La política de la discrepancia radical

Bosco Parra

Santiago (Chile), enero de 2000.

El capitalismo prosigue su expansión. No se ha producido la crisis generalizada e irreversible anunciada por cierto marxismo científico y que operó como supuesto básico y justificación teórica de diversos proyectos socialistas. En ausencia de pronósticos convincentes que aseguren la inminencia del cambio revolucionario, muchos asumen un pragmatismo desalentado que les propone la disminuida meta de competir por el poder estatal de acuerdo a los requerimientos del desarrollo capitalista.

Ante esta situación, sin embargo, uno puede reaccionar de distinta manera, planteándose entonces el siguiente problema: ¿cómo llevar a cabo una lucha anticapitalista en condiciones de expansión capitalista? Este es el asunto que preocupó a los primeros socialistas, pre-marxistas o utópicos. La similitud entre su situación y la nuestra induce a pensar que buena parte de sus actitudes puede resultar apropiada a la coyuntura actual. Hay una que parece primordial: en presencia de un avance del capitalismo y de un Estado indiferente o represivo, aquellos socialistas optaron por la experimentación autónoma e inmediata de formas económicas y sociales de solidaridad y mutualidad. La creación de un orden propio les resulta prioritaria, hasta el punto de mostrar una cierta indiferencia frente a los regímenes políticos dominantes.

Esta radicalidad anticapitalista, explicada por el auge y no por la declinación del capitalismo encuentra ahora otra expresión, la protesta ecologista, que, ante la magnitud del daño que provoca la voracidad del sistema sobre la especie y la naturaleza, opta por poner trabas a su desenvolvimiento y a experimentar de inmediato valores alternativos. La similitud de ambos rechazos autoriza la propuesta de un concepto que englobe a los dos y ayude a pensar el problema político que los afecta por igual.

El concepto de «discrepancia radical»

Por «discrepancia radical» se entiende aquí la caracterización del derroche capitalista, consecuencia ineludible de la búsqueda de ganancias ilimitadas, como amenaza para la vida de la especie humana y de la naturaleza. En consecuencia:

1. la igualación de «expansión capitalista» con «riesgo de muerte» levanta una diferencia ética irreductible con la lógica dominante; y
   
2. a causa de lo anterior, los discrepantes radicales se encuentran en una situación normal de minoría, especialmente en lo que se refiere a nivel electoral.

Esta política consistirá en aquello que hacen los que, al sufrir una necesidad vital insatisfecha, trabajan por cuenta propia para suplir su carencia, desconocen las normas que entraban su acción, organizan de manera autónoma su vida y sus labores y, así, obligan a la sociedad y al Estado renuentes a aceptar una nueva situación.

Las sugerencias de ciertas «tomas»

Se trata, por supuesto, de aquellas tomas de sitio que han logrado de alguna manera asentarse. Hay relatos periodísticos de las que se han realizado en Santiago en los últimos tiempos (por ejemplo: El Mercurio de 14 de julio de 1999, de 18 de julio de 1999, de 25 de septiembre de 1999 y el programa «El Mirador», de TVN, del 20 de julio de 1999). Como se adelantó, lo que llama la atención en estas experiencias se refiere al trabajo, al autogobierno y a la obtención de un arreglo que suspende el conflicto abierto. El término trabajo encuentra aquí dos acepciones. Primera: la de una labor concreta que produce bienes como casas, instalaciones sanitarias y de recreo, calles, negocios, etc. Segunda, la de un «modo de acción» de la táctica, que «organiza» el terreno para facilitar el movimiento propio y neutralizar el de las formaciones policiales.

El autogobierno se refiere a la regulación autónoma de los trabajos y los días, y se traduce en una perceptible elevación de la calidad técnica de la cotidianeidad. El trabajo por cuenta propia rinde más al adoptar diversas formas de cooperación, y la anomia y desmoralización del medio externo son reemplazadas por una disciplina estricta y dignificante. Las formas representativas y directas de democracia se combinan de manera flexible, con una tendencia aparente al predominio de esta última. En la medida en que los factores anteriores se manifiestan sólidos, el conflicto con la autoridad alcanza lo que se puede llamar un arreglo: de alguna manera, la gente se da un derecho; el «orden» debe reconocer que no era un orden para los marginados y que, ahora sí, y en cosas muy importantes para la vida, ellos tienen uno propio. ¿Cómo calificar esta nueva realidad?

