Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Boletín CF+S 26 -- Ivan Illich > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/ncartas.html
 
Cartas


Índice General

 
  • 1 Mi mujer es ilegal
  • 2 Los caprichos de Cascos
  • 3 Internacionalización de la Amazonia
  • 4 La dignidad y la lucha por la tierra, al banquillo de los acusados
  • 5 Otra propuesta de reclasificación de Parque Natural

  • 1 Mi mujer es ilegal

    De: Manuel Gil
    Fecha: 8 de noviembre de 2003

    Tantas veces le hablé de España, de mi gente, de nuestra cultura, de las sobremesas con los amigos en las tardes de domingo, del campo en primavera, de las siestas veraniegas, tinto de verano y café con hielo, del otoño en el Retiro, de las castañas asadas, de la nieve, de la libertad de expresión, de la administración que funciona, --de lejos se idealiza lo que uno dejó atrás--; qué al final, después de cinco años de vivir juntos en Santo Domingo, en su ciudad, su isla, su Caribe, al que llegan anualmente decenas de miles de españoles en busca de sol, playa, música, simpatía descanso o diversión, decidimos cambiar de etapa. Decidimos venir a vivir a España. A una España dibujada por mí y por tantos buenos amigos que nos visitaron en Santo Domingo.

    Era el dos mil uno. Nos aconsejaron que nos casásemos para poder vivir en España. Nos pudimos casar después de siete meses de espera y filas interminables en la calle o en dependencias frías, sin información clara, sin buenas caras, en ocasiones con malas. «Es para evitar las bodas de conveniencia», nos decían. Nosotros, de una generación que no cree en el matrimonio, pensábamos: «¿Quién se casa en el mundo que no sea por conveniencia?», o ¿es qué garantizar derechos a la persona amada, no es un acto de conveniencia?

    Casados, nos piden un año de matrimonio para poder optar a la residencia, a pesar de que la Ley es clara y habla de convivencia demostrada, no de matrimonio. «Recurra usted, si no está conforme.» Recurrimos, nos contestan que se ratifican en la decisión. Mi mujer es ilegal. Deberá abandonar el territorio nacional en quince días. Ella, por entonces embaraza, se queda y da a luz a nuestra primera hija. «Que suerte que nos ha nacido española y así podemos legalizar a su madre», pensamos equivocadamente. Nos niegan otra vez la residencia. «¡Ustedes no llevan un año casados! ¡Debe irse a su país! ¡Está ilegalmente en España!»

    Mi hija tiene una madre ilegal, yo una esposa ilegal, a su padre no le dan visado para que vengan a conocer a su nieta, no sea que se queden ilegales como ha hecho la madre y se coman nuestra sopa boba, y mi mujer no quiere salir por miedo a no poder entrar.

    Sin derechos, sin trabajo, sin esperanza, con miedo, se nos han quitado las ganas del tinto de verano, de pasear por el Retiro, de comer castañas asadas, de jugar con la nieve, de estar aquí.

    Y no somos los que peor lo tienen, nos dice en las interminables colas de espera, una ecuatoriana enamorada de un marroquí.

    Y es que entre los milagros de la nueva España, hemos conseguido poner fronteras no solo a aquellos que el siglo pasado nos han sabido recibir con los brazos abiertos, fuese por problemas políticos o económicos o simples aventureros, sino al corazón.

    Si regresamos a Santo Domingo, ¿cómo ha de tratar mi mujer a los tantísimos emigrantes españoles que viven en su ciudad, que se fueron de España buscando mejores posibilidades?

    No es el frío de la península el que desdibuja las sonrisas del trópico. Es el trato que se les da y el contenido de las resoluciones administrativas redactadas en los despachos grises de extranjería.

    A ella le dan ganas de irse y a mi de echarme a llorar.
    A ella le niegan los papeles, y yo quiero devolver los míos.
    Pena de la España que hemos dejado hacer.

    Perdonen las molestias

    Manuel Gil

    2 Los caprichos de Cascos[1]

    De: Manuel Gil
    Fecha: 10 de diciembre de 2003

    Los caprichos de Cascos no hay que someterlos a evaluación de impacto ambiental

    Desde el año setenta y ocho, en que la Constitución reconoció en su artículo 45 el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, ha sido numerosa la legislación, tanto estatal como autonómica, aprobada como respuesta a una creciente demanda social y a la cada vez mayor concienciación y sensibilización por la problemática ambiental. El Medio Ambiente se ha convertido desde hace algunos años en una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos españoles.

