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Boletín CF+S > 19 -- (EN)CLAVES INSOSTENIBLES: tráfico, género, gestión y toma de decisiones > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/aamas.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Las Mujeres y el Hábitat Popular: ¿cooperación para la sobrevivencia o para el desarrollo?


Alejandra Massolo[1].
Barcelona (España), 1999

Entre globalizadas y fragmentadas, las ciudades de América Latina se han producido y extendido en gran parte «a pulmón» del trabajo comunitario y la autoconstrucción de la vivienda. El repetido paisaje urbano de masivos asentamientos precarios en inhóspitas periferias y de barrios hacinados en los deteriorados centros, contiene un prolongado y tenaz esfuerzo social por ocupar y consolidar un lugar de vida en la ciudad, bajo un Estado que nunca fue del todo ni en serio «de Bienestar» sino más bien mezquino y populista. Así se conformó la territorialidad de la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres: dimensión de interacción y experiencia que vincula al género con el proceso de urbanización.

El género es intrínseco al análisis de la urbanización en los países en desarrollo, en tanto ésta afecta y cambia los roles y relaciones de género, y a la inversa, puesto que los roles y relaciones de género influyen sobre y moldean el proceso de urbanización [Chant, 1996]. Cabe recordar, de paso, que desde mediados de la década de los setenta se comenzaron a desarrollar en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica los estudios y debates feministas en torno a la relación entre género y urbanización capitalista, creando nuevas perspectivas de análisis y trabajos empíricos focalizados en la mujer dentro de las estructuras y procesos espaciales urbanos. Se combatió la neutralidad y «ceguera de género» en las teorías así como en las políticas urbanas del Estado, y se introdujo la noción de diferencia y especificidad del género femenino dentro de la dinámica de la urbanización, la arquitectura, el diseño de la vivienda, la producción y distribución de servicios y equipamientos públicos, la planeación y los movimientos sociales urbanos. Las diferencias de percepción, uso, necesidades, restricción y acceso respecto al género masculino se fueron entonces haciendo visibles en la ciudad, aun dentro de las mismas clases sociales, categorías ocupacionales y características habitacionales [Massolo, 1992].

El enfoque de género en el estudio de las estructuras urbanas -particularmente de los hábitat populares- nos revela más nítidamente el empalme entre espacio y experiencias cotidianas; la interacción fluida entre el «hacia afuera» y «hacia adentro» de la vivienda; las continuidades y rupturas de los modos de vivir cotidianamente las condiciones materiales, sociales y políticas del «orden urbano»; los núcleos de opresión y desigualdad de las mujeres, coexistiendo con la segregación y desigualdad social en el espacio urbano [Massolo, 1991]. Como bien se ha planteado, el estudio de los sistemas de género en la urbe permite entender procesos de «jerarquización sexual que están anclados en esencialismos biológicos», y apreciar que «la construcción del espacio urbano está más orientada a mantener a las mujeres en los espacios destinados a los roles familiares que a promover su incorporación a la sociedad en general» [del Valle, 1996]. Ante la sentencia de que el lugar de la mujer en la ciudad es la casa y ante el rol codificado de la mujer como ama de casa, estallan los impresionantes cambios económicos, sociales, políticos y culturales producidos por la urbanización acelerada del mundo, que han cambiado a las mujeres al tiempo que ellas mismas transforman y mejoran los espacios de la vida social urbana, imprimiéndoles su marca de género, la que innegablemente primero registra la acción de sus roles tradicionales.

