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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X


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Niza define una «Europa» superpotencia crecientemente desequilibrada y desigual


En la cumbre de la UE celebrada en Niza se aprueba, pues, el Tratado del mismo nombre; se toma el compromiso de impulsar, en 2004, otro Tratado para rematar el edificio institucional de la UE y se suscribe la llamada Carta de Derechos Fundamentales. La trascendencia de estos acuerdos es muy importante y es preciso pues analizarlos en detalle, para delimitar claramente la UE que están impulsando las principales fuerzas económicas y financieras del viejo continente, que son las que siempre han configurado el devenir del «proyecto europeo».

Detrás de la maraña de aspectos «técnicos» de reforma de la composición de la futura Comisión y de los procesos de toma de decisiones en la UE[1], con el fin de hacer más «eficaz» su funcionamiento y sentar las bases que hagan posible la ampliación, se ocultan profundas modificaciones (políticas, económicas y sociales) en cuanto a la estructura de las instituciones comunitarias y del «proyecto europeo» en su conjunto, de cara al porvenir. Algunas de ellas ya se habían esbozado en el Tratado de Amsterdam, pero se «perfeccionan» en el de Niza y se terminarán de completar en el que se contempla para 2004. El Tratado de Niza no es otra cosa que la sacralización de la llamada «Europa a dos (o más) velocidades». Eufemismo que se utiliza para ocultar la creación de una UE crecientemente desigual, con un Centro fuerte y distintas Periferias, en el que el peso de los grandes estados de la actual UE (y por supuesto de los intereses económicos que representan) se ve reforzado (Alemania, Francia, Gran Bretaña, principalmente, Italia en menor medida y a mayor distancia el Estado español); destacando entre todos ellos la influencia decisiva que tendrá la RFA en la determinación de las políticas comunitarias. Alemania consigue, en gran medida, su ansiado interés a lo largo de todo el siglo XX, que le llevó a embarcarse en dos contiendas bélicas mundiales, de dominar el escenario centroeuropeo (ampliando su lebensraum, o espacio vital) y reafirmar su hegemonía a escala continental.

Pero también, el peso de la Comisión Europea y el de su presidente[2], salen considerablemente reforzados. Especialmente al haber arrancado a los Estados el poder de veto en más de treinta nuevas áreas. El voto por mayoría se ha extendido al comercio de servicios (entre otros, los financieros...) e inversiones, así como a la llamada «propiedad intelectual», dándole unos enormes poderes a la Comisión para negociar en nombre de toda la UE en el seno de la OMC, de cara a la Ronda del Milenio. Poderes que hasta ahora no tenía, respecto a estos temas y que se veía obligada a compartir con los Estados miembros. En estas áreas las decisiones que se adopten son de obligado cumplimiento para todos los países, aunque hayan votado en contra. La unanimidad, o la capacidad de veto, todavía se mantiene, de forma no clara, en salud, cultura y educación, por la oposición de Francia. Aun así y en contra del criterio de la Comisión, se conservan todavía bastantes áreas sometidas a la capacidad de veto por parte de los Estados[3]. Capacidad que en un futuro (probablemente en 2004) se pretende eliminar.

Por otro lado, se consolidan las denominadas (en el argot comunitario) «cooperaciones reforzadas», lo que significa, dicho claramente, abrir el camino para que cristalice una estructura central en la UE (aquella que «avanza más rápido en su integración») y una estructura periférica que queda progresivamente descolgada y que se vería obligada a aceptar, a posteriori, las decisiones adoptadas, en su día, por dicho Centro, o a sufrir sus consecuencias. Algo así ha ocurrido ya con el euro (pues sólo doce países participan en el Eurogrupo) y con Schengen y también con los «avances» que se están produciendo en materia de política militar. Es, en definitiva, lo que los eurócratas llaman la «Europa a dos (o más) velocidades», que se justifica, se dice, porque los «barcos más lentos» no deben condicionar la velocidad de crucero de «los barcos que quieren ir más deprisa». Sería necesario hacer un análisis en profundidad de la retórica comunitaria, pues ha alcanzado unas cotas de enmascaramiento de la realidad difícilmente homologables. Los nuevos países que se incorporen, en especial los del Este, además de los más «euroescépticos» (Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña), así como tal vez los ya hoy en día periféricos, en cuanto a peso económico e institucional (como Grecia y Portugal y quizás España e Irlanda), estarían probablemente en los círculos periféricos, mientras que el resto, es decir, el grueso de los países centrales de la UE, serían los que llevarían a cabo las «cooperaciones reforzadas».

