Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ajaud.html |
Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Joel Audefroy, Secretariado de HIC para America Latina
Nueva York (EEUU), 8 de junio de 2001.
Comentarios generales
Apreciamos mucho la presencia de representantes de organizaciones
no gubernamentales en esta sesión extraordinaria. Sin embargo
tenemos que lamentar, como en Estambul, la ausencia de
representantes de organizaciones sociales, asociaciones vecinales
y representantes de habitantes, que siguen sin tener derecho a la
palabra en sesiones temáticas tal como esta 25a sesión
extraordinaria.
En el inciso B) de la Declaración sobre ciudades se «celebran los
progresos realizados hasta el momento para aplicar el programa
Hábitat», cuando los países que presentaron «buenas prácticas» son
precisamente la mayoría de los que más han violado el derecho a la
vivienda realizando desalojos. No se han notado por los habitantes
hasta la fecha dichos «progresos realizados».
Estamos de acuerdo en que no se puede aplicar la Agenda Hábitat en
situación de guerra; sin embargo los habitantes no son los
responsables de los conflictos políticos o territoriales entre los
países, y por lo tanto son los gobiernos quienes son responsables
de los desplazamientos de poblaciones, los desalojos forzosos y los
conflictos. Es entonces un efecto de retórica afirmar que no se
puede aplicar la Agenda Hábitat en situación de conflicto puesto
que la paz genera la posibilidad de aplicar la Agenda Hábitat.
El derecho a la vivienda, largamente debatido en Hábitat II, no
aparece en la «Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos
humanos en este nuevo milenio». Por lo tanto, esta declaración
aparece como un retroceso frente a Hábitat II.
Cabe resaltar la propuesta del Gobierno de Níger: convertir la
deuda en financiamiento del hábitat con el fin de luchar contra la
pobreza.
Al igual que los gobiernos que han reafirmado su firme voluntad de
poner en marcha la Declaración de Estambul y la Agenda Hábitat,
las organizaciones sociales miembros y afines a la Coalición
Internacional para el Hábitat han también reafirmado, en la
Asamblea Mundial de Pobladores que se llevó a cabo en la Ciudad de
México en octubre del 2000, su firme voluntad de seguir luchando
por una ciudad democrática, habitable, sustentable, saludable y sin
violencia.
Obstáculos para la aplicación de la Agenda Hábitat adoptada en
Estambul en 1996
El el inciso C) de la Declaración de las ciudades, «Reconocimiento
de las lagunas y los obstáculos existentes», se reconocen los
principales obstáculos que impiden el funcionamiento eficaz de los
mercados inmobiliarios y de bienes y raíces para garantizar una
«oferta adecuada de vivienda», cuando el mercado inmobiliario nunca
ha podido ofrecer vivienda alguna para las familias desfavorecidas.
Además, el mercado inmobiliario nunca ha funcionado tan bien y las
ganancias nunca han sido tan elevadas como hoy en día.
En este mismo inciso C) de la declaración de las ciudades, en el
parágrafo 25, se «lamenta que muchos países no hayan podido
aprovechar suficientemente los sistemas de mercado para apoyar sus
necesidades financieras en materia de vivienda y desarrollo de los
asentamientos humanos», cuando es precisamente el mercado el que ha
impedido a los países apoyar sus necesidades de vivienda,
especialmente los mercados desregulados y coludidos con los
gobiernos.
En el parágrafo 27 se considera al terrorismo internacional como
origen de los graves obstáculos para la aplicación de la Agenda
Hábitat. Compartimos esta opinión en los casos de Irak y Serbia
donde los bombardeos -al igual que el terrorismo- han impedido
efectivamente la aplicación de la Agenda Hábitat. Es el mismo caso
con Palestina, dónde los bombardeos israelíes han impedido su
aplicación.
Las sequías: Mauritania pone en evidencia las sequías como
responsables del hábitat precario. Si es precario, eso significa
más bien que la pobreza extrema ha impedido que la gente pueda
acceder a una vivienda digna.
El genocidio en Ruanda fue responsable en 1994 del desmantelamiento
del sector de la vivienda y de los asentamientos humanos en
general. La política del gobierno a partir de 1996 fue reagrupar
los asentamientos rurales; en las zonas urbanas, el objetivo es
sólo asegurar que las construcciones se ubiquen en terrenos
registrados y sanear los asentamientos precarios: es un objetivo
muy poco ambicioso frente a la magnitud de los problemas que
enfrentan las poblaciones.
La participación social
El término «participación» está cuidadosamente ausente en varias
partes de la Declaración, en lugares donde es preciso hablar de
ella, y se opone a la Agenda Habitat II donde se menciona la
participación en varios incisos (sobre todo en el Plan de Acción
Mundial).
Ejemplo:
Párrafo 3 de la Déclaración: «es fundamental que en todas las
naciones se haga una planificación (PARTICIPATIVA) física integrada
y se preste igual atención a las condiciones de vida en las zonas
rurales y urbanas».
En el párrafo 60 de la Declaración: «Nos comprometemos a
intensificar los esfuerzos para mejorar las prácticas de
planificación y gestión (¿PARTICIPATIVA?) del desarrollo
sostenible, y para fomentar pautas de producción y consumo
sostenibles en los asentamientos humanos de todos los países, en
particular los países industrializados».