Sobre todo el espacio local, asociado a la vida cotidiana de la familia y las tareas domésticas, es el mundo público más accesible y con el que están más familiarizadas: el barrio, la comunidad vecinal y la localidad representan los lugares donde las mujeres se han desenvuelto y proyectado sus roles, intereses, habilidades y luchas. La adscripción social y cultural a los roles genéricos de madre-esposa-ama de casa resultó ser, paradójicamente, tan restrictiva como permisiva de tal suerte que el control y limitación a la inmediatez espacial facilitaron el entrenamiento y activa participación femenina en la gestión de los asuntos públicos cotidianos, en asociaciones vecinales y redes de solidaridad comunitaria, demostrando capacidad de influencia, liderazgo y eficacia política [Massolo, 1996]. No existe tal separación entre la vida privada doméstica de las mujeres y la vida pública en el espacio local, puesto que sus prácticas, iniciativas de acción, gestiones y desplazamientos hacen borrosas las fronteras que supuestamente delimitan la presencia y trabajos femeninos en el ámbito privado familiar del ámbito público colectivo.

El espacio local alrededor del lugar de habitación en la ciudad funciona como un resorte que impulsa la salida de las mujeres a la escena pública -lo que no quiere decir que no encuentren obstáculos, censuras y violencia en el camino-, y es un potencial terreno fértil para que crezcan como sujetos sociales y ciudadanas. Ciertamente la actuación de la mujer en el espacio exterior a menudo reafirma su pertenencia al espacio interior, y lo que realiza afuera tiene sentido a partir de las actividades, responsabilidades y personas del espacio interior [del Valle, 1996]. Y también es cierto que en nuestros países de América Latina profundamente compenetrados de la ideología maternalista, «el poder maternal representa inclusión social y política», y es el que les da a las mujeres «ese derecho a intervenir públicamente y el que transforma sus acciones políticas» [Luna, 1996].

Pero el rol y poder maternal se desempeñan sobre una territorialidad cotidiana afectada de carencias materiales básicas («déficits»), marginación e inseguridad, en la mayor parte de la superficie de las ciudades. La pobreza urbana no es ninguna novedad del proceso de urbanización latinoamericano a lo largo del siglo XX. En consecuencia, las estrategias y redes de sobrevivencia han estado siempre presentes y activas entre las familias pertenecientes a las mayorías populares. Sus espacios habitacionales son testigos y testimonios de la segregación espacial y exclusión social, aun durante épocas de crecimiento económico y Estados populistas redistribuidores. Por lo tanto, los hábitat populares y sus mujeres cuentan con una larga trayectoria de enfrentar y resolver las necesidades de sobrevivencia, por medio de diversas estrategias y formas de ayuda mutua. Sin embargo, al decenio de los años ochenta le corresponde el tenebroso mérito de haber hecho aparecer el fenómeno del aumento de la pobreza urbana, asociado a la crisis de las economías latinoamericanas, al pago de la deuda externa, a las políticas de ajuste estructural y las reformas estatales de corte neoliberal.

La UNICEF lo señaló oportunamente advirtiendo sobre el «ajuste invisible» sufrido por las mujeres: «Los procesos de empobrecimiento, agudizados a partir de la crisis, han acentuado restricciones y antiguos patrones de deterioro. Tal como se señala en el trabajo sobre Argentina, un aspecto central que define la situación de pobreza de estos años recientes consiste en que el nivel de incertidumbre que enfrentan los sectores populares se ha ampliado; de esta manera, las personas y fundamentalmente las mujeres, deben actuar como permanentes organizadoras de crisis cotidianas, operando con horizontes temporales en donde el día en que se vive es la unidad de tiempo manejable» [UNICEF, 1989]. Además de organizadoras de crisis cotidianas, los mecanismos del ajuste estructural le imponen a las mujeres «una sobrecarga de tiempos de trabajo orientados a garantizar la dotación y distribución de los escasos recursos para la supervivencia de la familia» [UNICEF, 1989]. La «feminización de la pobreza» y la «feminización de la jefatura de las unidades domésticas» [Chant, 1996], son otros de los rasgos que dibujan el cuadro abigarrado, polifacético y pauperizado del hábitat popular urbano producto de la «década perdida». Aclarando que concebimos al hábitat en su integralidad, es decir que excede la mirada «viviendista» implicando la interrelación del ambiente construido y natural, así como la cultura, las relaciones sociales de los diversos sujetos sociales, aspectos todos que se traducen en calidad de vida [Falú, 1997]. Y que nos referimos al hábitat urbano poblado por los sectores sociales de más escasos recursos, muchos de origen migrante del campo a la ciudad, cuya composición laboral es heterogénea y cuya pobreza también lo es, a pesar de la homogenidad visible.



