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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Moderador: Raúl Fernández Wagner (ICO-UNGS)[1]
Transcurrido un año, durante el cual mantuvimos abierto el foro
de discusión en el Portafolio 2 de Urbared, sobre los programas
de mejoramiento de barrios en América Latina, acerca de la
pobreza urbana, aparecen dos hechos que es importante destacar.
Uno, es la noticia que la situación del hábitat en el mundo ha
empeorado en la década de los 90. Esto fue revelado por las
sesiones extraordinarias de la Asamblea de las Naciones Unidas
en Nueva York, denominadas Estambul+5, que tuvieron lugar en
junio de 2001, con el objetivo de efectuar el seguimiento de la
Agenda Hábitat, a los cinco años de la Conferencia Hábitat II
realizada en Estambul. Todos los países elaboraron nuevamente un
documento oficial y respondieron al grupo de 23 indicadores, y
8 datos cualitativos, por países y por ciudades, solicitados por
UN-Hábitat de Nairobi. El resultado, como era de esperar, fue
desalentador. El cumplimiento de la Agenda Hábitat es bajo y la
situación mundial empeoró ostensiblemente en esos cinco años,
como consecuencia de la aplicación de las políticas de ajuste
estructural, de la transferencia de recursos a los países ricos
vía el endeudamiento externo y de la reducción y/o
desfinanciamiento del Estado, en los países menos desarrollados.
Políticas que contribuyen a un aumento sostenido de la pobreza,
donde la profundización de la injusta distribución de la
riqueza, incrementa la criticidad de una situación social que
tiene por escenario principal a las ciudades.
El otro, es un hecho al que no le habíamos prestado debida
atención en la introducción al debate, y que merece destacarse
por su gran importancia política e institucional, como lo es la
aparición en escena de Cities Alliance, una asociación de los
países mas poderosos cuya iniciativa principal centra en
acciones de mejoramiento barrial las estrategias de reducción
de la pobreza urbana. Ello, además de reforzar la importancia de
este debate, agrega nuevos elementos para nuestra consideración.
The Cities Alliance (ver http://www.citiesalliance.org) fue
lanzada en el 2000 por el Banco Mundial y UNCHS (Hábitat de
Naciones Unidas) con el soporte del Grupo de los 7. Su objetivo
principal es enfrentar los desafíos de las políticas destinadas
a promover la superación de la pobreza y promover ciudades más
prósperas sin asentamientos irregulares. Su foco se centra en
dos aspectos:
En oportunidad de producirse el lanzamiento de Cities Alliance
en Berlín (diciembre de 1999), fueron significativas las
palabras del presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn,
quien expresó que la iniciativa «Cities Without Slums es una
creativa y desafiante respuesta a la pobreza urbana...»,
agregando que «...la pobreza urbana debe ser la preocupación de
todos si queremos lograr ciudades sustentables...». Nelson
Mandela (designado «patrón» de la iniciativa), por su parte,
cuando dijo «...La reducción de la pobreza y el mejoramiento de
los asentamientos no será posible a menos que las ciudades sean
productivas y eficientes, y capaces de proveer a los pobres
oportunidades económicas para mejorar sus bienes e ingresos...»,
no dejó pasar la cuestión central, que es la promoción real de
sus habitantes.
Estas palabras expresan veladamente la contraposición entre una
visión que destaca la necesidad de ciudades sustentables, como
condición ideal -que la pobreza pondría en peligro- a alcanzar
para un buen desempeño del capital, y otra visión donde la
existencia de pobreza es éticamente inadmisible frente a los
niveles de riqueza mundial que está concentrada en pocas manos.
La primera, parece ser la visión dominante en los «donantes» de
lo que parece ser un nuevo dispositivo de «filantropía global».
Estos hechos reafirman la pertinencia de nuestro debate. En un
tiempo donde, a la luz de los movimientos antiglobalización, el
discurso y los postulados de las agencias internacionales sobre
la «reducción de la pobreza» crecientemente están en cuestión
cuando se confrontan con las recomendaciones de política
económica, que reproducen pobreza. En nuestros países no tenemos
más remedio que aceptar financiamiento de los organismos, pero
podemos contribuir a construir una práctica diferente, que se
contraponga a la forma tradicional de financiamiento con recetas.
