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Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainf1.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Capítulo 1: Vivienda




1.1 Proporcionar seguridad en la tenencia

(Compromiso Hábitat 40 B) (Buena Práctica seleccionada: Programa de acceso a la vivienda en alquiler para población chabolista inmigrante. Madrid [2000])



I. Progresos realizados desde 1996, cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


En Estambul, en 1996, se adquirió el compromiso de garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a la vivienda. En España este derecho está reconocido constitucionalmente (art. 47 Constitución Española [C.E.]).

El compromiso 40 b de Hábitat II añadía que en el ejercicio del derecho a la vivienda debían estar incluidos las mujeres y personas que viven en la pobreza. En España, el acceso a los bienes, en general, incluida la tenencia de una vivienda, a la herencia y al crédito hace tiempo que está garantizado desde el punto de vista legal, tanto por la C.E. como por el Código Civil.
El Estado, en cumplimiento del mandato a los poderes públicos, establecido en el art. 47 de la Constitución, dicta normas, (la última el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio), para crear las condiciones en las que todos los españoles, cualquiera que sea su situación socioeconómica, puedan hacer efectivo el derecho a la vivienda, y para ello asigna recursos y define actuaciones protegibles. De conformidad con las normas estatales y en un clima de colaboración entre administraciones, se establecen convenios entre el Ministerio del Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, donde se definen los compromisos asumidos por cada una de las partes y se definen objetivos par cada ámbito territorial. El reconocimiento de la financiación cualificada a los demandantes de actuaciones protegibles y la localización de las mismas en el ámbito territorial es competencia exclusiva de cada Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a los cambios de política de vivienda y legislativos desde Hábitat II (1996) se han redactado y aprobado dos planes estatales: 1996-1999 y 1998-2001.

La normativa del Estado incluye diversidad de actuaciones protegibles, diversidad de precios, fomenta la diversificación del régimen de tenencia y la promoción de viviendas en alquiler y procura estimular la rehabilitación de áreas, edificios y viviendas. En definitiva, crea las condiciones adecuadas para que quienes cumplan las normas establecidas en los Planes de Vivienda puedan acceder a la financiación cualificada.

En los últimos planes de vivienda y suelo aprobados desde 1996 por el Gobierno de la nación, existe una política tendente a fomentar el alquiler de viviendas de protección oficial. Estas medidas se concretan en una serie de beneficios económicos, como son la concesión de préstamos cualificados, la subsidiación de los préstamos y subvenciones a las viviendas protegidas calificadas para alquiler, es decir, subvenciones destinadas exclusivamente a promotores de este tipo de viviendas.

En la actualidad, el tratamiento fiscal de la vivienda también se basa en una variada imposición y en incentivos fiscales en el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF) destinados a favorecer el acceso a la vivienda.

El Plan de Vivienda y Suelo 1998-2001 es el actualmente vigente, que se propone destinar más de 400.000 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado para subvenciones y ayudas a préstamos a particulares destinados a vivienda, generando 2,7 billones de pesetas de préstamos hipotecarios a un tipo de interés que para 1998 fue de 4,75%. Con este Plan se pretende llevar a cabo 505.000 actuaciones, destacando 284.000 viviendas protegidas de nueva construcción, ayudas para rehabilitar 78.000 viviendas y facilitar suelo para otras 90.000.

Este Plan ha supuesto una serie de mejoras, que se pueden resumir en una cierta simplificación normativa, la ampliación de las ayudas estatales en consideración a los cambios producidos en la propia sociedad (estructura y tamaño de las familias, envejecimiento, precariedad en el empleo, etc.), ciertas mejoras en las ayudas a la rehabilitación y la figura de la cofinanciación de las viviendas de promoción pública, que en el caso de viviendas en alquiler supone un 30% de coste de la promoción. Se protegen, asimismo, las segundas o posteriores transmisiones, incluidas las destinadas a arrendamiento, lo que supone una novedad.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, tiene como objeto específico regular los aspectos esenciales del proceso de la edificación, a fin de asegurar la calidad y la protección de los intereses de los usuarios delimitando las correspondientes responsabilidades de los agentes intervinientes en el proceso, mediante seguros que resarzan de los posibles daños a los usuarios de las viviendas.



