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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X


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¡Fin de la «Europa social»: Viva la «Europa, S.A.»! ¡Viva el Euro!


Es por todo ello, quizás, por lo que se ha lanzado a bombo y platillo la Carta de Derechos Fundamentales, que también se ha aprobado en Niza, en un intento de marketing de las instituciones comunitarias hacia la opinión pública europea. Pues se ha dicho que su texto se incorporará como preámbulo de la futura Constitución Europea que se pretende aprobar en 2004. Pero en relación con la llamada Carta de Derechos Fundamentales, cabe decir que detrás de su rimbombante título se esconde un instrumento de regresión social, es el famoso doble lenguaje de las instituciones comunitarias. Dicha carta no recoge el derecho al trabajo, ni a un salario justo, así como el derecho a la vivienda, a una pensión o a una renta mínima que permita vivir con dignidad y pone en peligro las legislaciones sociales europeas más avanzadas. Es decir, en Niza se aprueba una Carta de Derechos Fundamentales sin derechos sociales. El derecho de huelga fue introducido, in extremis, ante la presión de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) [CEMCC , 2000].

La Carta tampoco recoge los plenos derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Además, se incluye la posibilidad de su modificación según el derecho comunitario. Esta posibilidad de recortes se extiende también al conjunto de derechos «cuando respondan a objetivos perseguidos por la Unión». Se recoge el derecho a la vida y al matrimonio, sin mencionar explícitamente el derecho a la contracepción y al aborto, o a la separación y el divorcio. En cambio la libre circulación de bienes y capitales se encuentra definida y resaltada en su preámbulo [Robert , 2000]. «La Carta es más sobre poder que sobre derechos. Su objetivo real es extender la legislación europea a las áreas más íntimas de nuestras vidas, haciendo depender los derechos humanos de la Corte Europea de Justicia», una institución de la UE [Coughlan , 2000]. La única novedad es la prohibición expresa de la clonación humana. Aún así, Juan Pablo II expresó su pesar de que no se hiciese ninguna referencia a Dios, como fuente suprema [...] de los derechos fundamentales [TEAM , 2000].

La "Europa" neoliberal, como se ha apuntado, se empieza a construir paulatinamente desde los ochenta, se acentúa con Maastricht y a través de distintas desrregulaciones que se dan a lo largo de los noventa, pero es recientemente, en especial a partir de la cumbre de Lisboa (de marzo de 2000), cuando se crea el marco general para una desrregulación feroz del mercado de trabajo y para la transformación del Estado social a la lógica de mercado. Se ha llegado a afirmar que la «Europa» de Blair, lógica continuadora de la Gran Bretaña de Thatcher, empieza en Lisboa. En la capital portuguesa se plantea que es preciso eliminar las políticas «pasivas» de empleo, para instrumentar, las llamadas políticas «activas», con el fin de hacer frente al problema del paro. Aquí nos volvemos a encontrar, otra vez, con la retórica edulcorante y mistificadora comunitaria para encubrir un asalto salvaje a los derechos laborales y sociales, en nombre de un objetivo «social», la pretendida eliminación del desempleo. La solución que se propone a los altos niveles de paro, es la precariedad masiva, con el objetivo de abaratar el coste de la fuerza de trabajo y en concreto del trabajo más descualificado. Al igual que en EEUU, se pretende sustituir el welfare, es decir derecho a una prestación del Estado, sin que exista contraprestación, por el workfare. Esto, es, el beneficiario de la ayuda estatal deberá realizar un trabajo para acceder a ella. Sin que exista, ni se reconozca, ningún derecho.

En la reunión de octubre de 2000, de la Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, se planteó que los derechos sociales (y particularmente las prestaciones de desempleo, las pensiones, la renta mínima y el derecho a la vivienda) eran «promesas que no se podían mantener en el futuro». Se abogó, pues, por la necesidad de «modernizar» los sistemas de protección social, lo que ha quedado finalmente reflejado en el artículo 137 del Tratado de Niza. En el punto de mira de esta «modernización» están la privatización de los sistemas de pensiones, la reducción del subsidio de paro, la incorporación de las políticas «activas» de empleo y la progresiva reducción y eliminación de la renta mínima existente en algunos países. En el propio artículo 137 se manifiesta que «es preciso reformar los sistemas de protección social, con el fin de aumentar la incitación de las personas a buscar un empleo, así como las oportunidades de encontrarlo y de una manera más general, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo». Sin red de protección social, la población asalariada en paro buscará y aceptará cualquier tipo de trabajo, con el fin de sobrevivir. Se establece, en definitiva, la «Europa» ultraliberal que sacrifica las conquistas sociales y las reglas democráticas para satisfacer a las fuerzas del mercado y de las finanzas. En Niza, también, se ha establecido el estatuto de la «Empresa Europea», que confiere a las empresas transnacionales nuevos derechos, por encima de las legislaciones nacionales y limita la participación de los trabajadores [CEMCC , 2000], [Coughlan , 2000].

