Seguridad urbana y miedo al crimen

De qué nos cuidamos y quién (o qué) nos proporciona seguridad

La etimología nos recuerda que el término securitas nombra la cualidad del cuidado de sí. Este punto de partida resulta interesante pues la evolución del concepto seguridad, como se verá, gira en torno a algo esencial: de qué nos hemos de cuidar y, su consecuencia, a quién se atribuye la función tuitiva.

En los burgos y aldeas medievales, la seguridad provenía de la organización de los vecinos frente a las emergencias [Dávila, 1999]. La naturaleza indómita y sus extrañas criaturas, las catástrofes naturales o los recaudadores de impuestos, eran peligros externos frente a los que la ciudad amurallada era símbolo de seguridad. La protección se garantizaba a través de la ayuda mutua, la buena vecindad, simbolizada por la campana de la iglesia que movilizaba a los vecinos ante las contingencias. Por otra parte, la mayoría de los conflictos eran resueltos en el seno de la comunidad, en un contexto de control social primario.

El nacimiento de las grandes concentraciones urbanas trajo consigo un cambio radical en el ámbito de la inseguridad, del miedo. Si en la ciudad medieval amurallada el peligro se encontraba extramuros, en las ciudades modernas lo peligroso se halla en la propia urbe.

Foucault ha ejemplificado la génesis del miedo en la ciudad y de la gestión de la seguridad, a través de las estrategias empleadas para combatir las dos grandes epidemias que han acompañado la Historia occidental: la lepra y la peste. La lepra en las ciudades de la Edad Media se combatía con la segregación de los infectados, a través de la creación de lazaretos extramuros. La ciudad quedaba a salvo expulsando el peligro. La peste de la Europa de los siglos XIV y XV, de la que algunas ciudades tardaron siglos en recuperarse, generó una respuesta bien distinta. La epidemia ya no se afrontaba segregando a los enfermos, sino disciplinando la ciudad, estableciendo un sistema de control exhaustivo de personas, bienes y animales.

Y es que «el exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada. Dos maneras de ejercer poder sobre los hombres...» [Foucault, 1996]. Estas dos estrategias de seguridad, la segregación y la disciplina, con ser diferentes no son en absoluto incompatibles. A lo largo de estas páginas se verá como las políticas de control social en las ciudades de nuestros días incluyen ambas respuestas.

De este modo, como se decía, el surgimiento de las grandes ciudades instala el peligro, el miedo, dentro de la ciudad. En el siglo XIX se refuerza aún más este cambio. La multitud es vista como potencialmente peligrosa; surge la idea de la masa como problema que hay que dominar. Es entonces cuando las instancias informales de control social de las sociedades preindustriales son sustituidas por las agencias de control formal: la policía[3], los juzgados, las cárceles. El peligro ya no lo encarnan las bestias o las catástrofes naturales, sino `otros' ciudadanos.

La asociación inseguridad-criminalidad

La seguridad es definida, en las declaraciones de derechos y en las constituciones, de un modo plural. En concreto, en la Constitución española se establece como derecho ciudadano a vivir en un «clima de paz, de convivencia y de confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre y pacífico desarrollo de sus derechos individuales, políticos y sociales» [Lledó, 1999].

Sin embargo, a partir de los procesos descritos en el apartado anterior, se puede observar que se ha ido despojando a la seguridad de sus antiguas aliadas (la libertad, la solidaridad, o la confianza mutua) y que ha quedado reducida casi por completo a una parte marginal de su globalidad: la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad. Hoy en día es este el significado casi exclusivo que se le atribuye, más aún si se le añade el adjetivo ciudadana. Ante lo cual, la garantía de esta seguridad `reducida' es competencia de las instancias de control formal, públicas o privadas, que la gestionan en un régimen de monopolio sin precedentes en la Historia.

La asociación inseguridad-criminalidad nos lleva a preguntarnos si hoy día sólo hemos de cuidarnos de la criminalidad y, si no es así, a cuestionarnos qué es lo que determina que la cuestión criminal aparezca en la cabeza de la gente como uno de los problemas más graves y urgentes.

