Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Boletín CF+S > 24: Ecología y Ciudad: Raíces de Nuestros Males y Modos de Tratarlos > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/acolm.html   
La participación imposible: de la tiranía del plan a la dictadura de la flexibilidad
Carolina del Olmo
Madrid (España), marzo de 2002.

Sin lugar a dudas, uno de los rasgos centrales de la Weltanschauung urbanística de nuestros días es el rechazo que expresan los profesionales del sector ante las pretensiones de totalización implícitas en los grandes planes de ordenación del territorio. En ocasiones, este rechazo llega a convertirse en un auténtico arrepentimiento por haber contribuido durante demasiado tiempo a imponer desde las alturas de su racionalidad técnica un diseño urbano poco respetuoso con el tejido social. Por otra parte, desde los sectores más críticos se recuerda incesantemente la necesidad de que la ciudadanía participe en la construcción de su entorno. Si tenemos en cuenta el desarrollo de la planificación en los países capitalistas en los últimos años, parecería que tanto los urbanistas contritos como los partidarios de la participación deberían estar de enhorabuena pues, en efecto, los planes generales que rigen el ordenamiento territorial de nuestras regiones son cada vez menos rígidos y más dúctiles. No obstante, cuando echamos un vistazo a lo que ha sucedido en la práctica, descubrimos que esta evolución del estilo de planificación en modo alguno ha redundado en un incremento de los mecanismos democráticos de toma de decisiones o en una atención más cuidadosa a las necesidades ambientales de la población. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Sólo si tomamos en consideración el contexto socio-económico en el que se inscribe esta coyuntura estaremos en condiciones de comprender que la elasticidad de la planificación no puede fomentar la participación porque, lejos de ser el resultado de los nuevos escrúpulos de los profesionales y de la democratización de nuestras sociedades, es la respuesta a las exigencias actuales de los intereses del capital. En efecto, el telón de fondo sobre el que se recortan los fenómenos que vamos a analizar, la obsolescencia de los grandes planes de ordenación urbana y la creciente difusión de las voces que reclaman que los habitantes de las ciudades contribuyan a diseñar su entorno, está marcado por una tremenda impotencia política. Vivimos una época en la que el ámbito de discusión y decisión ha sido usurpado por las oscuras negociaciones entre gobiernos y elites empresariales, situación que resulta particularmente conspicua por lo que toca al espacio en el que nos toca habitar. Es como si la configuración física de nuestro hábitat y, en particular, del medio urbano fuera el lugar privilegiado de percepción de un poder que generalmente permanece oculto. No obstante, si bien los procesos de construcción del espacio pueden servir de vía de acceso a ciertas estructuras de dominación subyacentes en nuestras sociedades, eso no significa que debamos dejarnos ofuscar por esa ideología urbanística que pretende comprender cómo el entorno físico en el que viven las personas afecta a sus vidas sin hacer referencia a su situación socio-económica. A este respecto, puede resultar esclarecedor un texto escrito por el Colectivo Situacionista (1977):

«La crisis del urbanismo es una crisis social y política [...] las banalidades medico-sociológicas sobre la patología de las grandes aglomeraciones, el aislamiento efectivo de la gente que debe vivir en ellas o el desarrollo de ciertas reacciones extremas de repulsa [...] traducen simplemente el hecho de que el capitalismo moderno [...] comienza a moldear un poco, por todas partes, su propio ornato. Esta sociedad construye, con las nuevas ciudades, el terreno que la representa exactamente, que reúne las condiciones más adecuadas a su buen funcionamiento; al mismo tiempo que traduce en el espacio, en el lenguaje claro de la organización de la vida cotidiana, su principio fundamental de alienación y de coacción. Por tanto, es igualmente ahí en donde van a manifestarse con más nitidez los nuevos aspectos de la crisis.»

