Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ajaud.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Comentarios a Estambul+5: para la Adopción de la Declaracion sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en el Nuevo Milenio


Joel Audefroy, Secretariado de HIC para America Latina
Nueva York (EEUU), 8 de junio de 2001.

Comentarios generales

Apreciamos mucho la presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales en esta sesión extraordinaria. Sin embargo tenemos que lamentar, como en Estambul, la ausencia de representantes de organizaciones sociales, asociaciones vecinales y representantes de habitantes, que siguen sin tener derecho a la palabra en sesiones temáticas tal como esta 25a sesión extraordinaria.

En el inciso B) de la Declaración sobre ciudades se «celebran los progresos realizados hasta el momento para aplicar el programa Hábitat», cuando los países que presentaron «buenas prácticas» son precisamente la mayoría de los que más han violado el derecho a la vivienda realizando desalojos. No se han notado por los habitantes hasta la fecha dichos «progresos realizados».

Estamos de acuerdo en que no se puede aplicar la Agenda Hábitat en situación de guerra; sin embargo los habitantes no son los responsables de los conflictos políticos o territoriales entre los países, y por lo tanto son los gobiernos quienes son responsables de los desplazamientos de poblaciones, los desalojos forzosos y los conflictos. Es entonces un efecto de retórica afirmar que no se puede aplicar la Agenda Hábitat en situación de conflicto puesto que la paz genera la posibilidad de aplicar la Agenda Hábitat.

El derecho a la vivienda, largamente debatido en Hábitat II, no aparece en la «Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en este nuevo milenio». Por lo tanto, esta declaración aparece como un retroceso frente a Hábitat II.

Cabe resaltar la propuesta del Gobierno de Níger: convertir la deuda en financiamiento del hábitat con el fin de luchar contra la pobreza.

Al igual que los gobiernos que han reafirmado su firme voluntad de poner en marcha la Declaración de Estambul y la Agenda Hábitat, las organizaciones sociales miembros y afines a la Coalición Internacional para el Hábitat han también reafirmado, en la Asamblea Mundial de Pobladores que se llevó a cabo en la Ciudad de México en octubre del 2000, su firme voluntad de seguir luchando por una ciudad democrática, habitable, sustentable, saludable y sin violencia.

Obstáculos para la aplicación de la Agenda Hábitat adoptada en Estambul en 1996

El el inciso C) de la Declaración de las ciudades, «Reconocimiento de las lagunas y los obstáculos existentes», se reconocen los principales obstáculos que impiden el funcionamiento eficaz de los mercados inmobiliarios y de bienes y raíces para garantizar una «oferta adecuada de vivienda», cuando el mercado inmobiliario nunca ha podido ofrecer vivienda alguna para las familias desfavorecidas. Además, el mercado inmobiliario nunca ha funcionado tan bien y las ganancias nunca han sido tan elevadas como hoy en día.

En este mismo inciso C) de la declaración de las ciudades, en el parágrafo 25, se «lamenta que muchos países no hayan podido aprovechar suficientemente los sistemas de mercado para apoyar sus necesidades financieras en materia de vivienda y desarrollo de los asentamientos humanos», cuando es precisamente el mercado el que ha impedido a los países apoyar sus necesidades de vivienda, especialmente los mercados desregulados y coludidos con los gobiernos.

En el parágrafo 27 se considera al terrorismo internacional como origen de los graves obstáculos para la aplicación de la Agenda Hábitat. Compartimos esta opinión en los casos de Irak y Serbia donde los bombardeos -al igual que el terrorismo- han impedido efectivamente la aplicación de la Agenda Hábitat. Es el mismo caso con Palestina, dónde los bombardeos israelíes han impedido su aplicación.

Las sequías: Mauritania pone en evidencia las sequías como responsables del hábitat precario. Si es precario, eso significa más bien que la pobreza extrema ha impedido que la gente pueda acceder a una vivienda digna.

El genocidio en Ruanda fue responsable en 1994 del desmantelamiento del sector de la vivienda y de los asentamientos humanos en general. La política del gobierno a partir de 1996 fue reagrupar los asentamientos rurales; en las zonas urbanas, el objetivo es sólo asegurar que las construcciones se ubiquen en terrenos registrados y sanear los asentamientos precarios: es un objetivo muy poco ambicioso frente a la magnitud de los problemas que enfrentan las poblaciones.

La participación social

El término «participación» está cuidadosamente ausente en varias partes de la Declaración, en lugares donde es preciso hablar de ella, y se opone a la Agenda Habitat II donde se menciona la participación en varios incisos (sobre todo en el Plan de Acción Mundial).

Ejemplo:

Párrafo 3 de la Déclaración: «es fundamental que en todas las naciones se haga una planificación (PARTICIPATIVA) física integrada y se preste igual atención a las condiciones de vida en las zonas rurales y urbanas».

En el párrafo 60 de la Declaración: «Nos comprometemos a intensificar los esfuerzos para mejorar las prácticas de planificación y gestión (¿PARTICIPATIVA?) del desarrollo sostenible, y para fomentar pautas de producción y consumo sostenibles en los asentamientos humanos de todos los países, en particular los países industrializados».