Dentro del concepto más amplio de `malestar urbano', Carlos Lles engloba la inseguridad ciudadana. En las sociedades posindustriales este sentimiento procede sobre todo de la imposibilidad de planear el futuro, de la crisis del Estado de Bienestar, marcada por una creciente precariedad laboral y por el recorte de la protección social, de la competitividad aprendida desde la infancia, y de la sensación de carecer de alternativas, (citado en [Lledó, 1999]) en un momento en el que decisiones fundamentales para las ciudadanas y los ciudadanos, son tomadas en esferas cada vez más lejanas.

A esto hay que unirle la obsolescencia de las estrategias primarias (comunitarias) de control social en las ciudades actuales, derivada en gran medida de la pérdida de los lazos de vecindad y de la falta de comunicación entre personas y grupos. Cada vez más personas sitúan trabajo, consumo y ocio en zonas distintas dentro de la ciudad, lo que debilita el sentimiento de pertenencia, de barrio, de comunidad. Estos nuevos hábitos de vida condicionan enormemente el modo de relacionarse y la forma de percibir a las otras personas. El sentimiento de inseguridad tiene estrecha relación, por tanto, con la incomunicación y con el abandono de los espacios públicos. Este repliegue de los ciudadanos y las ciudadanas hacia lo privado --el domicilio, la familia nuclear-- hace que se limite el contacto con las personas del entorno y se pierda el control sobre los espacios.

Por otro lado, si hay algo que caracteriza a las fuentes de inseguridad de nuestro tiempo es su carácter difuso, estructural, lo que hace que sean difícilmente identificables. Para las ciudadanas y ciudadanos resulta muy difícil canalizar la insatisfacción, los miedos y las frustraciones hacia lo que podríamos considerar sus causas reales.

En la época de los derechos humanos, de las constituciones democráticas, asistimos paralizados a formas cada vez más sofisticadas de violencia estructural. Así, en palabras de Galtung «los derechos humanos, tal como se conciben usualmente, son perfectamente compatibles con el paternalismo con el que los detentadores del poder lo distribuyen todo, salvo el poder último de las distribuciones, de manera que se obtiene una igualación sin ningún cambio en la estructura de poder» (citado en [Bergalli, 1996]).

Llegados a este punto, sería interesante reflexionar sobre las razones político-culturales que hacen que «el vocabulario del miedo al crimen sea capaz de traducir y expresar cada vez más todo el conjunto de las inseguridades sociales» [Baratta y Pavarini, 1998].

En la actualidad, cuando la experiencia directa con el crimen es algo excepcional, las ciudadanas y los ciudadanos reciben a diario la imagen del delito ofrecida por los medios de comunicación[4]. La criminalidad que se conoce a través de los medios es precisamente la más anecdótica, la menos real: los actos de violencia entre personas desconocidas. Así, los medios de comunicación de masas crean una criminalidad difusa, irreal e incomprensible para la mayor parte de los mortales [Schneider, 1995] con la finalidad de inquietar o fascinar a su público. Pero además, crean la sensación de que esa criminalidad violenta, cercana a la ficción cinematográfica, está experimentando un importante aumento, lo que lleva a las ciudadanas y ciudadanos a sentir la necesidad de protegerse.

La creciente inseguridad y su difícil respuesta ciudadana, contrasta con un elemento visible, perfectamente identificado y presentado a diario como una amenaza real: la criminalidad. Y al criminal --alguien diferente, con importantes déficits psicológicos y/o sociales, insensible, sin escrúpulos, un auténtico `enemigo interno'-- como encarnación de todos los males de la sociedad. Así, basándose en hechos aislados se van conformando `entidades' como la criminalidad, la droga o el terrorismo, que a modo de `cajón de sastre', sirven para explicar (o camuflar) casi todas las inseguridades sociales.

Todo ello hace que seguridad y protección frente al crimen aparezcan como equivalentes y que, según ponen de manifiesto las encuestas, las ciudadanas y los ciudadanos españoles consideren como principales causas de inseguridad, por orden de importancia, el terrorismo, la droga, las agresiones sexuales y los atracos [5].