La creciente importancia del medio urbano tanto en la práctica política como en las reflexiones teóricas que buscan comprender la estructura de nuestras sociedades es, al menos en parte, resultado de un desplazamiento de las luchas y la conflictividad social desde la fábrica al espacio de la reproducción de la fuerza de trabajo que tuvo lugar a finales de los años sesenta. Este desplazamiento, a su vez, aparece como resultado de ciertas transformaciones más profundas acaecidas en los países de capitalismo avanzado y que se relacionan con lo que algunos autores califican de paso de una forma ‘fordista’ a una forma ‘postfordista’ de acumulación de capital. Sin entrar a discutir la conveniencia de dicha periodización[1] , cabe enumerar ciertos rasgos del desarrollo capitalista de los últimos treinta años que contribuirán a aclarar la situación: desindustrialización en los países del centro (como consecuencia del traslado de las fábricas de producción masiva a la periferia en busca de una mayor tasa de ganancia), creciente terciarización de las sociedades occidentales, fin de la utopía del pleno empleo y, sobre todo, auge excepcional del capital financiero.

Por razones de espacio, me resulta imposible desarrollar aquí esta caracterización de la situación socio-económica actual en las sociedades occidentales; baste, pues, como mero recordatorio del contexto en el que se inscriben los dos fenómenos a los que ya hemos aludido y de los que nos vamos a ocupar en adelante: el fin de los grandes planes y la reivindicación del derecho de la ciudadanía a participar en la configuración de su medio.

En cuanto al primer fenómeno no cabe duda de que en los últimos veinte o treinta años el planeamiento urbano en las sociedades capitalistas ha tendido a restringirse cada vez más hasta quedar reducido a ciertas actuaciones concretas o a las tareas de coordinación de intervenciones públicas y privadas. Se ha dado un paso muy claro en dirección a un planeamiento abierto y flexible que privilegia la gestión frente al plan a largo plazo[2]. Obviamente, estas modificaciones mantienen una relación bastante significativa con los cambios que la revolución ‘postfordista’ ha propiciado en la estructura socio-económica de nuestras sociedades; me refiero, en particular, al énfasis renovado en la desregulación de todas las actividades sociales y al abandono de un buen número de mecanismos estatales que solían ordenar el funcionamiento económico general.

La reglamentación de la actividad urbanística se ha visto obligada a flexibilizarse, como todo y como todos hoy día, para adaptarse a unas condiciones económicas cambiantes relacionadas en gran medida con la emancipación de la esfera del capital financiero y las enormes fluctuaciones que conlleva y poder así hacer frente a las demandas de los intereses privados sobre determinadas áreas de la ciudad. La competitividad en un entorno crecientemente globalizado parece haberse convertido en el contenido único del discurso urbanístico. En efecto, hace ya mucho tiempo que desde las más diversas tribunas se nos habla de la necesidad de preparar a través de la actuación urbanística el crecimiento y la transformación de las ciudades para atraer la inversión de capitales privados. Esto explica que en los últimos años los fondos públicos hayan ido encaminados, fundamentalmente, a financiar el fomento de la movilidad (sobre todo por carretera), la construcción y mejora de aeropuertos, recintos feriales y palacios de congresos o la oferta de terrenos y de todo tipo de prestaciones para las grandes empresas, especialmente las que se dedican a la tecnología y los servicios avanzados.

Por lo demás, este tipo de inversiones no suele acoplarse al tejido productivo existente por lo que, en lugar de aumentar la riqueza de la zona a la que va a parar, tiende a deteriorar la calidad de vida y a incrementar las tensiones sociales. Cuanto más global es una ciudad, cuanto más se constituye en centro de decisiones y sede de servicios avanzados, más crece en su interior lo que se ha llamado el cuarto mundo, grandes bolsas de pobreza que se ceban fundamentalmente en mujeres, inmigrantes y ancianos y que tienen su reflejo en la decadencia de amplias zonas urbanas. Esta situación se ve agravada por la disminución del presupuesto destinado a gastos sociales que acompaña a esta nueva fase de acumulación flexible y desprotección. Es muy habitual interpretar estos recortes en términos de una retirada del Estado, del anhelado cumplimiento de la utopía del mercado autorregulador cuando, en cambio, resulta fundamental darse cuenta de que la satisfacción de los intereses privados de estos últimos años no sólo requiere la eliminación de los corsés rígidos del planeamiento urbanístico y de la excesiva regulación del sector inmobiliario, sino que exige también una abultada inversión pública (Fernández Durán, 1993:221).

