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Declaración Final del Foro Mundial sobre
Soberanía Alimentaria
La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001
Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer
su soberanía alimentaria
Del 3 al 7 de septiembre del ano 2001, nos reunimos en La Habana,
Cuba, 400 delegadas y delegados de organizaciones campesinas,
indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no
gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores
de 60 países de todos los continentes en el Foro Mundial sobre
Soberanía Alimentaria.
Este Foro se realizó en Cuba con la convocatoria de su Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños y un conjunto de movimientos y
redes internacionales, organizaciones y personas comprometidas con
las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los
sistemas alimentarios sustentables y el derecho de los pueblos a
alimentarse. Es también un reconocimiento al esfuerzo de un país
del Tercer Mundo que a pesar de sufrir por más de cuatro décadas el
ilegal e inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos y el uso
de los alimentos como arma de presión económica y política, ha sido
capaz de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su
población a través de una política de Estado coherente, activa,
participativa y de largo plazo sobre la base de una profunda
reforma agraria, la valorización y apoyo de los pequeños y medianos
productores y la participación y movilización de toda la sociedad.
Nos reunimos para analizar por qué cada día aumenta el hambre y
malnutrición en el mundo, por qué se ha profundizado la crisis de
la agricultura campesina, indígena, la pesca artesanal, los
sistemas alimentarios sustentables, por qué los pueblos pierden
soberanía sobre sus recursos? Asimismo nos reunimos para construir
colectivamente, desde la perspectiva de los pueblos y no de las
corporaciones alimentarias transnacionales, propuestas y
alternativas viables y estrategias de acción a escala local,
nacional y mundial que reviertan las tendencias actuales y permitan
impulsar nuevos enfoques, políticas e iniciativas capaces de
asegurar un presente y un futuro digno y sin hambre para todos las
mujeres y hombres del mundo. Después de 5 anos de la Cumbre Mundial
de la Alimentación, 7 anos de los acuerdos sobre agricultura de la
Ronda de Uruguay del GATT (hoy OMC) y dos décadas de políticas
neoliberales aplicadas por gran parte de los gobiernos, las
promesas y compromisos para satisfacer las necesidades de
alimentación y el bienestar nutricional para todos están muy lejos
de haberse cumplido. Todo lo contrario, la realidad es que las
políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas
por el Banco Mundial, el FMI y la OMC, auspiciadas por las
corporaciones transnacionales, han profundizado la brecha entre
países ricos y pobres y dentro de ellos y la desigual distribución
del ingreso; han agravado las condiciones de producción de
alimentos y el acceso a una nutrición sana y suficiente para la
mayoría de los pueblos, incluso de los llamados países
desarrollados. En consecuencia, el derecho humano más elemental, el
derecho a alimentarse y al bienestar nutricional contenido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en
la mayoría de los pueblos del mundo. La sustentabilidad de los
sistemas alimentarios no es una cuestión solamente técnica.
Constituye un desafío que implica la más alta voluntad política de
los Estados. La lógica de la ganancia genera una situación de
insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los
límites a la producción permitidos por la naturaleza. La
sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es viable en el
sistema actual de comercio y en el contexto de la liberalización
promovida desde la OMC y los organismos financieros
internacionales. La esperanza de un nuevo milenio sin hambre se ha
visto frustrada para vergüenza de toda la humanidad.
Las causas reales del hambre y malnutrición.
El hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas
al acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el
bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el
conocimiento, no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un
problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Ante
todo son una consecuencia de determinadas políticas económicas,
agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que
han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados y
sus corporaciones en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía
política, económica, cultural y militar en el actual proceso de
reestructuración económica global. Ante los planteamientos
ideológicos neoliberales de dichas políticas:
- Afirmamos que los alimentos no son una mercancía más y que el
sistema alimentario no puede ser tratado con la única lógica del
mercado.
- Consideramos una falacia el argumento de que la liberalización
del comercio agrícola y pesquero internacional garantiza el
derecho a la alimentación de las personas.
- La liberalización comercial no posibilita necesariamente el
crecimiento económico y el bienestar de la población.
- Los países subdesarrollados son capaces de producir sus propios
alimentos y pueden serlo en el futuro.
