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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Verena Andreatta[1]
Barcelona (España), 12 de junio de 2002
Favelas, tugurios, pueblos jóvenes, villas miseria, villas de
emergencia, barriadas de ranchitos... son los nombres que reciben
los asentamientos marginales en Brasil, Perú, Argentina, Colombia
y Venezuela; diversos apelativos y la misma imagen tópica de la
pobreza y de la construcción informal de los barrios populares
en América Latina. Se trata de un fenómeno que surgió
unánimemente en el paisaje urbano de este continente hace casi
un siglo, y que tiene su expresión análoga en todas las grandes
ciudades del `tercer mundo'.
Entre los países de América Latina el proceso de urbanización
presenta algunos rasgos diferentes. Comparten el ritmo, pero se
distinguen en el grado; se distancian en la distribución de la
población, aunque son comunes las persistentes desigualdades en
el reparto espacial de la renta urbana. El propio tamaño de las
principales metrópolis varía significativamente (São Paulo y
México tienen casi dos veces más habitantes que Río de Janeiro
y Buenos Aires), si bien todas acaparan altísimos porcentajes de
la población total. De hecho, lo más sorprendente son las
elevadas cifras de población en las ciudades, casi equiparables
a las del `primer mundo', lo que niega la correspondencia directa
entre riqueza y grado de urbanización.
En Brasil, durante los tres primeros cuartos de siglo XX, los
porcentajes de habitantes en áreas rurales y urbanas se
invirtieron: pasaron de una relación de 70 a 30 a una de 30 a 70.
Al final del siglo, el 80% de la población vivía en las ciudades.
Pero la tendencia está remitiendo. La tasa de crecimiento de las
dos últimas décadas es negativa, según datos de Naciones Unidas.
En Sao Paulo, se ha reducido a la mitad; en Río de Janeiro, a un
tercio, y en Ciudad de México, a la cuarta parte. Es el
resultado, en parte, de las políticas de estabilización de esos
países, pero también de la recesión económica.
En Río de Janeiro, este freno ha hecho posible que se elaboraran
importantes políticas de reconducción de la urbanización
marginal. Con matices, la misma secuencia explicativa de cómo
surgieron y cómo se pusieron en práctica estas pautas de acción
puede aplicarse a muchas de las ciudades latinoamericanas, aunque
quizá la experiencia de Río sea la más ambiciosa por su alcance.
También la de consecuencias más expresivas por el grado de
integración física, social y formal de las favelas en la ciudad.
¿Quién construyó estas barriadas en la ciudad brasileña? Lo
hicieron personas en general venidas del campo que, al no poder
pagar una vivienda, buscaron terrenos desocupados, vacíos, en
áreas insalubres o de topografía difícil y, sobre todo, que
escaparan al control público o que hubieran sido abandonados por
sus propietarios. Los barrios fueron construidos por gente sin
recursos que, con sus escasos ahorros, compraron ladrillos y
cemento y levantaron sus casas, poco a poco, con la ayuda de
amigos, vecinos y familiares. Son viviendas de ciudadanos de
`segundo orden', `invasores' que han creado, en el seno de las
urbes, verdaderas ciudades hechas a mano.
La incertidumbre de la incorporación a la ciudad, unida al
carácter gregario que acompaña a toda emigración masiva, se
tradujo en una cadena humana de ayuda mutua en la que cada nueva
familia asentada llamaba a sus parientes y a sus conocidos para
vivir a su lado: una casa, y otra más, reproduciendo las
comunidades de origen, recomponiendo sus lazos humanos y de
solidaridad dentro del hostil espacio social urbano. De esta
forma, a lo largo de los dos primeros cuartos de siglo, surgieron
en Brasil los `nuevos barrios', las favelas, nacidos del
deterioro de otros barrios abandonados o como villas de
emergencia, de forma a veces espontánea y otras planificada por
grupos organizados, en procesos en los que no faltaron
intermediarios y especuladores, como en otros países.
A pesar de la irregularidad de su origen y desarrollo, de la
falta de planificación, de la precariedad de sus servicios y de
la provisionalidad de sus construcciones, estos asentamientos
ofrecían buena parte de lo que se necesita para vivir con una
cierta confortabilidad: excelente ubicación sobre los montes
altos y centrales de la ciudad -los `morros'-, facilidades de
transporte por la proximidad de las estaciones de tren y de
autobuses y cercanía al empleo, al comercio y a las áreas de ocio
de los barrios burgueses del `llano'. Quizá sea éste un hecho
diferencial frente a las enormes extensiones periféricas de
suburbios que rodean otras urbes latinoamericanas, y de él emana
la singularidad de la favela.