La Unión Europea está funcionando como una poderosa máquina para liberalizar, desrregular y privatizar desde arriba. Esto y no otra cosa, como pretenden ilusamente muchos socialdemócratas, sobre todo aquí en el Estado español, es lo que significa el: «Más Europa». La «Europa social» que se construirá una vez constituida la Unión Económica y Monetaria, es simplemente una utopía. Una utopía de mal gusto. Pues es precisamente desde las instituciones comunitarias, desde donde se está procediendo a la voladura del llamado Estado social. El capital transnacional productivo y financiero «europeo» (o mejor dicho, que opera en el espacio europeo) está utilizando el creciente poder comunitario para crear un nuevo tipo de Estado (por encima del Estado-nación) que sea funcional con sus intereses en la época del capitalismo global. Al tiempo que aborda el desmontaje del llamado Estado del Bienestar, que en una determinada coyuntura histórica se vio obligado a crear a escala del Estado-nación. Al igual que es otra utopía de mal gusto la «Europa del desarrollo sostenible». En el Tratado de Amsterdam se entronizó el «desarrollo sostenible» como el leit motiv, que presidiría todas las políticas comunitarias. Pero como la propia Agencia Europea de Medio Ambiente reconoce, las políticas ambientales comunitarias «no son suficientes para avanzar hacia la sostenibilidad [...] Con las medidas adoptadas hasta la fecha no se conseguirá [...] el desarrollo sostenible», al tiempo que reconoce que el crecimiento económico ha propiciado un deterioro del entorno ecológico prácticamente en todos los terrenos [AEMA , 1995]. Las recomendaciones de la «Conferencia para un Desarrollo Sostenible» [FOEE , 1995] indican que «los cálculos basados en el concepto de 'espacio ecológico' -o 'huella ecológica'- sugieren que, en general en la UE, debemos reducir nuestro consumo de recursos naturales, en algunos casos hasta un orden de magnitud diez veces menor, equivalente a una reducción del 90% sobre los niveles actuales», para no seguir importando «sostenibilidad» del resto del mundo.

El Tratado de Amsterdam establece que la Comisión Europea puede llegar a bloquear la legislación ambiental de los diferentes estados miembros que suponga una restricción al Mercado Único. Asimismo, la gran industria comunitaria está imponiendo un cambio de énfasis en las políticas ambientales.

Se hace hincapié en que es preciso abandonar la obligatoriedad de estándares y el intervencionismo estatal para la resolución de conflictos ecológicos y que se debe caminar hacia «acuerdos voluntarios» con las grandes empresas para reducir los impactos ambientales. Se propugna que es preciso orientar la política ambiental hacia un modelo neoliberal tipo EEUU, crecientemente desrregulado, al igual que en materia laboral y social. En definitiva, se apunta que para impulsar el crecimiento económico en la UE y para poder competir abiertamente en el mercado mundial, es preciso liberar a «Europa» de restricciones sociales y ambientales [EEB , 1996].

Esta «Europa S.A.» es la que han vendido los dirigentes europeos en el Foro Económico Mundial de Davos, de este año, a los representantes del capital transnacional allí reunidos, como alternativa a la recesión en marcha al otro lado del Atlántico. La «Europa S.A.» se autopostula, pues, como el nuevo polo de crecimiento que tire de la economía mundial. Vende su desrregulación laboral y social y muestra como señuelo que ya están en marcha también intensos recortes en los sistemas impositivos y la privatización de los sistemas públicos de pensiones. Y que están en ciernes procesos de privatización masiva de la Sanidad y Educación en el viejo continente. En paralelo, tal y como quedó reflejado en la cumbre de Lisboa, se compromete a crear las condiciones (de inversión, privatización y desrregulación) para convertir a la UE en la economía del conocimiento más dinámica del mundo. Lo malo es que esto coincide con el momento en que la llamada «nueva economía» se desinfla a pasos agigantados en todo el Norte y con una recesión, con epicentro en EEUU, que probablemente afectará a todo el planeta.

