Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainf2.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Capítulo 2: Desarrollo social y erradicación de la pobreza




2.1 Promover la igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable

(Compromiso Hábitat : 42) (Buena Práctica seleccionada:Proyecto Urban San Luis-Alameda de Hércules Sevilla [2000])



I. Progresos realizados desde 1996, cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


La pobreza y la marginación han evolucionado a lo largo del tiempo, presentándose hoy como un fenómeno complejo y multidimensional, que engloba no sólo carencias económicas, sino también las dificultades de algunas personas para incorporarse al mercado de trabajo y la incapacidad para acceder a otros bienes básicos como la educación, la vivienda, la salud o la cultura.

Esta acumulación de carencias y situaciones problemáticas, tanto a nivel individual como territorial, es algo relativamente independiente de la macrocifras de progreso económico y un fenómeno cada vez más visible en nuestras sociedades.

Frente a esta situación, la intervención pública ha venido desarrollando toda una compleja trama de sistemas públicos de protección social como educación, sanidad, pensiones, etc. Sin embargo, el primer y más especifico nivel de actuación contra la exclusión social es el Sistema Público de Servicios Sociales.

En el tema 2.2 se analizará en más profundidad la estructura y prestaciones de los Servicios Sociales; aquí reflejaremos sin embargo los programas integrales contra la exclusión social que tratan de aunar desarrollo económico y social, protección del medio ambiente y patrimonio cultural.

El Programa de Exclusión Social de la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene como objetivo la integración social de la población desfavorecida mediante acciones de carácter integral en zonas urbanas vulnerables y territorios con especiales dificultades de inserción de forma que comporten actividades simultaneas de intervención social en áreas de educación, sanidad, vivienda, etc.

Son actuaciones basadas en la coordinación interinstitucional y entre instituciones públicas y privadas así como en la participación de la población afectada.

Esta iniciativa, de carácter innovador, ha supuesto entre 1994 y 1999 un desembolso por parte de las Administraciones públicas superior a los 3.000 millones de pesetas.

Los objetivos operativos de estas actuaciones son:

Líneas de acción:




II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.


La seguridad debe asentarse sobre la convivencia tolerante, sobre el tejido social solidario que dé cabida a la prevención y a la reinserción, sobre el respeto a la leyes y sobre la defensa de los ciudadanos contra el despotismo y la arbitrariedad del más fuerte.




2.2 Promover la integración social y el apoyo a grupos desfavorecidos

(compromiso habitat : 117 y 96b) (Buena Práctica seleccionada: Actuación en drogodependencias Cartagena [2000])

El crecimiento económico de las ciudades va acompañado en la actualidad de un aumento de la exclusión social, al quedar una parte importante de la población fuera del sistema económico. La exclusión se da no sólo en determinados grupos sociales (pobreza, grupos étnicos, edad, mujeres con cargas, etc.) sino que se hace especialmente visible en muchos barrios. Unos y otros son las partes perdedoras de la ciudad. El número de hogares españoles por debajo de la línea de pobreza (50% de los ingresos medios) se ha mantenido en los últimos 20 años en torno al 20%, con grandes diferencias entre regiones. Los hogares con estas características a cargo de una mujer superan a los sustentados por varones.

Como demuestra el estudio La desigualdad Urbana en España recientemente publicado por el Ministerio de Fomento, existen amplias zonas -374 barrios, 3 millones de habitantes- que presentan aspectos de vulnerabilidad; barrios con falta de oportunidades, accesibilidad y habitabilidad degradada, que recogen población en situación precaria de empleo, con formación inadecuada, en un medio social desmotivador.

Estas situaciones dificultan la instrumentación y efectividad de las políticas, especialmente las sectoriales, y pueden facilitar la extensión de problemas agudos si se mantienen las procesos desequilibradores. Algunos barrios en los que se acumulan estos procesos se convierten en enclaves desconectados socialmente de la ciudad. Paralelamente se mantiene en muchos barrios una alta cohesión social, a pesar de su degradación ambiental y declive económico, manteniéndose mecanismos de integración social que, a veces, tienen escasa expresión organizativa. La segregación espacial produce áreas dominadas por determinados grupos sociales en las que se reproducen una serie de problemas sociales de difícil solución sectorial.

