Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainfx.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Anexos al Informe Nacional del Comité Hábitat Español




Anexo al capítulo 1




Dirección General para la Administración Local. Ministerio de Administraciones Públicas




Anexo al tema: acceso a los servicios básicos


Se ha continuado desarrollando anualmente de forma regular el Programa de Cooperación Económico Local del Estado, dirigido esencialmente a la cobertura de las infraestructuras básicas locales en los municipios de menos de 50.000 habitantes.

El desarrollo del Programa ha permitido eliminar las grandes bolsas territoriales con mayores déficit, que eran objeto del Programa de "Zonas de Acción Especial", que por ello se ha integrado en el programa general.



Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Proporcionar seguridad en la tenencia


Progresos realizados desde 1996, condiciones prevalecientes, nuevas cuestiones y problemas principales.

Cambios de política y legislativos desde Hábitat II

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones sobre actividades prioritarias

Proveer a la vivienda de un marco legal estable, innovador, amplio y flexible, acompañado de medidas coyunturales -económicas- más imaginativas y participativas, menos cuantitativas y más cualitativas y selectivas.

Instaurar como objetivo que la intervención pública en vivienda asuma el necesario compromiso de implicarse todas las administraciones: local, regional, estatal y también europea, para favorecer la integración y cohesión sociales mediante políticas más transversales y multisectoriales.



Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Promover el acceso a los servicios básicos


Por la legislación urbanística vigente está garantizado y es obligado el acceso a las redes de agua potable, saneamiento y otros servicios básicos.

Sólo existen problemas en aquellos asentamientos ilegales o en determinados colectivos muy desfavorecidos.



Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cambios legislativos y políticos

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones



Anexo al capítulo 2




Ministerio de trabajo y asuntos sociales


INDICADOR 10 : Familias pobres.

Hogares por debajo de la línea del 60% de la mediana del gasto medio equivalente según sexo del Sustentador Principal.

Año 1993. 4. trimestre Año 1998.4. trimestre
Total Hogar es debaj o LP60 Porce ntaje s horiz ontal es Total Hogar es debaj o LP60 Porc enta jes hori zoin tale s
Total de hogares 11.93 0.942 1.886 .662 15.8 12.31 5.478 1.898 .086 15.4
Hogares S.P. hombre 9.597 .17 1.513 .597 15.8 10.10 2.768 1.529 .696 15.1
Hogares S.P. mujer 2.333 .764 373.2 85 16.0 2.212 .710 366.3 90 16.6

Distribución del total de hogares y de los hogares por debajo de la línea del 60% de la mediana del gasto medio equivalente según sexo del Sustentador Principal

Año 1993. 4. trimestre Año 1998.4. trimestre
Tot al % Tot al< LP6 0 %LP 60 Tot al % Tot al< LP6 0 %LP 60
Total hogares 11. 930 .94 2 100 .0 1.8 86. 662 100 .0 12. 315 .47 8 100 .0 1.8 98. 086 100 .0
Hogares S.P. hombre 9.5 97. 178 60. 4 1.5 13. 597 80. 2 10. 102 .76 8 82. 0 1.5 29. 696 80. 6
Hogares S.P. mujer 2.3 33. 764 19. 6 373 .28 5 19. 6 2.2 12. 710 18. 0 366 .39 0 19. 4

Fuente: INE

Nota explicativa sobre la elaboración e interpretación de la tabla hogares pobres mantenidos por mujeres ECPF 1993 Y ECPF 1998

La tabla hogares pobres mantenidos por mujeres se ha elaborado a partir de la información que sobre las variables gasto de consumo final de los hogares proporcionan las encuestas continuas de presupuestos familiares.

Las líneas de pobreza se han construido considerando como punto de corte el 60% de la mediana del gasto medio equivalente por unidad de consumo.

En la obtención de las Unidades de consumo se ha utilizado la escala de la OCDE, esto es, dentro de cada hogar se ha ponderado por 1 al sustentador principal, por 0,7 a los adultos (miembros del hogar de 14 y más años) y por 0,5 a los niños (miembros del hogar de 13 años y menos).

El gasto de consumo final de los hogares incluye tanto las compras efectuadas bajo forma monetaria como el valor estimado de ciertos bienes y servicios (autoconsumo, autosuministro, remuneraciones en especie, y alquileres imputados a los propietarios de las viviendas o a los que las disfrutan de forma gratuita o semigratuita) consumidos por el hogar y que no son objeto de compra alguna. Se ha observado que la inclusión de la componente no monetaria, reduce el indicador desigualdad en aproximadamente 1.5 puntos cuando la línea se situaba en el 17,9.

Por otra parte, debido al rediseño de la encuesta continua de presupuestos familiares en el tercer trimestre del año 1997, no se dispone de datos homogéneos que permitan una comparación exacta del indicador desigualdad que proporcionan las EPF.

En el análisis de los datos es necesario tener en cuenta las diferencias metodológicas introducidas en la nueva encuesta (cabe destacar por su importancia el cambio en el criterio de valoración de los gastos de consumo, pasando del criterio de pago -para los bienes comprados a plazos se anotaban los plazos pagados en el trimestre- al criterio de adquisición -los bienes comprados a plazos se anotan en el momento de la adquisición registrándose como gasto su precio al contado- lo que podría provocar un aumento en la desigualdad; el cambio de criterio en la limitación de los períodos de referencia en los que se registran las compras de los distintos bienes y servicios, ligando los mismos no sólo a la frecuencia de la compra, como venía siendo habitual en las encuestas de presupuestos familiares, sino que también a la cuantía de la misma lo que puede provocar una disminución de la desigualdad).