Interpretada desde el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de John Locke (1632-1704), la respuesta es obvia: se ha constituido, por separación del medio en que se encontraba inserto, un cuerpo político, cuya eficiencia dependerá de la forma en que resuelva sus problemas internos y regule las relaciones de conflicto y cooperación que deberá entablar con el medio estatal del que ahora se distingue.

La separación de un «cuerpo político»

¿Por qué recurrir a un clásico del siglo XVII? Porque el Segundo Tratado se puede leer como una simple y razonable indicación del recurso instrumental adecuado a la persecución de un propósito ético entorpecido. Se trata de la teoría del conflicto que se produce entre un grupo que trabaja para conservar su vida en buena forma y una rémora social que perturba su esfuerzo. La separación y la posterior redefinición de las relaciones con el entorno aparecen como la conducta racional del grupo menor perjudicado.

En su estructura más elemental, este conflicto ético aflora en diversos contextos histórico-sociales. Por eso, rasgos de la separación lockeana pueden encontrarse tanto en los intentos de los primeros socialismos como en la espontaneidad de las tomas que se han mencionado. Por la misma razón puede ayudar a pensar los problemas que enfrenta una minoría que busca transformar la sociedad, no porque presuma haber descubierto el curso necesario de la historia, sino porque decide enfrentar los riesgos de muerte que se le vienen encima.

El discurso lockeano puede sintetizarse en los siguientes aspectos:

• En primer lugar, el trabajo para conservar la vida es la actividad humana primordial. El hecho de nacer implica el derecho de extraer de la naturaleza alimentos, bebidas y lo demás necesario para subsistir (sec. 25). La vida se conserva, entonces, por la labor del cuerpo y el trabajo de las manos (sec. 27). Los bienes son producto del trabajo y son, antes que nada, en lenguaje contemporáneo, bienes de uso, o sea, aquellos que determinan las posibilidades de vida o muerte [Hinkelammert, 1996, passim]. Así se comprende que su fórmula de «propiedad» asocie «vida, libertad y bienes» (secs. 87 y 123). Lo que debe defenderse es el proceso que produzca, simultáneamente, estos tres valores. Así, el proceso que convierte al trabajo para conservar la vida en «la más estimada de todas las actividades humanas», empieza con Locke y culmina con Marx [Arendt, 1993:113].
  

• En segundo lugar, si este trabajo resulta perturbado por una pérdida de calidad ética en el medio social, surge la necesidad de que los perjudicados construyan, mediante acuerdos positivos, asociaciones separadas y menores, es decir, cuerpos políticos (sec. 128). Esta separación, como se adelantó, se produce por razones de eficacia instrumental, y de tal eficacia conviene destacar, en el contexto de este artículo, dos elementos.De una parte, las ventajas que produce la integración. Los esfuerzos pueden concentrarse en un solo sentido, señalado por el consenso de la mayoría: la nueva entidad actúa como un solo cuerpo (sec. 96). De otra, la importancia de que exista una autoridad para manejar racionalmente los conflictos externos. La teoría de los poderes de Locke presenta una peculiaridad: en el mismo o, quizás, en un más elevado rango que el que se concede al «ejecutivo» y al «legislativo», aparece en su concepción el poder «federativo». Este consiste (secs. 146 y 147) en la capacidad para efectuar toda clase de «transacciones» con el exterior: guerra, paz, ligas, alianzas, según provengan de allí circunstancias de beneficio o daño. Este poder no está, como el ejecutivo, restringido por leyes positivas, sino que se ejerce de acuerdo a la prudencia y la sabiduría de aquellos a los que ha sido encomendado. La idea lockeana sugiere que el trabajo para la vida adquiere capacidad estratégica, si y sólo si se constituye en cuerpo político y se da un gobierno, debiendo recordarse que cualquier forma de democracia, incluyendo la directa es una forma de gobierno- lo que ningún partido es, aunque haya fundado el nuevo cuerpo.

