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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Manifiesto de la Unión de pequeños agricultores y ganaderos e INTERMON OXFAM. Por la Defensa de un Medio Rural Sostenible en el Norte y en el Sur


Fernando Moraleda, Secretario General de UPA
Ignasi Carreras, Director General de INTERMON OXFAM

Madrid (España), mayo de 2001

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), sindicato que agrupa y defiende los intereses de las explotaciones familiares en España, e INTERMON OXFAM, ONG de desarrollo que trabaja por el derecho a una vida digna de las poblaciones empobrecidas de los países del Sur, hemos coincidido en la necesidad de plantear un trabajo conjunto sobre la situación del medio rural en España y en los países en desarrollo. El objetivo de este documento es aportar elementos al debate ya abierto sobre el futuro de la agricultura en Europa y en el mundo.

La realidad de los agricultores en España y en los países del Sur es distinta. Existen diferencias en los niveles de renta, en la importancia relativa de la agricultura en sus economías, en los sistemas de protección agraria y, desde luego, en el porcentaje de sus poblaciones que dependen de la agricultura; minoritario aunque significativo en España y mayoritario en los países del Sur. Sin embargo hemos encontrado que hay una serie de problemas que tienen raíces similares y consecuencias comunes. Las crecientes relaciones entre países en el marco de la globalización, el papel de las empresas transnacionales y la expansión del comercio internacional, conducen a una mayor interdependencia entre los sectores rurales de los países desarrollados y de los países pobres. Sendos factores hacen patente la necesidad de una reflexión conjunta que respetando nuestras diferencias con respecto a algunos temas- nos fortalezca en aquellas reivindicaciones en las que coincidimos, defendiendo un modelo rural en España y en los países del Sur en el que agricultores familiares disfruten de una vida digna (considerando los contextos propios de cada región).

Este manifiesto recoge los principios que queremos defender y desarrollar de forma conjunta a lo largo de los próximos años y que concretaremos en líneas de trabajo, investigaciones y propuestas ante las instancias políticas pertinentes.

  1. En defensa del medio rural. Cualquier reforma o decisión política que se tome en ámbitos nacionales o internacionales y que tenga que ver con la agricultura, debe anteponer la defensa del medio rural como espacio con valor productivo, social, cultural y ecológico; así como del agricultor presente en el campo, como garante del mantenimiento de ese medio y sus valores.

  2. Medios suficientes para una vida digna. Cada agricultor tiene el derecho a disfrutar de un medio de vida sostenible a través de unos ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas y disfrutar de una vida digna. Para ello es crucial garantizar el acceso de los agricultores a los recursos naturales (tierra, agua, semillas) y financieros (crédito, seguro agrario) que sean necesarios, promoviendo a su vez inversiones productivas, infraestructuras de comunicación y servicios sociales básicos de calidad en el mismo medio rural.

  3. Seguridad y soberanía alimentarias para los países del Sur. Defendemos la seguridad alimentaria de las poblaciones empobrecidas de los países del Sur. Ello supone garantizar el acceso de toda la población a alimentos suficientes con una dieta equilibrada y completa. Para ello es imprescindible potenciar los mercados locales, diversificar la producción y fomentar el cultivo de productos para el consumo interno hasta donde sea necesario. Debe revisarse así el modelo que prioriza el monocultivo para las exportaciones y que destina a ellas las mejores tierras y la mayor parte de las inversiones.

    Asimismo, defendemos la soberanía de cada país o grupo de países a la hora de definir las políticas necesarias para lograr estos objetivos. Pensamos que el agrario es un sector en el que se debe permitir que los países establezcan medidas de protección selectiva y estratégica. Sin abogar por un proteccionismo a ultranza, cada país debe contar con la posibilidad de introducir ciertas medidas proteccionistas ante determinadas circunstancias, en defensa de sectores que consideren clave para su seguridad alimentaria o la subsistencia del medio rural. Consideramos injusto que los mercados europeo y norteamericano mantengan altos niveles de protección frente a productos agrarios del Sur, cuando en estos países se ha impuesto una apertura comercial indiscriminada que ha tenido efectos negativos sobre amplios sectores campesinos. Debe permitirse la protección selectiva -en el Norte y en el Sur-, pero atendiendo siempre a los intereses de los que realmente sostienen el medio rural.

  4. La agricultura como sector excepcional dentro de la OMC. En consecuencia con el punto anterior -y en el marco de las actuales negociaciones multilaterales- defendemos que la agricultura constituya un sector excepcional dentro de la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La producción agraria no puede ser tratada como un sector comercializable más, por lo que las negociaciones abiertas deben incorporar criterios de seguridad y soberanía alimentaria, así como una previsión del impacto social y ambiental de las medidas adoptadas. Los alimentos son sobre todo un derecho humano básico y no una mercancía más. Su importancia social y ambiental hace que no se pueda dejar su desarrollo a las fuerzas del mercado de forma exclusiva, por lo que es necesaria una firme intervención pública.

