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Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/n17news.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Noticias






Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria


La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001

Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su soberanía alimentaria

Del 3 al 7 de septiembre del ano 2001, nos reunimos en La Habana, Cuba, 400 delegadas y delegados de organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países de todos los continentes en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria.

Este Foro se realizó en Cuba con la convocatoria de su Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y un conjunto de movimientos y redes internacionales, organizaciones y personas comprometidas con las agriculturas campesinas e indígenas, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables y el derecho de los pueblos a alimentarse. Es también un reconocimiento al esfuerzo de un país del Tercer Mundo que a pesar de sufrir por más de cuatro décadas el ilegal e inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política, ha sido capaz de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población a través de una política de Estado coherente, activa, participativa y de largo plazo sobre la base de una profunda reforma agraria, la valorización y apoyo de los pequeños y medianos productores y la participación y movilización de toda la sociedad. Nos reunimos para analizar por qué cada día aumenta el hambre y malnutrición en el mundo, por qué se ha profundizado la crisis de la agricultura campesina, indígena, la pesca artesanal, los sistemas alimentarios sustentables, por qué los pueblos pierden soberanía sobre sus recursos? Asimismo nos reunimos para construir colectivamente, desde la perspectiva de los pueblos y no de las corporaciones alimentarias transnacionales, propuestas y alternativas viables y estrategias de acción a escala local, nacional y mundial que reviertan las tendencias actuales y permitan impulsar nuevos enfoques, políticas e iniciativas capaces de asegurar un presente y un futuro digno y sin hambre para todos las mujeres y hombres del mundo. Después de 5 anos de la Cumbre Mundial de la Alimentación, 7 anos de los acuerdos sobre agricultura de la Ronda de Uruguay del GATT (hoy OMC) y dos décadas de políticas neoliberales aplicadas por gran parte de los gobiernos, las promesas y compromisos para satisfacer las necesidades de alimentación y el bienestar nutricional para todos están muy lejos de haberse cumplido. Todo lo contrario, la realidad es que las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial, el FMI y la OMC, auspiciadas por las corporaciones transnacionales, han profundizado la brecha entre países ricos y pobres y dentro de ellos y la desigual distribución del ingreso; han agravado las condiciones de producción de alimentos y el acceso a una nutrición sana y suficiente para la mayoría de los pueblos, incluso de los llamados países desarrollados. En consecuencia, el derecho humano más elemental, el derecho a alimentarse y al bienestar nutricional contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en la mayoría de los pueblos del mundo. La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es una cuestión solamente técnica. Constituye un desafío que implica la más alta voluntad política de los Estados. La lógica de la ganancia genera una situación de insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza. La sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es viable en el sistema actual de comercio y en el contexto de la liberalización promovida desde la OMC y los organismos financieros internacionales. La esperanza de un nuevo milenio sin hambre se ha visto frustrada para vergüenza de toda la humanidad.

Las causas reales del hambre y malnutrición.

El hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de personas al acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecnología y el conocimiento, no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Ante todo son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados y sus corporaciones en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el actual proceso de reestructuración económica global. Ante los planteamientos ideológicos neoliberales de dichas políticas:


Las consecuencias de las políticas neoliberales.

Las consecuencias de dichas políticas falsas y erróneas están a la vista: han aumentado las ventas y las ganancias de los poderes económicos de los países desarrollados mientras que los pueblos del Tercer Mundo han visto crecer su deuda externa y los sectores populares han aumentado sus niveles de pobreza, miseria y exclusión. La concentración del mercado agrícola internacional en unas cuantas empresas transnacionales se ha acelerado mientras que aumenta la dependencia e inseguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos. Continúan subsidiando fuertemente a la agricultura y pesca de exportación en tanto que muchos gobiernos dejan totalmente desprotegidos a los pequeños y medianos productores que producen principalmente para el mercado interno. Las políticas de subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones de los países desarrollados permiten que las transnacionales adquieran productos a muy bajos precios para venderlos a precios mucho más altos a los consumidores tanto del sur como del norte. Las políticas neoliberales hacia el campo, en realidad han impulsado un proceso de desruralización forzada de vastas proporciones y consecuencias dramáticas, una auténtica guerra contra las agriculturas campesinas e indígenas que, en algunos casos, llega a configurar un verdadero genocidio y etnocidio. .Las comunidades de pescadores artesanales han ido perdiendo cada vez más el acceso a sus propios recursos. Con las políticas neoliberales, el hambre y la malnutrición crecen, no por ausencia de alimentos, sino por ausencia de derechos. Somos testigos de ejemplos que permiten afirmar que la erradicación del hambre y la malnutrición y el ejercicio de la soberanía alimentaria duradera y sustentable son posibles. Asimismo, hemos visto en prácticamente todos los países infinidad de experiencias campesinas y indígenas de producción sustentable y orgánica de alimentos y de una gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales.

