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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Daniel Wagman
Madrid (España), 8 de abril de 2002[1].
En los últimos meses han venido apareciendo diversas noticias en
los medios de comunicación relativas al incremento de la
delincuencia en el año 2001, y en casi todas ellas se relaciona
este aumento con la inmigración.
«El ministerio de Interior atribuye a la inmigración el aumento
de la criminalidad en más de 9.8%», decía un titular de El País,
3 de Enero, 2002. «El director de la policía achaca a la
inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10.52%»,
decía otro en El Pais, 11 de Febrero, 2001.
En estos artículos se puede leer que «según fuentes consultadas,
ese efecto ha provocado la llegada masiva de inmigrantes `sin
ganas de trabajar, únicamente con animo de delinquir'», o que «la
policía afirma que el 50% de los delitos conocidos fueron
cometidos por extranjeros», que «la media española de homicidios
es 2,61 por cada 100.000 habitantes, la mas alta de la Unión
Europea» o que «Zapatero sostiene que `Las cuotas de inseguridad'
en España han subido hasta niveles nunca registrados»
Las dos cuestiones que aquí se relacionan, delito e inmigración,
son ambas motivo de una gran preocupación social y un tratamiento
alarmista, simplista o superficial de las mismas puede tener
efectos muy negativos para el conjunto de la sociedad. Pero en
el caso del tratamiento que se ha dado a estas cuestiones en los
últimos meses sucede además algo mucho más grave: los datos y
conclusiones presentados son en gran medida complemente erróneos,
cuando no falsos.
La intención de este texto es apuntar a algunos de los errores
y equivocaciones existentes en la presentación de aquellos datos
en los que se establece una relación entre la delincuencia y la
inmigración, además de presentar algunos criterios alternativos
para el análisis de estos fenómenos.
Empecemos por plantearnos tres preguntas:
Los artículos de prensa a los que se está haciendo referencia se
publicaron casi todos a raíz de la difusión por parte del
Director General de la Policía Nacional de los datos sobre la
delincuencia en el año 2001. Uno de los datos más destacados es
que en 2001 hubo 1.015.640 delitos `conocidos' por las fuerzas
de seguridad[2], 90.000 más que en el año 2000, o un incremento de
un 10%. Casi todo este aumento se produjo en delitos contra la
propiedad, con un descenso en general en todas las otras
categorías de delitos: contra las personas, contra la libertad,
tráfico de drogas, etc.
Lo primero que se debe tener claro es que las cifras recogidas
por el Ministerio de Interior son de delitos `conocidos', es
decir, delitos descubiertos por la policía o denunciados por los
ciudadanos. En otras palabras, no son los delitos cometidos, sino
aquellos de los que se tiene constancia. En algunos tipos de
delito, como el asesinato, se conocen casi todos los cometidos,
sin embargo en otras categorías sólo se conoce un pequeño
porcentaje, tal es el caso de la violencia domestica, donde la
gran mayoría de las víctimas no denuncian. Otros delitos, como
el tráfico de drogas, sólo se conocen cuando se detiene a
alguien, ya que apenas existen denuncias de las `víctimas'.
Dos cosas se desprenden de esto: en primer lugar, los datos de
delitos conocidos tienen una relación más que tenue con el número
de delitos reales; y en segundo lugar, la variación de un año a
otro de delitos `conocidos' no tiene que estar relacionada con
variaciones en el numero de delitos cometidos. Esta falta de
relación se explica por varias razones.
La primera de ellas es que la percepción de las personas con
respecto a la utilidad de denunciar o su voluntad de hacerlo
puede variar considerablemente. Por ejemplo, las campañas en las
que se anima a las mujeres a denunciar los malos tratos, junto
con la formación impartida a la policía y a la guardia civil con
respecto a los procedimientos que se deben seguir en estos casos,
pueden dar lugar a un aumento en las denuncias. De hecho, en
1997, hubo 3.500 denuncias de malos tratos en el ámbito familiar,
y en 2000 esta cifra se duplica a 7.122 casos. Obviamente, no se
puede concluir que se ha duplicado el numero de delitos de malos
tratos, e incluso se podría pensar que el aumento de denuncias
influye positivamente de cara a un descenso de estos casos.
Un factor que puede haber influido últimamente en el aumento del
número de denuncias es la creciente aceptación por parte de la
ciudadanía del servicio de denuncias por teléfono 902 102 112 o
por Internet, que lleva sólo un par de años en funcionamiento[3].
Una vez más, una medida que facilita la denuncia puede aumentar
el número de `delitos conocidos', sin que ello indique un aumento
en el número de delitos.
La propia actuación de la policía es otro elemento que se debe
tener en cuenta a la hora de evaluar el número de delitos
`conocidos'. Una mayor eficacia policial al principio puede dar
lugar a que se descubran más delitos y a que se realicen más
detenciones, creando así la sensación de que hay más
delincuencia. Una campaña organizada para una mayor represión de
los delitos contra la seguridad vial o de los relacionados con
el tráfico de drogas obviamente daría lugar a un mayor número de
casos `conocidos' de estos delitos, pero ello tampoco implicaría
que se hubieran producido más delitos de estos dos tipos.