- La concepción promovida por el neoliberalismo sobre las
ventajas comparativas produce graves perjuicios para los sistemas
alimentarios. Dentro de esta lógica, la importación de alimentos
básicos tiende a desmantelar la producción doméstica para
comprarlos "más baratos" a los países ricos, induciendo a la
reorientación de sus recursos productivos a cultivos de exportación
"más competitivos y de mayor valor agregado" para los mercados del
Primer Mundo. Es una mentira que los países no deban preocuparse
por establecer y conducir políticas de Estado que garanticen la
seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Los neoliberales
argumentan que el supermercado global de los países exportadores
les resuelve cualquier pedido sin problema alguno.
- Tratan de engañar a la ciudadanía cuando afirman que las
agriculturas campesinas e indígenas y la pesca artesanal son
ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes
de producción de alimentos. Con esta afirmación se pretende
imponer una agricultura y pesca industrial intensivas de gran
escala.
- Denunciamos que cuando se argumenta que la población rural es
excesiva en comparación con su aporte al producto interno bruto, de
lo que se trata en realidad es de expulsar en forma brutal a la
población rural de sus tierras, a las comunidades pesqueras de sus
costas y áreas marítimas, privatizando sus recursos naturales.
- Rechazamos que la forma de hacer frente a las necesidades
crecientes de alimentos en el mundo sea a través de la agricultura
y la pesca de gran escala, industrial e intensiva.
- Nos quieren convencer que la única función de los campesinos,
pescadores e indígenas es dar paso a la privatización de sus
tierras y recursos naturales. Esto obliga, entre otros efectos, a
la migración masiva a las ciudades o al extranjero para aumentar la
oferta de mano de obra barata necesaria para incrementar la
"competitividad" de los sectores dinámicos de las economías
nacionales vinculados a la exportación y de las empresas
transnacionales. Lo anterior a la vez que en los países
desarrollados se agrava el desempleo y la exclusión laboral.
- Se intenta imponer el patrón alimentario de las corporaciones
transnacionales como el único viable, apropiado y correcto en un
mundo global; se trata de un verdadero imperialismo alimentario que
atenta contra la diversidad de las culturas alimentarias de los
pueblos, sus identidades nacionales, culturales y étnicas.
- En esta perspectiva, las potencias hegemónicas usan los
alimentos como arma de presión política y económica contra países
soberanos y movimientos populares de resistencia.
- Todo lo anterior tiene lugar en el marco del debilitamiento
sistemático de los Estados y de la promoción de falsas democracias
que excluyen sistemáticamente el interés público y la participación
real de la sociedad en general y de la población rural en
particular en el debate, diseño, decisión, ejecución y control de
las políticas públicas.
Las consecuencias de las políticas neoliberales.
Las consecuencias de dichas políticas falsas y erróneas están a la
vista: han aumentado las ventas y las ganancias de los poderes
económicos de los países desarrollados mientras que los pueblos
del Tercer Mundo han visto crecer su deuda externa y los sectores
populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y
exclusión. La concentración del mercado agrícola internacional en
unas cuantas empresas transnacionales se ha acelerado mientras que
aumenta la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de
los pueblos. Continúan subsidiando fuertemente a la agricultura y
pesca de exportación en tanto que muchos gobiernos dejan
totalmente desprotegidos a los pequeños y medianos productores que
producen principalmente para el mercado interno. Las políticas de
subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones de los
países desarrollados permiten que las transnacionales adquieran
productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más
altos a los consumidores tanto del sur como del norte. Las
políticas neoliberales hacia el campo, en realidad han impulsado un
proceso de desruralización forzada de vastas proporciones y
consecuencias dramáticas, una auténtica guerra contra las
agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega
a configurar un verdadero genocidio y etnocidio. .Las comunidades
de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso
a sus propios recursos. Con las políticas neoliberales, el hambre
y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por
ausencia de derechos. Somos testigos de ejemplos que permiten
afirmar que la erradicación del hambre y la malnutrición y el
ejercicio de la soberanía alimentaria duradera y sustentable son
posibles. Asimismo, hemos visto en prácticamente todos los países
infinidad de experiencias campesinas y indígenas de producción
sustentable y orgánica de alimentos y de una gestión sustentable y
diversificada de los espacios rurales.