Por todo lo anterior, los participantes en el Foro Mundial sobre
Soberanía Alimentaria declaramos:

  1. La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

  2. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos.

  3. La soberanía alimentaria de los pueblos reconoce una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano; que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural. Asimismo, la soberanía alimentaria supone el reconocimiento y valorización de las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales para los países de la agricultura en pequeña escala, de las agriculturas familiares, de las agriculturas campesinas e indígenas.

  4. Nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos, autonomía y cultura de los pueblos indígenas de todos los países como condición ineludible para combatir el hambre y la malnutrición y alcanzar el derecho a la alimentación para su población. La soberanía alimentaria implica el reconocimiento a la multietnicidad de las naciones y el reconocimiento y valorización de las identidades de los pueblos originarios. Esto implica, además, el reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas. En este sentido, apoyamos las luchas de todos los pueblos indígenas y negros del mundo y nos pronunciamos por el respeto irrestricto a sus derechos.

  5. La soberanía alimentaria implica, además, la garantía al acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía. El acceso a la alimentación no debe ser considerada como una compensación asistencialista de los gobiernos o una caridad de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

  6. La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y región, que permitan a los campesinos e indígenas -considerando a las mujeres en igual de oportunidades- un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución. La Reforma Agraria, en primer lugar, debe ser reconocida como una obligación de los Estados Nacionales donde este proceso es necesario en el marco de los derechos humanos y como una eficiente política pública de combate a la pobreza. Dichos procesos de reforma agraria deben estar controlados por las organizaciones campesinas -incluyendo el mercado de los arriendos-, garantizar los derechos individuales de los productores con los colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con políticas agrícolas y comerciales coherentes. Nos oponemos a las políticas y programas de mercantilización de la tierra promovidas por el Banco Mundial en sustitución de verdaderas reformas agrarias y aceptadas por los gobiernos.

  7. Apoyamos la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil, en 1996, para que los referidos Estados elaboren un Código de Conducta sobre el Derecho Humano a la Alimentación adecuada, que sirva efectivamente como instrumento para la implementación y promoción de este derecho. El derecho a la alimentación de los pueblos, incluido en la declaración de los Derechos Humanos y ratificado en la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma, en 1996, por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

  8. Proponemos la ratificación más rápida y la aplicación por un mayor número de países del Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

  9. En defensa del principio del derecho inalienable de los pueblos a la alimentación, proponemos la adopción por las Naciones Unidas de una Convención Mundial de Soberanía Alimentaria y Bienestar Nutricional, a la cual se subordinen las decisiones tomadas en los campos de comercio internacional y otros dominios.

  10. El comercio alimentario internacional debe estar subordinado al propósito supremo de servir al ser humano. La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario y pesquero internacional.

  11. Rechazamos toda injerencia de la OMC en la alimentación, agricultura y pesca y su pretensión de determinar las políticas nacionales de alimentación. Nos oponemos categóricamente a sus acuerdos sobre propiedad intelectual de organismos vegetales y otros seres vivos así como su intención de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones (la llamada Ronda del Milenio), incluyendo nuevos temas de negociación. Fuera la OMC de la alimentación.

  12. Proponemos la creación de un nuevo orden democrático y transparente para regular el comercio internacional que incluya la creación de una corte internacional de apelación independiente de la OMC y el fortalecimiento de la UNCTAD como espacio de negociaciones multilaterales en torno a un comercio alimentario justo. De igual manera proponemos impulsar esquemas de integración regional desde las organizaciones de productores, fuera de los objetivos y parámetros neoliberales.

  13. Demandamos el cese inmediato de las prácticas desleales de que establecen precios de mercado por debajo de los costos de producción y aplican subvenciones a la producción y subsidios a las exportaciones.

  14. Nos pronunciamos en contra del ALCA, que no es mas que un proyecto estratégico hegemónico de Estados Unidos para consolidar su dominación sobre América Latina y el Caribe, ampliar sus fronteras económicas y asegurarse un gran mercado cautivo.

  15. Apoyamos la reivindicación de las organizaciones campesinas y sociales de México por una suspensión de los acuerdos del TLCAN en materia agrícola.