Un ejemplo de ello es la apertura progresiva (o declinación de
las recetas) del BID en los 90, a favor de dejar que los equipos
locales definan el programa más apropiado. Ello es parte de la
riqueza y del impulso actual de los programas de mejoramiento
de barrios (PMBs) en América Latina.
Nuestro debate, en el plano más general tuvo un punto saliente
en la confrontación de posiciones entre Félix Bombarolo y
Fernando Cavallieri, que va mas allá del viejo dilema revolución
o reformismo. Lo que inquieta a Bombarolo centrando la
observación en lo social, es que los programas siguen atacando
el emergente visible de la pobreza (el asentamiento pobre) dando
en mayor o menor medida por descontado que la problemática social
se resolverá automáticamente. Sin duda que es insuficiente que
se intervenga en el enclave (pobre), pero desde la perspectiva
de las políticas urbanas, que agrega Cavallieri, se destaca que
lo bueno es justamente que se intervenga con inversión allí,
donde antes no se hacía, pero incorporando otras acciones que
le otorguen una mayor integralidad.
Ahora bien, queda claro que no ocurre lo mismo en el resto de las
ciudades latinoamericanas, como destaca José Luis Coraggio
acerca de las particularidades de cada contexto. Lo que funcionó
con la antigüedad e insularidad en las favelas de Río, puede no
funcionar en contextos urbanos de reciente conformación en trama
abierta, como en Argentina. Por ejemplo, evaluaciones del PMB
Argentino, han demostrado que la intervención, como resultado
de su focalización, genera discriminación positiva, al recortar
un grupo de favorecidos en un entorno urbano socio-espacial
homogéneo. En este caso, los PMBs podrían contribuir a la
segmentación urbana, al afectar también a otros pobres.
La intervención de Fernando Cavallieri, desde la rica experiencia
de Favela Bairro, agrega varios elementos más. En primer lugar,
parece crucial que estos programas sean parte -no sólo de una
política social más integral- de una política urbana integral.
Por ello, si se observan los PMBs sólo desde la óptica del grupo
social involucrado, se pierde la perspectiva de que estamos
hablando de bienes y servicios que forman parte del mercado
urbano. La generación de plusvalía, propia del proceso de
urbanización- y el modo en que ésta es distribuida, es central.
En ese sentido, cuando Cavallieri enumera la diversidad de
acciones simultáneas que son necesarias y la importancia
estratégica que tiene la regulación urbanística, centra el eje
en lo que en muchas ciudades- especialmente en Argentina- no
existe en las agendas urbanas aún. Nos referimos a instrumentos
diseñados con objetivos de distribución más justa de la riqueza
socialmente generada por la urbanización. Aquí radica en gran
medida la debilidad institucional de los gobiernos locales, que
particularmente señala Rosalía López Paniagua.
En este sentido, la intervención de Alejandro Florián centra
también la mirada en el mercado, pero destacando la importancia
de la economía popular como «universo económico dinámico», como
actor activo a tener en cuenta en la intervención. Este es un
punto central también, pues los programas plantean la
participación de una forma acotada, buscando sólo justificar y
legitimar la actuación, pero no una profunda articulación con el
sistema cultural-económico del grupo involucrado. Sobre la
promoción y/o fortalecimiento de la economía local centrará su
argumento también José Luis Coraggio. Lo cierto es que
prácticamente en todos los casos- el diseño de los programas no
contempla una evaluación de los recursos existentes
(especialmente los intangibles) y las posibles sinergías que
pueden producirse con la intervención. La dimensión de la
sustentabilidad, que algunos PMBs están planteándose con
resultado de evaluaciones negativas del impacto económico,
provoca que el seguimiento posterior a la intervención sea
necesario, dando la razón a lo que Cristina Cravino plantea sobre
los tiempos sociales distintos a los de la gestión de la
intervención.