Por todo lo anterior, los participantes en el Foro Mundial sobre
Soberanía Alimentaria declaramos:
- La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la
malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y
sustentable para todos los pueblos Entendemos por soberanía
alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y
consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación
para toda la población, con base en la pequeña y mediana
producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los
modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria,
de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los
cuales la mujer desempeña un papel fundamental.
- La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política
y cultural de los pueblos.
- La soberanía alimentaria de los pueblos reconoce una agricultura
con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al
territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las
necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura
que tome como preocupación central al ser humano; que preserve,
valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e
indígenas de producción y gestión del territorio rural. Asimismo,
la soberanía alimentaria supone el reconocimiento y valorización de
las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales para
los países de la agricultura en pequeña escala, de las agriculturas
familiares, de las agriculturas campesinas e indígenas.
- Nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos, autonomía
y cultura de los pueblos indígenas de todos los países como
condición ineludible para combatir el hambre y la malnutrición y
alcanzar el derecho a la alimentación para su población. La
soberanía alimentaria implica el reconocimiento a la multietnicidad
de las naciones y el reconocimiento y valorización de las
identidades de los pueblos originarios. Esto implica, además, el
reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos
naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural,
semillas, conocimientos y formas organizativas. En este sentido,
apoyamos las luchas de todos los pueblos indígenas y negros del
mundo y nos pronunciamos por el respeto irrestricto a sus derechos.
- La soberanía alimentaria implica, además, la garantía al acceso a
una alimentación sana y suficiente para todas las personas,
principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación
ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno de
derechos de la ciudadanía. El acceso a la alimentación no debe ser
considerada como una compensación asistencialista de los gobiernos
o una caridad de entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales.
- La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos
radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones
de cada país y región, que permitan a los campesinos e indígenas
-considerando a las mujeres en igual de oportunidades- un acceso
equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua
y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento,
capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e
interlocución. La Reforma Agraria, en primer lugar, debe ser
reconocida como una obligación de los Estados Nacionales donde
este proceso es necesario en el marco de los derechos humanos y
como una eficiente política pública de combate a la pobreza.
Dichos procesos de reforma agraria deben estar controlados por las
organizaciones campesinas -incluyendo el mercado de los arriendos-,
garantizar los derechos individuales de los productores con los
colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con
políticas agrícolas y comerciales coherentes. Nos oponemos a las
políticas y programas de mercantilización de la tierra promovidas
por el Banco Mundial en sustitución de verdaderas reformas agrarias
y aceptadas por los gobiernos.
- Apoyamos la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad
civil, en 1996, para que los referidos Estados elaboren un Código
de Conducta sobre el Derecho Humano a la Alimentación adecuada, que
sirva efectivamente como instrumento para la implementación y
promoción de este derecho. El derecho a la alimentación de los
pueblos, incluido en la declaración de los Derechos Humanos y
ratificado en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma, en 1996,
por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
- Proponemos la ratificación más rápida y la aplicación por un mayor
número de países del Pacto sobre los derechos económicos, sociales
y culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1966.
- En defensa del principio del derecho inalienable de los pueblos a
la alimentación, proponemos la adopción por las Naciones Unidas de
una Convención Mundial de Soberanía Alimentaria y Bienestar
Nutricional, a la cual se subordinen las decisiones tomadas en los
campos de comercio internacional y otros dominios.
- El comercio alimentario internacional debe estar subordinado al
propósito supremo de servir al ser humano. La soberanía alimentaria
no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del
comercio agroalimentario y pesquero internacional.
- Rechazamos toda injerencia de la OMC en la alimentación,
agricultura y pesca y su pretensión de determinar las políticas
nacionales de alimentación. Nos oponemos categóricamente a sus
acuerdos sobre propiedad intelectual de organismos vegetales y
otros seres vivos así como su intención de llevar a cabo una nueva
ronda de negociaciones (la llamada Ronda del Milenio), incluyendo
nuevos temas de negociación. Fuera la OMC de la alimentación.