Tanto en la ideología política y económica como en la urbanística se tiende a aceptar que el fin de las políticas proteccionistas de corte ‘keynesiano’ equivale sin más al fin de la intervención, como si contribuir a engrasar los mecanismos de obtención de beneficio privado o invertir en policía lo que se recorta en gastos sociales no fuera intervenir. En definitiva, lo que me interesa destacar es que de poco sirve seguir reivindicando la oposición capital/estado cuando el papel que desempeña el sector público y los criterios de rentabilidad que rigen sus distintos organismos cada vez nos recuerda más la vieja definición del estado como comité ejecutivo de la burguesía (Pantich, 2000:7). Lo mismo ocurre, en cierto modo, con la noción de planificación urbanística cuya supuesta oposición al liberalismo mercantil resulta bastante estéril; en efecto, cuando los intereses en juego en una determinada operación inmobiliaria son lo suficientemente poderosos, la existencia de un plan rígido de ordenamiento del territorio incompatible con dichos intereses no supone ningún obstáculo: basta con modificarlo a golpe de decreto. De hecho, así fue como se introdujo el Tren de Alta Velocidad en el Plan de Transportes por Ferrocarril aprobado en 1987 que no contemplaba en absoluto esta maniobra de propaganda política absorbiendo más del cincuenta por ciento del presupuesto destinado al ferrocarril.

Las inversiones orientadas a aumentar la competitividad, obviamente, no contribuyen en absoluto a solucionar el que sigue siendo el problema urbano por excelencia: la vivienda. De un tiempo a esta parte se ha pasado a aceptar como un hecho ineluctable que un salario no basta para comprar una casa, algo particularmente llamativo si tenemos en cuenta que, al menos en España, la vivienda de alquiler es una opción prácticamente inexistente. Por mucho que los ideólogos de la liberalización a ultranza intenten achacar esta situación a la falta de suficiente suelo calificado, la principal razón del enorme incremento del precio de la vivienda en los últimos tiempos es la enorme masa de capitales especulativos que se dirige al sector inmobiliario[3].

Por lo demás, hace ya tiempo que el gobierno español decidió considerar el sector de la vivienda como un área fundamental de inversión y acumulación y abandonó la consideración del alojamiento como bien de carácter social, tal como demuestra el hecho de que la proporción de viviendas de promoción pública no haya dejado de descender prácticamente desde 1983. Mientras tanto, la reactivación del mercado libre de vivienda se ha orientado cada vez más a la satisfacción de las demandas de la población de altos ingresos (construcción de segunda residencia, vivienda de lujo, etc.) y, asimismo, la legislación en materia fiscal relacionada con este sector ha tendido a beneficiar las inversiones especulativas. Para más inri, también los cambios de régimen en la vivienda protegida han empeorado la situación, ya que el precio final de este tipo de alojamiento resulta inabordable para sectores muy amplios de la población[4]. En suma, la especulación inmobiliaria parece ser la única actividad que se amolda a la realidad de la ciudad contemporánea, que ha dejado de ser capital fijo acumulado para convertirse en pura inversión financiera, en un conjunto deslavazado de terrenos y bienes inmuebles que funcionan como una forma más de capital ficticio a igual título que las acciones[5]. A este respecto, resulta bastante significativo lo que, según cuenta Rem Koolhaas (2001:314), ocurre en Shenzhen, una ciudad del Delta del Río de las Perlas donde los periódicos, como si de un mercado de valores se tratara, publican cada día una lista de los precios del metro cuadrado en novecientas torres de apartamentos del centro la ciudad.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que estos nuevos aires desreguladores no han significado en modo alguno una mayor participación de los diferentes colectivos y sectores sociales en la actividad urbanística. Antes al contrario, los cauces por los que discurre la toma de decisiones se vuelven cada vez más inaccesibles para el control democrático y la resistencia con la que se topan los intereses del capital se debilita hasta casi desaparecer.

Esto nos conduce al segundo fenómeno del que habíamos hablado: la reivindicación por parte de los sectores más supuestamente progresistas de la sociedad del derecho del ciudadano a participar en la configuración de su hábitat. Si en un principio parece obvio que la difusión de tales demandas constituye una mejora o un progreso, cuando la palabra participación se oye en bocas tan diversas y en discursos tan diferentes, surgen las primeras sospechas. Hay, pues, ciertas cuestiones que conviene analizar con detenimiento.