La intervención de Raúl Zavalía va aún mas allá al plantear, por
una parte, que para verdaderamente expandir estas intervenciones
lo importante es no realizarlas a fondo perdido, sino
recuperando la inversión; y por otra parte, que el potencial
productor, la estima y la capacidad de los vecinos, se
potenciaría con estrategias que asocien financiamientos públicos
rotativos con organizaciones autogestionarias barriales.
Aquí por cierto estamos llevando al extremo las cosas, poniendo
a prueba los supuestos (como los que señala Cravino), exigiendo
a unos programas que esquematizan la heterogeneidad y
complejidad de la pobreza urbana, a causa de su concepción y
limitaciones operativas, cuyos logros (como los que muestra el
caso que relata Carlos Rivero Ballesteros desde Venezuela), por
cierto que constituyen un avance cierto.
Ahora bien, cuando Raúl Sánchez Rodríguez, plantea que lo
importante es «evitar» los asentamientos irregulares, revertir
el proceso migratorio y descentralizar los asentamientos
humanos, coloca en otro eje la discusión y nos lleva a
cuestiones precedentes a los supuestos sobre los que se asienta
nuestro debate. Para esa opinión, quiero recordar que, mientras
transcurría la breve historia de la segunda mitad del siglo XX
que narro en la introducción al debate, sobre la evolución y
pasaje de las políticas de vivienda hacia políticas de reducción
de la pobreza centradas en el hábitat, tuvo lugar en tan sólo
cincuenta años, un aumento al doble de la población mundial, y
al triple de la población urbana, y que la mayoría se concentra
en las grandes ciudades del mundo no desarrollado. La
urbanización ha sido un proceso tan irreversible, como
lamentablemente lo ha sido el aumento de la pobreza. Por ello,
si bien el ideal sería que los asentamientos humanos tendieran
a un equilibrio territorial, ello no ocurre, y por ello hay que
asumir el costo de la intervención urbana. El costo no es para
nada alto. Si se observa que en nuestras ciudades, en áreas de
los sectores de altos ingresos, la intensa especulación ha
provocado que se construya y destruya varias veces en pocos
años, se tiene que el costo social de la destrucción de parque
bueno es infinitamente mayor.
En correspondencia con uno de los ejes fundamentales de nuestro
debate, el arraigo de la población se produce por el desarrollo
de las economías locales, en el marco de la globalización, en
general se asiste a la quiebra de las economías regionales y/o
locales (en pocos años en el caso de Argentina), con lo cual se
acentúa el proceso migratorio hacia las grandes ciudades. Por
ejemplo en Argentina la administración de la Provincia de Buenos
Aires durante ocho años decidió no aportar fondos (unos 1.200
millones de dólares en esos años) para construir viviendas en el
Gran Buenos Aires (9 millones de habitantes) y hacerlo en las
poblaciones pequeñas de las provincias, con el objetivo de
«anclar» la población. El resultado fue el contrario: se
especulo con la vivienda pública en pueblos que se siguieron
vaciando y aumentó la penuria habitacional y los asentamientos
en la gran ciudad, donde faltó la inversión.
En síntesis, el debate reunió valiosos aportes que contribuyen
a construir una mirada mucho más profunda a las intervenciones
socio-espaciales en el complejo universo de la pobreza urbana.
Mucho agradecemos a quienes aportaron su tiempo y voluntad en
este constructivo debate.