- Proponemos la creación de un nuevo orden democrático y
transparente para regular el comercio internacional que incluya la
creación de una corte internacional de apelación independiente de
la OMC y el fortalecimiento de la UNCTAD como espacio de
negociaciones multilaterales en torno a un comercio alimentario
justo. De igual manera proponemos impulsar esquemas de integración
regional desde las organizaciones de productores, fuera de los
objetivos y parámetros neoliberales.
- Demandamos el cese inmediato de las prácticas desleales de que
establecen precios de mercado por debajo de los costos de
producción y aplican subvenciones a la producción y subsidios a las
exportaciones.
- Nos pronunciamos en contra del ALCA, que no es mas que un
proyecto estratégico hegemónico de Estados Unidos para consolidar
su dominación sobre América Latina y el Caribe, ampliar sus
fronteras económicas y asegurarse un gran mercado cautivo.
- Apoyamos la reivindicación de las organizaciones campesinas y
sociales de México por una suspensión de los acuerdos del TLCAN en
materia agrícola.
- Los recursos genéticos son el resultado de milenios de evolución
y pertenecen a toda la humanidad. Por tanto, debe ser prohibida la
biopiratería y las patentes sobre seres vivos, incluyendo el
desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería
genética. Las semillas son patrimonio de la humanidad. La
monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de las
tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados
(OGM) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de
los pueblos. Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los
efectos de los OGM sobre la salud y el medio ambiente, demandamos
la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y
comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su
naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de
precaución.
- Es necesario emprender una profunda difusión y valoración de la
historia agrícola y de la cultura alimentaria en cada país,
denunciando al mismo tiempo las imposiciones de patrones
alimentarios extraños a las culturas alimentarias de los pueblos.
- Manifestamos la decisión de integrar los objetivos de bienestar
nutricional las políticas y programas alimentarios nacionales,
incluyendo los sistemas productivos locales, promoviendo su
diversificación hacia alimentos ricos en micronutrientes; defender
la calidad e inocuidad de los alimentos consumidos por las
poblaciones y la decisión de luchar por el derecho a la información
para todas las personas, sobre los alimentos que consume,
reforzando la reglamentación del etiquetado de los alimentos y el
contenido de la publicidad alimentaria, ejerciendo el principio de
precaución.
- La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas
diversificados de producción, basados en tecnologías
ecológicamente sustentables. Es necesario articular las iniciativas
de producción y consumo sustentables de alimentos generadas en los
niveles locales por los pequeños productores con el establecimiento
de políticas públicas que contribuyan a la construcción de sistemas
alimentarios sustentables en el mundo.
- Demandamos una valorización justa para las comunidades
campesinas, indígenas y pesqueras por la gestión sustentable y
diversificada de los espacios rurales vía precios apropiados y
programas de incentivos.
- Al abordar los problemas de la alimentación en el mundo hay que
tomar en cuenta la diversidad cultural que determina diversos
contextos locales y regionales porque entendemos que el cuidado del
medio ambiente y de la biodiversidad está en estrecha relación con
el reconocimiento de la diversidad cultural.
- Al desarrollo de sistemas alimentarios sustentables se hace
necesario integrar la problemática nutricional, como ejemplo la
exigencia por regular el manejo de los agrotóxicos.
- Reconocemos y valoramos el rol fundamental de las mujeres en la
producción, recolección, comercialización y transformación de los
productos de la agricultura y las pesca y en la preservación y
reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos.
Respaldamos la lucha de las mujeres por el acceso a los recursos
productivos, por su derecho a producir y a consumir la producción
local.
- Los pescadores artesanales y sus organizaciones no renunciaremos
a nuestros derechos sobre el libre acceso a los recursos pesqueros
y a que se establezcan y protejan las zonas de reserva de uso
exclusivo para la pesca artesanal. Igualmente exigimos el
reconocimiento de los derechos ancestrales e históricos sobre la
zona costera y aguas interiores.
- Deben ser revisadas las políticas y programas de ayuda
alimentaria. No han de ser un factor de inhibición del desarrollo
de capacidades locales y nacionales de producción de alimentos, ni
favorecer la dependencia, la distorsión de los mercados locales y
nacionales, la corrupción y la colocación de excedentes de
alimentos nocivos para la salud, en particular sin OGM.