Riesgo objetivo y sentimiento de inseguridad

Numerosas investigaciones demuestran que el sentimiento de inseguridad tiene escasa relación con el riesgo objetivo de victimización. Como ejemplo, la investigación francesa de D. Duprez y M. Hedli [Duprez y Hedli, 1992] pone de relieve que el sentimiento de inseguridad está menos presente precisamente en los barrios objetivamente más inseguros. Distintos motivos inciden en ello, entre los cuales la asunción de un cierto nivel de ilegalidad difusa, como dato de contexto o la prevalencia de variables subjetivas, como la edad, el sexo, el estatus social o la vulnerabilidad ante el mensaje de los medios de comunicación, sobre el riesgo objetivo de ser víctima de un crimen.

La distinción entre seguridad subjetiva y objetiva resulta fundamental para comprender el incremento de la inseguridad de la población y para arbitrar medidas que proporcionen seguridad real, no simbólica. Del mismo modo, esta distinción puede facilitar la búsqueda de las raíces del miedo y evitar la canalización de las inseguridades personales y sociales, en forma de castigo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Tras una reflexión crítica, aparece suficientemente claro que la inseguridad ciudadana frente a la criminalidad es el producto de una compleja construcción social dentro de la cual el riesgo efectivo del crimen tiene un papel relativamente marginal. [Baratta y Pavarini, 1998]

Demanda de seguridad y respuesta represiva

Más allá de la distinción entre sentimiento de inseguridad y riesgo objetivo, las encuestas revelan que la seguridad aparece situada, para las ciudadanas y ciudadanos, en un lugar preferente, frente a otros valores sociales considerados menos importantes, como la libertad, la igualdad social o la solidaridad [6].

Pero, ¿de qué modo se está respondiendo a la citada demanda social? Dos estrategias están acaparando la gestión de la seguridad en el momento presente: el refuerzo del sistema represivo-institucional y el incremento de la 'defensa' privada de la seguridad.

A la vez que se destaca la creciente inseguridad de la población, suele afirmarse la propensión punitiva de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta conclusión se extrae de una serie de investigaciones realizadas en el ámbito europeo, sobre criminalidad y opinión pública. En Francia, por ejemplo, resulta que un 53% de la población coincide en que para mejorar la seguridad pública es preciso incrementar las medidas represivas (lucha contra la inmigración clandestina, penas más severas, mayor presencia de la policía), frente al 36,5% que preconiza medidas de prevención de la criminalidad y alternativas a la cárcel. La actitud de los españoles y las españolas no es diferente. Sin embargo, algunas investigaciones como las de Toharia o García-Borés, realizadas ambas en 1994, ponen de manifiesto ciertas incoherencias en el discurso, derivadas en gran medida del desconocimiento (nada casual) de las personas entrevistadas, acerca de las características y los efectos de la política represiva en el Estado español [Mosconi y Toller, 1998].

Contradicciones y desconocimiento, que sirven para matizar la rotundidad con la que desde las instancias de control se afirma la vocación punitiva de la población española (con la que, dicho sea de paso, se pretende legitimar la creciente actuación represiva del Estado), y que son las siguientes: en primer lugar, si bien las ciudadanas y los ciudadanos afirman que la cárcel es necesaria, al hablar de su utilización concreta sólo se refieren a los delitos más graves (homicidios, violencia grave, agresiones sexuales) que en realidad sólo representan el 0,5% de los encarcelamientos en nuestro país [7] [García.Borés, 1994]. Según la investigación de Toharia, los españoles y españolas que demandan un endurecimiento de las penas afirman desconocer cuales son los máximos de pena que se pueden imponer, conforme a la legislación española [Mosconi y Toller, 1998].

Ante el desierto de alternativas efectivas y radicales (en el sentido de ir a la raíz) frente al lenguaje de la represión, para afrontar los conflictos y los problemas sociales, cabe preguntarse si la población española se decanta por el incremento de lo penal, más porque desconoce cualquier otra forma de respuesta, que por consideralo la solución al problema.

Respuesta pública: del Estado social al Estado penal

Algunos autores afirman que «el reemplazo de un semi-Estado providencia por un Estado penal y policial, en Estados Unidos, dentro del cual la criminalización y el encarcelamiento de los desheredados va supliendo a la política social» [Wacquant, 1998], se está produciendo también en Europa.