  16. Los recursos genéticos son el resultado de milenios de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Por tanto, debe ser prohibida la biopiratería y las patentes sobre seres vivos, incluyendo el desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética. Las semillas son patrimonio de la humanidad. La monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de las tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados (OGM) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los efectos de los OGM sobre la salud y el medio ambiente, demandamos la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución.

  17. Es necesario emprender una profunda difusión y valoración de la historia agrícola y de la cultura alimentaria en cada país, denunciando al mismo tiempo las imposiciones de patrones alimentarios extraños a las culturas alimentarias de los pueblos.

  18. Manifestamos la decisión de integrar los objetivos de bienestar nutricional las políticas y programas alimentarios nacionales, incluyendo los sistemas productivos locales, promoviendo su diversificación hacia alimentos ricos en micronutrientes; defender la calidad e inocuidad de los alimentos consumidos por las poblaciones y la decisión de luchar por el derecho a la información para todas las personas, sobre los alimentos que consume, reforzando la reglamentación del etiquetado de los alimentos y el contenido de la publicidad alimentaria, ejerciendo el principio de precaución.

  19. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción, basados en tecnologías ecológicamente sustentables. Es necesario articular las iniciativas de producción y consumo sustentables de alimentos generadas en los niveles locales por los pequeños productores con el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a la construcción de sistemas alimentarios sustentables en el mundo.

  20. Demandamos una valorización justa para las comunidades campesinas, indígenas y pesqueras por la gestión sustentable y diversificada de los espacios rurales vía precios apropiados y programas de incentivos.

  21. Al abordar los problemas de la alimentación en el mundo hay que tomar en cuenta la diversidad cultural que determina diversos contextos locales y regionales porque entendemos que el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad está en estrecha relación con el reconocimiento de la diversidad cultural.

  22. Al desarrollo de sistemas alimentarios sustentables se hace necesario integrar la problemática nutricional, como ejemplo la exigencia por regular el manejo de los agrotóxicos.

  23. Reconocemos y valoramos el rol fundamental de las mujeres en la producción, recolección, comercialización y transformación de los productos de la agricultura y las pesca y en la preservación y reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos. Respaldamos la lucha de las mujeres por el acceso a los recursos productivos, por su derecho a producir y a consumir la producción local.

  24. Los pescadores artesanales y sus organizaciones no renunciaremos a nuestros derechos sobre el libre acceso a los recursos pesqueros y a que se establezcan y protejan las zonas de reserva de uso exclusivo para la pesca artesanal. Igualmente exigimos el reconocimiento de los derechos ancestrales e históricos sobre la zona costera y aguas interiores.

  25. Deben ser revisadas las políticas y programas de ayuda alimentaria. No han de ser un factor de inhibición del desarrollo de capacidades locales y nacionales de producción de alimentos, ni favorecer la dependencia, la distorsión de los mercados locales y nacionales, la corrupción y la colocación de excedentes de alimentos nocivos para la salud, en particular sin OGM.

  26. La soberanía alimentaria únicamente es posible conquistarla, defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático de los Estados y de la autoorganización, iniciativa y movilización de toda la sociedad. Se requieren políticas de Estado de largo plazo, una efectiva democratización de las políticas publicas y la construcción de un entorno social solidario.

  27. Condenamos la política norteamericana de bloqueo a Cuba y otros pueblos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política contra países y movimientos populares. Esta política unilateral debe cesar inmediatamente.

  28. La soberanía alimentaria es un concepto ciudadano que concierne al conjunto de la sociedad. Por esta razón el diálogo social debe abrirse a todos los sectores sociales implicados.

  29. La consecución de la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la malnutrición es posible en todos los países y para todas las personas. Manifestamos nuestra decisión de continuar luchando contra la globalización neoliberal, manteniendo e incrementando una activa movilización social, construyendo alianzas estratégicas y asumiendo decisiones políticas firmes.

  30. Se acuerda hacer una llamado para desplegar una intensa actividad y una amplia movilización en torno de los siguientes ejes de lucha:
        
    1. Declarar el 16 de octubre como el Día Mundial por la Soberanía Alimentaría, hasta hoy llamado Día Mundial de la Alimentación.
          
    2. Exigir que se lleve a cabo la Cumbre Mundial de la Alimentación 5 anos después programada del 5 al 10 de noviembre del presente ano y que la FAO asuma su plenamente su mandato y responsabilidad. Las organizaciones sociales (OSC) deben organizar eventos en los niveles nacional y continental para impulsar sus propuestas y presionar a las delegaciones oficiales.
          
    3. Exigir al gobierno italiano el respeto total a la libertad de manifestación y se abstenga de reprimir a los movimientos sociales contra la globalización neoliberal.
          