- La soberanía alimentaria únicamente es posible conquistarla,
defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático de
los Estados y de la autoorganización, iniciativa y movilización de
toda la sociedad. Se requieren políticas de Estado de largo plazo,
una efectiva democratización de las políticas publicas y la
construcción de un entorno social solidario.
- Condenamos la política norteamericana de bloqueo a Cuba y otros
pueblos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y
política contra países y movimientos populares. Esta política
unilateral debe cesar inmediatamente.
- La soberanía alimentaria es un concepto ciudadano que concierne
al conjunto de la sociedad. Por esta razón el diálogo social debe
abrirse a todos los sectores sociales implicados.
- La consecución de la soberanía alimentaria y la erradicación del
hambre y la malnutrición es posible en todos los países y para
todas las personas. Manifestamos nuestra decisión de continuar
luchando contra la globalización neoliberal, manteniendo e
incrementando una activa movilización social, construyendo alianzas
estratégicas y asumiendo decisiones políticas firmes.
- Se acuerda hacer una llamado para desplegar una intensa actividad
y una amplia movilización en torno de los siguientes ejes de lucha:
- Declarar el 16 de octubre como el Día Mundial por la
Soberanía Alimentaría, hasta hoy llamado Día Mundial de la
Alimentación.
- Exigir que se lleve a cabo la Cumbre Mundial de la
Alimentación 5 anos después programada del 5 al 10 de noviembre del
presente ano y que la FAO asuma su plenamente su mandato y
responsabilidad. Las organizaciones sociales (OSC) deben organizar
eventos en los niveles nacional y continental para impulsar sus
propuestas y presionar a las delegaciones oficiales.
- Exigir al gobierno italiano el respeto total a la libertad
de manifestación y se abstenga de reprimir a los movimientos
sociales contra la globalización neoliberal.
- Participar y movilizarse en torno a la Reunión Ministerial
de la OMC a celebrarse en Qatar del 9 al 13 de noviembre del 2001,
el Encuentro Hemisférico contra el ALCA del 13 al 16 de noviembre
del 2001 en La Habana, y al II Foro Social Mundial a llevarse a
cabo en Porto Alegre del 31 de enero al 6 de febrero del 2002.
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 7 de septiembre de
2001.
Fuera la OMC de la alimentación Otro mundo es posible.
"Carta de Salvador"
Fórum América Latina Habitar 2000
Salvador, 18 de Mayo de 2001.
Recomendaciones del Encuentro de Habitantes de América Latina para
Mejores Condiciones del Hábitat.
Nosotros, habitantes de las ciudades Latino Americanas, reunidos
en el Forum Habitar 2000, en Salvador, Bahía, Brasil; recomendamos
al Estado, a las entidades populares y comunitarias, a las
universidades y técnicos, sector privado y a nosotros mismos,
medidas necesarias para la construcción de una ciudad justa,
sustentable y democrática.
Consideramos que la total accesibilidad al hábitat de calidad, está
comprometida y limitada por un sistema socio-económico determinado
por la lógica del lucro y del mercado. Estas circunstancias, que se
registran en todas las ciudades Latino Americanas a pesar de las
diferencias aparentes, necesitan ser profundamente transformadas y
sustituidas por un sistema que permita la justicia social y la
calidad de vida.
AL ESTADO (Nacional y Provincial o Estatal y Poder
Local)
- Entender a la Vivienda como derecho social y no como bien de
mercado.
- Municipalizar las Políticas Urbanas y Habitacionales.
- Garantizar la participación popular en las definiciones de las
Políticas Urbanas y Habitacionales.
- Creación e Implementación de Consejos e instrumentos
resolutivos para las políticas de desarrollo urbano y de
habitación, que garanticen la participación igualitaria de los
beneficiarios y de los demás participantes del sistema. Estos
mecanismos deben ser construidos a partir de un proceso democrático
de discusión, incluyendo a todos los sectores de la política
urbana, con previsión presupuestaria para garantizar su autonomía.