Las actitudes y prácticas de la estructura policial a la hora de
recibir las denuncias pueden dar lugar a que el número de delitos
conocidos varíe considerablemente en un breve espacio de tiempo.
Ya se han mencionado más arriba los nuevos mecanismos que
facilitan la realización de las denuncias por Internet y
telefónicamente. Pero es también posible que el repentino aumento
de `delitos conocidos' en el año 2001 sea una repercusión más del
`Plan 2000', iniciado a principios de 1999 por la Policía
Nacional.
Este plan incluía, entre otras cosas, un sistema de
bonificaciones monetarias a los agentes de policía en aquellos
lugares donde se consiguiera `reducir la delincuencia', llegando
a ser dichas bonificaciones de hasta 30.000 pesetas al mes. Dado
que la policía sólo mide la delincuencia por el número de
denuncias o de personas detenidas, este plan de `productividad'
tuvo un efecto inmediato, y tremendamente nocivo: cuantas menos
denuncias recogidas y detenciones realizadas, menos dinero
cobraban los agentes.
Por su lado, las altas esferas policiales sólo deseaban mostrar
que el Plan era un éxito y apuntarse un tanto con ello,
jactándose además, en palabras de la Jefatura del CNP de
Extremadura de que «la criminalidad ha sido reconducida, de tal
manera que se considera un éxito sin precedentes en la historia
policial española y europea». Es interesante observar que los
cinco delitos que la CNP se había propuesto reducir en 1999 eran:
las sustracciones en vehículos, las sustracciones de vehículos,
los tirones, los robos con violencia y los robos en inmuebles.
Según sus datos, el CNP consiguió reducir en un año los `delitos
conocidos' en un 7,33%. Pero, precisamente, éstos son básicamente
los mismos delitos donde se da ese `alarmante aumento' de un 10%
en el año 2001. Así, en 1998 el CNP registraba 683.000 `delitos
conocidos', pero en 1999 la cifra se redujo a 670.000 y en 2000
a 624.000. En este mismo periodo, la Guardia Civil, que no
participaba en este genial plan de productividad, registraba
entre 1998 y 1999, 13.000 `delitos conocidos' adicionales, y
10.000 al año siguiente.
Parece, pues, razonable pensar que el `alarmante' aumento de la
delincuencia en 2001 se debe en gran medida a que las aguas
volvieron a su cauce en el seno del CNP. En 2001, el CNP de
policía reportaba 680.000 delitos, casi los mismos que en 1998,
aunque hay que reconocer que la Guardia Civil registraba un
aumento importante de 30.000 `delitos conocidos' entre el año
2000 y 2001. Sin embargo, si comparamos el total de `delitos
conocidos' entre 1998 y 2001, veremos que el aumento es inferior
al 5%, lo cual no es tan alarmante para un periodo de 3 años,
máxime cuando se ha dado un importante aumento de la población
en ese mismo periodo.
Vale la pena preguntarse si el interés del CNP en revelar este
supuesto y `alarmante' aumento de delitos no estará motivado por
el interés de conseguir importantes aumentos en sus presupuestos.
De hecho, a raíz de las `alarmantes' noticias, el consejo de
Ministros aprobó el 15 de febrero, abrir 6.587 nuevas plazas de
agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Aun así, en 2001 se registran menos delitos que en 1989 y 1990,
a pesar de las afirmaciones del señor Zapatero (2001: 1.015.640;
1989: 1.030.996; 1990: 1.021.050) y el porcentaje de delitos por
persona es aún menor, ya que la población española ha aumentado,
en gran parte debido a la llegada de un importante número de
inmigrantes.
Otra falacia muy importante es la creencia de que el número de
personas detenidas o el número de reclusos reflejan el nivel de
delito de una sociedad. En el primer caso es importante recordar
que alrededor de un 90% de las personas detenidas nunca son
juzgadas[4]. El número de detenciones puede aumentar tanto por una
mayor eficacia policial o, por el contrario, debido a un mal
funcionamiento de la misma, como el detener a gente sin pruebas
o con pruebas dudosas, pero en cualquiera de los dos casos no
tiene por qué indicar un aumento de la delincuencia.
También se suele citar como muestra del incremento de la
delincuencia el hecho de que se ha producido un aumento en el
número de reclusos en las cárceles del estado, llegando a 47.000
el número de personas que cumplen hoy condena. Sin embargo, la
relación entre los índices de delincuencia y el número de presos
es bastante discutible, como lo indica el hecho de que hay menos
`delitos conocidos' en 2001 que en 1990, cuando había sólo 33.000
presos. En primer lugar, no se pueden utilizar las cifras de
presos convictos para medir el índice de delincuencia de un año
determinado. Es decir, el aumento de presos convictos (no en
espera de juicio) en 2001 es más bien un reflejo del número de
delitos cometidos hace más tiempo. Serviría quizás para medir los
índices de delincuencia de periodos más largos, siempre
superiores a dos años. Por otro lado, el número de presos
preventivos tampoco está en función del aumento de las
detenciones, como lo viene a demostrar el hecho de que en 2001
hubo un 3% más de detenciones, y, sin embargo, el número de
presos preventivos aumentó en un 10%.