Como comentario final queremos agregar, que se debe tener en
cuenta que estamos debatiendo el alcance de los programas de
mejoramiento de barrios en un contexto Latinoamericano donde,
con excepción de Chile y en parte Brasil, el resto de los
países, en los años 90, han desmantelado sus sistemas nacionales
de financiamiento y gestión habitacional. Por lo tanto en
algunos casos estos programas se desarrollan en un escenario de
deconstruccción, en muchos casos incompleta, de lo que había sido
una construcción también incompleta de un sistema de provisión
al estilo del europeo de la posguerra, y un intento de
regulación del mercado con el fin de mejorar la asignación
social a los bienes del ambiente construido (suelo urbanizado,
vivienda, servicios y equipamientos urbanos). Los bancos
hipotecarios nacionales se privatizaron, los organismos públicos
se redujeron o desaparecieron en la reforma del Estado, al
tiempo que los programas se desvanecieron por falta de
financiamiento o por transferencia mediante una
«descentralización» en gran medida forzada- a provincias y
municipios con serias dificultades (técnicas y financieras) de
gestionar en modo apropiado y de sostener en el tiempo los
programas. Mucho menos de avanzar hacia una administración y
gestión socio-urbana más integral.
En nuestros países, las políticas urbano-habitacionales, pocas
veces alcanzaron madurez, no pudiendo consumar un sistema
comprehensivo, eficiente y equitativo, que vaya mas allá de la
mera construcción de casas con fondos públicos. En los hechos
sólo se configuró un sistema de financiamiento de la oferta
basado en la asociación entre lobby empresario y distribución
clientelar. Lejos se estuvo de constituir un sistema de
acciones, o como dice Pierre Bourdieu (2001) que la política de
vivienda es «... el producto de una larga serie de interacciones
cumplidas bajo una coacción estructural...» compuestas por
medidas reglamentarias que establecen las interacciones entre
agentes en una unidad territorial determinada. Esto se
abandonará definitivamente a la luz de las estrategias de
facilitación (del funcionamiento del mercado), promovidas por las
agencias en los 90, y de la focalización recomendada para el
conjunto de las políticas sociales.
En ese sentido los PMBs, constituyen el mejor ejemplo de la nueva
generación de políticas de reducción de la pobreza centradas en
el hábitat, las cuales se caracterizan por constituir un modo
más acabado de «focalización» socio-espacial.
La (condición de) «vivienda social», que había sido producto de
las luchas sociales de buena parte del inicio siglo XX en Europa
y fue heredada y desarrollada, en diferente grado, en los
distintos países de América Latina, desde los años 50, es
abandonada en los 90 e incluso condenada, en las acciones de las
políticas neo-liberales basadas en las recomendaciones de la
agencias internacionales en la materia. La reinstauración del
principio (liberal) de la responsabilidad individual en el acceso
a la vivienda, obviamente implica el abandono de la noción de la
responsabilidad compartida y los principios de solidaridad
social. El Estado abandona así su rol de promotor del desarrollo
(nacional) y de garante del equilibrio y la cohesión social
interna, para transformarse en garante de las inversiones
extranjeras y el equilibrio financiero ante la banca
internacional. El desmantelamiento de las instituciones de la
seguridad social y su obsceno reemplazo por múltiples reaseguros
privados, implican en primer lugar la ruptura de la condición
de derecho-habiente de la población, y su reemplazo por la
condición de seguro-adquirente, bajo una lógica de mercado que
desprotege, excluye y fragmenta socialmente.
Boletín Petropress Nro. 8/2001[2]
En Bolivia esta a punto de cometerse un gran atentado contra los
intereses de los bolivianos en beneficio directo de las grandes
transnacionales que controlan los sectores más importantes de la
economía. Este atentado viene de la mano de la Ley de Necesidad
de la Reforma Constitucional, que bajo el auspicio de los máximos
organismos internacionales (PNUD-BID-BM) se proponen modificar
la constitución política del estado boliviano y ajustarla a las
políticas neoliberales y a los requerimientos del ALCA y la OMC.
El objetivo es legalizar las arbitrariedades que cometen las
transnacionales en Bolivia y someter las leyes y las decisiones
internas del país a organismos extranjeros de los países
desarrollados de donde provienen las transnacionales.