- En pos de una política de gestión urbana y habitacional
continua y amplia, no priorizar la cantidad de nuevas unidades en
detrimento de una política para mejorar la calidad habitacional y
urbanística de los barrios, incluyendo infraestructura y
equipamientos sociales.
- Instrumentar políticas y legislación que impidan y/o
desestimulen la especulación inmobiliaria.
- Constituir y reglamentar Fondos de Financiamiento para la
vivienda, compuestos de diversas formas, que subsidien
directamente a los núcleos familiares y que ésto sea administrado
por los Consejos propuestos y mencionados en el apartado 4.
- Políticas Habitacionales integradas a políticas de gestión de
empleos y redistribución de recursos que tiendan a modificar la
situación social de los barrios.
- Regularización jurídica territorial de los barrios populares
garantizando el derecho de propiedad a quienes los habitan, a
través de mecanismos constitucionales existentes u otros que
podrían ser creados.
- Exigir que los organismos de planificación tomen en cuenta el
contexto existente en los barrios en los cuales se hará la
intervención; dándoles prioridad a los procesos de urbanización y
regularización de los habitantes.
- Crear programas habitacionales que atiendan a todas las
familias necesitadas, dándole especial atención a las más
vulnerables.
- Darle prioridad a los programas de producción social de
vivienda (autogestión, cooperativas, etc.) a fin de evitar la
constitución de intermediarios que, generalmente encarecen el
producto final y no priorizan su calidad
- Transparencia en los procesos de licitación pública para
viviendas e infraestructuras, debiéndose hacer con criterios
técnicos y democráticos.
- Garantizar la asistencia técnica interdisciplinaria,
especialmente de ingeniería y arquitectura, como servicio
público a las familias pobres y realizar proyectos de intervención
en barrios populares concebidos en forma participativa.
- Control social para garantizar calidad y confort de las
viviendas populares, evitando la repetición de proyectos y
respetando las particularidades de los barrios y de cada familia.
- Ejecución de grandes equipamientos urbanos en barrios
populares como forma de incluirlos en la ciudad.
- Preservación de la vivienda en centros y áreas históricas,
manteniendo a sus habitantes tradicionales y capacitándolos para su
inserción en la economía local.
- Especial atención de la urbanización de espacios libres,
atendiendo a la mejoría de la calidad de vida y a la estimulación
de la organización comunitaria.
- Garantizar que los recursos internacionales, destinados a
proyectos de vivienda popular, no impongan condiciones ajenas a los
intereses de la comunidad local.
- Garantizar la aplicación de impuestos u otros instrumentos
fiscales que recuperen la valorización de inmuebles y terrenos
particulares, originados en las inversiones públicas de
mejoramiento de áreas privilegiadas. Estos ingresos deben aplicarse
en inversiones en los barrios más pobres.
A LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO POPULAR Y COMUNITARIO
- Articular junto al Estado, universidades y ONG's el apoyo
técnico en todas las áreas del saber necesarias para una mejor
calidad de vida.
- Preservar la autonomía e independencia política de las
instituciones del movimiento popular y comunitario conjuntamente
con las instituciones afines (poderes públicos, ONG's,
universidades, etc.
- Fortalecimiento de los lazos de integración orgánicos de las
instituciones del movimiento popular a nivel local, nacional e
internacional.
- Incentivar la participación de las instituciones en las
instancias públicas vinculadas a las intervenciones en el medio
ambiente urbano (Ej. : concejos municipales, estatales y
nacionales), incluyendo la organización de comisiones de la AGENDA
21 hábitat + 5 , entre otros.
- Preocupación en la formación y renovación de líderes para
garantizar eficacia y continuidad de los movimientos.
A LOS HABITANTES
- Sentirse responsable por la calidad de vida en los barrios.
- Contribuir a la concertación de las decisiones respondiendo
al llamado de participación.
- Respetar y preservar el patrimonio colectivo.
- Participar en las Asociaciones de Pobladores o en entidades
afines.
- Evitar todo tipo de manipulación y cooptación que venga de
sectores ajenos a los deseos de la población, particularmente de
los políticos clientelistas y populistas.