Es importante reconocer que el número de personas encarceladas
no guarda una relación automática con el nivel de delito, sino
que es el resultado de una serie de complejos procesos de
decisión en toda una diversidad de ámbitos. Entre ellos se
encuentran: las decisiones sobre qué actos constituyen delito en
el código penal; las condenas que se les imponen; las presiones
sociales o políticas para perseguir con más recursos ciertos
delitos, o vigilar más estrechamente ciertos colectivos; las
políticas policiales y judiciales; la utilización o no
utilización de alternativas a la cárcel; la decisión de los
equipos de las Instituciones penitenciarias a conceder la
libertad condicional...
Por ejemplo, la nueva tendencia judicial a aumentar la cantidad
de droga cuya pertenencia se considera delito a la hora de fijar
condena implicará una reducción en el número de presos, sin que
ello guarde relación alguna con la incidencia de la delincuencia.
El código penal de 1995 cambió las condenas de muchos delitos,
y lo que es aún más importante eliminó las redenciones
automáticas. Los equipos de tratamiento tienen ahora mucho más
poder para conceder o no la condicional, y de hecho en el caso
de algunos delitos se está aumentando mucho tiempo de estancia
en la cárcel en comparación con el de los presos condenados por
los mismos delitos bajo el antiguo código penal, en algunos casos
hasta el doble de tiempo. Obviamente, las condenas más largas
implican un mayor porcentaje de población encarcelada, sin que
esto tenga ninguna relación con el número de delitos cometidos
una vez más.
La conclusión que se puede extraer de todo ello es que medir el
nivel de delito en la sociedad y sus variaciones es algo mucho
más complejo de lo que se pretende hacer creer. Como hemos podido
ver, los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de los
`delitos conocidos' tenían graves errores. Además cuando se los
compara con los datos de la Fiscalía o del Consejo General del
Poder judicial, su debilidad se hace aún más evidente.
En 1999, por ejemplo, la fiscalía inició 3.500.000 diligencias
penales. De éstas, se archivaron 500.000 casos por no ser
considerados delito, y otros 300.000 por ser únicamente faltas;
2.000.000 están sobreseídos por desconocerse al autor. Esta
ultima cifra constituye el doble de todos los `delitos conocidos'
por el Ministerio de Interior. Una discrepancia parecida se
produce con respecto a los datos del CGPJ (Consejo General del
Poder Judicial), que en 2000 abrió alrededor de 5 millones de
diligencias previas penales. Ninguno de los tres estamentos es
capaz de explicar tales discrepancias.
No se pretende afirmar aquí que la reducción de la delincuencia
no es un objetivo importante, sino de dejar claro que para llevar
a cabo esa reducción es fundamental conocer su realidad. De los
argumentos expuestos más arriba no se concluye que no haya
aumentado el delito, algunos delitos habrán aumentado, otros no.
Lo que sí se puede poner en duda a juzgar por los datos
disponibles es que se haya producido un `alarmante incremento'
de la delincuencia, o la afirmación de que «nunca hemos tenido
tanto delito». Asimismo, se puede afirmar que existen importantes
lagunas en los mecanismos necesarios para conocer esta
problemática.
Quizás uno de los ejemplos recientes más exagerados de esta falta
de rigor, que incluso tendría un aspecto cómico si no fuera un
tema tan dramático, son los datos utilizados referentes a
asesinatos y homicidios. Según los datos facilitados por el
Ministerio de Interior en 2001 había 1.234 asesinatos y
homicidios (además de 81 homicidios imprudentes). Este dato ha
dado lugar a afirmaciones diversas en prensa o incluso en el
informe del PSOE sobre la delincuencia según el cual España tiene
la tasa de homicidios mas alta de Europa: 2,6 casos por cada
100.000 habitantes.
Sin embargo una lector más cuidadoso de las estadísticas del
Ministerio sobre `Víctimas de delitos' puede observar que se
indica que el número de personas muertas por asesinato y
homicidio en 2001 eran en realidad de ¡601 personas!. Indica
además que había 248 victimas de homicidio y asesinato que ¡no
sufrían lesiones! La explicación es sencilla: los datos del
Ministerio juntan tentativas y consumaciones en estas cifras. La
cifra real de muertos es sólo de 8 más que en el año 2000 y muy
parecida a las cifras de los años 1992 al 1995. A la vez da una
tasa de homicidio de 1,5 personas por cada 100.000 habitantes,
una media más baja que el 1,7 del conjunto de los países de la
Unión Europea.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es si es adecuado hablar
del delito en su totalidad. Según los datos del Ministerio del
Interior, entre 2001 y 2000 hubo un 3% menos de `delitos
conocidos' contra las personas, un leve descenso entre los
`delitos conocidos' contra la libertad sexual, y un 15% menos de
delitos conocidos contra la seguridad vial. Si estas cifras
reflejan verdaderamente una reducción en estos delitos, parece
que debería ser causa de alegría y un logro que contrapesa en
parte el hecho de que casi la mitad del `alarmante incremento de
delito' fuese debido al aumento de los delitos denunciados de
hurto y sustracción en los vehículos. Estos últimos delitos desde
luego son molestos, y costosos para sus víctimas, pero en
términos de gravedad comparada, los descensos en muchas
categorías de delito en 2001 a lo mejor es una noticia positiva
igualmente importante de resaltar.