Sin embargo, al no disponer de observaciones simultáneas de las dos encuestas, al no existir un algoritmo que permita el paso del registro a plazos (criterio de pago) al del precio al contado (criterio de la adquisición), y al no poder hacer equivalentes los periodos de referencia con que se registran los distintos bines y servicios, el INE no ha previsto realizar el enlace de las series para hacer los datos comparables, salvo para la presentación de la serie Avance del Gasto Total, en Alimentación Bebidas y Tabaco, y en Resto de Gasto.

Por último, citar que debido al diseño de las ECPF en forma de panel fijo rotante (1/8 de hogares se renuevan cada trimestre), con distintos grados de colaboración de los hogares en los distintos trimestres, las tablas que se adjuntan corresponden el cuarto trimestre de cada año (no obstante se observa una gran estabilidad del indicador en los distintos trimestres).

La construcción de las líneas de pobreza anuales, implicaría el disponer de un fichero microdato longitudinal con 4 observaciones para cada hogar, que aunque previsto para explotaciones futuras no se disponen en la actualidad.

Mínimo vital en ptas. mensules 1993 1998
Ptas./mensual Ptas./mesual
Una persona
Dos personas
Media por familia
35.260
36.261
52.857
40.400
46.129
45.630



Definición del R.M.I (1993-1998)


En base a la actual organización política del Estado español, hay actualmente 17 legislaciones autonómicas reguladoras de esta prestación y dos legislaciones propias de las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), todas ellas derivadas de sus competencias exclusivas en materia de "asistencia social".

De lo anterior se deduce la imposibilidad de dar una definición general y a nivel estatal de la Renta Mínima de Inserción (RMI), pero en cualquier caso, y generalizando, podemos decir que en todas las legislaciones se reconoce que la RMI es "una prestación económica, periódica y diferencial, destinada a cubrir las necesidades esenciales de los beneficiarios".




Asturias: un plan de erradicación del chabolismo (Información aportada por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Principado de Asturias)


A comienzos de la década de los 90 la administración de esta Comunidad Autónoma, consciente de la imposibilidad de erradicar los asentamientos chabolistas instalados en la periferia de las ciudades ubicadas de la zona central de Asturias, por los cauces ordinarios utilizados hasta ese momento: la promoción pública de viviendas, la promoción de viviendas de empresa y la construcción masiva de viviendas de protección oficial por los promotores privados, que habían conseguido absorber la demanda surgida al hilo de la industrialización y el gran éxodo rural que se había producido en los años 60 y 70, realiza un exhaustivo estudio de estos poblados de chabolas e infraviviendas, así como de sus moradores.

Mediante estos trabajos se pudo cuantificar el número de familias que ocupaban estos asentamientos, 314 en total, integradas por 1.486 personas, repartidas en 295 chabolas e infraviviendas, construidas en las inmediaciones de las instalaciones industriales, como ejemplos más significativos, podemos destacar 57 en Gijón, 98 en Avilés, 33 en Siero, 45 en Soto de Ribera y 40 en Oviedo. Pero sobre todo fue posible la constatación de una realidad mucho más compleja que la simple necesidad de facilitarles una vivienda.

Se trataba, en su inmensa mayoría, de chabolas e infraviviendas de unas dimensiones muy reducidas, carentes de instalaciones higiénico-sanitarias, con precarias instalaciones eléctricas, que habían sido levantadas en terrenos inadecuados, sin urbanizar y carentes de accesos normalizados y estaban ocupadas por minorías marginales, portugueses y de raza gitana principalmente, excluidas de la sociedad y físicamente ubicadas al margen de la ciudad, fuera de ella.

Necesidad de vivienda aparte, lo primero que parecía evidente era que estábamos ante una realidad que necesitaba de soluciones que debían ser aportadas desde muy diversos ámbitos de la Administración Autonómica y de otras Administraciones (Local y Estatal), era preciso trabajar a diario con estas personas hasta hacerles sentir las necesidades más básicas: la escolarización de los hijos, los hábitos higiénicos, la necesidad de una ocupación, la responsabilidad en la asunción de obligaciones, el hábito de pagar por lo que se obtiene, el respeto al entorno, la convivencia con los extraños al grupo familiar, la organización del espacio familiar, etc., todo ello constituyó la primera fase de la recuperación para la sociedad de estos colectivos, para que en una segunda etapa aceptaran los recursos que se estaba en condiciones de facilitarles.

A medida que los trabajadores sociales constataban en las familias, aunque fuera mínimamente, signos de integración, se les fue facilitando el acceso a una vivienda. En aquellos casos en que el aprendizaje fue más rápido se realizó la adjudicación en viviendas normalizadas en grupos promovidos por la administración, en concurrencia con otros solicitantes. En otros supuestos, con mayores dificultades de integración por su apego al clan familiar o a la zona de asentamiento, se vio la necesidad de promover viviendas con una tipología adaptada a sus necesidades y edificadas en las cercanías a la ubicación primitiva de sus chabolas.

Este último sistema, que no fue concebido como un modo de proporcionar un alojamiento definitivo, permite su utilización sucesiva por varias familias a las que les es asignada una vivienda normalizada una vez que se constata su preparación para utilizarla, dejando la que ocupaban para su uso por otra familia chabolista.

Si bien debe tenerse en cuenta que cinco años, que es el lapso de tiempo que se está analizando, no puede ser significativo en el proceso de inserción social de aquellos que viven en la marginalidad más extrema, en ese plazo se han promovido 118 viviendas específicas para erradicación del chabolismo, en las que fueron realojadas otras tantas familias, y un número cercano a las 100 familias fueron integrándose paulatinamente en viviendas recuperadas por la administración, en grupos ya habitados y en nuevas promociones del Principado de Asturias, consiguiéndose una mayor integración con estas últimas modalidades puesto que pasan a convivir con otras familias integradas socialmente.