II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.


El régimen de tenencia dominante hoy en España es la propiedad, que alcanza cifras superiores al 78,34% del parque.

El porcentaje de vivienda en alquiler sigue siendo muy bajo y los precios no siempre son accesibles a las personas cuyos ingresos no hacen fácil el acceso a la vivienda. Sería necesario que hubiera un aumento del mercado de la vivienda social en alquiler y así se pretende con las medidas de fomento de construcción de viviendas protegidas en arrendamiento. También la vivienda desocupada experimentó un moderado crecimiento en el último censo respecto al anterior, el 3,2%, en tanto que el aumento de la vivienda principal fue del 11,12%. El mayor crecimiento fue el de la vivienda secundaria, con un incremento en el último Censo del 52%.

Pero el problema de la vivienda en España no es la inexistencia de viviendas sino el precio de la vivienda respecto a los ingresos de ciertos sectores.

En España es importante tener en cuenta el comportamiento demográfico, el intenso proceso de urbanización, las fuertes migraciones interiores y la transformación de la composición de la familia, uno de cuyos aspectos más significativos es la reducción del número de miembros. Aunque el tamaño del parque de viviendas es elevado, existen necesidades sin satisfacer, provenientes de grupos de población con bajas rentas, como son los jóvenes que llegan a la edad de emancipación, las familias monoparentales, los inmigrantes interiores y transfronterizos, y otros grupos marginales sin vivienda.

Es importante también en España la antigüedad de los edificios residenciales, pero sobre todo el hecho de que los edificios más antiguos corresponden a viviendas en alquiler. El 29% de las viviendas en alquiler fueron construidas antes de 1940, mientras que el total de viviendas anteriores a 1940 es el 19,6%.

Es decir que lo que falla es la capacidad económica de la población para satisfacer su necesidad de vivienda a través del sistema de mercado y de ahí la importancia de la intervención pública en materia de vivienda, cuya amplitud está condicionada por la disponibilidad de los servicios públicos y de la capacidad presupuestária.

Si bien los progresos realizados mediante la promulgación de la Ley de Ordenación de la Edificación o de otras actuaciones llevadas a cabo por los ejecutivos nacionales y autonómicos no han incidido de forma categórica en el compromiso que la construcción sostenible tiene con el medio ambiente, mediante el uso de energías y materiales renovables, desde el Área de Normativa de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo se lleva tiempo trabajando en estos temas; así, se ha desarrollado un programa informático para la calificación energética de las viviendas, y se está preparando una guía de la edificación sostenible que proporcionará criterios de diseño y construcción sostenible y facilitará unas fichas de materiales valorados con criterios de sostenibilidad. Así mismo, desde este mismo organismo se viene participando activamente en la iniciativa internacional Green Building Challenge, promovida por el gobierno de Canadá y en que se integra un equipo español quien colabora en el desarrollo y aplicación de una herramienta GBTOOL, para medir el grado de sostenibilidad de las edificaciones de acuerdo con determinados parámetros debidamente consensuados.

Se deben, por ejemplo, acentuar el incremento de la rehabilitación, puesto que es evidente que la vivienda sostenible es sobre todo la ya existente, pues no consume nuevos materiales ni recursos energéticos escasos.

Es importante, asimismo, tomar una serie de decisiones tendentes a evitar el deterioro de áreas urbanas, fomentando la transformación de edificios no residenciales y evitando la aparición de barrios míseros y chabolismo, garantizando y agilizando la construcción de viviendas protegidas, fundamentalmente en régimen de alquiler. El fomento del alquiler se consigue, además, con concesiones de beneficios fiscales a propietarios y/o arrendadores de viviendas y ofreciendo ayudas directas a los promotores de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento y subsidios a arrendatarios.



1.2 Promover el derecho a una vivienda digna (Compromiso Hábitat 61 C)

(Buena Práctica seleccionada: La remodelación de Barrios de Madrid [1996])



I.Progresos realizados desde 1996, cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


En España, la Constitución Española, en su art. 47 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, estableciendo las normas pertinentes. Las Comunidades y Ciudades Autónomas (CC.AA.) y el Ministerio de Fomento, a través de sus respectivos Planes de Vivienda llevan a cabo las disposiciones normativas y las actuaciones que hagan posible el acceso a una vivienda digna y adecuada. Los Planes de Vivienda asignan fondos de los Presupuestos Generales del Estado a la realización de una política de vivienda socialmente más justa. El sector privado, (financiero e inmobiliario), también a su vez, no solamente participa en la construcción de viviendas llamadas libres, sino que coopera con el Estado en la construcción de las protegidas.