Se acabó pues lo que, en teoría y formalmente, era el espíritu de la Unión, es decir: «el café para todos». A partir de ahora queda claro, expresado en clave institucional, que dentro de la Unión habrá países de «primera» y países de «segunda» (o de «tercera» y hasta de «cuarta», en el caso de países del Este). Esto se hará aún más nítido con la reforma que se prevé en 2004, como se verá a continuación. De cualquier manera, aunque se ha abierto la Caja de Pandora, se ha abierto sólo, por el momento, de forma todavía limitada. Gran Bretaña, p.e., se ha negado a dar su placet, instigada por EEUU, a que se incluya la política de defensa dentro de las «cooperaciones reforzadas». Aunque sí ha quedado clara en política exterior, con el fin de ganar peso institucional en el FMI, BM, G-7, OCDE, NNUU o en el Club de París (donde se negocia la deuda externa pública del «Tercer Mundo»). En todos esos foros la UE hablará con una sola voz, la de los países centrales y sus principales sectores económicos y financieros, en los temas que ya le han cedido (o que ha arrancado a) los estados sus competencias. De todos modos, todos los países de la Unión participarán de las normas del Mercado Único, tendrán abiertas sus fronteras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales de la UE, estarán en la órbita del euro (estén integrados en el Eurogrupo, o no) y deberán ajustarse, por tanto, a las decisiones que adopte el BCE, independientemente de la situación económica por la que atraviesen.

A pesar de todo, es decir, a pesar de que Niza significa una mayor concentración de poder y capacidad de decisión para la UE y para la Comisión Europea en concreto, a Prodi, su presidente, le ha sabido a poco, como expresó en su comparecencia ante el Parlamento Europeo para evaluar el tratado. Prodi ha llamado la atención acerca de la capacidad de poder que todavía queda en manos de los gobiernos, se ha quejado de la gran complejidad en el proceso de toma de decisiones, tal y como ha quedado definido en Niza[4], que, de acuerdo con sus palabras, queriendo satisfacer a todo el mundo corre el riesgo de no funcionar. Y ha planteado claramente que mister PESC dependa de la Comisión Europea y no del Consejo Europeo (donde están los jefes de estado y de gobierno de la UE), que debe existir una política económica única a escala de la Unión[5], que debería definir la Comisión, que el área del euro debe hablar con una sola voz (no con doce, o con ninguna, como en la actualidad, pues ello es negativo para la imagen del euro de cara a los mercados financieros) y que esa voz única debe estar también bajo la competencia y control de la Comisión [TEAM , 2000].

Es por eso por lo que, entre otras cuestiones, la Comisión y Alemania, fundamentalmente (pues Francia ha dejado hacer), han peleado para que en Niza se tomara la decisión de que es necesario ir más allá y llevar a cabo una reforma institucional de mayor profundidad de cara a 2004. Fecha que coincide, grosso modo, con las primeras incorporaciones de nuevos países miembros y con la presidencia alemana de la UE. Y que la preparación de ese nuevo tratado no debe partir de una conferencia intergubernamental, como hasta ahora ha ocurrido con los diferentes tratados, sino que su gestación tiene que adoptar otro diseño, con el fin de que los intereses hegemónicos que vehicula primordialmente la Comisión Europea, es decir las demandas del gran capital productivo y financiero, no se vean condicionados por la visión miope de las estructuras políticas nacionales. Es curioso cómo habló Prodi de las «cooperaciones reforzadas» ante el Parlamento Europeo, diciendo que «la Comisión utilizará este instrumento para permitir que aquellos países que quieran unir aún más sus destinos para alcanzar grandes objetivos lo puedan hacer» [TEAM , 2000]. Todo ello derivará en una pérdida de peso aún mayor de los parlamentos nacionales y de la capacidad individual de actuación de los estados miembros, siendo un paso más hacia una especie de estado federal para el núcleo central, que es lo que se pretende lograr con la reforma del 2004.

Las propuestas que ya se han empezado a barajar de cara a 2004 han partido de los actores institucionales principales que operan en el escenario europeo. Suponen un abanico de opciones, pero no tan amplio como se nos quiere hacer creer. En todos ellos se propugna la necesidad de construir una «Europa» superpotencia, que pueda enfrentarse al escenario de la «globalización económica» y también la necesidad de establecer un núcleo central, con mayor densidad institucional y una (o varias) periferia(s), con reducidas prerrogativas y capacidad de influencia; es decir, fuertemente satelizadas y dependientes de ese núcleo duro central y soportando las dinámicas que establezca el mismo, como todas las periferias. Las propuestas van desde la estructura claramente federal que propone Alemania (a través de su ministro Fischer) para el núcleo central europeo, a la «Europa Unida de Estados y no unos Estados Unidos de Europa» de Chirac, en donde los Estados-nación europeos (también de su núcleo central) deben conservar más su fuerza e identidad, hasta las propuestas más «soberanistas» de la «Europa» neoliberal de Blair (a cuyo carro también parece que se apunta Aznar, aunque no está del todo claro por la dependencia española, también, de Francia y Alemania), en donde los Estados conservarían «más» competencias en un espacio de mercado absolutamente libre. La visión de la Comisión, no formulada expresamente, ha podido quizás ser expresada por Delors, su antiguo presidente, en el sentido de que el núcleo duro, que se debe reforzar institucionalmente, por encima de los Estados-nación, tiene que ser el de los países que ya forman parte del euro. En todos estos casos (menos quizás en la propuesta de Gran Bretaña) los «países euroescépticos» y los del Este quedarían directamente fuera de la estructura central de la UE.