Desarrollo, cooperación y mujer: los enfoques


También en materia de política y planeación urbana las perspectivas y asuntos de género corresponden a las distinciones y controversias, entre los dos macro enfoques de la relación entre desarrollo-cooperación internacional-mujeres: Mujer en el Desarrollo (MED) frente a Mujer y Desarrollo (MID). Ambas se reflejan y tienen implicancias en los hábitat populares de las mujeres [Chant]; [Moser y Levi, 1988]; [Ajamil, 1995]; [Moghadam, 1990]; [Buvinic y Yudelman, 1989]; [CEPAL, 1997]; [Massolo, 1993]; [Huamán, 1996].

El enfoque llamado «asistencial», o «de bienestar», surgido en la década de los años sesenta, es el más antiguo y socorrido. Identificaba a la mujer en su rol reproductivo convirtiéndola en principal beneficiaria de programas asistenciales por su rol de madre, considerando que ese rol es fundamental no sólo para la mujer sino para todas las cuestiones referidas al desarrollo económico de cada país. Son políticas que en lo ideológico y en su implementación, conciben a la mujer como un ente pasivo y receptor de beneficios gratuitos o subsidiados. Estos programas tienen amplia acogida ya que son políticamente seguros y porque no cuestionan la visión tradicional del papel de la mujer. Asimismo, porque resulta más fácil poner en ejecución proyectos de asistencia social que incrementar la productividad e ingresos de los pobres [Moser y Levi, 1988]; [Buvinic y Yudelman, 1989]. En términos de desarrollo, la ayuda para el bienestar de la familia se dirige a las mujeres identificadas con los minusválidos, enfermos y grupos socialmente «vulnerables» [Ajamil, 1995].

Según Menchu Ajamil, el primer enfoque del MED es el de «la equidad», que no desplazó al de «bienestar» o «asistencial» (por cierto aún vigentes), pero resalta la importancia del rol productivo de las mujeres, y abre la perspectiva a la «igualdad de oportunidades» en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, enfatizando la independencia económica de las mujeres como sinónimo de igualdad. El segundo enfoque del MED es el de «la antipobreza», que liga la desigualdad económica entre hombres y mujeres a la pobreza y no a la subordinación, enfatizando el rol productivo de la mujer bajo el supuesto de que la mujer dispone de más tiempo libre. Con este enfoque se inventaron proyectos productivos para que la mujeres pudieran generar ingresos, frecuentemente vinculados a las actividades domésticas. Buvinic y Yudelman han concluido que, «los organismos internacionales de desarrollo respaldan los proyectos que se centran en la mujer en su papel doméstico o que tratan de generar ingresos a través de los oficios tradicionalmente femeninos, tales como la costura. Casi universalmente estos proyectos no han rendido ingresos sostenidos» [Ajamil, 1995: 52]

En los hábitat populares aterrizó con gran impacto el enfoque antipobreza desde la crisis de los ochenta en adelante: programas de autoconstrucción de la vivienda e introducción de servicios, obras públicas de mejoramiento urbano, en síntesis, una nueva versión de la urbanización popular dirigida por una explícita política estatal de utilizar la mano de obra de hombres y mujeres («participación»), compartiendo los costos con los pobres. En el paisaje urbano vemos a las mujeres cumpliendo una tercera jornada de trabajo en la construcción y mejoramiento del hábitat, cargando la jornada de quehaceres domésticos y la de generación de ingresos.