Las 118 viviendas edificadas especialmente para esta finalidad se distribuyen de la siguiente manera por localidades:

La realidad de estos momentos nos muestra que en Gijón se ha conseguido erradicar completamente el chabolismo; en Ribera de Arriba fueron suprimidas las 45 chabolas existentes en Soto de Ribera al edificarse 42 viviendas específicas para el colectivo de portugueses instalado en Soto de Ribera; en el Concejo de Siero, con la construcción de un grupo de 36 viviendas destinado a la erradicación del chabolismo, se suprimieron inicialmente las existentes, si bien en estos momentos se ha levantado un nuevo asentamiento en sus inmediaciones; en Oviedo, donde el problema también había adquirido gran importancia, al margen de las ya reseñadas que serán demolidas en breve, siguen existiendo 5 módulos prefabricados que albergan a un total de 28 personas y otra familia extensa de 12 miembros que ocupa 4 chabolas en una zona de reciente urbanización, constituyendo los últimos reductos de chabolismo actualmente en esa localidad.

Como ejemplo menos satisfactorio en cuanto a los resultados, es obligado citar a Avilés donde si bien se han realizado grandes esfuerzos por erradicar los asentamientos existentes, todavía no se han conseguido grandes avances, debido a las especiales dificultades en la obtención del suelo adecuado para construir nuevas promociones específicas, así como en la formación de los ocupantes de las chabolas y de la población en general a la que cuesta especialmente asumir la integración de un número tan elevado de familias con unas características tan "especiales" como son las que estamos tratando.

De la experiencia de todos estos años de trabajo por la integración, llevado a cabo por todas las administraciones públicas en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, nos parece interesante resaltar los siguientes aprendizajes:



Gabinete del Conseller de Medio Ambiente Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Promover la igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable


En el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, a la hora de tramitar la aprobación de los instrumentos de planificación territorial, la legislación autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental, exige y determina la necesidad de redactar un Estudio de Impacto Ambiental, con el objeto de que se analicen de manera específica las repercusiones ambientales del planeamiento que se pretende llevar a cabo.

Es, pues, en todo punto coherente con una eficaz compatibilidad entre desarrollo y protección ambiental, que el momento adecuado para analizar y disponer los mecanismos de la misma, se efectúe a la hora de establecer los usos y atribuciones del soporte físico sobre las que se asientan, es decir, a la hora de redactar los Planes de Acción u Ordenación Territorial.

La Evaluación de Impacto Ambiental para la Generalitat Valenciana, es una exigencia de calidad en la planificación territorial, de forma y manera que se haga compatible y garantice un desarrollo armónico y sostenido de los municipios valencianos, basado tanto en la solidaridad interterritorial, como en el respeto y cuidadoso uso de sus recursos naturales.

Ámbito de aplicación de la Ley

El Anexo I del Decreto 162/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, dedica un apartado, el 8.g a especificar que tipos de instrumentos de Ordenación Territorial están sujetos al procedimiento administrativo de Evaluación de su Impacto Ambiental, estableciendo taxativamente los siguientes:

Asimismo, el apartado 4 del Anexo II del mismo Decreto, establece que se someterán a Estimación de Impacto Ambiental los tres casos siguientes:

  1. Instrumentos de ordenación urbanística que desarrollen planeamiento de rango superior cuando así lo exija éste expresamente.

  2. Salvo en suelo urbano, Planes Especiales Autónomos y sus modificaciones

  3. Planes Especiales de conservación de bellezas naturales, de protección del paisaje, de conservación y mejora del medio rural, de protección de huertas, cultivos y espacios forestales.
Por su parte la Disposición Adicional Quinta, de la Ley 4/1992, de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable establece:

"Las evaluaciones y los análisis de la incidencia o la repercusión en el medio físico de los usos, aprovechamientos y actividades correspondientes requeridos por esta Ley sólo será preciso elaborarlos y tramitarlos administrativamente en la forma dispuesta por la Ley de la Generalitat 2/1989, de 3 de marzo, en los supuestos en ella previstos y en los contemplados en los artículos 9 y 20 de la presente Ley".

El artículo noveno, bajo el epígrafe de "Obras, usos y aprovechamientos realizables, con carácter excepcional, en suelo no urbanizable de especial protección", dispone lo que sigue:

"En la categoría de suelo no urbanizable sujeto a una especial protección, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la legislación protectora del medio ambiente, no se podrán ubicar instalaciones ni construcciones u obras salvo aquellas que tenga previstas el planeamiento, expresa y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor conservación y para el disfrute público compatible con los específicos valores justificativos de su especial protección".

Así como el artículo veinte, establece el procedimiento extraordinario, por el que se articula la autorización de establecimiento en suelo no urbanizable de determinadas actividades terciarias e industriales de especial importancia, a las que se ha de dictar Declaración de Impacto Ambiental previamente al dictamen del Consell sobre su Declaración de Interés Comunitario. Determinando dicha tramitación para:

"Todas las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias e industriales o de servicios no contemplados en el artículo 7 y que precisen:

Es decir, la normativa valenciana exige la evaluación de los efectos ambientales, no sólo a los Planes Generales de Ordenación Urbana, sino también a sus modificaciones, revisiones y actuaciones, siempre y cuando éstas afecten a suelo no urbanizable.



Conselleria de Bienestar Social. Dirección General de la Mujer. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos humanos


La Dirección General de la Mujer de la Consellería de Bienestar Social, en colaboración con todos los Departamentos de la Generalitat Valenciana, elaboró un Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Este Plan de Actuación incorpora más de 30 modificaciones y propuestas de las 25 asociaciones de mujeres y organizaciones sindicales realizadas durante consulta pública que tuvo lugar el mes de diciembre de 1996. Este texto fue aprobado por el Pleno del gobierno valenciano en sesión celebrada el día 27 de mayo de 1997.