La máxima garantía, pese a todo, para las transnacionales en
Bolivia ha sido el contar con gobernantes dispuestos a defender
los intereses foráneos a toda costa. Sin embargo, después de las
masivas protestas sociales de los últimos dos años en contra de
las políticas neoliberales y de privatización que terminaron
inclusive con la expulsión de la Transnacional "Aguas del Tunari"
en la denominada "Guerra del Agua" en la ciudad de Cochabamba en
Abril del 2000. Los gobernantes bolivianos presionados por los
organismos internacionales de las transnacionales han iniciado
una ofensiva para minimizar los riesgos que sus inversiones
puedan correr en caso de protestas sociales. La reforma de la
constitución política del estado boliviano es un medio para este
fin.
El 18 de mayo del 2001, se posesiona a un denominado Consejo
Ciudadano encargado de discutir y sugerir modificaciones a la
constitución política, de acuerdo a un borrador de reforma
realizado por el Programa de Gobernabilidad del Gobierno
Boliviano (PRONAGOB) que es financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas a través
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
EL consejo ciudadano esta formado por ciudadanos "notables",
quienes una vez por mes se reunieron he hicieron las
modificaciones al texto propuesta.
El 1 de noviembre, el Consejo Ciudadano concluyó sus labores con
la redacción de la versión final de un Anteproyecto de Ley de
Necesidad de la Reforma Constitucional. Ley que deberá ser
aprobado por el parlamento hasta agosto de el año 2002, para que
las reformas planteadas entren en vigencia desde esa fecha por
5 años.
Boletín Petropress Nro. 6/2001[3]
En el marco de la economía mundializada, no es raro saber de
grandes transnacionales que utilizan la presión política y
económica que poseen los países industrializados, de donde
provienen estas empresas, sobre los países atrasados y
dependientes para garantizarles a sus transnacionales la
explotación y la mercantilización de los recursos naturales y
humanos que poseen en abundancia las colonias y semi-colonias.
Tampoco provoca sorpresa enterarse de los vínculos irregulares
que mantienen los gobernantes de los países periféricos con las
empresas extranjeras interesadas en hacer negocios en su país.
Cuando mas al contrario la corrupción parece haberse convertido
en una política que las grandes transnacionales fomentan para
garantizarse buenos negocios por el mundo entero.
En Bolivia, después de concretarse las reformas recomendadas por
los organismos internacionales de los países industrializados
(FMI, BM), después de consolidarse la penetración de las más
grandes transnacionales del mundo en los sectores principales de
la economía boliviana. La situación parece haber empeorado, no
sólo que la economía boliviana se encuentra en crisis (producto
de los despidos masivos a causa de las privatizaciones y de las
quiebras en muchas empresas del sector privado) sino que la
corrupción, generada por los partidos políticos que por turno son
gobierno, se ha convertido en una suerte de política de estado
para favorecer a los burócratas gobernantes y a las grandes
empresas transnacionales.
Este parece ser el meollo del asunto, no solo que las
privatizaciones buscaron reorientar en lo económico las políticas
nacionales hacia en la perspectiva de mejorar, ampliar y reforzar
el poderío económico de las grandes potencias mundiales, sino que
los gobernantes locales de los países dependientes estas medidas
económicas fueron bien aceptadas por los mismos gracias a los
beneficios personales que las transnacionales les ofrecieron. Una
estrechez de vínculos de intereses entre las transnacionales y
los gobernantes locales parece ser la única explicación que
justifique la aplicación de la política de privatizaciones en
Latino América y el mundo.
Enron es el nombre de una de las más grandes transnacionales
petroleras del mundo de origen estadounidense. Con todo el poder
económico, acumulado a lo largo de varias décadas de negociados
en su país y en el mundo entero donde se extendió por mas de 40
países , y el inmenso poder político -varias veces- ganado a
través de sobornos y prebendas ofrecidas a tradicionales partidos
en Estados Unidos. Esta empresa , que en Bolivia fruto de la
capitalización logro apoderarse del sistema nacional de
transporte por ductos, hoy ve como su imperio se derrumba cual
castillo de naipes, junto con sus acciones en la bolsa de
valores que se desplomaron hasta llegar en las primera semana de
diciembre del 2001 a cotizarse en 0,26 centavos de dólar la
unidad.