La base de gran parte de la pobreza y marginalidad en las ciudades españolas se encuentra en la dificultad de acceso al trabajo. El empleo es en la actualidad uno de los bienes más escasos y es, al mismo tiempo, uno de los pocos mecanismos existentes de integración y vinculación social. La tasa de paro es muy desigual por regiones, e incluso las cifras globales por regiones o ciudades esconden la realidad de grandes diferencias entre los distintos barrios de una misma aglomeración llegando en algunas barriadas concretas a cifras de paro cercanas al 50% de la población. El desempleo se concentra en aquellos trabajadores de industrias tradicionales que han sufrido un fuerte proceso de reestructuración, y especialmente en el colectivo de mujeres y de jóvenes que no logran incorporarse al mercado de trabajo.

A estos problemas se añaden los derivados de los cambios sociodemográficos: el envejecimiento progresivo, el descenso de la fecundidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la desestructuración de la familia tradicional, el incremento de la movilidad poblacional desde los países del tercer mundo, etc., son algunas de las presiones añadidas a una estructura urbana poco cohesionada.

El envejecimiento progresivo de la población, debido al incremento de la esperanza de vida, ha aumentado en muchas ciudades españolas que ya tienen una población mayor de 65 años superior al 15%, y con tendencia a aumentar considerablemente.

A medida que crece la esperanza de vida, aumenta la proporción de personas solas -más mujeres que hombres- requiriendo todo tipo de servicios sociales, sanitarios, personales, de relación, etc., lo que influye en un crecimiento del sector servicios.



I. Progresos realizados desde 1996, cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


En España, la Política de Protección Social tiene una carácter social y económico y se estructura en base a diversas áreas, tales como Empleo y Protección al Desempleo, Pensiones, Seguridad Social, Salud, Educación, Vivienda, Servicios Sociales, cada una de ellas entendida como un sistema específico, aunque interrelacionadas entre sí y, a su vez, toda la Política Social con las otras políticas estatales, en especial con la Económica.

Por tanto, es la Política Social el marco en el que se encuadra el Sistema Público de Servicios Sociales, sistema de protección social basado en un conjunto de prestaciones y servicios dirigidos a toda la población y en especial, a los grupos que presentan necesidades específicas.

La estructura de Estado que refleja la Constitución Española, implica que las políticas sociales sólo se puedan abordar con una metodología de concertación y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas.     

El proceso de implantación del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria ha sido el resultado de múltiples factores, entre los que conviene destacar:

Regulados y planificados desde las Comunidades Autónomas, los servicios sociales de atención primaria tienen como objetivo la prevención y erradicación de la pobreza y la exclusión social, así como promover una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Su gestión corresponde a las Corporaciones Locales.

Por su parte, la Administración General del Estado coopera con las otras Administraciones a dichos fines.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales es un programa iniciado en el año 1988, a iniciativa de la Administración General del Estado, y que cuenta con la participación técnica y financiera de las otras Administraciones Públicas (Autonómica y Local) y que supone la homogeneización en el ámbito de todo el Estado Español de la garantía de acceso de los ciudadanos a cuatro prestaciones básicas de Servicios Sociales: Información y Orientación, Apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, Alojamiento Alternativo y Actuaciones Específicas de Prevención e Inserción social, así como otras actuaciones para el fomento de la solidaridad y la cooperación social. Estas prestaciones constituyen el instrumento adecuado para evitar deterioros, riesgos o marginación en individuos, grupos o colectivos normalizados o en situación de riesgo social.

La Red básica de Atención Primaria la constituyen una serie de equipamientos que son los Centros de Servicios Sociales, y sus equipamientos complementarios (minirresidencias, pisos tutelados, centros sociales de estancia diurna, comedores sociales y oficinas de información), Centros de Acogida y Albergues.Solo en 1999, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destino 12.700 millones de pesetas al desarrollo del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales.