La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que sean los propios arquitectos quienes se suban al carro de la participación. Como decíamos al comienzo, los profesionales tienden a reconocer que han estado demasiado tiempo tratando de imponer una racionalidad técnica supuestamente neutral sin cuestionarse sus efectos prácticos y piensan que ha llegado el momento de recoger las ideas de la gente y sus preocupaciones reales, lo cual constituye, sin duda alguna, un verdadero progreso. El problema aparece cuando la supuesta atención a las necesidades de las masas se combina con la idea de «aprender de lo construido», defendida hace ya años por autores como Robert Venturi y Charles Jencks. Si bien es verdad que el discurso de estos ideólogos suele considerarse hoy día algo obsoleto, no lo es menos que su radicalismo postmoderno no era más que el síntoma de unos nuevos aires que siguen siendo los nuestros. De hecho, la opinión dominante hoy día en torno a las diversas formas de la cultura moderna sigue siendo la que denuncia su supuesto elitismo a la par que elogia la atención que se presta actualmente a la cultura popular. Naturalmente, lo que los partidarios de esta postura olvidan es que la supuesta disolución de fronteras entre la alta cultura y la cultura de masas ha tenido lugar precisamente en el momento en que la mercantilización se ha extendido a todas las esferas, de forma que consumo de masas y cultura de masas se han convertido en términos intercambiables y en un gran negocio para las transnacionales.

La idea de aprender de lo construido, por lo demás, resulta conformista y engañosa, pues en un mundo en el que las alternativas que se presentan son paupérrimas resulta imposible saber lo que la gente quiere atendiendo a lo que de hecho ha elegido. Asimismo, cuando la arquitectura más reciente muestra una renovada preocupación por el entorno, se trata la mayoría de las veces de una sensibilidad puramente formal, visual. En efecto, es extremadamente habitual oír hablar de los edificios como volúmenes que se relacionan entre sí y ver a los arquitectos «fomentar el debate sobre el resultado estético de un proyecto determinado, en lugar de poner en cuestión sus consecuencias políticas»(Goodman, 1977:126). Por otra parte, las únicas consideraciones ajenas al diseño que se toman en cuenta son aquellas que hacen referencia al incremento de la competitividad que puede acarrear un edificio de marca. A este respecto, el Guggenheim de Gehry constituye un caso paradigmático; no sólo da muy bien en cámara y ha sido un éxito total por lo que toca a la reproducción de su imagen sino que, además, se lo considera el artífice de una supuesta reactivación de la economía de Bilbao y de la conversión de la zona degradada de la ría en la que se ha implantado en un entorno renovado capaz de atraer nuevas inversiones.

Hay una segunda matización que conviene tener en cuenta en relación con el discurso que reivindica la participación ciudadana y que nos sirve de engranaje con el fenómeno de obsolescencia de los grandes planes que habíamos analizado en primer lugar. Me refiero al error que supone que quienes reclaman el innegable derecho de la gente a participar en las decisiones que configuran su entorno arremetan contra la planificación como fuente de todos los males, a la vez que entienden por planificación algo análogo a instituciones, burocracia o Estado, olvidando justamente que la única planificación que hemos conocido en nuestras sociedades capitalistas es la del mercado. Cuando lo que empieza a ser imposible por imperativo económico la planificación se califica, además, de no deseable podemos estar seguros de que, una vez más, se nos intenta dar gato por liebre. No obstante, el que la defensa de una ordenación urbana menos megalomaníaca y más atenta a los detalles pueda resultar funcional para el capital no implica que debamos abandonarla. De hecho, se trata de una posición imprescindible, como imprescindibles son también las críticas de quienes acusan al técnico de ser una suerte de policía blanda del sistema y contribuyen así a eliminar la falsa apariencia de racionalidad y neutralidad con la que pretenden revestirse unas decisiones supuestamente técnicas que son, en realidad, políticas[6].

Lo que todas estas precauciones pretenden evitar es que este discurso se convierta en lo que no es. La desconfianza perfectamente comprensible ante los excesos de una supuesta racionalidad técnica y aséptica se extiende demasiado a menudo a la posibilidad misma de plantear un proyecto colectivo de forma coherente (López de Lucio, 1993:245). Es curioso observar cómo la ideología antiplanificación localiza el mal contra el que ha de luchar en lo público, en las instituciones o incluso en el socialismo, sin reparar en que la realidad que verdaderamente ha despertado sus iras y contra la cual se dirige es la del propio capitalismo de las transnacionales. En efecto, en palabras de Jameson (2000:64-65),

«ésta es la única experiencia que la gente de Occidente ha tenido de estructuras de poder omnipotentes e impersonales [...] Éste es el modo en que el odio de estructuras genuinamente antisociales y alienadas, como las de las grandes transnacionales de hoy [...] se reorienta contra la Utopía misma, acompañándose de todas las fantasías propiamente utópicas de gratificación y consumo que la sociedad de mercado es capaz de generar.»