Dentro de este ámbito se crea la Comisión Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres por Decreto 210/1997, de 10 de julio, modificada mediante Decreto 223/1999, de 13 de diciembre de 1999, en la que están representados todos los Departamentos que componen la Generalitat Valenciana. Esta Comisión es la encargada de incorporar la dimensión de la igualdad de oportunidades en las políticas y acciones de todos los departamentos de la Generalitat Valenciana, sobre la base de la coordinación de actuaciones.

Fruto de la aprobación del Plan y del esfuerzo realizado para la puesta en marcha de las diferentes acciones por parte de cada Departamento y la coordinación de las mismas por parte de esta Dirección General desde 1997 hasta la actualidad, son todas las actuaciones que a continuación se describen.

Acciones implementadas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades 1997-2000: Dirección General de Servicios Sociales de la Consellería de Bienestar Social




Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cambios legislativos y políticos

Deficiencias

Recomendaciones



Anexo al capítulo 3




Navarra: desarrollo de agendas locales 21 (Información aportada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra)


Progresos

Cambios

Deficiencias

Experiencia

Recomendaciones



Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos


Aspectos negativos

Cambios legislativos y políticos

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones



Gabinete del Conseller de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Reducir la contaminación atmosférica




Gabinete del Conseller de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Prevenir las catástrofes y reconstruir los asentamientos


Uno de los aspectos de mayor relevancia a la hora de redactar el estudio de impacto ambiental de una planificación territorial, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, lo constituye el análisis de los posibles riesgos de carácter natural que puedan afectar al ámbito territorial de nuestro estudio.

Para realizar una correcta evaluación de los riesgos deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

La conjunción de estos parámetros posibilita una correcta evaluación de los riesgos naturales. Allí donde la peligrosidad lo indique, deben tomarse las medidas adecuadas, acordes con una escala en la cual se establece desde el máximo riesgo asumible al mínimo evitable, señalándose aquél que, de ocurrir, conllevaría daños catastróficos.



Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Prevenir las catástrofes y reconstruir los asentamientos


Por sus daños humanos y materiales, los riesgos más importantes que existen en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

La Norma Básica en materia de Protección Civil (RD 407/92, de 24 de abril) determina que el Estado tiene competencias exclusivas de actuación frente a determinados riesgos (nuclear, conflicto bélico, etc.) y en el establecimiento de las directrices básicas para actuar frente a los demás (por ejemplo, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Acuerdo de Consejo de Ministros publicado el 31/01/95)

1. Progresos realizados desde 1996, condiciones prevalecientes, nuevas cuestiones y problemas principales

La Ley estatal 2/85 de 21 de enero, de Protección Civil propugna, entre otras cosas, la intervención planificada frente al riesgo. Esto ha conducido a la redacción de planes de diversa índole o, en su defecto, a la elaboración de informes sobre procedimientos de actuación frente a las emergencias. Desde 1996 los más importantes son:

Además de lo anterior, y siguiendo las recomendaciones de la UE, se ha habilitado un teléfono nacional (112) para atender de forma centralizada las emergencias.

2. Cambios de política y legislativos desde Hábitat II

Los fundamentos políticos y legislativos de actuación frente al riesgo son anteriores a Hábitat II. Desde entonces, los cambios más importantes en la materia han sido los siguientes:

3. Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

En la gestión de las emergencias uno de los problemas fundamentales es la coordinación. Adicionalmente, el sistema de actuación planificada que se pretende instaurar no se agota en los planes por Comunidades Autónomas, sino que la eficacia de las intervenciones obliga en la mayoría de los casos a descender hasta planes de ámbito municipal. Hay gran cantidad de municipios en zonas de riesgo relevante y la gran mayoría de estos planes no se ha redactado aún. En determinados riesgos, como el de inundación, Protección Civil está elaborando una Guía de Desarrollo de los Planes Municipales que puede agilizar considerablemente su redacción.

4. Experiencia adquirida especialmente sobre la sostenibilidad y el impacto

El coste de eliminar el riesgo es extraordinario; por lo tanto, la sociedad debe decidir el nivel de riesgo que está dispuesta a tolerar, y a partir de lo anterior, aprender a convivir con el mismo. Esto significa otorgar un protagonismo creciente a las medidas no estructurales (gestión de emergencias, seguros, control de usos y actividades en el territorio, etc.) frente a las acciones infraestructurales (política de obras), que además de utilizarse esporádicamente pueden afectar seriamente a la sostenibilidad por el acusado impacto territorial que producen.

5. Recomendaciones sobre actividades prioritarias

Es imprescindible redactar los planes municipales en las localidades de mayor riesgo. Asimismo, debería finalizarse antes del 2002 el Mapa de Riesgo Sísmico que se esta elaborando para la provincia de Alicante. Con él, se estará en condiciones de redactar el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunidad Valenciana. Convendría también desarrollar Planes Especiales de la Comunidad Valenciana ante el Riesgo de Accidentes en Transporte por Tubería (oleoductos, gaseoductos, etc.).



Gabinete del Conseller de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Apoyar la preparación y aplicación de planes de mejora del medio ambiente local y el desarrollo de las Agendas 21 locales


La Consellería de Medio Ambiente está desarrollando en estos momentos las siguientes iniciativas:




Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Promover el equilibrio territorial del sistema de asentamientos


1. Progresos realizados desde 1996, condiciones prevalecientes, nuevas cuestiones y problemas principales

Exceptuando la provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana presenta unas pautas de utilización del territorio profundamente desequilibradas; esto es, un cordón litoral muy desarrollado, con núcleos urbanos de todos los tamaños si se exceptúa el vacío existente entre Castellón y Benicarló, que contrasta con un enorme traspaís urbanamente desconectado en el interior de las provincias de Valencia y Castellón.