La cuestión de la vivienda parecía estar resuelta en esta etapa
de crecimiento acelerado de las megaciudades. Sin embargo, aunque
un solo individuo podía levantar su residencia, unas pocas
personas en situación de irregularidad, frecuentemente sin
títulos de propiedad, no podían construir infraestructuras
básicas (saneamiento, agua, luz, etc.), ni vías de acceso para
atender a la colectividad, ni escuelas, guarderías y dispensarios
sanitarios. Al menos, no podían hacerlo sin la participación
efectiva de la autoridad estatal: sólo el poder creciente de las
comunidades pudo forzar el suministro de estos servicios mínimos.
Incluso la visión sociológica sólo era capaz de encontrar en todo
ello la constatación en el espacio urbano de las reglas que
producían las desigualdades sociales, un reflejo de las
desigualdades en la propiedad y en el manejo de los medios de
producción.
No es de extrañar que estas favelas, cuya ubicación, apropiación
y construcción violaban las reglas urbanísticas, fueran
consideradas una patología de la ciudad. Y, por ello, no sólo las
políticas gubernamentales, sino también gran parte de la
ideología urbanística dominante encontraron una única solución:
su erradicación y su realojo en zonas más ajustadas a la
legalidad, mediante la edificación de viviendas en polígonos,
normalmente de promoción pública. Teoría urbanística y estado
asistencial se daban la mano en la resolución del problema.
En América Latina las megaciudades fueron las áreas que más
crecieron demográficamente, con respeto a otras aglomeraciones
urbanas con un desarrollo económico similar. Por eso, cuando en
la década de los sesenta las favelas empezaron a ser objeto de
políticas de erradicación, con el consecuente traslado de sus
habitantes a polígonos, el problema alcanzaba ya tal magnitud que
no podía ser resuelto por esas ofertas públicas de residencias.
No había inversiones suficientes para trasladar a una población
que, en Río de Janeiro, por ejemplo, sumaba casi 500.000 personas
a finales de los sesenta.
Pero lo más importante era que estos nuevos polígonos -simulacro
de la ciudad real- seguían una lógica distinta de aquella que
formó las favelas. Estaban alejados de los centros urbanos y del
empleo, por lo que conllevaban altísimos costes de transporte
para una población de paupérrimos niveles de ingreso. Además, las
relaciones de vecindad y solidaridad se difuminaban con la
dispersión de los vecinos.
Muy frecuentemente el nuevo piso se transformó en un bien de
consumo y gran parte de sus habitantes lo vendieron o traspasaron
para volver a las favelas. Los espacios públicos de los polígonos
se deterioraron hasta niveles inadmisibles, creando zonas de
mayor degradación social, marginalidad y delincuencia que las de
las favelas.
Por otro lado, esta política de erradicación despertó los
vínculos sociales y comunitarios que habían caracterizado el
origen de las favelas. Fue necesario unir voces y vecinos para
vencer el miedo a encontrarse frente a un poder público todavía
insensible a aquella forma de vida irregular e informal, aquella
`excrecencia urbana' a cuyos habitantes nadie consideraba
ciudadanos, ni siquiera posibles clientes de las agencias
suministradoras de servicios básicos. Eran `gente de las favelas,
no del asfalto'; no de la urbe. Este rechazo propició la creación
de asociaciones de vecinos, de federaciones, de grupos políticos.
Así, de forma organizada, pudieron defender por sí mismos los
barrios marginales y presionar al poder para que realizara las
mejoras necesarias de saneamiento, agua, luz, cloacas,
electricidad, etc. Sobre todo, consiguieron así el instrumento
que los apartaría por fin de la ilegalidad: el título de
propiedad.
A mediados de los años setenta se cerró el capítulo de la
eliminación de las favelas. Las instituciones se esforzaron en
diagnosticar el problema de una manera más sistemática,
cuantificarlo y cualificarlo: se investigó cuántas personas
vivían en las barriadas, en qué condiciones y dónde estaban
ubicadas; se determinaron los límites físicos y la topografía del
lugar que ocupaban; se constató qué tipo de servicios se habían
implantado en ellas, etc.
No todas las favelas tenían el mismo nivel de urbanización.
Algunas contaban con beneficios obtenidos a partir de promesas
político-electorales; en otras, alguna agencia de servicios había
comenzado a introducir precarias redes de saneamiento o
electricidad. Pero, en cualquier caso, estos asentamientos no
constaban en los mapas -eran un espacio en blanco-, ni entraban
dentro del ideario del racionalismo arquitectónico y urbanístico
y, apenas, en el del poder público. Eran barrios sin nombre de
habitantes sin dirección posible, sin ciudadanía, pero que vivían
(viven) dentro de la misma cultura, la misma ética, con las
mismas características étnicas que existen en la ciudad formal;
gentes que comparten las esperanzas y expectativas de futuro de
la cultura vigente.