Un factor importante en la política estatal de vivienda es también el monto del gasto público (directo e indirecto) en el subsector. De los datos del Anuario estadístico del Ministerio de Fomento se deduce el aumento experimentado por las Administraciones Públicas del gasto en vivienda, siendo, aproximadamente del 0,45% del PIB, lo cual se sigue considerando bastante bajo. No obstante, al gasto público directo, hay que añadir otros recursos estatales, vía ayudas fiscales. La deducción del IRPF tiene un gran peso específico, que va en aumento año tras año. El gasto fiscal en vivienda incluye las deducciones en la cuota y los intereses de capitales invertidos en la adquisición de la vivienda habitual, con tratamiento especial cuando la adquisición se financia con recursos ajenos. El alquiler, en el nuevo IRPF, es sólo objeto de deducción en la cuota con ciertas limitaciones.

La intervención del Estado en el subsector vivienda se fundamenta en su competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la planificación de la actividad económica. Al amparo de esta competencia y en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art. 47 se han adoptado toda una serie de normas.

Como se ha dicho, las políticas públicas tiene variadas formas para facilitar el acceso a la vivienda. Una de las más importantes, quizás sea a través de las viviendas protegidas, fomentando a la iniciativa privada mediante apoyos económicos a promotores o bien a través de viviendas protegidas de promoción pública, que son viviendas construidas directamente por las administraciones públicas para sectores de la población cuyos ingresos son tan bajos que sólo con viviendas públicas acceden a una vivienda digna. Actualmente también este tipo de viviendas se dedica al alquiler.

Para conocer el número total de viviendas existentes, la fuente más reciente sigue siendo el Censo de 1991 (La próxima renovación censal esta prevista para el año 2001), que estima que el mercado está formado por 17.206.353, de las que casi el 70% son principales y el resto se reparten entre secundarias y desocupadas.

Desde 1980 y hasta el 30 de diciembre de 1999, las viviendas puestas a disposición de la población han sido 4.866.462 viviendas familiares cuyas características, según régimen legal de las viviendas son las siguientes:

Tipo de vivienda N. de viviendas %del total
Libres 3.055.138 62,78
Protegidas 1.577.051 32,41
Promoción pública 234.273 4,81
Total 4.866.462 100,00

El nuevo Plan de vivienda para el período 1998-2001, Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, ha supuesto respecto a planes anteriores variadas y notables innovaciones:

Incluye dentro de la categoría de actuación protegida, además de las consideradas VPO por el Real Decreto - Ley 31/1978, a las calificadas o declaradas protegibles con arreglo a la normativa propia de cada Comunidad, siempre que cumplan las condiciones de superficie útil y de precio máximo de venta establecidas en la normativa estatal.

Las CC. AA. tienen gran libertad para fijar dentro de unos límites legales los precios de venta de las viviendas protegidas.

Los Planes fomentan la construcción de viviendas sociales estableciendo ayudas especiales económicas directas para las viviendas en alquiler, ya que es la forma de tenencia más accesible a las familias más necesitadas y sin embargo, el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler ha pasado de un 51% en 1950 al 15,2% en 1991. La vivienda más social, dedicada a las personas sin ingresos suficientes para obtener una vivienda protegida, es la vivienda de promoción pública, que es competencia de las CC.AA., pero que el Estado puede cofinanciar en el marco de los convenios para la ejecución de los planes entre el Estado y las CC.AA. La proporción de cofinanciación estatal en forma de subvención es mayor cuando las viviendas públicas se destinan a alquiler.

Los mayores subsidios y subvenciones del último Plan de Vivienda y Suelo de 1998-2001 son los establecidos para promotores de viviendas protegidas destinadas al alquiler. La cuantía de los subsidios en viviendas financiadas con préstamos cualificados con plazo de amortización del préstamo de 25 años, es del 50% de las cuotas de amortización (capital más intereses) en los cinco primeros años y del 40% de los años 6 a 20.