Enron un prontuario poco recomendable: Algunos de sus "negocios"
en el mundo:
En Filipinas el apoyo decidido del Embajador norteamericano Franck Wisner, permitió que ENRON se apropiase de las plantas energéticas de Subic Bay y Batangas en 1991-92.
A continuación presentamos un resumen de los negocios que Enron
conjuro en Bolivia.
Con tintes claramente oscuros, ya el 13 de julio de 1994 el
entonces presidente ejecutivo de YPFB, Mauricio Gonzales, y la
presidenta ejecutiva de Enron, Rebeca Mark, suscribieron en
Brasilia un "Memorandum de Entendimiento" para la Constitución
de un contrato de "riesgo compartido" entre YPFB y Enron que,
entre otras cosas, estipulaba el desarrollo, financiamiento,
construcción y operación para el trasporte de gas natural de
Bolivia al Brasil, donde YPFB tendría el 60% de participación
y la Enron el 40%, comprometiéndose a prestar esta última a YPFB
hasta 10 millones de dólares para los gastos que demande el
trámite del proyecto. El contenido del memorandum fue mantenido
en absoluto secreto por el gobierno del MNR.
El 9 de diciembre de 1994 se suscribe en Miami un contrato de
"Acuerdo de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas" que
contiene esencialmente lo acordado en el "Memorandum de
Entendimiento" suscrito en Brasilia el 13 de julio de 1994. Ese
contrato somete a Bolivia a las leyes del estado de Nueva York
y otorga a "Enron (Bolivia) C.V." la exclusividad en la
construcción de otros gasoductos en el país; garantizando a la
Enron rendimientos anuales del 18,5% sobre las inversiones que
pudiera realizar.
Debe quedar claro que esta asociación de YPFB con Enron (Bolivia)
C. V. desde el principio quedaba seriamente cuestionada, pues
dicha empresa jurídicamente no inexistía en Bolivia. Su
establecimiento legal en el país se produjo recién el 18 de
Agosto de 1995 , es decir 8 meses después de haberse firmado el
contrato con YPFB, sin que el pueblo boliviano supiese nada al
respecto.
Aunque el contrato de asociación con participación suscrito entre
YPFB y Enron establecía que esta última debía conseguir
financiamiento para la construcción del gasoducto al Brasil,
Enron jamás cumplió lo establecido. Ya que a más de dos años de
suscrito dicho contrato esa empresa transnacional no puso ni un
centavo para la construcción del gasoducto. Tal es el caso que
el 26 de julio de 1996 Petrobras ofreció financiar la
construcción del tramo boliviano del gasoducto. En ese momento
correspondía al gobierno boliviano dar por terminado el lesivo
contrato con Enron, pero causó indignación saber que el gobierno
de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aún cuando no había
invertido nada.
Mediante el Decreto Supremo 24617, del 14 de mayo de 1997 (pocos
meses antes del cambio de gobierno), el gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada subrogó el contrato de Asociación Accidental
con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YFPB) al
contrato de capitalización, luego de que la poderosa
transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la
estatal petrolera. Con esta medida se trató de invisibilizar el
irregular ingreso del gigante energético en el país. La norma
establece que con la firma del contrato la parte de la petrolera
nacional en el tendido del gasoducto a Brasil quedaba en manos
de Transredes -con socios mayoritarios Enron-Shell-, empresa a
la que también se transfiere el contrato de exportación de gas
a Brasil, con lo que el consorcio Enron -Shell quedaba en el
tramo boliviano a cargo de 59% del negocio de exportación de gas
al Brasil (15% Petrobras y sólo 34% para las AFPs).