    4. Participar y movilizarse en torno a la Reunión Ministerial de la OMC a celebrarse en Qatar del 9 al 13 de noviembre del 2001, el Encuentro Hemisférico contra el ALCA del 13 al 16 de noviembre del 2001 en La Habana, y al II Foro Social Mundial a llevarse a cabo en Porto Alegre del 31 de enero al 6 de febrero del 2002.

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 7 de septiembre de 2001.
Fuera la OMC de la alimentación Otro mundo es posible.



"Carta de Salvador"


Fórum América Latina Habitar 2000
Salvador, 18 de Mayo de 2001.

Recomendaciones del Encuentro de Habitantes de América Latina para Mejores Condiciones del Hábitat.

Nosotros, habitantes de las ciudades Latino Americanas, reunidos en el Forum Habitar 2000, en Salvador, Bahía, Brasil; recomendamos al Estado, a las entidades populares y comunitarias, a las universidades y técnicos, sector privado y a nosotros mismos, medidas necesarias para la construcción de una ciudad justa, sustentable y democrática.

Consideramos que la total accesibilidad al hábitat de calidad, está comprometida y limitada por un sistema socio-económico determinado por la lógica del lucro y del mercado. Estas circunstancias, que se registran en todas las ciudades Latino Americanas a pesar de las diferencias aparentes, necesitan ser profundamente transformadas y sustituidas por un sistema que permita la justicia social y la calidad de vida.



AL ESTADO (Nacional y Provincial o Estatal y Poder Local)


  1. Entender a la Vivienda como derecho social y no como bien de mercado.

  2. Municipalizar las Políticas Urbanas y Habitacionales.

  3. Garantizar la participación popular en las definiciones de las Políticas Urbanas y Habitacionales.

  4. Creación e Implementación de Consejos e instrumentos resolutivos para las políticas de desarrollo urbano y de habitación, que garanticen la participación igualitaria de los beneficiarios y de los demás participantes del sistema. Estos mecanismos deben ser construidos a partir de un proceso democrático de discusión, incluyendo a todos los sectores de la política urbana, con previsión presupuestaria para garantizar su autonomía.
  5. En pos de una política de gestión urbana y habitacional continua y amplia, no priorizar la cantidad de nuevas unidades en detrimento de una política para mejorar la calidad habitacional y urbanística de los barrios, incluyendo infraestructura y equipamientos sociales.

  6. Instrumentar políticas y legislación que impidan y/o desestimulen la especulación inmobiliaria.

  7. Constituir y reglamentar Fondos de Financiamiento para la vivienda, compuestos de diversas formas, que subsidien directamente a los núcleos familiares y que ésto sea administrado por los Consejos propuestos y mencionados en el apartado 4.

  8. Políticas Habitacionales integradas a políticas de gestión de empleos y redistribución de recursos que tiendan a modificar la situación social de los barrios.

  9. Regularización jurídica territorial de los barrios populares garantizando el derecho de propiedad a quienes los habitan, a través de mecanismos constitucionales existentes u otros que podrían ser creados.

  10. Exigir que los organismos de planificación tomen en cuenta el contexto existente en los barrios en los cuales se hará la intervención; dándoles prioridad a los procesos de urbanización y regularización de los habitantes.

  11. Crear programas habitacionales que atiendan a todas las familias necesitadas, dándole especial atención a las más vulnerables.

  12. Darle prioridad a los programas de producción social de vivienda (autogestión, cooperativas, etc.) a fin de evitar la constitución de intermediarios que, generalmente encarecen el producto final y no priorizan su calidad

  13. Transparencia en los procesos de licitación pública para viviendas e infraestructuras, debiéndose hacer con criterios técnicos y democráticos.

  14. Garantizar la asistencia técnica interdisciplinaria, especialmente de ingeniería y arquitectura, como servicio público a las familias pobres y realizar proyectos de intervención en barrios populares concebidos en forma participativa.

  15. Control social para garantizar calidad y confort de las viviendas populares, evitando la repetición de proyectos y respetando las particularidades de los barrios y de cada familia.

  16. Ejecución de grandes equipamientos urbanos en barrios populares como forma de incluirlos en la ciudad.

  17. Preservación de la vivienda en centros y áreas históricas, manteniendo a sus habitantes tradicionales y capacitándolos para su inserción en la economía local.

  18. Especial atención de la urbanización de espacios libres, atendiendo a la mejoría de la calidad de vida y a la estimulación de la organización comunitaria.

  19. Garantizar que los recursos internacionales, destinados a proyectos de vivienda popular, no impongan condiciones ajenas a los intereses de la comunidad local.