Se trata de un verdadero triunfo ideológico del capitalismo, una victoria que se complementa con la imposición generalizada de una doctrina que presenta la ciudad como un espacio de libertad, que promete variedad y aventura. La construcción de esta imagen de lo urbano requiere un término de comparación, lugar que ocupó durante mucho tiempo lo rural, hasta que la mercantilización del campo y la industrialización de la agricultura empezaron a socavar el extremo de la oposición rural/urbano, amenazando así con dejar que la ciudad revelase su verdadero rostro de monotonía, servidumbre y rigidez. Fue entonces cuando el término de comparación se trasladó, según Jameson (2000:39), a la ciudad del bloque comunista: «hoy día, es el recuerdo de la monotonía imaginada de la ciudad del Este [...] lo que queda como ideológicamente operativo en las campañas de privatización». De esta forma, la imagen del aburrimiento de la ciudad del Este sirve de ejemplo de un mundo extremadamente programado por la intención humana, del que quedan excluidas la casualidad y la aventura que promete en falso la ciudad supuestamente desprogramada del capital. La intención consciente, el plan, el control efectivo se imaginan entonces como represión y renuncia, a la vez que se identifican con un empobrecimiento de la vida real. Éste es precisamente el trasfondo sobre el que es posible vender la ciudad capitalista contemporánea como un festival de heterogeneidades, diferencias y excitación libidinal (Jameson, 2000:45).

El hecho de que la ciudad sea un espacio de apariencia variable y dúctil que apenas guarda memoria de lo sucedido no implica en absoluto que sea el espacio de la libertad, aunque sí contribuye a oscurecer la situación. De hecho, la ciudad disciplinada ha sido el objeto fundamental de la mayoría de las políticas urbanas, tanto en los primeros pasos del urbanismo moderno como en la ordenación de París de Haussmann como ahora. Pero si antaño eran las coartadas higienistas y la ideología humanista lo que ayudaba a encubrir el verdadero objetivo de las intervenciones, hoy es la creciente desvinculación del espacio de control y el espacio físico lo que dificulta la comprensión de la situación, pues el mantenimiento del orden está cada vez más relacionado con los flujos de información desterritorializados y la vigilancia tiene lugar a cielo abierto. Como dice Jesús Ibáñez (1997:68),

«la topología del dispositivo panóptico es sustituida por la topología del laberinto. En el laberinto siempre hay una salida practicable, pero ninguna de las salidas conduce a la salida; hay caminos, pero ninguno lleva a ninguna parte [...]; no hay paredes, pero todo el espacio y todo el tiempo es una pared.»

En definitiva, lo que puede llevarnos a engaño es el hecho de que la ciudad no sea el terreno de la dictadura en el que se llena con dictados todos los huecos que quedan entre las interdicciones, de manera que sea obligatorio todo lo que no está prohibido. No obstante, es fundamental darse cuenta de que el espacio urbano no se diferencia en lo esencial de ese entorno tiránico, pues constituye un terreno isótropo en el que, a pesar de haber muchos caminos, no importa cuál elijas porque ninguno lleva a ninguna parte.

Finalmente, la tercera matización que quisiera hacer en relación con las exigencias de participación tiene que ver con el problema que supone la ausencia de una esfera pública[7] en la que puedan tomar cuerpo tales reivindicaciones y con la vaciedad de los conceptos de participación y ciudadanía en ausencia de tal esfera. No obstante, no es mi intención menospreciar la existencia de asociaciones vecinales y otros conatos de organización, a veces incluso lo bastante politizados como para evitar la incorporación de sus demandas al sistema. Éste es, en efecto, uno de los problemas fundamentales de las movilizaciones vecinales. Robert Goodman hace hincapié en la capacidad del sistema para absorber las demandas concretas, para prever los posibles conflictos y desarrollar encuestas en las que se pide a los vecinos que participen en la fase de planificación de algún proyecto y se les da a elegir entre varias opciones, todas ellas dentro de la lógica dominante. O sea, se puede opinar sobre el trazado preciso de una autopista (y eso en el mejor de los casos), pero no sobre la conveniencia o inconveniencia de su construcción.