A inicios de los ochenta había un clímax de mayor comprensión de
la dimensión del fenómeno. El escenario estaba dominado por la
recesión económica y se comenzaba a constatar una estabilización
del crecimiento migratorio y demográfico. Además, los nuevos
sistemas políticos, más democráticos, hacían posible una mayor
participación de las comunidades de vecinos, ya que los
habitantes de las favelas representaban, entre otros aspectos,
un fuerte capital electoral.
``La favela es la solución'', aseguró el urbanista inglés John
Turner, invitado a Río de Janeiro para proponer una `solución'
al `problema'. Fue una sorpresa para unos cuantos políticos y
tecnócratas, y una alegría para los expertos situados a
contracorriente de un modelo de urbanización que destruía los
tejidos históricos, abandonaba los barrios empobrecidos y
pregonaba la primacía del automóvil en la reconstrucción de las
ciudades.
``¡Hay que urbanizar esos barrios, hay que dotarlos de los
servicios de los que carecen!''. Éste comenzó a ser un eslogan
compartido e imbricado en los nuevos enfoques urbanísticos. La
aceptación de la realidad de las favelas empezó a formularse
desde distintas perspectivas, y gobiernos y comunidades se
pusieron a trabajar para dotarlas, primero, de redes de
alcantarillado, cloacas y electricidad, y, después, de
edificaciones que albergaran las asociaciones de vecinos,
equipamientos sociales y deportivos, etc.
Se establecieron entonces las pautas principales de la llamada
`urbanización comunitaria': la idea era considerar a sus
habitantes como consumidores con derecho a ser atendidos por
todas las agencias gubernamentales. Para facilitar la
financiación, las nuevas redes de servicios se formaban con mano
de obra de la propia comunidad, con recursos públicos, técnicas
reglamentadas y control técnico. El objetivo era conectarlas con
las infraestructuras de los barrios colindantes.
El diálogo abierto entre el gobierno y las asociaciones vecinales
ganó sinergia política y de él nació un conjunto de técnicas
alternativas, desde sistemas de recogida de basuras con
microtractores hasta escaleras mecánicas para las zonas en
pendiente y otras muchas innovaciones que ponían en cuestión las
soluciones habituales de urbanización de la ciudad formal.
Al final de la década, la revisión de la política sobre las
favelas había alcanzado tal dimensión que se introdujo como tema
de debate en la cámara legislativa. Se aprobaron decretos que
condenaron definitivamente la política de erradicación, tal y
como recoge el Plan Director de la Ciudad de Río de 1993. Pero
la puesta en marcha de las nuevas políticas requería una fuerte
financiación y una participación comunitaria más extendida en los
proyectos de mejora de los barrios, así como una difícil, casi
revolucionaria, transformación de las prácticas jurídicas que
permitiera avanzar en la imprescindible concesión de los títulos
de propiedad.
Los años noventa empezaron con buenos augurios para las favelas.
Aprovechando los ecos de la conferencia de medio ambiente Río'92,
el gobierno recién electo apostó por su recuperación y por la
dignificación de sus calles y de sus barrios, y lo hizo a través
de dos ambiciosos proyectos: Rio-Cidade, para la ciudad formal,
y Favela-bairro, para la ciudad informal.
El programa se apoyaba, obviamente, en la experiencia de
políticas asistenciales puntuales y de los programas de
infraestructuras básicas que utilizaban mano de obra de las
propias favelas, se forjaba sobre el cambio de opinión respecto
a ellas y a la marginalidad de sus poblaciones, y se sustentaba
en una generación de técnicos municipales con conocimiento del
problema y con experiencia en un nuevo modelo de intervención.
Sin embargo, sólo a partir del liderazgo de un poder político
decidido a enfrentar el tema se acometió de forma más amplia y
más compleja la transformación e integración de las favelas. El
gobierno municipal de Maia y Conde, bajo un entendimiento común
del urbanismo como acción pública y no como pasiva formulación
de códigos estériles, diseñó el programa, buscó financiación
externa y fue capaz de arrastrar a la sociedad y a la opinión
nacional e internacional para llevar a cabo el proyecto a lo
largo de ocho años y con un enorme éxito social y urbanístico.
Para ello consiguió un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo del 60% del coste total, que fue de 320 millones de
dólares. Sobre esa base se formuló una estrategia de intervención
urbanística, en la conciencia de que la normalización del
espacio, la integración formal, favorecería la integración
social, la ciudadanía plena de sus habitantes.