La participación de Enron en la capitalización de YPFB fue
cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del
proceso, porque la asociación accidental dio ventajas a la
compañía norteamericana ahora en quiebra. A esto se suma el hecho
de que el original del primer contrato suscrito entre Enron y
YPFB, que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de
la multinacional) y que tiene la rúbrica de Sánchez de Lozada,
el presidente de la estatal petrolera Mauricio González y el
entonces canciller Antonio Araníbar, no existe en Bolivia. El
Ministerio de Desarrollo Económico, el Viceministerio de Energía
e Hidrocarburos y el Congreso, entre otras reparticiones, tienen
sólo una fotocopia. Fuentes gubernamentales informaron que hasta
1996 el departamento legal de YPFB no tenía en sus archivos el
contrato con la Enron. Luego de que la firma del documento salió
a luz pública con ribetes de escándalo, tras la denuncia de un
partido político, la estatal petrolera accedió a una copia.
La inexistencia de un original de este contrato es un elemento
más en la serie de irregularidades del acuerdo YPFB-Enron, que
es investigado por una comisión en la Cámara de Diputados. En
principio se cuestiona la firma de Sánchez de Lozada en el
contrato, cuando por Enron sólo aparece la rúbrica de su
presidenta y no participa ninguna autoridad del gobierno de
EE.UU.
Se observa también el hecho de que Sánchez de Lozada firmara el
documento durante la Cumbre de las Américas en Miami. Andrés
Soliz Rada, diputado por Condepa y miembro de la Comisión
Investigadora del Caso Enron, recordó que en aquella ocasión
Sánchez de Lozada solicitó permiso al Parlamento para asistir a
la Cumbre de las Américas; en ningún momento mencionó la firma
del contrato Enron-YPFB. El contrato fue suscrito bajo las leyes
del estado de Nueva York. Además, una "Asociación Accidental con
Pacto de Accionistas" no existe en el Código de Comercio.
Finalmente, se observa el hecho de que el contrato YPFB-Enron fue
firmado el 9 de diciembre de 1994, mientras la resolución de
directorio de la estatal petrolera que autoriza el acuerdo recién
fue emitida el 14 de diciembre de ese año.
Gracias a este contrato y sin invertir nada, Enron obtuvo el 40
por ciento de participación en el lado boliviano del gasoducto
Bolivia-Brasil. El propio Banco Mundial reveló que el aporte de
Enron al gasoducto fue nulo y que todo el riesgo financiero lo
asumió Petrobras. Sospechoso, es lo menos que podemos decir a
estas alturas. Ojalá la Comisión de Diputados logre echar luz
sobre el tema, al margen de intereses electorales. Preguntarse
si una empresa que cometió inmensas irregularidades en su país
de origen no habrá cometido irregularidades equivalentes y
proporcionales en el nuestro, no es ningún atrevimiento. Porque
además el problema no se acaba con la firma del contrato.
No se trata de endilgarle toda la responsabilidad al gobierno
capitalizador, obviamente es el mayor responsable por el ingreso
irregular de Enron a Bolivia. Existen también datos preocupantes
respecto de los favores del actual gobierno a la transnacional
fraudulenta. Resulta que en el proceso de capitalización la
unidad de transportes de YPFB se había adjudicado la deuda de
la petrolera Enron y de su socia Shell a raíz de todos los gastos
en los que se había incurrido (viajes, abogados, papelería,
etc.).
Posteriormente Transredes se comprometió a reembolsar a YPFB
alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, por la premura
que se tenía en el cierre de la capitalización, no se incluyó
este monto en ningún documento. Meses después, cuando YPFB
solicitó el pago, Transredes se negó a reembolsarlo, bajo el
argumento de que no había ningún documento que mencionara esa
deuda. Para no continuar con la disputa, el gobierno de Banzer
aceptó la figura de "donación" de Transredes al Programa de
Electrificación Rural (Proner). Sospechosamente, esta operación
se concretó horas antes de la aprobación de la denominada "Ley
Corazón", norma que viabilizó la construcción del gasoducto a
Cuiaba que atraviesa el bosque chiquitano, el último bosque seco
en el mundo, a través de la cual se transporta el gas que
alimenta a la planta termoeléctrica construida por Enron.