En la propuesta alemana se plantea un presidente europeo «fuerte» elegido por sufragio universal, que encabece un gobierno «representativo», con un parlamento bicameral (como en Alemania), para los países de la UE que compongan el núcleo duro. En definitiva, un esquema de carácter federal, que se debería plasmar en una Constitución Europea. Esta propuesta, puede llegar a generar problemas de encaje constitucional, pues la UE es una unión de ocho repúblicas y siete monarquías, lo cual presenta problemas para una solución presidencialista tipo EEUU. La solución que propone Chirac tiene un corte más confederal[6] y pretende tener en cuenta el peso que tienen los Estados-nación en el espacio europeo. De cualquier forma, tanto Francia como Alemania plantean que exista un grupo de cabeza (impulsado por ellos mismos; «países pioneros» en la formulación de Chirac, «centro de gravitación» en la propuesta de Fischer), que impulse el proceso. La creación de este grupo de cabeza se pretende que no requiera de un nuevo tratado, pues ello implicaría la necesidad de su ratificación por todos los países miembros actuales. Al término de todo este proceso la Unión debería quedar estabilizada en sus fronteras y en sus instituciones, debiendo definirse claramente la articulación entre el núcleo central (de mayor densidad institucional) y los países periféricos, que estarían en la Unión, pero no formarían parte de dicho núcleo. Delors lo ha dicho gráficamente: «Tendremos una Unión para la Europa ampliada y una Federación para la vanguardia» [Coughlan , 2000]. En definitiva, se consolidará ya formal y definitivamente, una compleja estructura institucional, que sacralizará un centro (con todas las prerrogativas) y una, o unas, periferia(s), que no participarán en la definición del devenir del «proyecto europeo» y que deberán aguantar sus decisiones y las dinámicas que éstas generen.

A nadie se le escapa que este diseño institucional tendrá profundas repercusiones internas (es decir, en relación con «los quince» estados miembros actuales) y externas (esto es, respecto a los nuevos países miembros). Principalmente en el sentido de que pueden erosionar aún más la imagen y legitimidad de unas instituciones comunitarias, que ya hoy en día gozan de poca aceptación entre la opinión pública de la UE y que ve disminuir su apoyo asimismo en los países del Este. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo la participación fue bajísima[7], reflejando un creciente alejamiento de la ciudadanía europea respecto de sus instituciones. El desencanto europeísta se vive de forma intensa en la «Europa rica», no sólo en los claramente «euroescépticos» (Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca) y se acentúa en los llamados «países de la cohesión» (España, Grecia, Irlanda y Portugal), a pesar del «maná» de recursos comunitarios que por ahora reciben. Y todo ello se produce en una época de relativa bonanza económica. En una encuesta del Eurobarómetro, realizada tras la cumbre de Niza, los resultados no pueden ser más elocuentes. La mayoría de la población europea (el 56%) se declara insatisfecha con la «construcción europea» (sólo el 38% está a favor) y crece el rechazo a la ampliación hacia el Este, sobre todo en los dos países principales, Francia y Alemania (donde sólo el 26% y el 34%, respectivamente, está a favor). También más de la mitad (el 52%) rechaza el euro, siendo masiva la oposición en el país central: Alemania (el 66%). En poco más de un año se ha pasado, en relación al euro, de una cierta euforia a un muy importante desencanto y eso antes de que empiece a circular físicamente. Por otro lado, más de dos tercios manifiesta su descontento sobre cómo se ha manejado la crisis de las «vacas locas» por la UE, alcanzando en el caso de Alemania al 86% de su población [El País , 15-1-2001][8].