    La prolija legislación ambiental se podría agrupar sintéticamente en dos grandes líneas. Una que abarca aquellas normas encaminadas a la preservación de los recursos naturales, desde los espacios naturales a la protección de animales y plantas, y otra encaminada a regular las actividades humanas, independientemente que se desarrollen en el medio natural o en lugares donde el entorno natural se encuentra fuertemente modificado, como ocurre en los grandes núcleos de población. De estas, destaca por su carácter positivo, participativo, y no necesariamente restrictivo, la Evaluación de Impacto Ambiental.

    Hoy día la práctica totalidad de las comunidades autónomas han incorporado en su ordenamiento jurídico el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, adaptando las sucesivas directivas europeas, decretos y leyes estatales (la última del año 2001).

    En el caso de Madrid, se ha aprobado recientemente, en julio de 2002, la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, firmada por Alberto Ruiz Gallardón, como presidente de la Comunidad de Madrid, en la que se define la evaluación de impacto ambiental como el «procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos». Esta ley sustituye a la a la anterior de 1991, que adaptaba a la legislación autonómica el decreto estatal de evaluación de impacto ambiental de 1986.

    La evaluación de impacto ambiental, desde que comenzó a aplicarse en España hace ahora 17 años, constituye una herramienta eficaz ampliamente aceptada y utilizada para determinar las afecciones de proyectos tan dispares como la instalación de una central térmica o la construcción de un carril bici, por citar dos ejemplos recogidos por la ley madrileña.

    En el caso de Madrid, desde la aprobación de esta ley de evaluación ambiental, proyectos como la instalación de un taller de reparación de coches, de una clínica veterinaria o una tintorería, sea por procedimiento abreviado u ordinario, necesitan someterse a evaluación ambiental, y por supuesto los nuevos ferrocarriles, vayan o no en túnel.

    En dicho proceso, además de valorarse las incidencias de cualquier proyecto sobre el medio ambiente, se posibilita un periodo de participación pública para que cualquier interesado pueda hacer valer sus consideraciones sobre el proyecto. Así mismo se establecen las medidas minimizadoras y correctoras del impacto ambiental, así como la elaboración de un programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas propuestas.

    Del mismo modo que la evaluación ambiental sirve para corregir y minimizar los efectos negativas, sirve para poner de manifiesto los efectos positivos derivados de cualquier proyecto o actividad. Además de los efectos estrictamente ambientales, en el proceso también se analizan y evalúan los impactos sobre los aspectos socioeconómicos, de modo que en determinados proyectos, la ponderación de las ventajas sociales o económicas en ocasiones pueden compensar sus efectos negativos, o al revés, un proyecto sin impacto ambiental, puede presentar, sin embargo un fuerte rechazo social que debe ser analizado y valorado también desde el proceso de evaluación ambiental.

    Todo proceso de evaluación ambiental concluye con una declaración de impacto ambiental, que es el documento emitido por la autoridad a la que corresponda el ejercicio de las competencias en medio ambiente, y que resulta de obligado cumplimiento para el promotor del proyecto.

    Para aquellos proyectos que no han sido expresamente señalados en el listado de proyectos y actividades recogido en los anexos de la ley, en los que se especifica que tipo de evaluación debe ser llevada a cabo, así como para aquellos casos que deban ser analizados de forma individualizada, la ley establece la discrecionalidad del organismo responsable, basado en unos criterios que han de servir para determinar la posible significancia de las repercusiones sobre el medio ambiente de determinados proyectos. Así, la ley madrileña establece que los proyectos deben considerarse, en particular, desde el punto de vista de: La magnitud del proyecto, la generación de residuos, la contaminación producida, el riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías aplicadas, la acumulación de sus efectos ambientales o de su riesgo de accidente con otros proyectos o actividades, las actividades inducidas y complementarias que se generen.

    De este modo proyectos en los que hubiese dudas sobre su obligatoriedad de someterlos al procedimiento de evaluación se aplicarán esos criterios, que parecen haberse redactado ex profeso para el caso del nuevo túnel ferroviario de Chamartín a Atocha, sin duda proyecto de gran magnitud, que generará millones de metros cúbicos de residuos, producirá ruidos y polvo, conllevará riesgo de accidentes (recuérdense los últimos accidentes en el túnel del AVE a Valladolid), etc...