Así es como la deuda de 10 millones de dólares que esta empresa
tenía con YPFB pasó a convertirse en una "donación" de Transredes
al Proner, con la facilidad de pagos en cómodas cuotas. Este
acuerdo fue muy beneficioso para la Enron, porque consiguió, con
dinero del Estado, zanjar la posible oposición de los pobladores
de la región a la construcción del gasoducto entre San Miguel y
San Matías, obra que fue observada por muchas organizaciones de
la sociedad civil por cuanto atraviesa el bosque chiquitano, el
último bosque seco en el mundo. (Aún se desconoce si la
Fundación Proner y Transredes cumplieron con sus compromisos).
En todo este proceso el rol de la Enron para aprobar el
financiamiento para este ducto fue totalmente oscuro al
"convencer" de su construcción -con 20 millones de dólares- a
ONGs, llamadas "conservacionistas" (como FAN, WCS; Instituciones
Públicas MHNNKM, WWW, e Instituciones Privadas MBG tanto de
Bolivia como de los Estados Unidos)
Finalmente, la influencia de la poderosa Enron también frenó la
aplicación de multas en contra de Transredes (Enron-Shell) por
procesos administrativos derivados del derrame de petróleo sobre
el río Desaguadero. Una visita al país de la ex-embajadora de
Estados Unidos, Donna Hrinak -en defensa de la empresa
norteamericana- al entonces ministro de Desarrollo Sostenible,
José Luis Carvajal, evitó la multa.
Mientras los responsables de la administración corrupta de las
empresas estatales nos decian " la administración estatal es
corrupta" y "por tanto es mejor entregarla a manos privadas".
Pues bien, lo menos que se puede concluir después de investigar
el ingreso y los negocios poco claros de Enron en Bolivia es que
una empresa privada puede ser igual de corrupta que el estado,
cuando no más, y que por supuesto el estado puede ser su
cómplice.
Es el caso de Enron (la empresa energética que ha causado la
mayor quiebra de la historia de Estados Unidos), que no pagó
impuestos sobre sus ingresos durante cuatro de los últimos cinco
años gracias al uso a gran escala de paraísos fiscales, empleando
otros trucos contables para esconder ingresos. Además sus
ejecutivos (previendo la quiebra) vendieron las acciones a sus
propios empleados y a otros miles de inversores ingenuos. La
auditoría Andersen (una de las cinco más prestigiosas del mundo)
también aparece complicada, al igual que las empresas
calificadoras de riesgo, y los grandes bancos de la Enron (Morgan
Chase y City Group) que guardaron silencio. Y falta por
investigar las oscuras conexiones de la empresa con el Partido
Republicano y sus aportes a la campaña electoral del presidente
Bush.
Lo menos que se puede concluir ¿¿por ahora?? es que entregar
nuestras empresas estatales a semejantes pulpos sin conciencia
era mucho más peligroso que seguir nombrando presidentes y
gerentes estatales sospechosos de corrupción. La sacralización
de la empresa transnacional sólo puede provenir de quien tiene
intereses ocultos en la misma.
No estamos hablando de un tema secundario, sino del transporte
de la mayor riqueza que en este momento tiene nuestro país. Por
el momento sabemos que no hubo transparencia en el contrato, ni
en los sucesivos tratos con la empresa (que al ser más poderosa
ella sola que todo el estado boliviano, de entrada tenía las de
ganar). Sabemos también que nuestro país se había asociado con
un monstruo tramposo. Tenemos por tanto el derecho y la
responsabilidad de exigir que se investigue la actuación de Enron
en nuestra vida económica y política. Luego de ello, será bueno
exigir que las acciones irregularmente cedidas a Enron en el
gasoducto Bolivia -Brasil retornen a manos bolivianas, para
recuperar lo usurpado al pueblo boliviano por los gobiernos de
turno.
Fecha de referencia: 22-07-2002
CNRS/GRAL (Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine)
Maison de la Recherche, Université de Toulouse-le-Mirail 5,
Allées Antonio Machado - 31058
Toulouse Cedex (France)
Téléphone : 05 61 50 43 08 50
http://www.univ-tlse2.fr/amlat/
Hoja Informativa de Urbared: http://www.urbared.ungs.edu.ar
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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
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