La tentación de apoyarse en estrategias represivas para hacer frente a los efectos de la inseguridad, derivada del modelo social adoptado, se está dejando sentir, en mayor o menor medida, en todos los países del Viejo Continente. Inmigrantes extracomunitarios, población gitana[8], y en general quienes componen las categorías más vulnerables de la sociedad, están siendo masivamente sobrerrepresentados entre la población encarcelada.

Esta tendencia se puede ejemplificar con lo que se ha dado en llamar 'la guerra contra la droga', que es el biombo que esconde otra guerra, la dirigida contra los componentes de la población percibidos como menos útiles y potencialmente más peligrosos [Wacquant, 1998]. Porque, en palabras de Nils Christie, «cuando la pobreza viene explicada con la droga, no es necesario comenzar discusiones más serias sobre el fracaso del Estado social». Los efectos de esta particular cruzada se dejan sentir por igual en la mayoría de los países occidentales, en los cuales «un importante segmento de la población no productiva viene asegurada tras los barrotes» [Christie, 1996].

En Estados Unidos el vertiginoso aumento de la población encarcelada en las dos últimas décadas se debe principalmente al continuo endurecimiento de las leyes antidroga. En España, de las 45.000 personas encarceladas hoy día, en torno a 30.000 están presas por delitos directa o indirectamente relacionados con la severa criminalización de algunas drogas.

Esta tendencia, que está llevando a los Estados a cambiar un buen número de estrategias sociales por medidas penales, está siendo adoptada tanto por países gobernados por partidos liberales como por aquellos en los que son los socialdemócratas quienes gobiernan. Como ejemplo de la vocación de estos últimos por las medidas punitivas, el `New Labour' de Tony Blair ha hecho suyas un buen número de las estrategias represivas, propuestas en la propaganda electoral por los Tories, y los gobiernos socialistas, francés y sueco, que se comprometieron a suprimir las leyes de los gobiernos conservadores en materia de seguridad, se han cuidado mucho de no hacerlo [Wacquant, l998].

Respuesta privada: el mercado de la seguridad

La otra respuesta que ha tomado gran auge en la última década y que está relacionada con el miedo difuso que poseen los habitantes de las grandes ciudades de nuestro tiempo, es la proliferación de las estrategias privadas de seguridad. La seguridad ha pasado a ser un bien que se compra y se vende y que determina la posición social de quien lo consume. En palabras del urbanista norteamericano Mike Davis, «la seguridad física se ha convertido en un símbolo de status, que diferencia a quien tiene de quien no tiene y, más aún, a los muy ricos de la clase media (...) la seguridad es cada vez más un estilo de vida» [Maluccelli, 1994].

Los edificios, tanto públicos como privados, han incorporado el concepto de `espacio defendible' propio de los castillos y fortalezas de otro tiempo. Esta idea se refleja en que las construcciones, ya sean centros comerciales, oficinas o viviendas, presentan un aspecto unfriendly hacia el exterior y friendly hacia el interior, cada vez con más barreras (reales y simbólicas) para alejar a los indeseables [Maluccelli, 1994].

La huella de las políticas represivas en la ciudad

Es interesante preguntarse por qué el miedo o la inseguridad, son actualmente factores esenciales para comprender la organización espacial y las relaciones sociales en las grandes ciudades.

Podríamos decir que las respuestas actuales (públicas y privadas) frente a la inseguridad inciden de lleno en la configuración del espacio y en el urbanismo de las grandes ciudades. En este sentido, el ejemplo extremo lo representan algunas ciudades norteamericanas, en las que la policía tiene un papel central en la planificación urbana, «siendo el más feroz detractor de los espacios públicos, sobre la base de que éstos traen la criminalidad» [Maluccelli, 1994].

En suma, el modelo de seguridad ciudadana expuesto --predominante en los países de nuestro entorno cultural-- se apoya en tres pilares fundamentales, que van a marcar cada una de las estrategias y las consecuencias de las mismas: el predominio de las medidas represivas, la criminalización de los excluidos, cuya seguridad ni siquiera se trae a debate, y la restricción de libertades de quienes habitan la ciudad, desde la confusión cada vez más habitual entre ciudad disciplinada y ciudad segura.