Asimismo, «Europa» ofrece las garantías de que el euro ya es una realidad, aunque todavía no circule físicamente hasta el año que viene y que eso va a permitir desarrollar todas las potencialidades del MU por parte de las grandes empresas que operen en el mercado comunitario. Y de cara a los mercados financieros promete que se impulsarán políticas que sustenten un euro fuerte, con baja inflación, para animar a los grandes fondos de pensiones y de inversión anglosajones a invertir en activos denominados en euros. Para ello se esgrime que están en marcha profundos recortes del gasto social, que permitirán caminar hacia el déficit cero, tal y como obliga el Pacto de Estabilidad, aprobado en Amsterdam. Al tiempo, que se desrregulan aún más los marcos nacionales de sus mercados financieros, creando las condiciones para que se consoliden inversores institucionales (fondos privados de pensiones y de inversión) que operen a escala europea, con el fin de poder competir con los gigantes existentes en este terreno en el mundo anglosajón; y que «se avanza más rápidamente hacia un mercado financiero europeo completamente integrado», como ha propuesto recientemente Romano Prodi (2001). Aún así, las incertidumbres que pesan sobre el futuro político de la Unión (que estas políticas agravarán) es un handicap considerable para hacer del euro un verdadero sustituto del dólar en estos tiempos de tribulación. Pues como decía San Ignacio de Loyola: «En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas».

El pleno funcionamiento del euro impulsará una mayor concentración de la población en zonas o regiones urbanas[1], a pesar de que la UE es ya el espacio más urbanizado del planeta y un incremento de las diferencias regionales. La propia Comisión Europea reconoce que el funcionamiento del euro provocará «una aún mayor dualización [y desequilibrio] del territorio de la UE y un aumento de la marginación de las áreas menos preparadas para esta competencia incrementada [...] Las regiones, ciudades y territorios compiten entre sí para atraer las actividades económicas, empleo, infraestructuras... [...] Y esta competición puede generar una polarización entre 'ciudades perdedoras' y 'ciudades ganadoras'» [RMOTUE , 1997]. Estas apreciaciones las realizaba la Comisión en relación con la actual UE, es fácil pues de extender este razonamiento a toda el área en que funcionará el euro cuando se amplíe la Unión y a los países que estén en la órbita del mismo.

Al mismo tiempo, la posible aparición en el futuro en la «Europa» del euro de las llamadas «crisis asimétricas» (sobre las que ha alertado el Parlamento Europeo), que afecten de manera diferencial a distintos países y en concreto regiones de la Unión y la no existencia de ningún mecanismo compensatorio a escala de la UEM (Unión Económica y Monetaria), hará que estas crisis sean particularmente graves. El presupuesto comunitario es muy limitado (el 1,27% del PIB comunitario)[2], si se compara por ejemplo con el presupuesto federal estadounidense (aproximadamente el 20% de su PIB) y además los fondos estructurales o de cohesión no son fondos coyunturales, sino que actúan en el medio o largo plazo. De esta forma, al haber perdido los distintos países las posibilidades de adaptación ante posibles crisis, como el tipo de cambio -que son inamovibles- o los tipos de interés -que los fija el BCE-, sólo les quedará la posibilidad de dejar que actúe el mercado de trabajo, con una caída masiva de salarios o incremento brusco del paro, como única vía de adaptación a la nueva coyuntura. La UEM igualará precios pero no productividades y las diferencias en este sentido en el espacio comunitario son muy importantes, con lo cual los shocks que genere la total implantación de la moneda única pueden llegar a ser muy considerables [Fdez Durán , 2000:b].

Frente a esta «Europa» que se construye para satisfacer, sin ningún tipo de restricciones (sociales, políticas, ambientales...), las ansias de acumulación y beneficio de las élites económicas y financieras, europeas y mundiales, es ante la que se han expresado, después de un proceso de constitución de años, multiplicidad de singularidades y organizaciones que han confluido finalmente en Niza, al igual que se están expresando otros movimientos «antiglobalización» en distintas partes del planeta. La Unión Europea ya ha sido identificada, a pesar de su retórica, como uno de los actores principales del capitalismo global y diferentes organizaciones a escala europea que ponen en cuestión los procesos de «globalización económica» ya han enfilado su proa contra esta institución. Lo cual va a suponer un elemento adicional de deterioro en la imagen pública de las estructuras comunitarias.

Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 02-06-2001


1: Las proyecciones auguran pasar del 79% de población urbana a nivel comunitario, a mediados de los noventa, al 83% para el 2005 [CE , 1994].
2: De hecho, en la actualidad el marco presupuestario para el 2000-2006 ya ha estallado por los costes de la guerra contra Yugoslavia, el Pacto de Estabilidad con la Europa del Sudeste y la gestión de la crisis de las «vacas locas». Esos costes pueden ser aún más altos si EEUU se retira de los Balcanes. Eso plantea serios interrogantes acerca de cómo será posible, en el futuro, el funcionamiento de una federación con un presupuesto tan limitado.

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