En el caso de un Estado de formas democráticas, los derechos que éste enuncia y no conceden, hacen perceptibles, a un tiempo, un déficit ético, la necesidad de una separación y las condiciones para refundar ese Estado, que no son otras que los sucesivos y acumulables arreglos que impliquen la realización honesta de sus lemas. Lo dicho lleva a considerar la importancia del lenguaje. La enunciación del discurso democrático crea la oportunidad para arreglos democratizadores porque, mientras habla, «el que habla está atrapado en sus palabras» [Maturana, 1990:70]. Después, cuando el discurso resulta mentiroso, es ocasión de denunciar la hipocresía y de legitimar las perturbaciones que, como sanción, introduzca el cuerpo menor en las rutinas del mayor.

La construcción lockeana se puede entender como un algoritmo para realizar transformaciones: se empieza y se debe empezar con la acción directa, con la realización autónoma de un trabajo de conservación de vida; sigue a ella la construcción de un cuerpo político separado que regula el conflicto mediante un principio «federativo»: sólo entonces puede pensarse en «participar» en las ceremonias estatales y, aún así, de manera cínica[1].

Elementos de una política de discrepancia radical

Teniendo en cuenta lo anterior, un proceso de transformaciones que no puede contemplar la toma revolucionaria del poder estatal debiera recorrer las siguientes fases.

En primer lugar, anclar la política de discrepancia radical en un trabajo de conservación de vida. Se ha aceptado que la justificación de toda política se encuentra en la necesidad de proteger un trabajo. Ahora bien, esta política específica, la de la discrepancia radical, se justifica, sólo puede justificarse, por la existencia de un trabajo discrepante, esto es, de un trabajo concreto que busque conscientemente, de manera libre, esquivando hasta donde sea posible su conversión en capital variable, la producción de bienes de buen uso. Podemos verificar la existencia actual de dos clases de este trabajo, ambas explicadas por los perjuicios que el modo de producción dominante provoca, ya sea en la fuerza de trabajo o en la naturaleza o ambiente:

• Los trabajos para reparar los daños de escasez. Son los que realizan de preferencia la sobrepoblación relativa, la masa sobrante, para satisfacer por cuenta propia las necesidades naturales que la sociedad ignora. Adoptan la forma de trabajo manual que se organiza, por ejemplo, como «minga». Esta misma clase de trabajo ejecutan, por supuesto, los obreros asalariados con remuneración insuficiente. Así se originaron en Chile en los ochenta las «organizaciones económicas populares» estudiadas por Luis Razeto, y cuyo desarrollo resultó bloqueado por el abandono que de ellas hicieron el Estado de la transición y la Iglesia, apenas la dictadura entregó el gobierno.
  

• Los trabajos para reparar el daño de exceso. El derroche capitalista día a día va destruyendo la naturaleza. El ecologismo activo rechaza ese daño e intenta paliarlo con trabajo físico directo, que implica, primero, limpiar, reciclar, reforestar, reconstruir naturaleza; y a la vez, casi regularmente, mediante la protección corporal no armada de la porción de naturaleza que la expansión capitalista necesita dañar. Uno de los mayores atractivos del movimiento ecologista radica en que su discurso discrepante se pronuncia mediante la realización material de su enunciado: consiste en acción directa. Este se expresa, asimismo, en la disensión cotidiana de las personas y hogares que, de variadas formas, dedican esfuerzos en procurarse comidas y bebidas libres de veneno y evitan consumos innecesarios de recursos naturales.

Simone Weil, ya a principios del siglo XX, oponía al optimismo industrial de capitalistas y soviéticos, la dinámica liberadora del trabajo manual, de la relación no mecánica con el mundo. En cuanto el recurso técnico resulte necesario, el único trabajo que puede dar sentido a la vida es el que, en el curso de todo su proceso, sea gobernado por el pensamiento metódico del ejecutor directo. Para ella, sólo el obrero «plenamente calificado, próximo a la figura histórica del artesano, podría de verdad enfrentar la opresión social de los diversos regímenes estatales [Weil, 1957:114-124]. En el siglo que se inicia, el programa resultaría realizable. La programación computadorizada de series cortas abriría, si hubiera voluntad política para ello, perspectivas amplias para una producción artesanal moderna, de talleres pequeños controlados localmente, que satisfaciera la demanda de consumidores específicos [Friberg & Hettene, 1985:256]. Entre nosotros, Maturana ha propuesto: «desindustrializar Chile, generar grandes espacios artesanales, rescatar el dominio manual» [Mendoza, 1994:36-37]. Chile puede ser un parque de naturaleza.