A LAS UNIVERSIDADES Y TÉCNICOS QUE TRABAJAN CON LOS
PROBLEMAS DE VIVIENDA POPULAR
- Considerar a los habitantes y sus representantes como aliados
que deben tener participación en todas las etapas de concepción y
ejecución de políticas y programas habitacionales.
- Tomar en cuenta la contribución que se puede obtener de la
experiencia vivida de los habitantes y sus líderes para el éxito de
las políticas y proyectos.
- Reconocer el saber popular como complemento del saber
técnico.
- Incorporar en los proyectos los anhelos de los diferentes
grupos: étnicos y culturales, jóvenes, mujeres, ancianos,
portadores de necesidades especiales, etc.
- Vincular el aprendizaje de los estudiantes a la realidad de
la ciudad en que están insertos, sin omitir aquellas áreas que
fueron constituidas fuera del conocimiento técnico.
A LOS EMPRESARIOS
- Contribuir al desarrollo social con planes de financiamiento
de viviendas para familias de escasos recursos, de acuerdo con la
capacidad de pago de los miembros de las familias.
- Definir los costos de las viviendas y sus planes de
financiamiento, aplicando criterios de justicia social y equidad.
- Garantizar la calidad de las viviendas construidas, en cuanto
al tamaño, servicios básicos, equipamientos colectivos y entorno
ambiental.
- Reducir el lucro esperado con la finalidad de posibilitar que
las familias obtengan vivienda digna a menor costo.
"Ciudades por la Paz"
Declaración final del II Encuentro Latinoamericano y del Caribe
Bogotá (Colombia), mayo de 2001
Antecedentes
Nos hemos reunido representantes de las organizaciones sociales,
las Organizaciones No Gubernamentales, la academia, para realizar
el II Encuentro de "Ciudades por la Paz", procedentes de: México,
Guatemala, Cuba, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana,
Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Brasil y Colombia, para analizar la situación
Latinoamericana y Caribeña, en el marco de los compromisos de la
Agenda Hábitat.
Elegimos a Colombia como sede de este encuentro ya que actualmente
en la región de América Latina y el Caribe, este es el país que
vive con más crueldad los rigores de la guerra interna y un grave
deterioro de las condiciones de gobernabilidad y de legitimidad con
profundas incidencias en las condiciones de vida y habitabilidad.
Además, como consecuencia de dicha confrontación se están violando
prácticamente todos los derechos humanos establecidos en las cartas
de la ONU.
El problema no es solamente colombiano sino regional y
necesariamente en su solución debe intervenir la comunidad
internacional buscando alternativas políticas y dialogadas que
permitan superar la confrontación.
En la situación de Colombia se expresan un conjunto de problemas
comunes a los países de la región. Es un caso emblemático al
sintetizar la complejidad latinoamericana.
Desde esta situación:
- Nos reafirmamos en la declaración del I Encuentro
Latinoamericano y Caribeño "Construyendo ciudades para la Vida"
realizado en Quito - Ecuador en Noviembre de 1995
- Observamos con profunda preocupación el incumplimiento de los
acuerdos de Hábitat II, situación esta que se manifiesta en el
deterioro acentuado y acentuado de las condiciones de vida y
habitabilidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
Y suscribimos la siguiente declaración:
1.- Conscientes:
- Del fracaso del Modelo Neoliberal y las políticas de ajuste, y
su impacto en la masificación de la pobreza, el incremento
acelerado de las desigualdades sociales, el deterioro de la calidad
de vida urbana y rural, y sus expresiones territoriales.
- De la agudización de los conflictos armados y de las múltiples
violencias que limitan las posibilidades de desarrollo y sostenible
de los pueblos.
- Del mayor impacto que estas problemáticas tienen en grupos
poblacionales tales como: mujeres, niños / as, comunidades negras
e indígenas, ancianos y jóvenes.
- Que la complejidad de la situación ha convertido en
insuficientes los saberes de las disciplinas y profesiones
convencionales resultando estas inadecuadas para leer y proponer
alternativas efectivas a esta realidad.
- Que la aplicación de los modelos tecnocráticos y autoritarios
introducen generalizaciones reduccionistas que silencian y ocultan
las particularidades que es necesario considerar para producir
soluciones válidas, coherentes y efectivas.