Existen otras metodologías para medir la realidad del delito.
Ninguna es exacta, pero ciertas técnicas, como los estudios de
victimización, donde se pregunta a una muestra de personas si han
sido víctimas de delito y cómo, o los estudios de auto
inculpación, donde las personas reconocen si han cometido
diferentes delitos, pueden facilitar más datos para conocer la
realidad de la situación. Siendo como es una cuestión
treméndamente compleja, parece sorprendente el poco interés que
las instituciones políticas, policiales, judiciales o mediáticas
muestran por conocer mejor estas metodologías o técnicas. Apenas
recurren a la ayuda de los profesores y expertos en criminología.
No se dedican recursos en la investigación de nuevas
metodologías, y todavía se pone menos voluntad en el desarrollo
de nuevas prácticas de trabajo, de plataformas de discusión y de
nuevas herramientas aplicadas a la tarea de conocer la realidad
de delito, como paso fundamental para prevenirlo.
Lo que es mucho más común es la utilización irresponsable o
demagógica de los datos, llegando incluso a la pura falsificación
de los mismos para sus propios fines. Y esto se puede decir tanto
con respecto a los cuerpos de seguridad del estado, como a la
administración, los representantes políticos, los medios de
comunicación y la sociedad en general. Podría suceder que una de
las mayores fuentes de inseguridad en la sociedad fuera no tanto
la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno
a ella debido a la ignorancia o el interés.
Uno de los mitos más extendidos y arraigados en nuestra sociedad,
y con consecuencias más destructivas para las personas que
inmigran, es considerar a éstas responsables de un porcentaje
desproporcionado de los delitos que se cometen. Los estereotipos
que buscan criminalizar a las personas inmigrantes son, y han
sido, una constante en todas las sociedades receptoras, y suponen
un importante factor de distorsión en las percepciones y debates
sobre los problemas que surgen a raíz de los distintos
movimientos demográficos migratorios. Estos estereotipos nunca
han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una enorme
importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y
relaciones sociales en todas las sociedades que se han enfrentado
a esta problemática.
El fenómeno de la construcción de estereotipos criminalizadores
de las personas inmigrantes es un tema muy complejo para tratar
en profundidad aquí. Pero sí queremos explorar uno de sus
aspectos: la utilización de datos supuestamente rigurosos y
científicos para demostrar esta hipotética mayor tendencia
criminal entre los inmigrantes. Se trata de analizar las
afirmaciones y datos antes citados y, al mismo tiempo, dar
algunas claves sobre cómo entender la relación entre el delito
y las personas inmigrantes. Como iremos viendo, los datos son,
en el mejor de los casos, de dudosa fiabilidad o están mal
interpretados, cuando no resultan tendenciosos o manifiestamente
falsos.
La consideración de que el número de personas detenidas es un
buen indicador del nivel de delito que existe en la sociedad, así
como afirmar que las personas detenidas son un fiel reflejo de
las personas que delinquen, es más que problemática y ha supuesto
uno de los factores que han permitido dar por cierta una
desproporcionada participación de inmigrantes en la comisión de
delitos. Para entender este fenómeno analizaremos paso a paso la
afirmación ampliamente reiterada que adjudica el 50% de los
delitos a los inmigrantes.
Esta afirmación se debe a un dato del Ministerio del Interior que
indica que en 2001 se realizaron 232.146 detenciones por delitos
y faltas. A la vez, el ministerio deja caer la cifra de 116.139
extranjeros detenidos, justo la mitad[5]. Lo que no se aclara en
ningún momento es que, de estos 116.000 detenidos, sólo 58.199
lo fueron como sospechosos de haber cometido un delito y 7.192
por faltas, mientras que el resto de los extranjeros detenidos
lo fueron por estancia ilegal, lo cual no es un delito sino un
problema administrativo. De repente, el porcentaje se reduce a
casi la mitad: algo más de 65.000 extranjeros detenidos por
delitos o faltas, es decir, el 28% del total.
