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Boletín CF+S > 27: El Plan Hidrológico español: un estudio de caso > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n27/aaest.html   
Implicaciones territoriales del Plan Hidrológico Nacional
Antonio Estevan (Consultor Ambiental) y Leandro del Moral (Profesor de la Universidad de Sevilla)
Sevilla (España), febrero de 2001.

Pese a los múltiples contenidos que la Ley de Aguas asigna al Plan Hidrológico, la documentación conocida del nuevo proyecto se reduce en la práctica a justificar un esquema de trasvase de agua del Ebro a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Reducido, pues, a una propuesta de redistribución interregional de recursos hídricos, una de las críticas más generalizadas que este proyecto está recibiendo se refiere a la ausencia de directrices explícitas de política territorial que lo justifiquen. Se va imponiendo la idea de que la planificación hidrológica no puede entenderse más que como un instrumento puesto al servicio de la política territorial; que las propias demandas y disponibilidades de agua de cada cuenca sólo pueden fundamentarse en el diagnóstico y la consiguiente estrategia explícita de utilización del territorio.

Así por ejemplo, hoy nadie puede negar que la planificación de los regadíos es una pieza imprescindible de esa política territorial. Sin establecer qué superficies se han de consolidar o modernizar y qué nuevos regadíos se quieren -o se pueden- desarrollar en cada territorio - incluyendo no sólo los regadíos de interés general, sino todo tipo de actuaciones públicas y del sector privado - ya no es posible plantear ninguna propuesta de plan hidrológico. En ese mismo sentido, se ha dicho recientemente, el llamado canon ecológico de compensación territorial a la cuenca cedente resulta un mal sucedáneo de lo que debería ser esa propuesta de política territorial que se echa en falta en el proyecto. La fórmula de prometerle a la cuenca cedente la construcción de embalses con grandes costes económicos y ecológicos y regadíos inverosímiles, no previstos en la planificación sectorial, son uno de los efectos más nocivos del plan, por más que éstas sean pedidas airadamente desde la región afectada.

En realidad las críticas sobre el déficit territorial de la planificación hidrológica no son nuevas. Ya el anterior proyecto de 1993 fue censurado por la ausencia de una estrategia explícita de desarrollo territorial que sustentara sus propuestas. La diferencia es que ahora el argumento territorial es utilizado no sólo como herramienta de oposición desde las cuencas cedentes (la reiterada protesta por el despoblamiento de las regiones interiores), o por los editoriales de la prensa nacional, sino que comienza a manejarse en las regiones supuestamente beneficiadas por los trasvases.

En las áreas deficitarias nada se ha hecho en estos últimos años para controlar el crecimiento de las demandas urbanas, turísticas y agrícolas, que con mucho siguen siendo las mayores. Nadie duda que las expectativas creadas por el trasvase pueden contribuir a desencadenar una espiral aun mayor de demandas, como ya ocurrió tras el anuncio del trasvase Tajo-Segura. En las provincias de la costa mediterránea peninsular viven más de 12 millones de personas, concentradas en su inmensa mayoría en el litoral. En este mismo espacio se localizan varios millones de plazas turísticas y de residencias secundarias. Esta acumulación de población y actividad terciaria está generando ya un perceptible deterioro de las condiciones de habitabilidad. Con las dotaciones actuales de consumo por persona, los 400 millones de metros cúbicos que pretende aportar el trasvase para usos urbanos permitirían abastecer a una población de 4 millones de nuevos residentes permanentes, con todos los servicios y actividades productivas correspondientes. Además, las mejoras de eficiencia en los sistemas actuales y futuros permitirían fácilmente abastecer a otros varios millones de personas más. Dadas las dinámicas territoriales vigentes que la orientación del trasvase reforzará, este incremento poblacional se acumularía en la ya congestionada franja litoral con la consiguiente pérdida de calidad de vida para sus habitantes actuales.

Esta espiral de crecimiento poblacional y urbanístico podría ocasionar fácilmente la ruina del sector turístico en el mediterráneo español. Nuevas infraestructuras de transporte y de todo tipo tendrían que localizarse en la ya saturada franja costera: nuevos aeropuertos o ampliaciones de los existentes, nuevas autopistas longitudinales y transversales, nuevas instalaciones de tratamiento de residuos y energía, nuevos espacios logísticos para el abastecimiento turístico, etc. En tales condiciones de saturación de población y actividad, sería imposible aspirar a conservar unas condiciones mínimas de calidad ambiental, imprescindible para mantener una demanda turística estable y rentable: el debate sobre turismo de masas o turismo de calidad perdería toda virtualidad.

Por otra parte, el trasvase del Ebro aportaría directamente del orden de 600 Hm3 de agua a la agricultura mediterránea. Además, la tendencia a la reutilización agraria de las aguas residuales urbanas depuradas, firmemente asentada en la cornisa mediterránea, haría que al menos dos terceras partes de los 400 Hm3 de agua trasvasada destinada a usos urbanos -el retorno de los sistemas de abastecimiento - acaben también regando cultivos. Por último, se supone que el trasvase vendría acompañado de grandes inversiones en mejoras de eficiencia en los actuales sistemas de riego, lo que podría generar disponibilidades complementarias de varios cientos de Hm3 más. Dado que en la agricultura mediterránea cada metro cúbico de agua genera una producción agraria de más de 300 pesetas (más de 1000 en los invernaderos de Almería), el trasvase del Ebro podría elevar las producciones actuales en varios cientos de miles de millones de pesetas, y eventualmente hasta medio billón. ¿Alguien ha evaluado el efecto que podría tener semejante avalancha de nueva oferta sobre los mercados agrarios?. Con toda probabilidad, una ampliación masiva de la oferta sólo redundaría en una caída generalizada de los precios, con perjuicios globales para el conjunto del sector agrario mediterráneo mayores que los posibles beneficios a obtener por los nuevos regantes, generalmente grandes empresas agro-industriales. Además, ¿alguien ha calculado el volumen de población inmigrante que se requeriría para cubrir las necesidades de mano de obra que la población autóctona no estaría dispuesta a atender? ¿Alguien ha previsto las implicaciones de alojamiento y servicios imprescindibles? ¿Y su inserción social?


Edición del 4-9-2001
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