En este sentido, incluso la práctica de la intercesión urbanística, tal como la entiende Goodman (1977) (asesoramiento técnico a las organizaciones vecinales), presenta sus problemas. En un principio, la idea de que el técnico salga de su reducto académico y se ponga al servicio de los colectivos de ciudadanos parece amoldarse a lo que debería ser una práctica urbanística crítica[8]. , es decir, una práctica que al margen de sus presupuestos ideológicos (y no digamos de sus elecciones estéticas) logra producir una modificación en su contexto funcional que, en este caso, estaría formado por arquitecto, habitantes, responsable municipal, promotor privado, etc. No obstante, Goodman, que fue durante años urbanista intercesor, llama la atención sobre las dificultades que conlleva el que este tipo de asesoramientos y otros programas de participación ciudadana puedan ayudar a «mantener una máscara de racionalismo, eficacia y ciencia supuestamente progresista [...] permitiendo a los pobres que se administren a sí mismos su propia situación de dependencia» (Goodman, 1977:180). Además, el estilo de la intercesión suele inducir a la gente a aceptar las normas burocráticas, a canalizar sus exigencias por cauces establecidos, que suelen resultar laberínticos y fomentan la desesperación.

Con todo, todavía quedan resquicios para una práctica política antagonista por parte de urbanistas y arquitectos. Goodman aboga por lo que él llama «arquitectura guerrillera», noción que se aproxima bastante a la postura que defiende Benjamin (1998!) en El autor como productor. En este texto, inspirado en la figura de Bertolt Brecht, se señala la necesidad de que el autor, en lugar de abastecer el aparato de producción, trabaje para cambiarlo; de que sus productos, más que el carácter de obra terminada, posean una función organizadora capaz de movilizar o al menos concienciar a la gente, de forma que su actuación en un campo de trabajo (sea éste la literatura o la arquitectura) se convierta en parte integrante de un proceso muy ramificado de modificación del mundo.

Goodman (1977:180), por su parte, afirma que las preguntas que han de plantearse ante cualquier actuación urbanística son:

«¿Promueve la conciencia política de la gente? ¿Pone la reivindicación al descubierto la represión existente dentro del orden establecido? ¿Se refiere a las necesidades reales de la gente? [...] Y su éxito o, incluso, su fracaso ¿llevarán a la gente a esa clase de concienciación política que la empuje, a su vez, a nuevas actuaciones políticas y a la creación de un movimiento más amplio a favor del cambio?»

La arquitectura guerrillera de Goodman formaría así parte de un proceso de transformación general, al suponer un primer resquebrajamiento del vínculo tradicional entre las masas y los profesionales a la hora de crear un entorno arquitectónico. En efecto, no se trata sólo de acercar los urbanistas a la gente, como se ha reivindicado a menudo, sino, sobre todo, de crear las condiciones en las que la población pueda liberarse de su dependencia frente a tales expertos, que ya no se vea obligada a emular los valores estéticos enunciados por los árbitros del buen gusto arquitectónico, que se sienta en libertad para descubrir por sí misma sus propias necesidades ambientales (Goodman, 1977:203). El arquitecto puede contribuir a modificar el contexto funcional de la construcción del entorno físico si ayuda a la gente a entender que la racionalidad técnica no lo es todo, que el carácter político de las decisiones urbanísticas suele ser el más relevante; si contribuye, en definitiva, a desmitificar la profesión rechazando de paso la pretensión de diseñarlo absolutamente todo.

En consecuencia, la acción directa colectiva será el camino más adecuado para dar cauce a las revindicaciones vecinales y el asesoramiento técnico de los profesionales puede consistir en servir de correa de transmisión entre unas experiencias y otras, evitando que la gente siempre tenga que empezar de cero. Lamentablemente, no cabe obviar los límites tajantemente definidos de la acción directa: si bien se puede conseguir un semáforo en un cruce peligroso o incluso que se realoje a unos vecinos en el mismo barrio en el que vivían antes de la demolición de sus viviendas, no hay forma de luchar contra la construcción de un nueva pista de un aeropuerto ni, por ejemplo, contra la Operación Chamartín.