A la vista de la problemática anterior, la Generalitat Valenciana esbozó una estrategia de ordenación territorial que con el título "un modelo territorial de futuro para el sistema rural valenciano" se presentó al VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo (Pamplona 1996). En dicha estrategia se consideraban sistema rural esos espacios del interior caracterizados por el envejecimiento de la población, la falta de expectativas económicas, el aislamiento con el exterior y el déficit de equipamientos y servicios fundamentales.

2. Cambios de política y legislativos desde Hábitat II

Las acciones políticas o legislativas del periodo no han tenido el impacto suficiente como para romper el círculo vicioso de despoblamiento generalizado del interior y presión creciente de la urbanización en la franja litoral.

3. Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

La problemática de ruralidad ha llegado a un punto de difícil retorno, ya que afecta a un 3,5% de la población valenciana asentada en un hábitat muy disperso; concretamente, en el 43% de la superficie de la Comunidad. En estas condiciones, apenas existen ciudades donde apoyarse para prestar los servicios básicos que necesitan; y por si fuera poco, las acciones necesarias son de tan diversa índole (empleo, infraestructuras, equipamientos, etc.) que exigen una gran coordinación entre los agentes territoriales encargados de financiarlas y ejecutarlas.

4. Experiencia adquirida desde la sostenibilidad y el impacto

El desarrollo rural debe ser coherente con el enfoque que plantea la Unión Europea; a saber:

5. Recomendaciones sobre actividades prioritarias

Como se ha comentado con anterioridad, las acciones que habría que poner en marcha son de tan diversa índole que convendría aunar voluntades en torno a un Plan de Acción Territorial de carácter integrado sobre el Sistema Rural Valenciano. Sus objetivos serían los siguientes:




Anexo capítulo 4




Conselleria de Bienestar Social. Dirección General de la Mujer. Generalitat Valenciana




Anexo al tema: Apoyar a la pequeña y mediana empresa, especialmente a las creadas por mujeres


La Dirección General de la Mujer de la Consellería de Bienestar Social, en colaboración con todos los Departamentos de la Generalitat Valenciana, elaboró un Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Este Plan de Actuación incorpora más de 30 modificaciones y propuestas de las 25 asociaciones de mujeres y organizaciones sindicales realizadas durante consulta pública que tuvo lugar el mes de diciembre de 1996. Este texto fue aprobado por el Pleno del gobierno valenciano en sesión celebrada el día 27 de mayo de 1997.

Dentro de este ámbito se crea la Comisión Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres por Decreto 210/1997, de 10 de julio, modificada mediante Decreto 223/1999, de 13 de diciembre de 1999, en la que están representados todos los Departamentos que componen la Generalitat Valenciana. Esta Comisión es la encargada de incorporar la dimensión de la igualdad de oportunidades en las políticas y acciones de todos los departamentos de la Generalitat Valenciana, sobre la base de la coordinación de actuaciones.

Fruto de la aprobación del Plan y del esfuerzo realizado para la puesta en marcha de las diferentes acciones por parte de cada Departamento y la coordinación de las mismas por parte de esta Dirección General desde 1997 hasta la actualidad, son todas las actuaciones que a continuación se describen.

Dirección General de la Mujer de la Consellería de Bienestar Social: acciones implementadas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades 1997-2000




Consellería de empleo, Consellería de Industria y Comercio: acciones implementadas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades 1997-2000


Dentro del marco de actuación del Plan para la Igualdad de Oportunidades, la Consellería de Empleo, y la Consellería de Industria y Comercio han realizado las siguientes acciones:




Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cambios legislativos y políticos

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia




Indicadores


Indicador 20: empleo informal

La Encuesta del Ministerio de Economía y Hacienda estimaba que el trabajo irregular afectaba al 21,9% de la población analizada[1]; elevándose al 30,9% en la agricultura, al 15,7% en la industria, al 18,7% en la construcción y al 22,7% en los servicios.

El estudio de la Universidad de Zaragoza estima que Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia presentan los índices de irregularidad más elevados frente a Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco con los índices más bajos.

Indicador 20.A. Dimensión Economía sumergida en España

Ministerio de Economía y Hacienda (1985) (Encuesta Condiciones Vida y Trabajo en España) 21,9% Población Ocupada
Comisión Unión Europea (1996) 20% Población Activa
Universidad Zaragoza (1998) (Desigualdades Territoriales de la Economía Sumergida) 18,1% Población Activa 15% PIB

Indicador 20.B. Dimensión del Tercer Sector o Sector no lucrativo (1995)

Empleo remunerado Sector no lucrativo/Empleo Economía 4,5%
Empleo remunerado equivalente Sector no lucrativo/Empleo Equivalente 4,1%
Empleo total equivalente Sector no lucrativo/Empleo equivalente Economía(remunerado + voluntario) 6,3%
Gasto Corriente Sector no lucrativo/ PIB 5,1%
Fuente: "El Sector no lucrativo en España", José I. Ruiz Olabuénaga. Economistas, n. 83. Enero 2000

Indicador 21: Producto urbano

Indicador 21.A. Producto nacional

PIB nacional* Empleo nacional PIB/Empleo nacional
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Agricultura y Pesca 2.163, 2 3.468, 0 1.197. 800 1.060. 600 1.805. 978 3.269 .847
Industria 14.422 ,8 18.253 ,4 2.539. 800 2.708. 000 5.678. 715 6.740 .547
Construcción 4.959, 5 6.047, 8 1.088. 500 1.307. 100 4.556. 270 4.626 .884
Servicios 35.943 ,2 51.441 ,9 7.011. 400 8.129. 300 5.126. 394 6.327 .962
Impuestos netos s/los productos 3.463, 9 7.757, 5 - - - -
Total 60.952 ,6 86.968 ,5 11.837 .600 13.204 .900 5.149. 067 6.586 .078
(*) Miles de millones de pesetas corrientes.
Fuente: Contabilidad Nacional de España y Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