  20. Garantizar la aplicación de impuestos u otros instrumentos fiscales que recuperen la valorización de inmuebles y terrenos particulares, originados en las inversiones públicas de mejoramiento de áreas privilegiadas. Estos ingresos deben aplicarse en inversiones en los barrios más pobres.



    A LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO POPULAR Y COMUNITARIO


  21. Articular junto al Estado, universidades y ONG's el apoyo técnico en todas las áreas del saber necesarias para una mejor calidad de vida.

  22. Preservar la autonomía e independencia política de las instituciones del movimiento popular y comunitario conjuntamente con las instituciones afines (poderes públicos, ONG's, universidades, etc.

  23. Fortalecimiento de los lazos de integración orgánicos de las instituciones del movimiento popular a nivel local, nacional e internacional.

  24. Incentivar la participación de las instituciones en las instancias públicas vinculadas a las intervenciones en el medio ambiente urbano (Ej. : concejos municipales, estatales y nacionales), incluyendo la organización de comisiones de la AGENDA 21 hábitat + 5 , entre otros.

  25. Preocupación en la formación y renovación de líderes para garantizar eficacia y continuidad de los movimientos.



    A LOS HABITANTES


  26. Sentirse responsable por la calidad de vida en los barrios.

  27. Contribuir a la concertación de las decisiones respondiendo al llamado de participación.

  28. Respetar y preservar el patrimonio colectivo.

  29. Participar en las Asociaciones de Pobladores o en entidades afines.

  30. Evitar todo tipo de manipulación y cooptación que venga de sectores ajenos a los deseos de la población, particularmente de los políticos clientelistas y populistas.



    A LAS UNIVERSIDADES Y TÉCNICOS QUE TRABAJAN CON LOS PROBLEMAS DE VIVIENDA POPULAR


  31. Considerar a los habitantes y sus representantes como aliados que deben tener participación en todas las etapas de concepción y ejecución de políticas y programas habitacionales.

  32. Tomar en cuenta la contribución que se puede obtener de la experiencia vivida de los habitantes y sus líderes para el éxito de las políticas y proyectos.

  33. Reconocer el saber popular como complemento del saber técnico.

  34. Incorporar en los proyectos los anhelos de los diferentes grupos: étnicos y culturales, jóvenes, mujeres, ancianos, portadores de necesidades especiales, etc.

  35. Vincular el aprendizaje de los estudiantes a la realidad de la ciudad en que están insertos, sin omitir aquellas áreas que fueron constituidas fuera del conocimiento técnico.



    A LOS EMPRESARIOS


  36. Contribuir al desarrollo social con planes de financiamiento de viviendas para familias de escasos recursos, de acuerdo con la capacidad de pago de los miembros de las familias.

  37. Definir los costos de las viviendas y sus planes de financiamiento, aplicando criterios de justicia social y equidad.

  38. Garantizar la calidad de las viviendas construidas, en cuanto al tamaño, servicios básicos, equipamientos colectivos y entorno ambiental.

  39. Reducir el lucro esperado con la finalidad de posibilitar que las familias obtengan vivienda digna a menor costo.



"Ciudades por la Paz"


Declaración final del II Encuentro Latinoamericano y del Caribe
Bogotá (Colombia), mayo de 2001

Antecedentes

Nos hemos reunido representantes de las organizaciones sociales, las Organizaciones No Gubernamentales, la academia, para realizar el II Encuentro de "Ciudades por la Paz", procedentes de: México, Guatemala, Cuba, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia, para analizar la situación Latinoamericana y Caribeña, en el marco de los compromisos de la Agenda Hábitat.

Elegimos a Colombia como sede de este encuentro ya que actualmente en la región de América Latina y el Caribe, este es el país que vive con más crueldad los rigores de la guerra interna y un grave deterioro de las condiciones de gobernabilidad y de legitimidad con profundas incidencias en las condiciones de vida y habitabilidad. Además, como consecuencia de dicha confrontación se están violando prácticamente todos los derechos humanos establecidos en las cartas de la ONU.

El problema no es solamente colombiano sino regional y necesariamente en su solución debe intervenir la comunidad internacional buscando alternativas políticas y dialogadas que permitan superar la confrontación.

En la situación de Colombia se expresan un conjunto de problemas comunes a los países de la región. Es un caso emblemático al sintetizar la complejidad latinoamericana.

Desde esta situación:


Y suscribimos la siguiente declaración:

1.- Conscientes:


2.- Reconociendo:


3.- Interesad@s:

4.- Demandamos:

5.- Nos comprometemos:

Fecha de referencia: 03-12-2001

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Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad
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