Por esta razón la declaración constituye un retroceso frente a la Agenda Hábitat.

El método participativo se traduce en Mauritania en la colaboración entre el gobierno, las autoridades locales, las ONG y los financiadores: los habitantes no están considerados en este esquema «participativo».

La política del Hábitat

La política de Mauritania en el campo del hábitat se apoya sobre la autoconstrucción solidaria. Entonces, nada ha cambiado: hace miles de años que este modo de construcción existe en África sin la presencia del Estado.

Propuestas de los representantes de los gobiernos

La mayoría de las organizaciones de HIC se opone totalmente a la propuesta siguiente: fortalecimiento de la asistencia internacional a los países en desarrollo en sus esfuerzos para limitar la pobreza mediante la creación de un contexto apropiado, facilitando la integración de estos países en la economía mundial, un mejor acceso de estos países a los mercados, la promoción de los flujos financieros y la aplicación de las iniciativas en el campo de la disminución de la deuda.

Argumento: sabemos que la integración de los países en desarrollo a la globalización económica fue un desastre para los más pobres; cuando se habla de un mejor acceso de estos países a los mercados, sabemos que en realidad significa facilitar la importación de los productos de los países desarrollados; sabemos que las poblaciones pobres de los países en desarrollo no se benefician de los flujos financieros y más que disminuir la deuda se trata más bien de la supresión de la deuda que fue pagada ya mil veces por las poblaciones.

Invitar a los países desarrollados a ocupar 0.7% de su PNB para la ayuda pública al desarrollo es una medida loable; sin embargo, si no existe un mecanismo para obligar a estos países a pagar, esta propuesta queda como pura demagogia. Mientras tanto, se les sigue prestando a los países pobres, y se les presiona a seguir siendo dependientes.

La creación de un fondo mundial de solidaridad para la eliminación de la pobreza (inciso D. Parágrafo 36 de la Declaración de las ciudades) es una iniciativa interesante; sin embargo no se menciona con qué dinero se va poner en marcha: el impuesto Tobín sobre los mercados financieros, en nuestra opinión, sería una opción para alimentar este fondo.

En el inciso D, «Adopción de medidas ulteriores», de la Declaración de las ciudades, se incita a «fomentar el funcionamiento eficaz de los mercados y la administración de bienes raíces, erradicar las barreras legales y sociales que limitan el acceso igualitario y equitativo a los bienes raíces», cuando en realidad las barreras no son ni legales si sociales, sino más bien financieras y económicas.

No es suficiente la descentralización efectiva de las responsabilidades para que las autoridades locales, ONG y los demás actores jueguen un papel activo en la producción de vivienda y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, si no se acompaña de una «subsidiaridad activa» entre los diferentes actores.

En su intervención del 7 de junio, el Jefe de la Delegación de Bolivia enfatiza varios instrumentos legales relativos a la participación popular (Ley de participación popular). Sin embargo, menciona en proceso de elaboración la nueva Ley de vivienda, muy controvertida en Bolivia puesto que es una apertura al neoliberalismo que va a dificultar el acceso a la vivienda a miles de familias. Esta Ley de vivienda se ocupa de normar el mercado de la vivienda producido por entidades bancarias, empresas constructoras y entidades financieras. No menciona en su intervención el Jefe de la delegación de Bolivia la privatización del Fondo Nacional de Vivienda Social que excluye a todos los sin techo de Bolivia del derecho a la vivienda, ni se contemplan medidas en apoyo de la producción social de vivienda, única opción para millones de bolivianos.

El Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales de Chile presenta en su intervención una política de vivienda dirigida a favor de la privatización y del neoliberalismo: la forma de producción de la vivienda en Chile excluye toda forma de organización y de control de los beneficiarios sobre esta producción. El compromiso del gobierno de producir de esta forma 25,000 viviendas al año, si bien permite reducir el déficit habitacional, está produciendo ghettos urbanizados cuyas consecuencias nefastas se harán sentir a largo plazo.

La intervención del 8 de junio de la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador presenta una evaluación que ignora las acciones hechas por la sociedad civil de este país. Es una lástima que no se haya consultado a las organizaciones que trabajan en el sector de los asentamientos humanos. En su planteamiento parece que los desastres naturales en El Salvador impidieron diseñar una política de vivienda que tomara en cuenta la seguridad jurídica sobre le tenencia de la tierra de vocación urbana; la creación de una Ley de Prevención de desastres y de una Reforma Urbana. Estos últimos puntos siendo reclamados por la Plataforma sociolaboral de las organizaciones populares y sociales de El Salvador.

El Gobierno de Estados Unidos considera que es una lástima que la conferencia fuera politizada sobre un punto temático tal como la vivienda. Le contestamos que la vivienda no es un tema técnico como deja entender, sino más bien un tema altamente político puesto que involucra varios procesos sociales y económicos.

Agradecemos a las integrantes de la Coalición Internacional para el Hábitat, Sra. Ana Falú, vicepresidenta de HIC y a la Sra. Sheila Patel por sus valiosas intervenciones en los debates.

Fecha de referencia: 14-11-2001

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