Indicador 21.B. Producto urbano Comunidad Autónoma de Madrid

PIB urbano* Empleo urbano PIB urbano/Empleo
1993 1998 1993 1998 1993 1998
Agricultua y Pesca 17,6 17,8 13.500 19.000 1.303. 704 936.8 42
Industria 1.651, 9 2.212, 9 309.20 0 318.40 0 5.342. 497 6.950 .063
Construcción 807,4 1.060, 8 132.60 0 150.60 0 6.088. 989 7.043 .825
Servicios 6.534, 8 9.416, 1 1.127. 200 1.323. 000 5.797. 374 7.117 .234
Impuestos netos s/los productos 800,6 1.182, 7 - - - -
Total 9.812, 3 13.890 ,3 1.582. 500 1.811. 000 6.200. 506 7.669 .961
(*) Miles de millones de pesetas corrientes.
Fuente: Contabilidad Nacional de España y Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas Económicas de la Comunidad Autónoma de Madrid

Según las cifras publicadas por Eurostat sobre el PIB regional 1995-1997 sobre la base del nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), el PIB por habitante medio para 1995-1997 en España alcanzó los 12.051 ECUs situándose en un nivel medio en 1997, de 80, mientras que la Comunidad de Madrid alcanzó los 15.245 ECUs, en un nivel medio similar al de la Unión Europea (101), nivel alcanzado únicamente por Baleares y Cataluña.

En cuanto a la estructura de la producción no hay diferencias entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la presentada a nivel nacional. Se observa un predominio de los servicios en detrimento de la industria, siendo más elevada la producción obtenida por ocupado en Madrid que la media nacional, registrándose los valores más altos en los Servicios y la Construcción, mientras que para el conjunto nacional se alcanzaron en la Industria y en los Servicios.

Por último, el ritmo de crecimiento de la economía en 1998, en términos reales fue más elevado en la Comunidad de Madrid, alcanzando un 4,5% frente al 4,0% a nivel nacional (en 1996 y 1997 estas tasas fueron del 2,1% y del 3,7% en Madrid y del 2,3% y del 3,7% a nivel nacional).

Indicador 22: desempleo

Nivel urbano y nacional
Tasa de paro* 1993 1998
% de desempleo masculino 19,0 13,8 En el total de la mano de obra activa
% de desempleo femenino 29,2 26,6
% de desempleo masulino y femenino 22,7 18,8 En el total de la mano de obra activa
(*) Media anual. Se ha calculado según la definición y la metodología adoptada en la XIII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística

La actual fase expansiva del ciclo económico en España ha permitido reducir la tasa de paro desde el 22,7% en 1993 hasta el 18,8% en 1998 (en el cuarto trimestre de 1999 la tasa de paro ha bajado hasta el 15,4%).

En el año 1998, mientras la economía creció un 4,0% y el empleo un 3,4% generándose 440.000 nuevos empleos, el paro se redujo en 296.000 persona, un 8,8%.

Las principales características del desempleo en 1998 muestran una mayor incidencia del paro entre los jóvenes y entre las mujeres, de forma que la tasa de paro juvenil (35,5%) duplica a la tasa de paro de los adultos, (15,7%) y la femenina (26,6%) a la masculina (13,8%).

Asimismo, aproximadamente tres cuartas partes de los parados poseen un nivel educativo bajo y escasa o nula experiencia laboral. Paralelamente, la mitad de los parados llevan en esta situación mas de un año (1.628.133).

En cuanto al análisis por género, la tasa de actividad femenina se ha elevado de forma continuada desde 1993 contrariamente a la de los hombres, si bien en 1998 es casi la mitad que la del hombre (48,7% frente a 76,7%), así como la tasa de ocupación (35,7% frente a 66,0%), a la vez que presentan una tasa de temporalidad más elevada (33,9% frente al 31,6%) y un mayor nivel de ocupación a tiempo parcial (16,7% frente al 2,7%) así como una mayor incidencia del PLD (del 56,6% frente al 45,9% entre los hombres).

En este nivel, la mujer constituye objetivo prioritario de la política de empleo, de forma que el principio de la igualdad de oportunidades impregna todos los Planes Nacionales de Empleo que se elaboran anualmente desde 1998, dentro de la estrategia europea para el empleo.



I. Proyecto: Red Now "Apoyo a las iniciativas de mujeres rurales".


Promovido por el Instituto de la Mujer en el marco de la Iniciativa Comunitaria Empleo-Now, destinada a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo del empleo y la formación profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para el período de 1995-1997.

Ámbito territorial de actuación

Zonas clasificadas como Objetivo 1 en colaboración con los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla -La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

Se dirigió a las mujeres rurales demandantes de empleo, a las mujeres empleadas que deseaban ampliar o adaptar su itinerario profesional o aumentar su cualificación y a las que estaban desarrollando iniciativas profesionales autónomas, creando cooperativas o empresas, y a las agricultoras y gerentes de explotaciones agrarias que deseaban ampliar sus oportunidades profesionales.

Acciones del proyecto




Red GEA: iniciativas empresariales de mujeres en el medio rural. (1998-2000).


Promueve y fomenta una mayor participación de las mujeres del medio rural en el mercado de trabajo, a la vez que se favorecen los productos autóctonos de las zonas.

Participan los organismos de igualdad de oportunidades de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, así como de una federación de mujeres rurales de ámbito nacional (FEMUR).

Acciones del proyecto

Se han realizado dos módulos de formación de formadores/as específica, de 56 horas cada uno, dirigidos a cuarenta y tres profesionales.

Hasta el momento actual han recibido esta formación un numero aproximado de 800 mujeres rurales usuarias de este programa.

Asistencia técnica individualizada y grupal para las mujeres emprendedoras y empresarias. Se alcanzará una cifra aproximada de 1.170 mujeres beneficiarias.