Pero analicemos este 28% con más detalle. El dato, en primer
lugar, se refiere al conjunto de extranjeros, no sólo a los
inmigrantes, y esta diferencia es importante. Una buena parte de
los extranjeros detenidos no son inmigrantes, con o sin permiso
de residencia, sino personas en tránsito, bien como turistas o
bien aquéllas cuyo viaje a España constituye la propia comisión
del delito, como sucede casi siempre con los correos de la
droga[6]. Descontados ambos grupos, se calcula que alrededor del
60% de los extranjeros detenidos se pueden considerar
inmigrantes, es decir, que viven en España con o sin permiso
[García, 2001]. Con ello no queremos minimizar el problema de
que la gente que viene de paso cometa delitos, sino puntualizar
que no se puede achacar a los inmigrantes los delitos cometidos
por estos miles de personas que no residen en España. Pues bien,
descontados éstos, la cifra de inmigrantes detenidos por delitos
y faltas sería de aproximadamente 40.000, lo que supone el 17%
del total. Si se calcula que los inmigrantes, tanto con permiso
como sin él, constituyen el 4 a 5% de la población, esta cifra
indicaría una sobrerrepresentación entre los detenidos de tres
a cuatro veces. Sin embargo, hay otros factores que explican que
esta desproporción entre detenidos no refleja tal desproporción
de inmigrantes en la comisión de delitos.
Por un lado, algunos delitos cometidos por inmigrantes se
originan precisamente por no tener legalizada su estancia, como
sucede con una gran parte de los más de 5.000 extranjeros
detenidos por el delito de falsedad documental. Tampoco en este
caso se trata de justificar su delito, sino de ver que el
problema surge de su irregular situación administrativa.
Pero hay otro factor importante a tener en cuenta cuando se
examina el porcentaje de inmigrantes entre las personas
detenidas. En casi todas las sociedades el grupo de mayor
actividad delictiva es el de hombres jóvenes. Y es notorio que
las personas de este grupo están muy sobrerrepresentadas entre
la población inmigrante en España. Es decir, si existe un nivel
delictivo entre los inmigrantes más alto que la media nacional,
en alguna medida se deberá no al hecho de ser inmigrantes, sino
hombres jóvenes[7]. Esto se ve claramente también en los detenidos
de nacionalidad española: si comparamos el número de detenidos
con la población total y luego sólo con la población activa, en
el segundo caso el porcentaje se multiplica por dos veces y
media. Pues bien, lo mismo sucede entre la población inmigrante,
o más aún, pues ofrece un porcentaje mucho más alto de población
activa. No existen datos fidedignos para medir la importancia de
esta variable, pero es innegable su existencia, que modifica
sustancialmente a la baja el supuesto mayor nivel delictivo entre
los inmigrantes.
En un principio se podría argumentar, de la misma manera, que la
sobrerrepresentación de inmigrantes en la comisión de delitos no
se debe a su carácter de inmigrantes, sino a que son pobres. De
hecho, es uno de los argumentos que se emplea para explicar el
supuesto alto nivel de delincuencia entre inmigrantes, incluso
entre gentes bienintencionadas. Sin embargo, éste es un terreno
muy confuso, ya que no queda nada claro que haya una relación
necesaria entre pobreza y delito. Obviamente, en algunos tipos
de delito sí se da esta relación, ya que, por ejemplo, pocos
ricos sustraen objetos de coches, pero, al mismo tiempo, los
pobres no tienen muchas oportunidades para cometer delitos como
el de Gescartera[8]. Hay datos y argumentos muy sólidos que ponen
en duda la creencia generalizada de que la gente pobre comete más
delitos que los que pertenecen a otras clases sociales. El hecho
de que los pobres estén sobrerrepresentados en las cárceles se
debe a dinámicas discriminatorias, no a que cometan más delitos,
un tema que trataremos a continuación.
Al llegar aquí, ya hemos reducido muchísimo la supuesta
sobrerrepresentación de las personas inmigrantes entre los que
cometen delitos. Pero queda por analizar otro factor de enorme
importancia, y es la existencia de una amplia discrecionalidad
en la actuación de las distintas instancias relacionadas con la
represión de la delincuencia, que determina en buena medida quién
acaba atrapado dentro del sistema penal. Esta discrecionalidad
se manifiesta a muchos niveles, pero uno de los más determinantes
son las estrategias, prácticas y prejuicios de la policía, que
pueden hacer que ciertos colectivos estén mucho más expuestos a
ser detenidos que otros. Esto es lógico: si ciertos tipos de
personas están etiquetados como más proclives al delito, sufrirán
más vigilancia, serán más sospechosos y tendrán más posibilidades
de ser parados y registrados por la policía, lo que resultará en
más posibilidades de ser detenidos que otras personas. Pero
también sucederá que las detenciones se basarán en pruebas más
dudosas.
Este fenómeno de discriminación se manifiesta igualmente en los
distintos estamentos de la administración de Justicia. Así, a la
hora de que los fiscales decidan o no encausar a alguien, o al
determinar qué cargos le imputan. Pero también en el distinto
rasero que emplean los jueces en relación con la presunción de
inocencia, en la concesión de la libertad provisional, al emitir
sentencias de culpabilidad, al fijar la condena o a la hora de
considerar alternativas punitivas a la cárcel. Asimismo se
extiende al personal de instituciones penitenciarias en cuanto
a la concesión de permisos, del tercer grado o de la libertad
condicional. Y estas prácticas discriminatorias se ven
favorecidas por el hecho de que, muy a menudo, la capacidad de
defensa de los inmigrantes y otros extranjeros está mermada, bien
por mayor desconocimiento de sus derechos, o bien por un menor
acceso a una defensa de calidad. La existencia de estos procesos
de discrecionalidad hace que los datos sobre quiénes están
encarcelados, como sobre quiénes son detenidos, sean muy pocos
fiables a la hora de concluir que reflejan realmente quiénes
cometen delitos en nuestra sociedad.