El tercer enfoque del MED es el de «la eficiencia», derivado de las políticas económicas de ajuste y de la crisis de financiamiento público. Es el que goza de mayor popularidad y apoyo por parte de los organismos de cooperación y financiamiento internacional. El énfasis se traslada de la mujer al desarrollo, reconociendo que las mujeres son esenciales para el esfuerzo del desarrollo en su conjunto. Sin embargo: «En la práctica este enfoque ha significado un desplazamiento de costos de la economía remunerada a la sin paga, particularmente mediante el uso del tiempo sin salario de las mujeres. Se privilegia su rol reproductivo y de gestora comunal» [Ajamil, 1995].

Este enfoque de «eficiencia» -que detecta muy bien la mayor dedicación y responsabilidad de las mujeres en el logro de objetivos de bienestar para el hogar y la comunidad-, reconoce incorporar las necesidades más sentidas de las mujeres, sus capacidades para el mejoramiento del hábitat popular y su carácter de principal usuaria de la vivienda y de los servicios públicos. Es un enfoque volcado a los intereses prácticos de género que, junto o mezclado con el «antipobreza», han apoyado el acceso de las mujeres jefas de hogar a la vivienda, al crédito para la vivienda, a ciertos equipamientos comunales para la salud, la alimentación, la educación y proyectos productivos, todo basado en el servicio público gratuito que prestan las mujeres, el que se da por descontado y ellas mismas lo consideran «normal». Especialmente el enfoque de «eficiencia» en el contexto del ajuste estructural, ha tratado de aprovechar el trabajo de las mujeres en función del alivio a la pobreza, y ha tendido a que trabajen para el desarrollo en vez de que el desarrollo trabaje para las mujeres [Chant, 1996]. La cruda verdad es que: «A través de contar con el trabajo gratuito de las mujeres para actividades tales como el abastecimiento de combustible, autoconstrucción, procesamiento de alimentos, etc, se pueden reasignar recursos para otra áreas y recortar gastos en servicios. Se asume entonces que muchos de los recortes, pueden ser amortiguados por la elasticidad del trabajo de las mujeres» [Ajamil, 1995].

El enfoque de Mujer y Desarrollo (MID), está más cercano a la década de los noventa y al propósito de romper con el «círculo de cambio sin cambio» [Ajamil, 1995]. Se da un viraje y cambia el foco de mujer a género, de manera de que en vez de visualizar a las mujeres como un grupo homogéneo basado en sus diferencias biológicas con los hombres, enfatiza la construcción social del género y sus variaciones a través del tiempo y el espacio, inserto en otras categorías sociales como la clase y la raza. Al introducir el concepto de género, el enfoque MID apunta a la construcción cultural e histórica de los roles sexuales, de lo «femenino» y lo «masculino», a las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y su impacto en el desarrollo, a las relaciones de poder y a la organización social de la desigualdad. Al ser el género un concepto relacional, este enfoque involucra a hombres y mujeres quienes deben compartir la responsabilidad del cambio en todos los niveles del proceso de desarrollo [Chant, 1996]. El MID abarca tres posiciones según las investigadoras dedicadas al mismo: la de integración vinculada a la teoría de la modernización; la de la marginalidad considerada la primera teoría de mayor influencia sobre la mujer en el desarrollo y compatible con la teoría de la dependencia; y la de explotación, consistente con los análisis feministas marxistas sobre el rol de las mujeres en las sociedades capitalistas [Moghadam, 1990].