Reflejo de esta política es la creación, en ciertas zonas de la periferia, de ghettos con una fuerte presencia policial donde la ciudad acumula a sus pobres y, por otra parte, también en las afueras la otra cara de la moneda, las residencias de quienes más tienen o de quienes aspiran a tener más, que en vez de hogares, parecen más bien bunkers o castillos feudales, claro ejemplo de la idea de espacio defendible. En el centro de la ciudad todo un mobiliario urbano diseñado para ahuyentar al vagabundo y para evitar la concentración de grupos de personas. La ausencia de bancos en las plazas, o el nuevo diseño de bancos `antimendigo', las telecámaras en las esquinas, o los centros comerciales en forma de panóptico, descritos hace casi una década por Mike Davis en su retrato de Los Angeles, City of Quarz, ya son una realidad en nuestro país.

De la ciudad disciplinada a la seguridad urbana

Para dar respuesta a la demanda insatisfecha de seguridad, es preciso escapar del circuito autorreferencial, de inseguridad-represión-mayor inseguridad-mayor represión..., que lejos de producir los efectos que las ciudadanas y los ciudadanos desean, producen justo los contrarios, y además conllevan elevados costes emocionales (tanto para los infractores como para las víctimas) y económicos.

Además, la identificación de la seguridad con la protección frente al crimen implica en la práctica que aquellos grupos que son habitualmente criminalizados, o seleccionados por el sistema policial y penal, tienen un acceso mucho más limitado a este importante derecho ciudadano. Esto es así porque actualmente, tanto la definición de lo seguro como la identificación de lo peligroso la realizan únicamente los grupos mejor situados socioeconómicamente, desde la pretensión de que seguridad sólo hay una: la por ellos definida, y que ésta es generalizable.

Es preciso redefinir la seguridad de manera que desborde la esfera de lo criminal y se identifique con la libertad (de expresión, de movimiento, de reunión...), con la convivencia de los diferentes grupos y con la justicia social que impida que precisamente los más perjudicados por el modelo actual de sociedad se conviertan en 'chivos expiatorios' de las inseguridades y frustraciones del resto.

Por lo tanto, es necesario reconocer la existencia de tantas (in)seguridades como personas habitan la ciudad, habida cuenta del importante componente subjetivo que caracteriza a esta necesidad. Como se ha dicho más arriba, más allá del riesgo objetivo, la inseguridad tiene su origen en los hábitos de vida, comunicación, el sentimiento de comunidad, el bombardeo de los medios de comunicación con noticias violentas, la edad o el sexo... Estos factores no sólo inciden en el mayor o menor sentimiento de inseguridad, sino que determinan la existencia de necesidades distintas en este ámbito. Partimos, por tanto de que no hay una única seguridad, sino tantas como ciudadanos y ciudadanas y de que la gestión pública debería posibilitar la satisfacción de todas ellas. Las estrategias de gestión de la seguridad urbana deberían ser puentes para el encuentro de intereses ciudadanos enfrentados, a través de una mediación incansable.

Por otra parte, llegados a este punto hemos de convenir que una ciudad segura no se logra con calles vigiladas por policías o por `patrullas ciudadanas', sino con el tránsito normal de quienes, en palabras Jane Jacobs, son `los propietarios naturales de las calles y aceras de las ciudades': los ciudadanos y las ciudadanas. Esta autora defiende que seguridad y comunicación no están reñidas con la privacidad, tan preciada por los habitantes de las grandes ciudades y afirma que «una vecindad en armonía es aquella que ha conseguido establecer un equilibrio entre la determinación de sus moradores de conservar celosamente su intimidad y su simultáneo deseo de establecer diversos grados de contacto, esparcimiento y ayuda con los vecinos de las inmediaciones» [Jacobs, 1973].
La redefinición propuesta conlleva el cambio del vocabulario actualmente ligado a la seguridad (vigilancia, policía, miedo al otro, desconfianza, domicilio cómo único referente de seguridad) por otro más idóneo para incidir allí donde más se necesita: en el sentimiento de seguridad de las personas[9] (calles transitadas, vecindario, espacios públicos, comunicación).