Esta discriminación puede afectar a los sectores más pobres de
la población, y grupos minoritarios como el de los inmigrantes,
o grupos étnicos autóctonos, como los gitanos en el caso de
España. Es normal. Los mismos prejuicios que existen en el
conjunto de la sociedad se dan entre la policía, fiscales y
jueces, incluso sería raro que no fuera así. Pero se trata de que
tales prejuicios influyen en las decisiones de estos agentes, lo
que se ve, además, favorecido por la gran discrecionalidad de que
gozan sus actuaciones.
En todos los países donde se han llevado a cabo investigaciones
comparativas del trato --policial, judicial y penitenciario-- que
reciben los inmigrantes y las minorías étnicas autóctonas en
relación con el que se da a los miembros de la sociedad
mayoritaria, se ha encontrado algún grado de trato desfavorable
para los primeros, y en algunos casos muy acentuado. En España
apenas se han estudiado estos fenómenos, y a priori hay un
profundo convencimiento entre los agentes del sistema penal de
que es imposible que se produzcan tratos discriminatorios. Sin
embargo, aunque complejas, existen metodologías que permiten
detectar y cuantificar dónde y a qué nivel funcionan estos
mecanismos discriminatorios, pero para llevarlas a cabo se
requiere dedicar los recursos necesarios y voluntad[9].
Lo más problemático de la propagación de la idea de que los
inmigrantes cometen más delitos es que se llega a convertir en
una profecía que se autocumple. Al justificarse una mayor
vigilancia por la mayor sospecha que recae sobre ellos, aumentan
sus niveles de detención y encarcelamiento, lo que, a su vez, se
presenta como una nueva prueba de su mayor nivel de criminalidad,
que justifica, de nuevo, una mayor vigilancia. El círculo
perfecto.
Aunque no se dispone de datos que permitan determinar la
importancia de la discriminación y las diferencias en la realidad
demográfica para explicar la sobrerrepresentación de los
inmigrantes entre los detenidos, se puede suponer significativa.
En este sentido, si se aplicaran estos factores correctores,
sería mas que imprudente afirmar que los inmigrantes cometen
proporcionalmente más delitos que los ciudadanos españoles.
Pero aun suponiendo que se den más delitos entre los inmigrantes
que entre los españoles, es fundamental reconocer varias cosas.
En primer lugar, que tal variación será ligera si se tienen en
cuenta los factores antes citados. Segundo, que una abrumadora
mayoría de inmigrantes mantiene los mismos comportamientos en
relación con el respeto a la ley, a los derechos de los demás y
a la convivencia que el resto de la población. En tercer lugar,
no tiene sentido hablar, en este contexto, de los inmigrantes
como si fueran un colectivo único con un rasgo común que se
manifiesta en una diferente manera de relacionarse con las
normas, las leyes y el delito. `Los inmigrantes' representan una
tremenda heterogeneidad de culturas, de procedencia, de
motivaciones y oportunidades para emigrar, de rasgos
demográficos, de tiempo de residencia y de situaciones legales,
y carece de todo sentido hacer generalizaciones sobre sus
comportamientos como grupo en relación con la ley.
Por ultimo, si existiera más actividad delictiva entre los
inmigrantes, habría que preguntarse si ésta se debe a rasgos
propios de sus culturas, menos respetuosas con los derechos de
los demás, o en realidad la causa más importante estaría en el
hecho de que ellos mismos ven atropellados sus derechos y su
dignidad.
Cabe preguntarse qué pasa con las personas que no pueden
regularizar su situación, que viven en la ilegalidad por no tener
o no poder conseguir los permisos necesarios, que son víctimas
de relaciones laborales ilegales y de un sinfín de prácticas
discriminatorias y prejuicios, como denegarles el acceso a una
vivienda, la entrada en un local o ser acosadas sistemáticamente
por la policía. Y, por si esto fuera poco, son presentados en los
medios de comunicación, y vistos por la mitología social, como
gentes peligrosas y conflictivas.
Es lógico pensar que entre las personas que se enfrentan a estas
realidades, la confianza en la legitimidad de la justicia, en el
mutuo respeto como base de la convivencia y el deseo de cumplir
con las leyes son puestos a prueba con mayor frecuencia que en
el caso de cualquier otro ciudadano.
Quizás uno de los retos más importantes que se debe plantear este
país en el futuro inmediato es cómo asegurar que el aumento de
la población inmigrante no llegue ser una fuente de tensiones o
conflicto. Un objetivo que dependerá no tanto de cómo actúen
estos nuevos convecinos, sino de las actitudes y acciones de la
sociedad española y sus instituciones. Los cambios demográficos
que implica la inmigración pueden ser una fuente de
enriquecimiento para todos o una fuente de problemas y
conflictos, depende de nosotros.