Del MID se desprende el más reciente enfoque «de adquisición y generación de poder» el que, como dice Menchu Ajamil más que un enfoque es «una estrategia de intervención que se basa en una determinada concepción sobre el poder» [Ajamil , 1995]. Pone a circular e impulsar la noción de empowerment, de espantosa traducción literal al español como «empoderamiento», que mejor denominamos adquisición y fortalecimiento del poder de las mujeres. De lo que se trata es de propiciar los cambios y condiciones para que las mujeres descubran e incrementen sus capacidades de autoestima y valoración, de influencia, eficacia política y liderazgo en la vida pública, reconociendo los triples roles que desempeñan. El énfasis y desafío están puestos en la formulación, concertación y aplicación de políticas públicas que favorezcan los intereses estratégicos de género, a la par de que responden a los interes prácticos de género, los que en el universo mayoritario de las mujeres pobres siguen gravitando fuertemente. La visión de la mujer como víctima pasiva del medio urbano -que tendía a prevalecer en la primera etapa de los estudios de la relación entre mujer y urbanización capitalista- ya no se sostiene, por todas las evidencias empíricas que disponemos y por una reorientación de la perspectiva de género hacia lo relacional y lo transformador [Massolo, 1992]. Como acertadamente se ha puntualizado: «Las mujeres no son solamente víctimas de malas políticas, sino actores en su propio derecho y agentes del cambio social» [Moghadam, 1990].

Desde el marco de MID, entonces: «Las dimensiones centrales del enfoque de género serían: la división del trabajo por sexo entre labores productivas y reproductivas y al interior de ambas categorías; las asimetrías por sexo en el acceso y en el control de recursos y servicios; y los factores económicos, sociales, culturales y ambientales que inciden sobre los diferenciales anteriores» [Ajamil, 1995]. El hábitat le da contención a todas estas dimensiones, ancladas en la territorialidad de la vida cotidiana de las mujeres y familias pobres de las ciudades, ya sea en las periferias como en los intersticios de los centros.



El hábitat popular: ¿sobrevivencia o cooperación para las mujeres?


En las postrimerías de los noventas las tendencias de los cambios, algunos vertiginosos, dan la impresión que las ambivalencias se acentúan y confunden más que nunca en lo que toca a las cuestiones de género, particularmente en el universo de las mujeres de sectores populares. Por un lado se han realizado notables avances por parte del movimiento amplio de las mujeres latinoamericanas, las ONGs feministas, los estudios e investigaciones, las instituciones y políticas gubernamentales a favor de la mujer, y la incorporación explícita de las necesidades y demandas de género en declaraciones y agendas de eventos internacionales y agencias de cooperación para el desarrollo. Por el otro, parece que el tradicional estado de sobrevivencia en las urbes cobra nuevos bríos y predominio bajo las nuevas ondas de la globalización, de la crisis y ajuste económico, de la concentración de la riqueza y la polarización social. Desde el punto de vista de la CEPAL: «La globalización acentúa las diferencias sociales, discrimina a las personas de menor movilidad y flexibilidad, a las menos preparadas, a las que reciben menores salarios y a las de regiones más aisladas, todo lo cual agrava la situación de las mujeres que ya sufren discriminación salarial» [CEPAL, 1997]. Y desde otro punto de vista se observa que: «La contradicción entre la cotidianeidad femenina y el hábitat urbano está agudizándose; mientras que la participación de la mujer en el trabajo asalariado y en la recreación va creciendo, la separación de funciones sigue reflejando la ideología de la domesticidad» [Falú y Rainero, 1996].

Por un lado encontramos múltiples evidencias en varios países de que el hábitat popular puede ser un semillero de beneficios para las mujeres, no solamente en términos de satisfacción de algunos bienes y servicios básicos para la familia y los quehaceres domésticos, sino para sí mismas en cuanto reconocen y reivindican sus derechos como ciudadanas y mujeres. «Las condiciones de pobreza de las mujeres se cruzan además con su necesidad de emancipación de la subordinación, y con la búsqueda de igualdad, equidad y poder» [CEPAL, 1997]. La defensa de la vida que enarbolan las mujeres organizadas desde las bases territoriales, implica no exclusivamente enfrentar y resistir las temibles políticas neoliberales, sino la toma de conciencia de los derechos indivisibles sociales, civiles, políticos y humanos que deben ser respetados y llevados a la práctica. A través de sus consistentes y habilidosas prácticas colectivas para el mejoramiento de las condiciones de vida en el hábitat y la subsistencia de las familias, las mujeres efectivamente logran visibilidad protagónica, adquieren y ejercen poder en el radio del espacio social y político local [Massolo, 1996]. En las organizaciones funcionales de subsistencia alimentaria, por ejemplo, se manifiesta «lo político del género en varios sentidos: por un lado responden a la invocación ideológica de las mujeres/madres y por otro, a lo largo del proceso histórico, aparecen transformando la relación dependiente con el Estado, en otra de confrontación y de negociación desde su identidad de actoras reales independientes» [Luna, 1996].