    Por todo lo anteriormente expuesto no se entiende como desde el Ministerio de Fomento se ha hecho todo lo posible para evitar someter al procedimiento de evaluación ambiental el proyecto de nuevo acceso ferroviario. Una obra pública de más de un cuarto de Billón de euros (posiblemente más cuando se concluya), con un túnel de 8,5 km y con tres nuevas estaciones de tren en Nuevos Ministerios, Alonso Martínez y la Puerta del Sol.

    Lo lógico, a menos que existan causas que no interese poner encima de la mesa, sería que el propio Ministerio fuese el primer interesado en dar la máxima publicidad a un proyecto de tal envergadura y con significativas consecuencias sobre el futuro de la ciudad y con el uso de la misma por los cientos de miles de personas que a diario acuden al centro.

    Pudiera ser que del estudio de impacto ambiental se dedujera que la obra no conlleva impactos significativos que aconsejaran no realizarla o modificarla sustancialmente, como afirma el ministerio, pero mediante el procedimiento de evaluación al menos se abrirá un periodo de información pública, se exigiría el estudio de alternativas técnicamente viables, se redactará un programa de vigilancia ambiental, y se establecerán las medidas correctoras minimizadoras y compensatorias del posible y nunca deseado impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el que debe determinar si hay o no afecciones significativas.

    En definitiva, ¿A quién beneficia que no haya esta evaluación ambiental?, ¿Por qué se ve desde el Ministerio que evaluar previamente el alcance de una obra es algo que a ser posible hay que evitar?. ¿Qué mensaje se quiere enviar a la ciudadanía?, ¿Qué todo vale?, ¿Que la ley no es igual para todos?, ¿Qué la cada vez mayor conciencia ambiental y exigencia social sobre las cuestiones ambientales a Fomento le son ajenas?, ¿O quizás esta actitud sea para ahorrar dinero público, cuando se van a gastar más de 250 millones de euros en la obra? O tiempo, cuando el Ministerio, desde que está Álvarez Cascos se ha caracterizado por cumplir escrupulosamente los plazos previstos en las obras. ¿Es para evitar informar de un proyecto que en teoría se hace para el beneficio de los madrileños?.

    ¿Por qué cada vez existe más legislación ambiental, que se supone es mejorada en cada nueva revisión o adaptación de normativa europea, si luego se hacen carambolas para no aplicarla?.

    Si la actitud de Fomento produce bochorno, ¿Qué pensar de la resolución de Medio Ambiente, en la que se concluye, entre otras consideraciones, «que no es necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto, teniendo en cuenta que según el promotor del proyecto las características de las actuación y el medio en que se insertan, la realización del proyecto no comporta efectos adversos significativos».

    Con esta resolución de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado cuando las obras ya habían sido inauguradas por el Ministro, se da un portazo a años de trabajo en el perfeccionamiento de las herramientas de evaluación ambiental, a la participación ciudadana en los proyectos que afectan a su ciudad, y lo que es peor, al espíritu y objeto de la Ley de la Comunidad de Madrid. Se trata pues de una burla a la legalidad, una burla a la creciente sensibilización y preocupación social por las cuestiones relativas al medio ambiente, como se indica en el preámbulo de la ley de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid, y que concluye con la cada vez menos verosímil «Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar» previo a la rúbrica del ex presidente y hoy alcalde. Sería mejor haber concluido: «Esta ley no está hecha para Cascos.»

    Manuel Gil

    3 Internacionalización de la Amazonia

    De: Miguel Angel Invarato
    Fecha: 16 de enero de 2004

    Aparecido en el New York Times, el Washington Post y en los mayores periódicos de Europa y Japón.

    Show Brasileño en los EE.UU.

    Durante un debate en una Universidad en los Estados Unidos, el ex-gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación, Cristovão Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un joven estadounidense introdujo la pregunta diciendo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño.

    Esta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque:

    «De hecho, como brasileño yo simplemente hablaría contra la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no tengan el debido cuidado con este patrimonio, el mismo es nuestro. Como humanista, sabiendo del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás que tiene importancia para la Humanidad.

    Si la Amazonia, del punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la Humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio.