- Que las prácticas económicas guiadas por la maximización de la
rentabilidad vienen causando el arrasamiento de la biodiversidad y
riquezas de nuestro continente y produciendo una grave crisis
ambiental.
2.- Reconociendo:
- Los valiosos esfuerzos de diferentes organizaciones y
movimientos de la sociedad civil en la construcción de alternativas
por un desarrollo integral, el mejoramiento de la calidad de vida,
el desarrollo de la gobernabilidad e institucionalidad democrática,
la equidad en la diversidad, la búsqueda de salidas políticas y
negociadas a los conflictos armados y la promoción de formas de
desarrollo sostenible.
- El derecho inalienable a la Vida y a la Dignidad de los
pueblos y en correspondencia la vigencia de políticas integrales
de respeto al conjunto de los Derechos Humanos (Civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales y la vigencia de
los pactos internacionales que los consagran).
3.- Interesad@s:
- En construir una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres con
identidad cultural, que conviven solidariamente en la diversidad y
valoran la diferencia. Ciudadanos y ciudadanas que se organizan en
redes sociales activas integradas e integradoras, que promueven y
practican entre sí la justicia y la equidad. Dotados con sistemas
democráticos descentralizados y ocupando racionalmente sus
territorios.
- En que se cumplan efectivamente los acuerdos de las diferentes
agendas internacionales y en especial la agenda Hábitat.
- En que se respeten los protocolos internacionales sobre la
exigibilidad de los Derechos Humanos desde una perspectiva integral
como fundamento para lograr la construcción de ciudades para la paz
y para la vida.
- En la plena vigencia de la gobernabilidad democrática, la
seguridad en la tenencia de la tierra y la vivienda, la
erradicación del desplazamiento forzado, la búsqueda de
alternativas desde la perspectiva del reconocimiento y valoración
de la dignidad de la persona humana y la construcción de una ética
de responsabilidad con la naturaleza.
4.- Demandamos:
- El reconocimiento al fracaso del modelo neoliberal como
alternativa para lograr la equidad y el desarrollo, y el desarrollo
de un modelo económico alternativo basado en la cooperación y no en
la competencia, en el bienestar de la gente y no en la rentabilidad
del capital.
- La suspensión a las políticas de ajuste estructural que vienen
impactando directamente en la realización de los derechos humanos
de la ciudadanía latinoamericana y caribeña y la construcción de
ciudadanía plena.
- A los centros de poder económico y político el reconocimiento
a la deuda social, ambiental y política a los sectores
históricamente excluidos como las mujeres, los grupos étnicos y los
niños y niñas.
- Exigimos que el tratamiento internacional a los conflictos
regionales no propicie el armamentismo y la exacerbación de estos
sino incentive la solución política y negociada de los mismos y la
solidaridad y cooperación en el continente.
- Demandamos claridad sobre la intervención a través del llamado
Plan Colombia-Plan Andino y el impacto del mismo en los países
latinoamericanos y del caribe. Este plan no debe tener ningún
componente militar y todos los recursos concentrarse en la solución
de los grandes problemas sociales y económicos de la región.
5.- Nos comprometemos:
- A participar activamente en los procesos de construcción y
articulación de la sociedad civil latinoamericana y caribeña con
capacidad desde sus diversas expresiones de convertirse en sujeto
de derecho y logre alcanzar condiciones de justicia social y
equidad. Es decir una ciudadanía plena en toda la dimensión que
ello demanda.
- Nos comprometemos en la búsqueda de soluciones negociadas y
dialógicas a los conflictos regionales.
- Nos comprometemos a continuar con nuestra labor de vigilancia
al cumplimiento de los acuerdos de las diferentes cumbres y
encuentros internacionales, en especial de la Agenda Hábitat.
- Parte de los compromisos de esta declaración es la de asumir
nuestra responsabilidad como participantes de la sociedad civil
latinoamericana y caribeña con los pronunciamientos y acuerdos de
las diversas agendas simultáneas que durante este encuentro se
llevaron a cabo las cuales hacen parte integral de esta declaración
final.
Fecha de referencia: 03-12-2001