Podemos hablar, además, de otros Programas Específicos: Los Servicios Sociales Especializados orientados a grupos de población con necesidades particulares. Los Servicios Sociales especializados dan respuesta a situaciones de especial complejidad por lo cual las prestaciones que ofrecen exigen una mayor concentración y cualificación de recursos materiales y humanos en sus intervenciones.

Algunos de estos programas puestos en marcha por la Administración General del Estado son:

Otro aspecto fundamental por lo que se refiere a la protección de las capas más desprotegidas, es la instauración en España de las Rentas Mínimas, que contemplan aquellas situaciones de grave carencia económica no cubiertas por otros sistemas de ingresos.

Las Rentas Mínimas de Inserción o Integración (salario social) nacen en España en el contexto del Plan Integral de lucha contra la pobreza aprobado por el Gobierno Vasco en 1989. Así desde esta fecha y hasta el día de hoy, todas las Comunidades Autónomas han promulgado leyes que desarrollan los denominados Salarios Sociales.

Las Rentas Mínimas constituyen la última red de seguridad para que ningún ciudadano viva sin un mínimo de recursos económicos y su aparición ha supuesto un fuerte impulso de la capacidad protectora de los servicios sociales y de la preocupación e interés por la erradicación de la exclusión social y la pobreza.

El gasto ejecutado por las Comunidades Autónomas durante 1998 en programas de salario social fue de 31.000 millones de pesetas.

Por último, comentar que uno de los cambios más significativos de los últimos años, en el ámbito de los servicios sociales, ha sido el creciente interés y participación de la iniciativa social, incrementándose la percepción de la pobreza y exclusión, entre otras razones por la percepción de aumento en el riesgo de ser afectado por estos fenómenos.

La mayor percepción de la pobreza ha ido ligada al interés por participar activamente en la lucha contra la exclusión, asumiendo así la sociedad una parte de la responsabilidad en la superación de la desigualdad social.

La política de subvenciones de las tres administraciones del Estado ha impulsado también este proceso. Así, anualmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apoya a O.N.G.s con la ejecución de programas finalistas y de acuerdo a ciertas prioridades que tratan de complementar las convocatorias propias de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Entre 1994 y 1999 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinó 2600 millones de pesetas a programas contra la exclusión social desarrollados por ONGs.



II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.



Las principales recomendaciones en este apartado son:



2.3 Promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos humanos.

(Compromiso Hábitat: 46) (Buena Práctica seleccionada: Perspectiva de género en el Plan de Transporte Comarcal Pamplona [2000])

El Instituto de la Mujer tiene una base de datos denominada Mujeres en Cifras, (a continuación se ofrecen algunos resultados representados gráficamente) que incluye indicadores referidos a la situación de las mujeres en diversos campos, en relación a la de los varones. Estos campos son los siguientes: Demografía, Familia, Educación, Empleo, Salud, Política, Violencia y Marginación. Con la información recogida se ponen en evidencia muy claramente las necesidades de las mujeres en las distintas áreas, especialmente en la relativa a la marginación, que incluye datos sobre inmigración y población reclusa.

Además de alimentar esta base, en la que, de manera sistemática, todos los datos en ella incluidos están desglosados por sexo, desde el Instituto de la Mujer se mantienen reuniones con el Instituto Nacional de Estadística para que los datos de sus Encuestas sean desglosados por sexos, al tratarlos informáticamente.

Por lo que se refiere a la difusión, cabe decir que los datos de la citada base se publican periódicamente (cada 2 ó 4 años). Además, desde este año 2000, los datos de la base pueden ser consultados a través de Internet, accediendo a la página web del propio Instituto de la Mujer.

Índice.
Anexo al capítulo 2.
Capítulo 3.

Comité Hábitat Español

Fecha de referencia: 03-12-2001

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