    De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada por la voluntad de un propietario, o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos dejar que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en medio de la especulación.

    Antes que la Amazonia me gustaría ver la internacionalización de todos los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer apenas a Francia . Cada museo del mundo es el guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario o de un país. No hace mucho, un millonario japonés, decidió enterrar su cuerpo con un cuadro de un gran maestro. Antes que eso, aquel cuadro debería haber sido internacionalizado.

    Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Forum del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para asistir por restricciones en la frontera de los EE.UU. Por eso yo pienso que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la Humanidad. También París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, Recife... Cada ciudad del mundo, con su belleza específica, su historia, debería pertenecer al mundo entero.

    Si los EE.UU. quieren internacionalizar la Amazonia, por el riesgo de dejarla en las manos de brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los EE.UU. Ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción millares de veces mayor que las lamentables quemazones hechas en las florestas del Brasil.

    En los debates los actuales candidatos a la presidencia de los EE.UU. han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo como canje de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del Mundo tenga posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos --no importando el país donde nacen-- como patrimonio que merece cuidarse en el mundo entero. Aún más de lo que merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como un patrimonio de la Humanidad, ellos no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían vivir.

    Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra... ¡Sólo nuestra!».

    4 La dignidad y la lucha por la tierra, al banquillo de los acusados

    Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC)
    Córdoba (Argentina), 23 de abril de 2004.

    El lunes 26 de abril, comienzan las audiencias del juicio oral que implica a siete campesinos de APENOC (Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba) imputados por supuesto delito de usurpación.

    Esta situación refleja un claro hecho de persecución política, a los campesinos organizados que resisten en su tierra y que luchan por trabajo digno.

    Un campo de 500 hectáreas en el paraje de El Duraznal era poseído en forma pacifica y comunitaria desde hace más de 20 años. Durante el año 2000 un empresario cordobés irrumpió en este campo comunitario.

    La comunidad decidió no dejar entrar al empresario obstruyéndole los caminos con alambre y puertas con candado. Los campesinos realizaron denuncias de usurpación a la policía y se realizó una constatación con juez de paz para observar las mejoras y estado de la posesión.

    El día 17 de Agosto 2001, el Fiscal de Instrucción de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr. Casado, junto a un operativo policial con armas largas, «hacen cesar los efectos del delito». Del expediente se desprende el argumento del empresario: 500 hectáreas con titular registral privado, van a remate por deudas a rentas de la provincia, y ya en el año 1999, el «nuevo titular» comprador de la subasta, toma posesión del inmueble.

    Inexplicablemente el fiscal Casado eleva la causa a juicio, demostrando una vez más la precisión y celeridad con que se resuelven casos de resistencia a la violación de derechos humanos básicos, como el acceso a la tierra, el acceso a la alimentación, en donde están implicados campesinos de escasos recursos.

    La provincia de Córdoba, como otras, ha sufrido un desequilibrado e irracional avance de la frontera agropecuaria, en base a cultivos exportables en especial la «soja transgenica», en el norte y noreste de la provincia se ha devastado el ecosistema, suplantando los Bosques nativos, poblados por campesinos, por extensos desiertos verdes.

    El Noroeste cordobés árido, recibe diariamente empresarios interesados en ubicar las vacas de cría que ya no pueden convivir con la agricultura.

    Para esto todos los medios son validos, los desalojos, el cierre de espacios históricos de pastoreo comunitario, la mentira, la desinformación, etc.

    El lunes 26 de Abril, estaremos presentes en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, para acompañar a nuestros compañeros criminalizados, y gritar bien fuerte por «Tierra, Trabajo y Justicia».

    Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba
    Teléfonos de Contacto: 03549-495076 / 0351-155225439

    5 Otra propuesta de reclasificación de Parque Natural

    La Comunidad Autónoma de Murcia tramita la desclasificación de parte del LIC y Parque Natural (Regional) de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila para su urbanización

    Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
    Cartagena, 28 de abril de 2004.

    La Asociación de Naturalistas del Sureste ha tenido acceso a la propuesta realizada por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente para modificar los límites del emblemático Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Aguila para permitir su urbanización.