Por eso, la percepción que existe y se comunica sobre los
inmigrantes es de enorme trascendencia, aunque, desgraciadamente,
noticias como las reseñadas al principio de este texto son los
peores ejemplos de cómo tratar el complejo tema de la
participación de inmigrantes en la delincuencia. Esta manera
tremendamente irresponsable de abordarlo, lejos de buscar una
solución, sólo puede favorecer futuros y muy graves conflictos.
Ahora bien, este fenómeno no es nuevo, históricamente los
movimientos inmigratorios, al igual que las minorías étnicas, han
sido víctimas del mismo estereotipo de criminal, que ha competido
con otros, como considerarlos fuente de problemas de higiene,
salud y contagio, cuando no de contaminación cultural.
La creciente tendencia de relacionar la inmigración con la
criminalidad es una de las más peligrosas y destructivas que
enfrentamos. Por eso es de suma gravedad e irresponsabilidad que
los representantes políticos y los medios de comunicación
contribuyan a fomentar aún más estos estereotipos. Aunque la
explicación parece clara: se trata de que vengan inmigrantes que
trabajen barato y duro, pero hay que tenerlos achantados y
temerosos. Y para que no se les vea como víctimas de la
explotación, los prejuicios y la discriminación, y como buenas
vecinos y compañeros, qué mejor que crear la percepción social
de que son conflictivos, irrespetuosos y peligrosos, indignos de
nuestra solidaridad.
Independientemente de que se tengan dudas más que fundadas sobre
el `alarmante incremento' de delito, es importante reconocer que
existe delito en la sociedad; y cualquier iniciativa que ayude
a reducir la delincuencia y la inseguridad y el coste y
sufrimiento que causan es positiva[10]. Pero parece interesante
examinar y poner en tela de juicio dos ideas muy arraigadas en
relación con el problema de la delincuencia: la de que aumentar
las fuerzas policiales es una solución útil y la de que frente
al delito hay que emplear más dureza, entendida como mayor uso
de la encarcelación.
En lo que concierne al numero de fuerzas policiales, actualmente
en España hay más de 185.000 agentes de policía, entre Guardia
Civil, Policía Nacional, Ertzainza, Mossos de Escuadra, y policía
municipal (unos 50.000). Esta cifra da una media de 485 agentes
de policía por cada 100.000 habitantes, un porcentaje que, según
datos de la ONU, sólo esta superado en Europa Occidental por el
Norte de Irlanda, con 520 por cada 100.000. Detrás irían Grecia,
con 383, Austria con 367 y Francia con 349. Así, a primera vista,
se diría que el estado español no se queda corto en fuerzas
policiales. Tampoco parece que el índice de delincuencia sea aquí
más alto que en otros países del entorno, lo que justificaría un
número más elevado de fuerzas de seguridad.
Por otro lado, son muchos los que opinan que no es importante
aumentar la cantidad de fuerzas policiales, sino mejorar su
preparación y su eficacia. En tercer lugar, es necesario
relativizar la influencia del trabajo policial a la hora de
reducir el delito. Oviamente, su labor es importante, pero mucho
más importantes son ciertos factores políticos, sociales,
culturales y económicos como variables que influyen en el aumento
o la reducción del nivel de delito. Tampoco parece muy acertada
la idea de que la eficacia principal de la policía se debe a su
presencia física en la calle. Igual o más importante que su
cantidad o el tiempo que pasen patrullando las calles es su labor
en la investigación de las denuncias, su contacto y confianza con
la comunidad, su forma de tratar a los ciudadanos, incluyendo a
las personas sospechosas de delito. Incluso la exigencia de que
sea la policía la principal responsable en la tarea de reducir
la delincuencia es un grave error, un error que incluso debilita
la posible eficacia de su trabajo.
En lo que sí coinciden casi todas las opiniones es en la
necesidad de agilizar los procesos judiciales, lo que no deja de
ser algo de puro sentido común y deseable desde la ética y la
justicia. La rapidez es importante no sólo para ayudar a paliar
la angustia de las víctimas, sino también para reducir el abuso
de la prisión preventiva en el caso de personas todavía
`inocentes'. Hay personas que pasan hasta 4 años en la cárcel sin
haber sido juzgadas, lo cual es imperdonable en un estado de
derecho. Esta agilización es un objetivo fácil de conseguir, sólo
requiere voluntad y medios, y cuesta trabajo entender que aún no
se hayan conseguido mejoras en este terreno, cuando hace ya
bastantes años que se tiene conciencia del problema.
La segunda idea, la de que frente el delito hay que hacer mayor
uso de la cárcel, requiere un amplio debate social. No es éste
el lugar para profundizar en este debate, pero sí se puede
señalar que es necesario relativizar el papel de la cárcel como
factor de disuasión frente el delito y todavía más como lugar de
reinserción. Tampoco es la única manera, ni necesariamente la
mejor manera de defender y ayudar a las víctimas del delito a
hacer frente a lo que les ha ocurrido. Hay indicios de que una
aplicación excesiva de la cárcel puede llegar incluso a aumentar
la actividad delictiva, básicamente porque para muchísimas
personas la cárcel no representa una experiencia de
rehabilitación y de reinserción, sino que constituye una
experiencia profundamente destructiva, que sólo les conduce a
desarrollar unas actitudes fuertemente antisociales y a aprender
nuevas formas de delinquir.