II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.


Ahora bien, la evolución del parque de viviendas en nuestro país pone de manifiesto el desigual crecimiento de los tipos de viviendas. La proporción de viviendas libres es considerablemente mayor en estos años y dentro de aquellas las destinadas a segunda residencia, dando pie, asimismo, al crecimiento del número de viviendas desocupadas.

El problema social de la vivienda en España viene definido por los siguientes factores: el elevado precio de la vivienda en relación con los ingresos familiares, la falta de ahorro previo suficiente para acceder a una vivienda en propiedad, el elevado costo del alquiler y la inexistencia de una oferta suficiente de viviendas sociales en este régimen de uso.

Es necesario, por consiguiente, profundizar no sólo en el indicador número de desahucios, sino comparar la evolución del número de viviendas vacías existentes en España con el incremento de las personas sin techo, pues la garantía de acceso a una vivienda digna ha de servir a las personas actualmente sin hogar, que no deben ver penalizada su condición (Hábitat II).

Por su forma de vida no existen estimaciones absolutamente fiables que fijen el número de personas que viven en la calle.     
Según un reciente estudio de Cáritas, se estima que para un colectivo de transeúntes de más de 270.000 personas, tan sólo hay 9.000 plazas de albergues donde provisionalmente pueden pasar la noche (no más de 7 noches). La solución de la vivienda para este colectivo hasta hoy está sin resolver. No obstante, una buena parte de esas plazas -según otras fuentes- quedan sin cubrir por falta de voluntarios. El nuevo retrato robot de los sin techo, según Cáritas, es el de mujer, joven e inmigrante, pues el perfil de las personas sin hogar ha cambiado en los últimos 10 años y han dejado de ser predominantes los hombres y ancianos. Pero su problema no estriba, exclusivamente en la vivienda, sino que necesita de otras terapias sociales.

Según el último Censo de Población, también está aumentando el número de viviendas (en propiedad o en alquiler) con una mujer sola, tanto de 15 a 64 años como de más de 65 años, reflejando así las nuevas necesidades creadas por los cambios en la estructura familiar (de un total de 11.800.000 hogares, más de 1 millón son hogares de mujeres solas, predominando las de más de 65 años) y también ha aumentado el número de mujeres sin hogar (estudio de Cáritas). Hay una falta importante de viviendas accesibles para los colectivos con muy escasos medios económicos, debido en gran parte a la insuficiencia de la política social de la vivienda, que fomente más los aspectos cualitativos, profundizando en la corrección de los fallos del mercado, sobre todo en las dificultades para la tenencia en alquiler a precios asequibles y el primer acceso a la propiedad.

Las fuentes estadísticas revelan que España es el país con más pisos desocupados de Europa; 57 viviendas vacías por cada 1.000 habitantes, índice que contrasta con las 9 por cada 1.000 en los Países Bajos o las 16 del Reino Unido. Sin embargo las cifras de viviendas desocupadas en España quizá sean menos significativas que en otros países de Europa, pues un país en el que el régimen dominante de tenencia de la vivienda principal es el de propiedad, exige cuotas de viviendas vacías más elevadas que en otros sistemas con regímenes de tenencia más equilibrados. Además, no debe olvidarse que en España se ha producido un intenso, y aún no terminado, proceso de urbanización concretado en importantes traslados de residencia de la población. Y por último, habría que analizar a fondo cual es la situación y cuales los motivos de la desocupación de las viviendas.

La proporción de las viviendas en propiedad sobre el total de viviendas principales en el período 1950-1991 ha pasado del 49% al 78,3%. Es decir que actualmente el régimen de tenencia preponderante es el de propiedad, existiendo pocas posibilidades de tener una vivienda en alquiler asequible para economías domésticas con ingresos bajos. El valor de la relación entre el precio de la vivienda e ingresos familiares o entre el precio actual de los alquileres e ingresos familiares, en el mercado libre puede tomar valores elevados que, o no pueden ser asumidos por las familias con bajos ingresos o supone una proporción excesiva en sus presupuestos familiares.