La discrepancia radical y las experiencias que la materializan implican también un rechazo ascético a la cultura del derroche. Ascesis significa aquí la decisión consciente de ir buscando lo que resulte necesario para bien vivir, de manera que no se demanden excesos intolerables para la justicia social, la vida de la especie y reproducción y equilibro de la naturaleza. Buscar lo necesario y limitarse a ello es un buen consejo que proviene de diversas fuentes.

Resulta sugerente que Marx en El Capital recuerde la Política (I, 8) de Aristóteles. El filósofo griego opone el concepto de economía al de crematística. La economía es el arte de adquirir lo necesario para vivir una buena vida, y ese necesario tiene límites, cuya determinación corresponde a los responsables del hogar y del Estado. La crematística o arte de hacer dinero no conoce límites en su despliegue; pero, según se sabe ahora, la naturaleza sí los tiene y el derroche los hace cada día más cercanos. Obedeciendo a la sabiduría que debiera ser común, el «hogar» suele levantarse contra la «polis» sometida a la lógica crematística. La ascesis es uno de los «temas del cinismo» [Rivano, 1991:32].

La filosofía de Diógenes y la del Eclesiastés tienen un punto de encuentro: ambas buscan «la medida en la satisfacción de nuestras demandas, de manera que no se produzca más de lo necesario consumir y baste para mantenerse». Existe un «producto innecesario»: el plusproducto del plustrabajo. La ascesis representa la vieja reivindicación de no tener que matarse trabajando para poder vivir. El Padre Nuestro nos enseña a pedir el pan que es necesario y suficiente cada día [Raissa Maritain, 1961?:77]. Repetir la petición cotidianamente es cosa distinta a acumular sin límites.

Redefinir el papel del militante de izquierda

Si el trabajo tiene la importancia que se le ha asignado, entonces, hay que dar la palabra a Gramsci y a su concepción sobre el «nuevo intelectual». El militante, el nuevo intelectual sólo puede llegar a ser dirigente si satisface la fórmula «especialista + político» [Gramsci, 1974: 392]. El «especialista» significa aquí el entendido en cooperativismo, mutualismo, sindicalismo, contabilidad, resistencia, etc. El «político» en cambio, es el que tiene «ojo cínico». El ojo cínico no se deja engañar por los nombres de fantasía del mercado electoral, ve las igualdades reales y trata a todos con igual irrespeto. Si las promesas se cumplen, no se tratará de un regalo, sino del pago del sueldo de Diógenes, que se debe a quien hace la experiencia de la ascesis y el consumo mínimo [Rivano, 1991:36].

El ejercicio en terreno de su especialidad, de sus artes y oficios propios potencia la independencia del militante. Ya no es un simple orador sino un transformador práctico y cuando habla, ya no lo hace sólo para repetir lo que dicen más arriba. En vez de los partidos de antes, asociaciones de militantes, se propone que sean «ligas de apoyo a iniciativas comunitarias». Si no se recrean radicalmente, las formaciones revolucionarias no tienen nada que hacer, y sin especialistas, las nuevas experiencias sociales van a ir a parar a la vulgaridad clientelista.

Constituir comunas ecológico - cooperativas como entidades transformadoras básicas

Si por transformación social entendemos la ejecución de trabajos diversos que necesitan, por un lado, homogeneizarse y, por otro, defenderse, esta transformación requiere de un «gobierno» propio. Al hablar de «gobierno» se está siguiendo a Buber [Buber, 1950:63], el cual entendía las proposiciones de Kropotkin y Proudhon como «acracia», o ausencia de dominación, y no como «anarquía», o ausencia de todo gobierno. El gobierno que requiere el trabajo autónomo de conservación de vida es la democracia - ojalá directa - practicada en cualquier territorio geográfico o espacio comunicacional que permita a los discrepantes efectuar deliberaciones ordenadas, y adoptar decisiones que vinculen a los que participaron en ellas. La denominación de «comuna» señala la voluntad de conectarse con las antiguas tradiciones socialistas y libertarias y evoca la búsqueda de convivencia, comensalidad, ayuda mutua. La calificación de «ecológico-cooperativa» sirve para identificar los ámbitos desde los que, según se dijo al principio, pueden provenir los grupos pioneros.