Referencias bibliográficas

Benjamin, Walter  (1998!)   El autor como productor,   Iluminaciones III 
Taurus; Madrid

Callinicos, Alex  (1994)   Contra el postmodernismo. Una crítica marxista   Bogotá, El Áncora, pp. 252-273 

Colectivo Situacionista  (1977)   «Crítica del urbanismo»,   La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas sobre arte y urbanismo, Ed. La Piqueta; Madrid, p. 194 

Eagleton, Terry  (1999)   La función de la crítica   Paidós; Barcelona 

Fernández Durán, Ramón  (1993)   La explosión del desorden   Fundamentos; Madrid 

Goodman, Robert  (1977)   Después de los urbanistas ¿qué?   Hermann Blume; Madrid 

Harvey, David  (1989)   The Urban Experience   Basil Blackwell; Oxford 

Ibáñez, Jesús  (1997)   Para una sociología de la vida cotidiana   Siglo XXI; Madrid 

Jameson, Frederic  (2001)   Las semillas del tiempo   Trotta; Madrid 

Koolhaas, Rem et al.  (2001)   Mutaciones   Actar; Barcelona 

López de Lucio, Ramón  (1993)   Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX   Unviersitat de València; Valencia 

Pantich, Leo  (2000)   «El nuevo Estado imperial»,   New Left Review, nº 3. Akal; Madrid 

Notas


[1]: En mi opinión, suele subrayarse en exceso el carácter rupturista de estos rasgos del capitalismo contemporáneo. No obstante, no es mi intención participar en la polémica sobre si se trata de una nueva fase del capital o si, como argumenta entre otros David M. Gordon, presenciamos tan sólo el fin de la bonanza de la postguerra (para una interesante discusión de estas cuestiones, véase Alex Callinicos (1994); lo único que quisiera subrayar es que la insistencia en la novedad de nuestro presente y el hecho de que su imagen se construya en torno a un sujeto de clase media, consumidor pasivo de mercancías y espectáculos, puede contribuir a ocultar que los principales problemas con los que nos enfrentamos, tanto en un plano más general como en materia urbana, son fundamentalmente los mismos que en el siglo XIX.
[2]: Baso estas afirmaciones en los datos que proporciona Ramón López de Lucio (1993).
[3]: Tanto en este párrafo como en el siguiente sigo, de nuevo, los datos que proporciona la obra de Fernández Durán ya citada (véase, en especial, p. 211).
[4]: En el periódico El País del 21 de noviembre de 2001 se publicaba el siguiente titular: Fomento permitirá un alza de hasta el 56% del precio de la vivienda protegida (p55).
[5]: Toda la obra de David Harvey proporciona información imprescindible en torno a estos nuevos aspectos económicos de la ciudad y los bienes inmuebles; véase, por ejemplo, Harvey, 1989:39
[6]: Como señala A. Villanueva Paredes en el prólogo a la edición castellana del libro citado de Robert Goodman, los aspectos técnicos de los problemas urbanos son los menos importantes y, en general, son una barrera fácil de superar; lo que está en juego, en última instancia, en cualquier problema urbano es una cuestión económica, social y, por tanto, política
[7]: Empleo aquí la noción ‘habermasiana’ de «esfera pública» a la manera de Terry Eagleton (1999:10), es decir, de forma «flexible y oportunista», sin connotaciones nostálgicas y prescindiendo de una definición teórica estricta. En términos generales, la idea tendría más que ver con la existencia de organizaciones de trabajadores, locales de reunión y cafés frecuentados por la misma gente y con alto grado de politización, etc. que con una «sociedad orgánica que a veces parece que haya estado desintegrándose desde su nacimiento».
[8]: Sigo aquí, libremente, las reflexiones de Walter Benjamin acerca del carácter revolucionario de ciertas prácticas literarias (Benjamin, 1998!)


Edición del 30-09-2003
Boletín CF+S > 24: Ecología y Ciudad: Raíces de Nuestros Males y Modos de Tratarlos > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/acolm.html   
 
Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad
Departamento de Estructuras y Física de la EdificaciónDepartamento de Urbanística y Ordenación del Territorio