Si bien esto es así, en los últimos tiempos se ha producido una mejora de la situación para amplios colectivos, debido a factores de tipo económico como la bajada de los tipos de interés, con fuerte influencia en el esfuerzo de pago de hipotecas, o la influencia del ciclo expansivo de la economía internacional que tiene su reflejo en nuestro país. Estos y otros factores han mejorado el indicador de esfuerzo para el acceso a la vivienda de muchas familias españolas.



1.3 Proporcionar igualdad de oportunidades en el acceso a la propiedad del suelo

(Compromiso Hábitat 40 B) (Buena Práctica seleccionada: Promoción de viviendas y gestión de suelo en la Matanza de Acentejo Santa Cruz de Tenerife [2000])



I. Progresos realizados desde 1996, cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


Desde 1996 con referencia a la propiedad del suelo, su planeamiento y gestión, se han concretado algunos nuevos instrumentos normativos.

A nivel estatal la nueva normativa desde Hábitat II es la siguiente:

La Ley 6/1998, de 3 de abril, sobre Régimen de suelo y valoraciones; el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre Medidas de Financiación de actuaciones protegibles de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y el Real Decreto-Ley 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transporte. A ello hay que añadir normas y planes de CC.AA., que pueden ser complementarias o independientes de las normas estatales.

Todos estos avances normativos confirman la respuesta de los poderes públicos al mandato constitucional de adopción de normas pertinentes y de creación de las condiciones para que los españoles puedan hacer efectivo el derecho a la vivienda y es importante disponer de suelo suficiente para cubrir los objetivos concertados con las Comunidades Autónomas en los Planes de Vivienda y recobrar las plusvalías de la propiedad privada mediante el control público de la urbanización.

La nueva Ley del Suelo estatal declara como objetivo el incremento del suelo susceptible de ser urbanizable, facilitando un amplio margen, sólo limitado por el suelo ahora llamado no urbanizable a delimitar por los planes, que son competencia de los Ayuntamientos.

La nueva Ley flexibiliza y agiliza la utilización del suelo a efectos urbanísticos. Se presupone que es condición necesaria (aunque no suficiente) para abaratar el suelo que haya una cantidad mayor de suelo urbanizable.

Para hacer más efectiva y a veces posible la promoción de viviendas sociales y asegurar, en cierta medida, su construcción en el futuro, las medidas de fomento del nuevo Plan de Vivienda y Suelo de 1998-2001 se extendieron al suelo.    

En el Plan de vivienda 1998-2001 se fomentan las actuaciones de suelo con destino preferente a viviendas protegidas considerándose actuaciones protegibles de suelo:



II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.


Con la promulgación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones, se espera un aumento de la oferta de suelo y, en consecuencia, la consiguiente reducción del coste de un factor que contribuye en proporción importante a la formación del precio de la vivienda. Posteriormente, el Real Decreto - Ley 4/2000, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transporte, refunda en el objetivo de flexibilizar y agilizar la promoción de suelo susceptible de ser urbanizado.

Ahora bien, al referirse estos dos instrumentos legislativos únicamente, como es lógico, a los aspectos sobre los que tiene competencia el Estado, su eficacia depende en gran medida de la actuación de las CC.AA. y de los ayuntamientos.

En efecto, el actual reparto de competencias establecido en la Constitución de 1978, reconoce a las CC.AA. la competencia en ordenación del territorio y urbanismo, reservando únicamente al Estado la competencia para regular el régimen jurídico del suelo (derechos y deberes de los propietarios), valoraciones, expropiaciones y procedimiento administrativo común.

Por tanto, la definición del sistema de planeamiento y de gestión urbanística, es competencia de las CC.AA. y su utilización y puesta en práctica de los ayuntamientos, siendo, en consecuencia, los gobiernos regionales y locales quienes definen las políticas urbanísticas concretas.

Esta situación se traduce en que puede haber hasta 17 legislaciones urbanísticas, tantas como autonomías, lo que puede producir problemas de coordinación o de desajustes normativos con incidencia negativa en el mercado de suelo.

Se debería, no obstante, incentivar la puesta en el mercado de suelo a precio asequible arbitrando medidas contra la retención especulativa de suelo.