Elaboración de una Base de Datos de personas expertas en el medio rural.



II. Programa "De Emprendedora a Empresaria". Esquema integrado de fomento y reforzamiento de las iniciativas empresariales femeninas


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer y en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, ha puesto en marcha el Programa ôDe Emprendedora a Empresariaö, una actuación que se inscribe en el marco de la Iniciativa Comunitaria de Empleo NOW, de la Unión Europea. El objetivo general de este Programa es el de erradicar los obstáculos que encuentra la mujer para acceder y consolidarse en el mercado laboral a través de las fórmulas del autoempleo y de la iniciativa empresarial.

Si, según los datos sobre empleo asalariado de los que dispone el Instituto de la Mujer, sólo el 38% de los contratos laborales en España son de mujeres, las estadísticas sobre autoempleo y creación de empresas son aún menos beneficiosas para ellas. De las personas que trabajan por su propia cuenta autoempleadas, la participación de los hombres 69,35% es muy superior al de las mujeres 30,65%. Y, cuando las cifras se refieren a empresarias y empresarios con trabajadores a su cuenta, las diferencias entre sexos se disparan ya que las mujeres sólo representan el 18,30%.
Factores de distinta índole influyen en esta situación tan desfavorable para las mujeres. Entre otros, la escasa sensibilidad del entorno social y familiar de la mujer para que trabaje fuera del ámbito doméstico; la insuficiencia de apoyos que le indiquen cómo rentabilizar su tiempo libre o cómo convertir sus habilidades en productos o servicios rentables económicamente; las reticencias de las instituciones financieras para conceder créditos a titulares femeninos de actividades empresariales o las trabas sociales, familiares y económicas para compatibilizar la vida privada y la pública.

A todo esto hay que añadir que la mujer, debido a la falta de tradición y cultura empresarial, presenta carencias específicas de formación técnica empresarial, que actúan como un freno adicional a la generalización de iniciativas de autoempleo y creación de empresas.

Objetivos

El Programa "De Emprendedora a Empresaria" ha sido diseñado para incidir de forma especial en:

Contenidos

Una de las características más destacadas del Programa "De Emprendedora a Empresaria" es su configuración como un esquema integrado de actuaciones de diferente índole que persiguen un objetivo general común: el fomento y el reforzamiento de las iniciativas empresariales de la mujer.

En el Programa De Emprendedora a Empresaria se han integrado actuaciones insertas en los siguientes ámbitos:

Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender

Esta estrategia de sensibilización se desarrolla en dos planos claramente diferenciados:

La red experimental del "Servicio NOW" en España, empezó a funcionar en 1998, tenía su coordinación en la sede del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y 15 centros de atención distribuidos en otras Cámaras de Comercio de todo el territorio nacional

Algunas de las actividades llevadas a cabo por los "Servicios NOW" son:


Desarrollo y aplicación de métodos de apoyo a la creación y consolidación de empresas. El Autodiagnóstico y la Gestión Dirigida

La gestión dirigida es de carácter individual y se inicia a partir de las demandas específicas que plantean las emprendedoras de un proyecto. Las acciones que se desarrollan en este apartado requieren una alto grado de especialización, ya que se adaptan a las condiciones generales y específicas de cada caso.


Línea de formación empresarial

Esta línea de formación se dirige a mujeres con carencias formativas en el ámbito de la gestión empresarial y pueden beneficiarse de ella tanto las empresarias como las emprendedoras con un proyecto viable.

Expectativas

El Instituto de la Mujer mediante la puesta en marcha del Programa "De Emprendedora a Empresaria" pretende conseguir las siguientes mejoras:


NOTA:

Para el año 2.000 el Instituto de la Mujer mantiene la colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las Cámaras de Comercio para el desarrollo del "Programa de Apoyo al Empresariado de Mujeres" .

La metodología empleada en este programa es de similares características que el programa anteriormente descrito, ofreciendo servicios de información, asesoramiento y orientación profesional a todas aquellas emprendedoras y empresarias



Anexo al capítulo 5




Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cambios legislativos y de política

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones




Anexo al capítulo 6




Ministerio de Asuntos Exteriores. Relación de los principales proyectos de cooperación española en el ámbito de los asentamientos humanos de 1996 a 1999




1. Desarrollo municipal, gobernabilidad


1.1 Acuerdo de constitución de un Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad en América Central con el objetivo de contribuir a la consolidación de la Democracia en Centroamérica, de apoyar a los Gobiernos de la región en sus programas de modernización de los sistemas educativos, de financiar proyectos de desarrollo sostenible, algunos de los cuales se relacionan a continuación:

Costa Rica:


1.2 Apoyo para la elaboración de censos, procesos electorales, estadísticas (Mauritania, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, Albania, Bosnia-Herzegovina) y a los procesos de reforma (Bulgaria), de democratización (R.F. Yugoslavia).

1.3 Asistencia técnica a Institutos de Meteorología, Correos y Telégrafos, Banca Pública, Turismo, Ministerio de Hacienda, Consejo General del Poder Judicial (Angola, Eslovenia, República Checa).

1.4 Programas de fortalecimiento y modernización de los servicios públicos municipales básicos tales como agua potable, recogida y tratamiento de residuos sólidos, etc.; de los Ayuntamientos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).

1.5 Proyectos de reforma y modernización de la Administración Pública, del sistema penitenciario, de los archivos, museos nacionales (Angola, Polonia, Bulgaria, Rumania, Filipinas, República Dominicana).

1.6 Programas de Desarrollo Municipal para Centroamérica (DEMUCA) fase III con el objetivo fundamental de apoyar el fortalecimiento de los gobiernos locales, o para mejor así su gestión en el abastecimiento y saneamiento del agua, recolección y disposición final de residuos sólidos, etc. (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá).