Una muestra de esta realidad es el hecho de que alrededor del 20%
de los presos adictos se enganchó a la droga en la cárcel, lo
cual será para muchos de ellos un factor importante cuando
vuelvan a delinquir una vez en libertad. Ya va siendo hora de
empezar a preguntarse si los 5 millones de pesetas por preso y
lo que cuesta actualmente el sistema penitenciario no podrían
estar mucho mejor invertidos en programas encaminados a la
reducción de delito. Es importante abrir espacios de debate y de
investigación y desarrollar maneras nuevas de hacer frente al
delito y de plantearse su prevención, el tratamiento de los
infractores y el trabajo con las víctimas.
Otro debate fundamental para atajar el problema de la
delincuencia es el relacionado con el tráfico y consumo de
drogas. De docenas de miles de personas detenidas todos los años,
15.000 presos, una tercera parte del total, estan condenados por
tráfico (y la gran mayoria son de las escalas más bajas de la
cadena de ventas); un porcentaje importantísimo de los delitos
contra la propiedad son cometidos por adictos, éstos son los
resultados de muchos años de `guerra contra la droga', una guerra
que por otro lado no ha mostrado ninguna eficacia a la hora
reducir el abuso de los estupefacientes. ¿No sería importante
plantear una ruptura radical con esta fracasada prioridad
represiva, con enormes costes sociales y económicos? Un factor
importante en la reducción del delito desde sus altos niveles de
comienzos de 1990 es que a partir de entonces bajó notablemente
el precio de las drogas al tiempo que mejoraba su calidad, lo
cual dio lugar a que muchos adictos dejaran de robar para
mantener su hábito/enfermedad.
Así pues, una propuesta muy sencilla frente al delito sería dejar
de dedicar tanto esfuerzo policial y penal al delito de trafico
de estupefacientes, lo cual no sólo permitiría a la policía
dedicar más tiempo a otros tipos de delito, sino que también
haría que bajara aún más el precio de la droga y, por
consiguiente, que hubiera menos delitos contra la propiedad, y
permitiría que muchos adictos llevaran una vida un poco mas
digna. El dinero ahorrado (se calcula que la represión del
tráfico de droga cuesta unos 500.000 millones de pesetas al año)
se podría dedicar a programas de prevención y tratamiento de las
toxicomanías, mejores y más extensos de los que hay en la
actualidad. Y no se ha demostrado que exista una relación de
causa-efecto entre el descenso de los precios de la droga y el
aumento en el abuso de las mismas: la lucha contra el abuso entra
en el terreno de la educación.
Desde luego, la utilización de frases demagógicas, como las de
`tolerancia cero' o `impunidad cero', no es la mejor ayuda si se
quiere plantear un debate y analizar cuáles son los problemas
reales de la delincuencia en nuestra sociedad y proponer nuevas
y valerosas formas de hacerle frente.
El debate en torno al problema de la delincuencia que ha tenido
lugar últimamente en los diferentes medios de comunicación ha
sido un lamentable espectáculo. Primero, aparecieron filtraciones
de datos parciales por parte de los mandos de la policía. La
prensa recogió estos datos sin cuestionarlos mínimamente y sin
investigar su veracidad o sus implicaciones, en algunos casos por
desidia, en otros porque los datos sensacionalistas sobre el
aumento de la delincuencia venden bien, y aún en otros como arma
arrojadiza contra el gobierno, tomando el incremento de la
delincuencia como una muestra de su gran fracaso. A otros medios
les interesa hacer hincapié en las hipotéticas relaciones entre
los índices de delito y la inmigración como una forma de
favorecer unas políticas más duras en su contra.
La oposición se lanza a la palestra con declaraciones aún más
alarmistas sobre la inseguridad, acusando al gobierno de ser
blando con los criminales y presentando unas propuestas de
`impunidad cero' carentes de todo contenido. El Ministro de
Interior toma entonces cartas en el asunto y a modo de respuesta
amplía y supera los datos falsos con un discurso más que ambiguo,
en el que viene a decir que no hay tanta delincuencia, pero la
que hay es culpa de los inmigrantes. Pero, por si acaso, se
aprueba de repente la creación de 6.500 puestos más de agentes
de policía[11].
Todos contentos y la casa sin barrer, ya que al final
probablemente lo único que se ha conseguido es aumentar la
xenofobia y la paranoia, la desconfianza, la aprensión y la
inseguridad para todos, nativos e inmigrantes. Eso sí que tiene
delito.
García Elisa (2001) Delincuencia de extranjeros, una análisis
criminológica (Ed. Tirant la Blanch, Malaga)
Hernández, Gabriela; Imaz, Elixabete y otros (2001) Mujeres
gitanas y sistema penal (Ediciones Meytel)
Fecha de referencia: 10-10-2002
| Boletín CF+S > 21 -- El pasado es un país extraño > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/adwag.html |
Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
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