A la vez, se hace necesaria la potenciación de las redes informales de control social y la descentralización a nivel de barrio de la gestión de los pequeños conflictos, a través de estructuras públicas y con el protagonismo del tejido social. Porque las instancias de control formal no sirven si no hay un sustrato de relaciones y una organización informal entre
ciudadanas y ciudadanos, que son los que en definitiva crean seguridad.
Por esta razón, debería avanzarse decididamente por la senda de la superación del monopolio de la gestión de la seguridad que ostentan todavía hoy policía y jueces. En este camino se encuentran un buen número de los municipios que componen el Foro Europeo para la Seguridad Urbana [10], que consideran que la seguridad es un bien público al que tienen derecho todas y todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y que debe ser gestionado por los representantes municipales, dando entrada a todo el conjunto de actores sociales que tras la definición plural de la seguridad, tendrán cabida.

Porque, incluso para la gestión del problema de la pequeña criminalidad, se ha puesto de manifiesto la ineficacia y el elevado coste social y económico de las instancias tradicionales, abriéndose la puerta a un buen número de estrategias no punitivas, como la mediación ente víctimas e infractores, que aunque en una fase aún incipiente en nuestro país, puede suponer la superación del lenguaje de `culpa y castigo' en la gestión de los conflictos.
Ahora más que nunca, los habitantes de las ciudades debemos pegarnos a la realidad de nuestros barrios y encontrar allí, en las relaciones con las personas y con el espacio, la seguridad que nos hurta la forma de vida que se impone y en particular esa falsa `ventana al mundo' que invade nuestros hogares y que lejos de informarnos y conectarnos, deforma la realidad y nos desconecta de ella.

Referencias bibliográficas

Barañí, Equipo (2000) Mujeres gitanas y Sistema Penal. (Informe Barañí. Iniciativa DAPHNE de la Comisión Europea. Madrid)

Baratta, A. y Pavarini, M. (1998) "La frontiera mobile della penalitá nei sistemi di controllo sociale della seconda meta del ventesimo secolo" (en Dei delitti e delle Pene n. 1, 1998, p.7-24)

Bergalli, R. (coordinador) (1996) Control social punitivo. Sistema penal e instituciones de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel) (Barcelona, Editorial M. J. Bosch)

Christie, N. (1994) Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western Style (Londres, Routlege, 2. edición aumentada)

Dávila, A. (1999) "Seguridad banal y sociología al uso. Conformación de lo que (nos) tiene sin cuidado" (en G.Gatti y J. Martínez de Albéniz: Las astucias de la identidad, Ed. UPV, Bilbao, 1999)

Duprez, D. y Hedli. M. (1992) Le mal des banlieues? Sentiment d'insécurité et crise indentitaire (Paris, L'Harmattan)

Foucault, M. (1996) Vigilar y Castigar (Madrid, Siglo XXI, 25. Edición)

García-Borés, J. (1994) Los no-delincuentes. Cómo los ciudadanos entienden la criminaldiad (Barcelona, La Caixa)

Jacobs, J. (1973) Muerte y vida de las grandes ciudades (Barcelona, Editorial Península)

Lledó, P. (1999) "La seguridad ciudadana como política de bienestar social" (en Políticas sociales y Estado de Bienestar en España)

Juan Antonio Garde (coordinador)(1999) Informe 1999 (Editorial Trotta, Madrid)

Maluccelli, L. (1994) "La sicurezza a Hollywood. Intervista a Mike Davis" (en Sicurezza e Territorio n. 17 Noviembre-Diciembre, p.47-5)

Mosconi, G. y Toller, A. (1998) "Criminalitá, pena e opinione pubblica. La ricerca in Europa" (en Dei delitti e delle pene n. 1, p.149- 211)

Pavarini, M. (1996) I nuovi confini della penalitá. Introduzione alla sociología della pena (Bologna, Edizini Martina)

Schneider, H.J. (1995) La criminalité et sa représentation par les mass medias (en Revue internationale de criminologie et de police technique, n.2)

Wacquant, L.(1998) "La tentation pénale en Europe" (en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Pierre Bourdieu (Director), n. 124, septembre 1998, p.3-6)

Fecha de referencia: 23-02-2003