1.7 Plan estratégico para definir el modelo urbano, diagnosticar los problemas y las oportunidades urbanas en su actual contexto (República Dominicana).

1.8 Programas de formación y capacitación de jueces y magistrados iberoamericanos en órganos la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

2. Escuelas-taller y construcción de viviendas

2.1 Creación de Escuelas-taller para la construcción de viviendas sociales (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).

2.2 Subvención de 235.269.462 pesetas de la AECI para la construcción en Malpaisillo, Nicaragua, de un Asentamiento humano "Nuevo León de España" equipado con una escuela, mercado, casa comunal, servicios sanitarios, aguas residuales, terrenos agrícolas, 300 viviendas, etc., favorable a la estabilidad familiar y a la sostenibilidad medioambiental.

2.3 Construcción de un centro urbano con 1.500 viviendas sociales (300 financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y 1.200 por la Cruz Roja Española); 200 viviendas están destinadas a disminuidos físicos, Honduras, Valle de Amarateca, denominado "Ciudad España".

2.4 Construcción de 1.200 viviendas sociales (Honduras).

2.5 Construcción de infraestructuras escolares destinadas a la educación primaria y la segunda a la educación preescolar en la urbanización "Nueva Vida", Managua, Nicaragua. Véase Apéndice 1.

3. Ayudas tras el paso del huracán Mitch

3.1 Proyectos para la realización de trabajos y actividades de cooperación técnica, en materia de medio ambiente e infraestructuras, con los países de Centroamérica afectados por el huracán Mitch:


3.2 Proyecto de asistencia técnica a Centroamérica (Honduras, Guatemala y Nicaragua) para la realización de trabajos relacionados con el estudio y la prevención de desastres naturales.

4. Microcréditos

4.1 Programas para facilitar la inserción de agricultores desplazados (Bolivia).

4.2 Programa que conlleva un crédito de 2.000 millones de pesetas para la constitución de un Fondo de Microcrédito para financiar la microempresa en la vivienda y la construcción (Perú).     

5. Agua y saneamiento

5.1 Mejora integral de la calidad del agua para usos urbanos y agrícolas (Argentina).

5.2 Diagnóstico de la calidad del agua subterránea (Argentina).

5.3 Programa para mejorar la calidad de los servicios de salud y la seguridad alimentaria (Colombia).

5.4 Construcción y dotación de un Centro de interpretación ambiental (Colombia).

5.5 Proyecto de equipamiento y mejora de las infraestructuras en zonas rurales (Ecuador).

5.6 Asistencia técnica para desarrollar nuevos sistemas de gestión de la Empresa Pública de Servicios de Agua Potable y alcantarillado (Perú).

5.7 Proyecto para la construcción de infraestructuras urbanas, calles, canchas deportivas, saneamiento de talleres educativos, etc. (Venezuela).

5.8 Proyecto para facilitar una gestión eficaz del servicio de aguas (El Salvador).

6. Energía y medio ambiente

6.1 Programas para la instalación de paneles de energía solar (Bolivia).

6.2 Proyectos para proporcionar energía eléctrica a pequeños poblados rurales (Chile).

6.3 Potencialidad de la cogeneración de energía en el sector hospitalario (Argentina).

7. Proyectos subvencionados, entre otras, en el año 1999, a     las siguientes ONGs


8. Congresos, cursos, seminarios




Dirección General para la Administración Local. Ministerio de Administraciones Públicas




Anexo al tema: Fortalecimiento de la cooperación y la asociación


Ha supuesto un importante avance de este periodo la firma y ratificación del Tratado Bilateral entre España y Francia, sobre Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, que entró en vigor el 24 de febrero de 1997.

También se ha agilizado la cooperación transfronteriza con el Real Decreto 1317/97, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la Administración del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y Entidades Locales con Entidades Territoriales extranjeras.

La difusión de la Carta Europea de la Autonomía Local en estos últimos años ha estimulado y simplificado la cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales españolas.

En general, la actividad de cooperación internacional de las Entidades Locales españolas, especialmente la dirigida a la cooperación para el desarrollo, se ha potenciado notablemente en estos últimos años y ha encontrado, por fin, un marco normativo en la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Sin embargo, aún hay importantes pasos a realizar, tales como la necesidad de un Convenio Bilateral de cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales con la República Portuguesa (ya se han iniciado las gestiones) y la de suscribir y ratificar los Protocolos adicionales n. 1 y 2 del Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades y autoridades territoriales, hecho en Madrid en 1980 (denominado Convenio de Madrid), para facilitar la cooperación transfronteriza, incluso más allá de las zonas estrictamente fronterizas.



Confederación de Asociaciones de Vecinos de España




Anexo al tema: Fortalecimiento de la cooperación y la asociación


Las ciudades que aspiran a garantizar la calidad de vida de sus habitantes en los parámetros que las asociaciones de vecinos proponemos deben ser solidarias. En primer lugar, porque representa un importante gasto social que debe ser cubierto con impuestos; en segundo lugar, exige así mismo intervenir en procesos de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social y, en tercer lugar, porque la calidad de vida no se da, se conquista y por tanto exige una participación activa de la ciudadanía. Así mismo, el futuro de nuestras ciudades pasa por que sean solidarias con los habitantes de otras ciudades del Tercer Mundo, que tienen dificultades debido a causas sociopolíticas y económicas que les impiden progresar.

Recomendaciones sobre actividades prioritarias




Carlos Hernández Pezzi. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos


Aspectos positivos

Aspectos negativos

Cambios legislativos y de política

Deficiencias institucionales y obstáculos encontrados

Recomendaciones

Índice.

Comité Hábitat Español

Fecha de referencia: 03-12-2001


1: Población que presenta anomalías respecto a la Seguridad Social, en el sentido de no estar en alta o estarlo en un régimen que no corresponde.

Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainfx.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
 
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