1.4 Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al crédito

(Compromiso Hábitat 48 E) (Buena Práctica seleccionada: Programa de acceso a viviendas de integración social en Navarra [2000])



I.Progresos realizados desde 1996 y cambios de política y legislativos y experiencia adquirida.


El compromiso expresado en Estambul en el año 1996 de emprender reformas legislativas y administrativas para garantizar a la mujer su acceso pleno y equitativo a los recursos económicos y en particular el acceso al crédito, en el caso de España está asegurado por la Constitución y el propio Código Civil que garantizan la igualdad de derechos a la mujer y al hombre, incluido, como es obvio, el derecho al crédito. Otra cuestión es la situación económica en la que se encuentra la persona que necesita un crédito para acceder a la vivienda. El crédito requiere, además de la garantía personal, que en caso de no tener unos ingresos familiares estables asegurados suele ser un problema irresoluble, que como garantía del pago del crédito quede el propio inmueble afectado, conforme a la legislación hipotecaria.

La política económica y la de vivienda se encaminan a tomar medidas tendentes a lograr que la oferta de productos hipotecarios esté suficientemente diversificada y en consecuencia se adapte a las diferentes situaciones de los compradores.

Los diferentes Planes Estatales de Vivienda y los convenios con las CC. AA. y con las entidades de crédito, para la financiación de dichos planes complementados con ayudas públicas, pretenden ayudar al acceso al crédito a aquellas economías familiares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una vivienda en el mercado libre.

Desde 1996, mediante los dos Planes de Vivienda y Suelo que se han llevado a cabo por el Estado (Plan 1996-1999 y el actualmente vigente, Plan 1998-2001) se han concedido hasta la fecha de 20 de mayo de 2000 alrededor de 2,5 billones de pesetas de préstamos cualificados (2.494.546,5 millones), a través de convenios con las entidades de crédito.



II. Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendaciones sobre actividades prioritarias.



Una vez más hay que resaltar que existen unos grupos de rentas muy bajas, parados, jóvenes en busca del primer empleo, emigrantes, etc., que quedan al margen de estos mecanismos de regulación del crédito para obtención de una vivienda.

Por otra parte, el pago de una deuda hipotecaria es legalmente ineludible y en caso de impago da lugar al desahucio.



1.5 Promover el acceso a los servicios básicos

(compromiso hábitat 40 C) (Buena Práctica seleccionada: P.E.R.I. de La Chanca Almería [2000])



I.Progresos realizados desde 1996 y cambios de política y legislación y experiencia adquirida.


El compromiso adoptado en Estambul se refería a la necesidad de promover el acceso de todas las personas al agua potable, al saneamiento y otros servicios, instalaciones y comodidades básicas añadiendo, especialmente a las personas que viven en la pobreza, las mujeres y los grupos vulnerables y desfavorecidos.

En la legislación urbanística española, todas las promociones de viviendas han de tener, por el imperativo legal del Planeamiento, los servicios básicos de agua, electricidad y servicios de saneamiento y evacuación de aguas residuales. No se admite la construcción de nuevas viviendas sin esos servicios básicos.

En cuanto a la superficie, son poco significativas las viviendas de reducida superficie y la mayoría tienen los servicios básicos.



II.Deficiencias y obstáculos encontrados y recomendados sobre actividades prioritarias.


Cuestión diferente es la que se refiere a los núcleos chabolistas, que siguen existiendo sobre todo en los márgenes de las grandes ciudades y que, en muchos casos, carecen de estos servicios mínimos.

Por lo que respecta a las comodidades básicas a las que se puede referir también el Compromiso Hábitat, es importante distinguir los niveles geográficos y el tipo de hogar de que se trate. Según los datos del último Censo de Vivienda de 1991, un 6% del total de hogares a nivel nacional, está formado por mujeres solas mayores de 65 años. De estos hogares, un 21% no tiene calefacción, un 16% no tiene baño o ducha y tan sólo un 17% tiene gas central (distribuido por tubería).

Índice.
Anexo al capítulo 1.
Capítulo 2.

Comité Hábitat Español

Fecha de referencia: 03-12-2001

Boletín CF+S > 17/18 -- Tercer Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. Estambul+5 > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n17/ainf1.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
 
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