Estos datos reflejan la situación antes de que estallara el escándalo del Síndrome de los Balcanes, es decir, las enfermedades (y muertes) que ha provocado, provoca y provocará, la utilización de uranio empobrecido por la Alianza Atlántica en su guerra contra Yugoslavia. Este escándalo ha afectado de forma considerable la imagen de la OTAN, la UE, los Estados de la Unión y las llamadas «intervenciones humanitarias», así como de las NNUU por su complicidad con los actores implicados [Parsons , 2001]. Ha quedado manifiestamente claro la institucionalización de la mentira como forma de proceder de todas estas estructuras y el cinismo de que hacen gala, pues mal se puede defender una causa humanitaria, en este caso la defensa de la población kosovar contra el genocidio de Milosevic, cuando la propia intervención (denominada «guerra limpia», porque en su momento no produjo bajas propias) crea una situación de desastre humano y ecológico que hipotecará el futuro de toda la región. Una región que históricamente ha sido altamente inestable, por ser un cruce de caminos de distintos imperios, culturas, religiones y estructuras de poder, en donde, en los noventa, las políticas del FMI y la avaricia de algunas potencias europeas (en concreto Alemania), incentivaron el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, exacerbando las tensiones étnicas existentes y creando un verdadero volcán en pleno corazón de Europa.

La situación en los Balcanes está lejos de haber quedado «resuelta» y pacificada. Se mantiene una calma tensa, con proliferación de conflictos entre las distintas comunidades étnicas y un proceso generalizado de deterioro, debido al «paisaje» dejado por las guerras y al alto endeudamiento de las distintas estructuras estatales que se han creado. Este endeudamiento (heredado) se ha intensificado por los conflictos bélicos y va a recrudecerse por el llamado Pacto de Estabilidad para la Europa del Sudeste que han impulsado EEUU y la UE para la zona, junto con los organismos financieros internacionales: BM, FMI, BERD y BEI. El Pacto incluye fuertes medidas de ajuste estructural que agravará la situación social y económica, echando más leña al fuego de la conflictividad reinante. Es por eso por lo que la UE no se plantea en el futuro previsible la incorporación de los países de los Balcanes a sus estructuras, aunque sí se pretende que tengan sus mercados (y la propiedad de sus recursos) abiertos a la UE y estén en la órbita del euro (Eslovenia y Bosnia ya tienen como moneda oficial el marco). Sólo Eslovenia, por presión directa de Alemania, pasará a formar parte de la UE. El resto será, en general, una especie de protectorado de la UE (sobre todo si las tropas de EEUU abandonan los Balcanes) y un foco de inestabilidad y resentimiento respecto de las estructuras comunitarias, por las políticas que la UE está imponiendo en toda la región.

Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 02-06-2001


1: Son cuatro las cuestiones que abordaba el Tratado de Niza: tamaño de la futura Comisión Europea, redistribución de votos en el Consejo Europeo, recorte del derecho de veto en beneficio del voto por mayoría cualificada y la ampliación y concreción de las llamadas «cooperaciones reforzadas».
2: El presidente de la Comisión obtiene nuevos poderes y será designado por mayoría cualificada.
3: El Estado español consiguió que los Fondos de Cohesión y Estructurales, para no perderlos totalmente, no pasaran a la mayoría cualificada hasta el 2007; Alemania que las decisiones sobre inmigración y asilo sigan siendo tomadas por unanimidad, para seguir controlando este «problema» que le puede afectar de lleno; Gran Bretaña ha logrado lo mismo en relación con la política fiscal y social, para no poner en cuestión su modelo ultraliberal, que además favorece claramente a la City (por la opacidad fiscal); y Francia sobre la sanidad, cultura y educación, presionada por una opinión pública crecientemente opuesta a las políticas neoliberales, así como sobre la PaC, que otros estados quieren cargársela y que no sea financiada por Bruselas.
4: Se plantean tres vías distintas para bloquear una decisión: mayoría cualificada de votos (que han sido modificados para cada país, beneficiando a los grandes), mayoría simple de Estados y que éstos representen al menos el 62% de la población del conjunto de la UE.
5: Hasta ahora existe «tan sólo» lo que se llama Grandes Orientaciones de Política Económica, que define el Ecofin, es decir, la reunión de ministros de economía y finanzas de los quince.
6: La confederación se distingue de la federación y de un estado unitario, por el reducido número de prerrogativas supranacionales: moneda, defensa, política exterior, mantenimiento del orden, ciudadanía... [Vercammen , 2000]
7: En algunos países ni siquiera llegó al 30% (GB el 23% y Holanda el 29,9%). Y en varios de ellos no se alcanzó el 50%, entre ellos los dos principales Alemania y Francia (Finlandia el 30,1%, Suecia el 38,3%, Portugal el 40,4%, Alemania el 45,2% y Francia el 47%) [El PAÍS , 15-6-1999].
8: En el caso español, ha bajado sensiblemente el sentimiento «europeísta» en su población. En su seno predominan ya los insatisfechos con la «construcción europea», así como se ha incrementado sustancialmente la falta de aceptación de la moneda europea (48% frente al 41% a favor) [El PAÍS , 15-1-2001].

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