Empero, cabe hacer la salvedad respecto del hecho de que las mujeres mantengan una relación más intensa y directa que los hombres con la situación de la vida cotidiana en la hábitat, no significa que éste sea el lugar «natural» que le corresponde a las mujeres. Nuestra perspectiva feminista rechaza y combate la naturalización de la mujer dentro del espacio local alrededor de la vivienda, que las confina a estar y pertenecer nada más que «ahí», excluyéndola de otros espacios y actividades sociales y políticas que existen en la ciudad. El derecho a la ciudad -en sentido amplio e integral- es también un derecho de las mujeres; una concepción integral y democrática del hábitat debe incluir la noción y ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas de las mujeres. Tal concepción del hábitat abierta a la libertad e igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, implica además concebir el esparcimiento, la sociabilidad festiva y el descanso, en fin, reconocer el legítimo derecho de las mujeres al disfrute de la vida social urbana. Así también el desarrollo le aporta a las mujeres pobres.

No obstante las contradictorias ambivalencias que se experimentan, los temas de género en el marco de la estrategia de intervención «adquisición y generación de poder», se están insertando de una u otra manera en las declaraciones y agendas post Beijing y Estambul (HABITAT II), no por «arte de magia» sino por años de diversos trabajos y muchas luchas. En América Latina hace una década que opera La Red Latinoamericana Mujer y Hábitat, perteneciente a la HIC (Habitat International Coalition), bregando por políticas urbanas y territoriales equitativas asociadas al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Esta Red se comprometió con los ejes centrales del Foro de las ONGs en HABITAT II: el derecho a la vivienda; el reconocimiento a la producción social del hábitat; y las gestión democrática y sustentable del territorio. Estos ejes se vincularon a los ejes del Foro de ONGs de Beijing: ciudadanía activa de las mujeres; pobreza y ajuste económico; participación política; y contra la violencia [Falú, 1997]. Por otra parte, el Programa «Entrenamiento y Creación de Capacidades» del organismo Hábitat de las Naciones Unidas, sostiene que los temas de género representan una de las áreas que se tienen que trabajar a nivel global. En la Declaración de Compromisos de Río de Janeiro «La Agenda Hábitat y las Ciudades» -reunión de alcaldes, alcaldesas y autoridades municipales de América Latina y el Caribe sobre la implementación de la Agenda Hábitat, llevada cabo en octubre de 1997-, se hace explícito en el punto 4: «Incorporar un enfoque de equidad entre géneros en todas las políticas, programas y actividades de nuestro accionar, así como en todos los mecanismos constituyentes de la democracia local». Y la CEPAL plantea que el desarrollo sostenible exige la integración explícita de la perspectiva de género.

La cooperación para la sobrevivencia y la cooperación para el desarrollo en el hábitat popular urbano, más que una disyuntiva excluyente se presenta como una coexistencia tensa, desequilibrada y azarosa en las que se juegan día a día la suerte de las condiciones de la sobreviviencia, y la congruencia de las políticas y prácticas dirigidas al desarrollo con equidad de género, ya sean éstas de las agencias de cooperación internacional hasta de los gobiernos locales, las ONGs feministas y las propias organizaciones sociales de base e identidad territorial.



Referencias bibliográficas


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Fecha de referencia: 26-9-2001


1: Artículo publicado en Hojas de Warmi, No. 10, 1999, Universitat de Barcelona.

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