El aspecto cooperativo, en especial, apunta a que una organización como la comuna, en cuanto potencie el resultado económico del trabajo de autoreproducción de la «población sobrante», va a incidir directamente en la disminución del grado de sometimiento de la clase trabajadora al capital. Según Marx en El capital (I: cap. 25; sec. 3, final), su «dependencia absoluta» se explica por la existencia del ejército de reserva. Esto debiera entenderse en el sentido en que el área crítica del conflicto no se encuentra tanto en la fábrica, como fuera de ella, en la masa redundante, en la desocupación y en la forma como ella sobrevive. Ahora bien, el cooperativismo en su sentido más amplio tiende, precisamente, a ser una forma «independiente» de reproducción de la fuerza de trabajo; y, su misma estructura orgánica puede llegar a constituir aquella cooperación regular entre ocupados y desocupados que, teniendo a la vista la «ley general de la acumulación capitalista», se convierta en el prerrequisito básico para toda posible eficacia del movimiento obrero. La «precarización» del trabajo es el dato clave del actual proceso de expansión capitalista. El trabajo de sobrevivencia de los «precarizados» pasa a ser un factor de importancia difícil de exagerar: o bien, se convierte en un área social de relativa independencia, o en un elemento adicional de sujeción. Para intentar lo primero habría que dejar de ver en el esfuerzo propio puras reminiscencias pequeñoburguesas o autoexplotación. En todo caso, si se entiende la política como la continuación del trabajo de conservación de vida por los medios de la integración y la defensa, resulta lógico esperar que la entidad que realice tal política presente características como las que se exponen seguidamente.

Ciudadanía amplia. Todo el que trabaja y se interese por los asuntos comunes es ciudadano. Pero el concepto de amplitud ciudadana debiera abarcar hasta los niños, y ello, por tres razones. Primero, porque son muchos los que trabajan para comer, y no pocos los que lo que hacen con duro sufrimiento. Enseguida, porque todos ellos sufrirán las peores consecuencias de la irresponsabilidad que reina hoy día y por último, por la gran inclinación que tienen para decir, al pan, pan y al vino, vino: si hasta los niños entienden la necesidad de alguna operación desenfadada, ella podrá hacerse con tranquilidad moral.

Determinación del déficit de cargo estatal. La «minga», la cooperación, la ayuda mutua elevan la eficiencia del trabajo autónomo. Pero, aún así, quedarán necesidades insatisfechas y programas pendientes. La diferencia entre lo que se ha hecho por cuenta propia y lo que debería contarse para lograr una mejoría real de la vida constituye el déficit de cargo estatal. Establecer ese monto puede considerarse tarea principal de la comuna, a la que sigue la organización de las presiones que se ejercerán sobre el Estado, desde sus municipios hacia arriba, para obligarlo a pagar. La comuna debiera verse como un agregado de conocimientos contable-presupuestarios y tácticos. Para justificar las presiones, el trabajo autónomo ya desplegado serviría de justo título moral. Por otra parte, la determinación precisa del déficit permitiría a la comuna llamar a los interesados en poder estatal a presentar «propuestas públicas» para saldarlo. Quizás pudiera decirse que la comuna es la fuerza que hace imposible al capital y al Estado seguir desentendiéndose de las externalidades positivas que generan los trabajos autónomos de conservación de vida. Pagar lo debido es cosa distinta a conceder beneficios.

Empleo de la descentralización, de la gestión local, etc., sin confundirlas con una verdadera transformación. Se habla mucho de la sociedad civil. Habrá que tener en cuenta esta reserva: «La sociedad civil no debe ser mitologizada. No tiene ni siquiera por qué ser progresista. A decir verdad, la sociedad civil chilena del presente es la misma que derribó a Allende, sólo que su componente izquierdista es ahora mucho más débil, machacada y amedrentada.» [Cifuentes, 1997:156]. La idea de «comuna» se propone al componente discrepante de la sociedad civil; nace de la historia del «bajo pueblo» y quiere continuarla.