    La propuesta, que fue remitida hace unos semanas al Ministerio de Medio Ambiente, quien a su vez la ha trasladado ya a la Comisión Europea, pretende excluir las laderas de Monte de Las Cenizas y Peña del Águila que miran a la bahía de Portmán del área propuesta anteriormente por la misma Comunidad como Lugar de Importancia Comunitaria (Directiva de Hábitat y candidato a Red Natura 2000 de espacios protegidos de la Unión Europea), con el fin de proceder a su posterior urbanización como parte del proyecto incluido dentro de la denominada Actuación de Interés Regional para la Bahía de Portmán en las Directrices de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia.

    La empresa Portmán Golf, S.A., propietaria de los terrenos, ha ofrecido a cambio compensaciones por enclaves degradados y contaminados por metales pesados de la sierra minera en torno a la bahía de Portmán y Llano del Beal, bajo grandes terreras mineras, de costosa urbanización, y que están calificados dentro de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia como «Suelos incompatibles con su transformación urbanística y afectos a riesgos sectoriales».

    Además, la mayor parte del área que sería desprotegida en la ladera sur de Peña del Águila fue afectada hace unos años por sendos incendios forestales, coincidiendo con la campaña de ANSE pidiendo su declaración como Parque.

    Aunque la propuesta no determina la edificabilidad de los terrenos desclasificados como LIC, 180 hectáreas, de las cuales 98 serán las directamente urbanizables, es seguro que el complejo contaría con varios miles de viviendas, aún considerando la edificabilidad más baja planteada en la legislación de suelo actual. De llevarse a cabo, el cerco al Parque Regional en la zona de Peña del Águila Monte de Las Cenizas prácticamente acabará con las zonas llanas próximas a Portmán, que quedarán cubiertas por urbanizaciones, y se destruirán hábitat prioritarios de conservación según la normativa europea.

    La trama urdida por las Consejerías de Turismo y la de Agricultura, Agua y Medio Ambiente aprovecha la enmienda presentada en su día a Ley de Suelo de la Región de Murcia, que equiparaba el límite de los espacios naturales protegidos de la Región a los de las propuestas de LIC. De esta manera, si Bruselas aprueba esta modificación, los límites del Parque quedarían modificados de inmediato sin oportunidad de presentar alegaciones ni trámite de exposición pública previo.

    La Asociación anuncia que prepara acciones de todo tipo para detener el proceso de modificación del LIC y Parque Regional, y califica de negligente la actitud de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente trasladando esta petición al Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea sin haber informado con anterioridad al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ni a la Junta Rectora del Parque, órganos consultivos que vienen siendo despreciados sistemáticamente en este tipo de decisiones, y que los representantes de las organizaciones de defensa de la naturaleza abandonamos la semana pasada por estos y otros motivos.

    ANSE considera que la ampliación de la carretera de Atamaría, que desarrolló la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma incumpliendo el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional, beneficiará de forma clara el desarrollo urbanístico planteado, ya que la zona más importante a urbanizar se localiza, precisamente, en torno a esta carretera.

    ANSE denuncia que este nuevo paso de la Comunidad Autónoma para la reducción de la superficie de los espacios naturales del litoral de la Región de Murcia y su posterior urbanización, hacen insoportable la situación del Medio Ambiente en la Comunidad, y debería provocar la reacción inmediata de la opinión pública y fuerzas políticas. En opinión de ANSE, resulta inconcebible que la Comunidad Autónoma haya sido capaz de tramitar ante la Unión Europea esta propuesta, y apoye el cambio de terrenos bien conservados en el interior del Parque por zonas degradadas por la minería.

    ANSE ha pedido tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente copia de los informes técnicos de la Dirección General del Medio Natural en los que haya basado esta petición, y se va a dirigir en los próximos días a la Unión Europea para mostrar su rechazo a dicha propuesta, que considera se ha cursado sin tener en cuenta la normativa vigente.

    Para más información contactar con Pedro García: 689788515 / 968526817


    Notas


     [1]: N. del E.: Francisco Álvarez-Cascos Fernández ocupó el cargo de Ministro de Fomento desde abril de 2000 hasta el 21 de enero de 2004, momento en que anunció su retirada de la política.

    Edición del 21-06-2004

    Boletín CF+S 26 -- Ivan Illich > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/ncartas.html

    Ciudades para un Futuro más Sostenible
    Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
     

    Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
    Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
    Patrocinado por la Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo
    del Ministerio de Vivienda.