La Prefeitura de Rio seleccionó, para la primera etapa, quince
áreas de favelas de tamaño mediano, asentamientos de 500 a 2.500
viviendas en las que existía una organización social ciudadana.
Realizó un concurso público de profesionales organizado junto al
Instituto de Arquitectos, aunque trataba de involucrar el máximo
de actividades profesionales en los equipos de trabajo técnico.
Los participantes debían definir propuestas metodológicas para
afrontar el programa de acuerdo con las siguientes finalidades:
El balance cuantitativo se resume en 124 kilómetros de
canalización de torrentes y de conducciones de aguas de drenaje,
800.000 m2 de calles pavimentadas, 7.800 farolas puestas en
funcionamiento, 58.000 m2 de superficie de laderas estabilizadas,
292.000 metros de alcantarillas para cloacas y 7.100 piezas de
mobiliario urbano y señalización.
Pero junto a esta normalización de infraestructuras, hay que
destacar la creación de 351.000 m2 de áreas de ocio, un centenar
de cooperativas de trabajadores locales, seis centros de
informática, tres áreas deportivas de dimensiones olímpicas y
90.000 m2 edificados para escuelas, guarderías y viviendas para
la población que hubo de ser realojada (algo que sólo precisó un
1% del total). Y todo ello por el coste aproximado de una
autopista de 50 kilómetros o de uno de los grandes museos de las
capitales del `primer mundo'.
Más allá de los datos numéricos, es importante señalar otros
avances. Se emprendió la concesión de casi 80.000 títulos de
propiedad, en un proceso lento pero inexorablemente con final,
y se otorgó nombre a cerca de cien kilómetros de nuevas calles,
con la consecuente adquisición de dirección formal y legal (base
primera de ciudadanía) de un enorme volumen de población. Por
encima de todo ello, los habitantes de las favelas gozaron de la
dignidad adquirida sobre la base del propio espacio: accesos al
resto de la ciudad que rompían el gueto y permitían la entrada
de otros ciudadanos, de ambulancias, de bomberos, de policía;
calles abiertas de dimensiones adecuadas, con aceras, arbolado,
escaleras e iluminación publica, papeleras y buzones; calles
pavimentadas donde antes había lodazales, con drenaje, cloacas,
suministros de agua y electricidad... Calles, en definitiva, como
las de cualquier otra ciudad.
Las favelas se dotaron de plazas para juegos infantiles y para
el ocio de jóvenes y mayores, plazas que ofrecen sombra y
comodidad. Se trazaron en ellas calles con escuelas, guarderías
y centros sociales y comunitarios, calles que llevan a
instalaciones deportivas y al indispensable campo de fútbol de
cada barrio carioca. El habitante de la ciudad formal no imagina
que aquello a lo que no presta atención, aquello que es su
paisaje cotidiano, su hábitat, es también el pasaporte hacia la
ciudadanía de tanta gente que hasta ahora era tildada de
invasora, marginal e incluso clandestina.
Quienes viven en las favelas tienen hoy una percepción de ciudad
nueva que también comparten los vecinos de los barrios
colindantes. El callejero se ha poblado de nombres que comienza
a reconocer, incluso, el resto de los ciudadanos, aunque es
revelador en cuanto a su integración el hecho de que 200 escuelas
primarias de las favelas hayan tenido que incorporar enseñanzas
sobre el uso de los espacios y las prácticas propias de los
habitantes de la urbe.
Posiblemente el programa esté inacabado y existan grandes áreas
todavía no atendidas; posiblemente también no sean las favelas
las barriadas más marginales de la enorme metrópoli. Sin embargo,
el enquistamiento en estas zonas aún desatendidas -y no en las
favelas- de los problemas de delincuencia y narcotráfico muestran
cómo la incorporación a la ciudad normal de estos asentamientos
informales no sólo ha sido una conquista social de sus
habitantes, sino también una garantía de integración social para
el conjunto de la urbe, orgullosa de que donde antes había una
favela, ahora tiene un barrio.
Libros básicos
Sergio Magalhaes (2002) Sobre a Cidade: habitaçao e
democracia no rio de janeiro (Pro Editores)
Busquets, Joan (1999) La urbanización marginal (Ediciones
UPC, Laboratori de Urbanisme)
Luiz Paulo Conde (prefeito) e Sergio Magalhaes (secretario
de Habitaçao) (1999) Cidade inteira: a política habitacional
da cidade do Rio de Janeiro (Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro/Secretaria Municipal de Habitaçao)
França, Elisabete (coord.) (2000) Guarapiranga:
recuperaçao urbana e ambiental no Municipio de São Paulo (M.
Carrilho Arquitetos)
Fecha de referencia: 15-04-2003
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