos años la tecnología de ósmosis inversa está reduciendo el consumo de una forma que parecía imposible hace tan sólo una década.

En la actualidad, la industria de la desalación está experimentando un salto tecnológico cualitativo en materia de recuperación de energía residual, que le ha permitido pasar, en poco más de un quinquenio, del entorno de consumo energético de 5 kWh/m3, al de 3 kWh/m3. A finales de la década, se espera alcanzar el entorno de los 2 kWh/m3, nivel a partir del cual las posibles ganancias serán ya necesariamente muy reducidas.

Los avances tecnológicos en el sector de la desalación han ocasionado también un notable descenso de los costes productivos, del orden del 30% desde mediados de los años noventa hasta la actualidad. El estándar de coste actual para grandes instalaciones se sitúa en torno a 0,50 ¤/m3, incluyendo las amortizaciones. La reducción de costes va a continuar en los próximos años, de modo que a finales de la década el estándar de coste de la gran industria desaladora se situará probablemente en torno a los 0,40 ¤/m3. Con estas perspectivas, y siempre que se aseguren previamente unas condiciones de alta eficiencia en la generación eléctrica y en el uso del agua mediante la gestión de la demanda y la reutilización, a medio plazo la desalación se constiuirá en una alternativa de suministro de agua ecológica y económicamente aceptable.

La solución doblemente inútil del PHN: trasvasar agua de mala calidad. La deficiente calidad de las aguas del Ebro en su curso bajo es bien conocida en la hidrología española. Por un conjunto de causas naturales y antrópicas, el Ebro presenta una salinidad bastante elevada, con abundancia de sulfatos y cloruros, e importante presencia de sodio. En el punto de toma previsto, en Xerta, se producen elevados índices de incumplimiento de las directivas europeas de calidad, que en algunos parámetros afectan a mas del 50% de las muestras. En estas condiciones puede ser cuestionable la legalidad de dedicar el agua del Ebro a usos potables, como pretende hacer el PHN con unos 440 hm3, esto es, del orden del 42de las aguas trasvasadas. Además, la calidad de las aguas del Ebro presenta una clara tendencia histórica hacia el empeoramiento, según se desprende de los datos oficiales, que muestran una tendencia de incremento de la salinidad del 1% anual.

Las numerosas actuaciones previstas en el PHN en las cuencas del Ebro y del Segre (el río pirenaico que actúa como "gran diluidor" del bajo Ebro) producirán en Xerta un agua con una salinidad media un 30 ó un 40 por ciento superior a los valores guía recomendados por la Comisión Europea. Además, dada la variabilidad del Ebro tanto en caudal como en calidad, en algunos otoños se alcanzarían niveles de salinidad dobles de lo recomendado. Huelga señalar que con un agua de estas características no sólo no sería posible atender ningún suministro urbano, sino que su utilización a largo plazo en sistemas agrarios tan amenazados por la salinización como los mediterráneos, ofrecería considerables riesgos.

La estrategia hidrológica de la fachada mediterránea debería haberse planteado asumiendo la mejora real de la calidad del agua como prioridad principal de las actuaciones. Esto es exactamente el planteamiento opuesto al del PHN, que al cerrar los ojos al problema de la calidad, ha colocado al proyecto de trasvases en un callejón sin salida, frontalmente opuesto a la Directiva Marco del Agua, que aboga por políticas que contribuyan a "reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua potable".

Para aplicar el agua del Ebro de forma masiva a usos urbanos (440 hm3 suponen el abastecimiento de 4,5 millones de habitantes) con buenas garantías de calidad, sólo cabe una doble opción: o se impone por la fuerza su intercambio con los mejores recursos naturales destinados a la agricultura a lo largo de toda la fachada mediterránea, o se somete a las aguas trasvasadas a masivos tratamientos de reducción de la salinidad, con los costes económicos y energéticos que ello conllevaría. Cualquiera de las dos salidas conduce a escenarios conflictivos, muy distintos de los dibujados en el documento oficial.

Los costes económicos de una estrategia equivocada El escenario utilizado en el PHN para el cálculo de los costes se refiere a un funcionamiento ideal de los trasvases, obviamente irreal, pues presupone un 100% de captación sobre los objetivos previstos, y pérdidas nulas. Se trata de un escenario meramente teórico que, sin embargo, es el único utilizado en la evaluación oficial.

Para obtener unas previsiones más creíbles, se han reelaborado los cálculos utilizando los mismos datos oficiales, pero analizando los dos trasvases (Norte y Sur) por separado, y contemplando varios escenarios verosímiles, con diferentes porcentajes de captación en origen, y con unas pérdidas del 12 por ciento, porcentaje que puede ser representativo de la operación de una gran canalización a larga distancia en muy buen régimen de explotación.

Los resultados obtenidos son muy distintos de los oficiales. En cualquier hipótesis medianamente razonable de rendimiento del trasvase y de pérdidas de transporte, el coste medio resultante superaría los 0,50 ¤/m3, lo que representa un 60 por ciento más que el coste medio declarado oficialmente. El valor actual neto de la inversión sería negativo. Además, los análisis demuestran que un hipotético envío de agua desde el Ebro sólo hasta la zona donde se sitúa "el problema hidrológico español", esto es, hasta las zonas de la cuenca del Segura receptoras del fracasado trasvase Tajo-Segura, presentaría unos costes tan desorbitados, y unos beneficios tan exigüos, que se trataría de un proyecto implanteable. Por ello, el PHN ha recurrido a diversos artificios contables para lograr la "dilución" de los costes de la transferencia Ebro-Segura entre múltiples zonas y usuarios, añadiendo demandas escasamente justificadas, y planteando los trasvases Norte y Sur en un esquema unificado, pese a que son proyectos completamente independientes.