Por esta razón la declaración constituye un retroceso frente a la
Agenda Hábitat.
El método participativo se traduce en Mauritania en la colaboración
entre el gobierno, las autoridades locales, las ONG y los
financiadores: los habitantes no están considerados en este esquema
«participativo».
La política del Hábitat
La política de Mauritania en el campo del hábitat se apoya sobre la
autoconstrucción solidaria. Entonces, nada ha cambiado: hace miles
de años que este modo de construcción existe en África sin la
presencia del Estado.
Propuestas de los representantes de los gobiernos
La mayoría de las organizaciones de HIC se opone totalmente a la
propuesta siguiente: fortalecimiento de la asistencia internacional
a los países en desarrollo en sus esfuerzos para limitar la pobreza
mediante la creación de un contexto apropiado, facilitando la
integración de estos países en la economía mundial, un mejor acceso
de estos países a los mercados, la promoción de los flujos
financieros y la aplicación de las iniciativas en el campo de la
disminución de la deuda.
Argumento: sabemos que la integración de los países en desarrollo
a la globalización económica fue un desastre para los más pobres;
cuando se habla de un mejor acceso de estos países a los mercados,
sabemos que en realidad significa facilitar la importación de los
productos de los países desarrollados; sabemos que las poblaciones
pobres de los países en desarrollo no se benefician de los flujos
financieros y más que disminuir la deuda se trata más bien de la
supresión de la deuda que fue pagada ya mil veces por las
poblaciones.
Invitar a los países desarrollados a ocupar 0.7% de su PNB para la
ayuda pública al desarrollo es una medida loable; sin embargo, si
no existe un mecanismo para obligar a estos países a pagar, esta
propuesta queda como pura demagogia. Mientras tanto, se les sigue
prestando a los países pobres, y se les presiona a seguir siendo
dependientes.
La creación de un fondo mundial de solidaridad para la eliminación
de la pobreza (inciso D. Parágrafo 36 de la Declaración de las
ciudades) es una iniciativa interesante; sin embargo no se menciona
con qué dinero se va poner en marcha: el impuesto Tobín sobre los
mercados financieros, en nuestra opinión, sería una opción para
alimentar este fondo.
En el inciso D, «Adopción de medidas ulteriores», de la Declaración
de las ciudades, se incita a «fomentar el funcionamiento eficaz de
los mercados y la administración de bienes raíces, erradicar las
barreras legales y sociales que limitan el acceso igualitario y
equitativo a los bienes raíces», cuando en realidad las barreras no
son ni legales si sociales, sino más bien financieras y económicas.
No es suficiente la descentralización efectiva de las
responsabilidades para que las autoridades locales, ONG y los demás
actores jueguen un papel activo en la producción de vivienda y el
desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, si no se
acompaña de una «subsidiaridad activa» entre los diferentes
actores.
En su intervención del 7 de junio, el Jefe de la Delegación de
Bolivia enfatiza varios instrumentos legales relativos a la
participación popular (Ley de participación popular). Sin embargo,
menciona en proceso de elaboración la nueva Ley de vivienda, muy
controvertida en Bolivia puesto que es una apertura al
neoliberalismo que va a dificultar el acceso a la vivienda a miles
de familias. Esta Ley de vivienda se ocupa de normar el mercado de
la vivienda producido por entidades bancarias, empresas
constructoras y entidades financieras. No menciona en su
intervención el Jefe de la delegación de Bolivia la privatización
del Fondo Nacional de Vivienda Social que excluye a todos los sin
techo de Bolivia del derecho a la vivienda, ni se contemplan
medidas en apoyo de la producción social de vivienda, única opción
para millones de bolivianos.
El Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales de Chile
presenta en su intervención una política de vivienda dirigida a
favor de la privatización y del neoliberalismo: la forma de
producción de la vivienda en Chile excluye toda forma de
organización y de control de los beneficiarios sobre esta
producción. El compromiso del gobierno de producir de esta forma
25,000 viviendas al año, si bien permite reducir el déficit
habitacional, está produciendo ghettos urbanizados cuyas
consecuencias nefastas se harán sentir a largo plazo.
La intervención del 8 de junio de la Ministra de Relaciones
Exteriores de El Salvador presenta una evaluación que ignora las
acciones hechas por la sociedad civil de este país. Es una lástima
que no se haya consultado a las organizaciones que trabajan en el
sector de los asentamientos humanos. En su planteamiento parece que
los desastres naturales en El Salvador impidieron diseñar una
política de vivienda que tomara en cuenta la seguridad jurídica
sobre le tenencia de la tierra de vocación urbana; la creación de
una Ley de Prevención de desastres y de una Reforma Urbana. Estos
últimos puntos siendo reclamados por la Plataforma sociolaboral de
las organizaciones populares y sociales de El Salvador.
El Gobierno de Estados Unidos considera que es una lástima que la
conferencia fuera politizada sobre un punto temático tal como la
vivienda. Le contestamos que la vivienda no es un tema técnico como
deja entender, sino más bien un tema altamente político puesto que
involucra varios procesos sociales y económicos.
Agradecemos a las integrantes de la Coalición Internacional para el
Hábitat, Sra. Ana Falú, vicepresidenta de HIC y a la Sra. Sheila
Patel por sus valiosas intervenciones en los debates.
Fecha de referencia: 14-11-2001
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