Debe continuarla, porque las condiciones que afectan a los transformadores sociales de hoy son similares a las que debieron enfrentar los primeros socialistas: necesidades impostergables, y un sistema estatal que las ignora y no puede ser asaltado revolucionariamente. Ese es el cuadro que llevó a Luis Emilio Recabarren a formular su teoría «mancomunal» y de «socialismo municipal», cuya «pasión y muerte» analizan Salazar y Pinto [Salazar y Pinto, 1999:281 ss.]. Puede que haya que subrayar en la explicación de su muerte el factor subjetivo, la adecuación al viraje táctico a que empujó el triunfo de la revolución rusa. El eje de la mancomunal, el mejoramiento autónomo e inmediato de la vida por «organizaciones culturales y educativas - cooperativas y mutuales», propias de los momentos de «reflujo», debía ceder el lugar a la organización leninista de asalto, exigida por la crisis generalizada del capitalismo y la consiguiente revolución proletaria [Stalin, 1924:90 ss.]. Del viraje táctico se pasará a una ideología de desconfianza a todo lo que no sea estrictamente fabril, la cual culmina en la identificación represiva de todo lo que pueda llamarse genéricamente «autoconstrucción», con la «autoexplotación» de la fuerza de trabajo.

Después de suceder lo que sabemos, hay que volver a dar la palabra al Recabarren original, al de, por ejemplo, El balance del siglo... Su proyecto era el de: a) un progreso autónomo, que opera b) como «acusación perenne a la indolencia común y c) como acción proletaria que empuja la acción de la sociedad» [Godoy, 1971:299 ss.]. Para una perspectiva como la enunciada, las ventajas de la acción local resultan evidentes: facilidad para conectar a los iguales y posibilidades de acción en el ámbito municipal, pero también deja a la vista la necesidad de enfrentar los poderes centrales.

Testimonio, prohibición y participación desconfiada. Una eficacia no puramente testimonial supone un testimonio previo, un ejemplo concreto. El trabajo concreto produce, debe producir, una vida mejor, perceptible como tal por el común de la gente. Con la solidaridad y la cooperación también se pueden hacer buenos negocios. Pero el ejemplo y el testimonio no sólo tienen significación «privada», también acusan. Con relación a los poderes centrales, el trabajo por cuenta propia opera legitimando la acción directa que busca prohibir al Estado la persistencia en errores magnos, los atropellos y destrucciones a que induce el interés mercantil de corto plazo. Los textos menos azucarados de acción desarmada no sólo contemplan la no-cooperación y la persuasión. La «intervención» consiste en el estorbo y hasta en la supresión de las actividades contumaces del poder [Sharp, 1973:357 ss.]. La «prohibición» por «intervención» puede verse como la coacción popular de la coacción estatal mediante «fuerza civil», que es el empleo del movimiento y la capacidad de trabajo corporales como modos de acción en los encuentros físicos.

Para estos efectos, el «hogar» opera como contrapartida y corrección del Estado, para obligarlo a someterse a la «economía» que debiera ser la norma común a ambos. El ámbito doméstico proporciona a la resistencia-prohibición, masa y, en cuanto proveedor de energía y alimentos, duración. Las acciones por cuenta propia adquieren envergadura estatal cuando, combinadas, se enfilan a los poderes centrales. Así y todo, no pierden su condición negativa o «abrahámica»: son expresión de una minoría enérgica y hábil que, en el mejor de los casos, impide la catástrofe para una mayoría indolente y, en el peor, puede salvar a los suyos. Hay que decir, por último, que la «prohibición por intervención» tiene una cara positiva: la iniciativa popular en asuntos legislativos, la cual el movimiento discrepante debiera intentar realizar, con o sin respaldo de los textos legales.

Después de estos trámites plebeyos correspondería estudiar las condiciones de la «participación» tan solicitada por las élites. No podrá sino ser «desconfiada»: quienes pueden concursar por las cumbres del poder lo hacen porque ya han aceptado pagar los elevados derechos de entrada que los empresarios y funcionarios cobran por ingresar a dichas competencias. No existen títulos pre-adquiridos para representar a la discrepancia. La discrepancia no debiera privarse del derecho a averiguar fríamente cuál de los aspirantes ofrece mejores servicios a la acción por cuenta propia. Combinando (nacional e internacionalmente) testimonio, prohibición y participación desconfiada, puede pensarse en la posibilidad de que mayorías suficientes comprendan las razones que hay para que el mundo cambie de fase.

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Fecha de referencia: 15-11-2002