En conjunto, la combinación de las exigencias de la propia Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional sobre autofinanciación de las transferencias, con los datos económicos reales de los trasvases, configura una situación de clara inviabilidad para la gestión económico-financiera de ambos proyectos. Para cuadrar las cuentas aún en el supuesto ideal de captación al 100agricultores pagaran los 0,20 ¤/m3 que se están sugiriendo en los medios de comunicación, los usuarios urbanos deberían pagar del orden de 0,58 ¤/m3, sin contar los costes de depuración. No se adivina qué razón puede impulsar a las empresas de abastecimiento a adquirir agua de baja calidad a precios sensiblemente mayores que los de la desalación de agua de mar.

Los consumos de energía en el ciclo de vida del proyecto Aplicando la metodología del análisis del ciclo de vida del proyecto, que computa también la energía de construcción y mantenimiento de infraestructuras, y la energía necesaria para depurar el agua destinada a usos urbanos, cambia completamente el diagnóstico energético de los dos proyectos de trasvase, tanto el del Norte como sobre todo el del Sur, cuya viabilidad energética queda descartada.

En cualquier escenario razonable de rendimientos de captación y pérdidas de transporte, las soluciones de trasvase resultan energéticamente menos eficientes que las de desalación. Por ejemplo, asumiendo un rendimiento de captación del 75%, unas pérdidas del 12%, y un tratamiento de depuración limitado sólo al agua urbana, el coste energético medio para todo el trasvase sur es de 3,3 kWh/m3. Para todas las demandas de Almería, así como para el altiplano murciano, el coste energético está muy por encima de los 4 kWh/m3, y también roza esta cantidad el agua destinada a Benidorm. Recuérdese que el consumo actual en desalación está en el entorno de los 3 kWh/m3, y va a seguir bajando en los próximos años.

Dada la escala de las emisiones previsibles en los trasvases, y especialmente en el trasvase sur (decenas de millones de toneladas de CO2), su ejecución puede representar una dificultad adicional, de magnitud nada desdeñable, para el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea en relación con el Protocolo de Kyoto, del cual, por cierto, el Reino de España es uno de los principales incumplidores en el contexto comunitario. A este respecto hay que recordar que, en caso de ejecutarse los trasvases, las enormes emisiones ligadas a la construcción se concentrarían precisamente en los años inmediatamente anteriores a los horizontes de Kyoto.

En esta situación, la Comisión Europea no debería pronunciarse sobre la sostenibilidad ecológica del PHN hasta disponer de un estudio pormenorizado de los consumos energéticos de los trasvases, realizado con una metodología de ciclo de vida, y con hipótesis razonables de rendimiento de los proyectos, de pérdidas de transporte, y de previsiones y calendarios de consumo en tecnologías alternativas, a efectos comparativos. Sólo así será posible evitar que, dentro de pocos años, en el contexto del cumplimiento del protocolo de Kyoto, la Unión Europea se vea en la lamentable situación de comprobar que ha financiado un macroproyecto escasamente eficiente desde el punto de vista energético, y que tiene que volver a financiar el recorte o la retirada del exceso de emisiones que ella misma contribuyó a generar.

Directrices para el diseño de una solución europea Para facilitar la elaboración de una solución europea para el problema del agua en el mediterráneo español, los servicios técnicos de la Comisión deberían comenzar a explorar posibles alternativas económica y ecológicamente razonables, sin renunciar a un objetivo de emisión cero, que sería posible alcanzar bajo las siguientes condiciones:

Reordenación de las estructuras agrarias en la cuenca del Segura y en Castilla-La Mancha, limitando el gasto de agua, pero manteniendo las rentas de las explotaciones familiares y la productividad de las tierras con mayor aptitud agronómica.

Implantación de ciertas capacidades de desalobración y desalación integradas en el sistema de explotación del ATS, previo reforzamiento de la eficiencia de todo el ciclo del agua urbana y agraria para ganar eficiencia en el uso del agua desalada.

Resolución a nivel local de los restantes problemas puntuales de desequilibrio hídrico de la costa mediterránea, mediante soluciones específicas para cada problema.

Condicionamiento de la implantación de nuevas centrales de desalación a la instalación de potencia eólica (o de otras fuentes renovables) equivalente al consumo de las plantas desaladoras. En las condiciones de rendimiento que se están alcanzando ya en la desalación, un aerogenerador de 1 MW en un buen emplazamiento proporciona energía para desalar 1 hm3 de agua al año, con una inversión inferior a 1 millón de Euros, que además podría recibir una importante subvención comunitaria. Obviamente, no sería necesario que los aerogeneradores estuvieran junto a las plantas desaladoras. La atmósfera no tiene fronteras, por lo que los molinos de compensación energética podrían ser implantados en cualquier ubicación favorable en España, o fuera de España.

Una solución diseñada sobre estas bases no sólo cumpliría escrupulosamente todas las directrices y normativas europeas afectadas, sino que impulsaría notablemente las actuales políticas europeas en materia energética, hidrológica y agraria, y sería ecológicamente irreprochable, tanto por lo que se refiere a los impactos locales y territoriales, como a los impactos globales. Y además, tendría una aceptación social prácticamente generalizada, sería de implementación mucho más sencilla y rápida, y requeriría inversiones muy inferiores a las de los grandes trasvases.


Notas


[1]: Documento Síntesis del Informe elaborado para la Plataforma en Defensa de l'Ebre


Edición del 8-10-2010
Boletín CF+S > 27: El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/aaest1.html   
 
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