  5. Seguridad alimentaria para los consumidores. El modelo de producción debe ofrecer garantías sobre la calidad de los alimentos que llegan a los consumidores. En nuestra opinión, esta seguridad ha sido puesta en peligro por un modelo que prima la producción intensiva y los intereses de ciertas explotaciones; un modelo en el que el beneficio de intermediarios y empresas agroalimentarias -tanto de suministro de insumos como de comercialización de productos- se ha puesto por encima de la calidad de los alimentos y de los ingresos de los agricultores familiares.

  6. Condiciones laborales dignas. Sabemos que los sectores agrarios de España y de los países del Sur viven realidades diferentes en lo que se refiere, por ejemplo, a niveles salariales y de renta. Sin embargo, consideramos que ni siquiera la pobreza puede negar el cumplimiento de unos niveles mínimos en las condiciones laborales y ambientales en las que se desarrollan los trabajos productivos agrarios. Los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo deben ser de obligado cumplimiento en todos los países.

  7. Precios reales sobre costes reales. Los precios de los productos agrarios no pueden seguir una carrera a la baja en la cual los perdedores sean siempre los pequeños agricultores de todo el mundo, compitiendo entre ellos. Es necesario que el precio del producto final refleje el coste real del producto, garantizando una renta mínima para el agricultor e incorporando costes, como el ambiental, que actualmente no se consideran en el precio final del producto.

  8. Abusos de las empresas transnacionales. La gran beneficiaria -y principal impulsora- del modelo agrario que se impone a nivel mundial es la empresa transnacional agroalimentaria y agroquímica. Mientras la renta de los pequeños agricultores baja, la capacidad de presión y el volumen de negocio de este tipo de compañías se multiplica. El agricultor depende cada vez más de las empresas para obtener insumos -como semillas y agroquímicos- y enfrenta problemas adicionales con la aparición de los cultivos transgénicos, sobre los que existen serios indicios de riesgo ambiental y sanitario. La legislación internacional sobre propiedad intelectual favorece el control exhaustivo por parte de las multinacionales, mientras mira hacia otro lado ante los abusos de estas empresas, como la biopiratería o la «privatización» de organismos vivos.

  9. Una apuesta sincera por la multifuncionalidad de la agricultura. El modelo actual de Política Agraria Común (PAC) tiene considerables efectos negativos sobre los agricultores de los países del Sur. Al mismo tiempo, la distribución de sus ayudas en los países europeos beneficia mucho más a los grandes agricultores que a los pequeños. Creemos, por tanto, que el inminente proceso de reformas del modelo agrario europeo debe priorizar estas consideraciones y propiciar un sistema de ayudas que conserve el medio rural europeo sin perjudicar a los países del Sur. Exigimos que la reforma de la PAC incorpore una modulación de las ayudas que tenga por objeto repartir con mayor justicia social los recursos entre los verdaderos agricultores y ganaderos, no entre los cultivadores de subvenciones, y de este modo se garantice el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y al futuro del mundo rural.

    El concepto de multifuncionalidad forma parte ya de la retórica de gobiernos y Comisión Europea, pero tenemos dudas sobre la verdadera voluntad política de aplicarlo en todos sus términos. La función productiva de la agricultura es importante, pero hay otras funciones que también cumple el agricultor presente en el campo y que son esenciales para la sostenibilidad del medio rural; funciones como el mantenimiento del entorno ambiental, el manejo sostenible de bosques y recursos naturales, el turismo rural o el reparto adecuado de los asentamientos humanos. La promoción de estas funciones dentro de la nueva PAC traerá indudables beneficios para las sociedades europeas en el medio y largo plazo.

    Con el fin de dotar de una mayor legitimidad social a los mecanismos de la PAC, defendemos que su futuro pase por el establecimiento de un «contrato social» entre el sector agrario y el conjunto de la sociedad. El futuro de la agricultura y del medio rural no debe ser diseñado desde una óptica sectorial excluyente, sino como un compromiso solidario y corresponsable de todos los ciudadanos europeos.

  10. Eliminar de forma progresiva las exportaciones subvencionadas de la UE. La exportación de excedentes europeos doblemente subsidiados (en su producción y en su venta) supone una competencia desleal para pequeños agricultores del Sur, que se ven desplazados de sus propios mercados por la imposibilidad de competir con productos comercializados a precios inferiores al coste de producción. Deben tomarse medidas para la eliminación progresiva de estas prácticas, analizando sus efectos en la agricultura familiar española y contemplando medidas que mitiguen el posible impacto negativo sobre ésta.

  11. Una apuesta por la agricultura ecológica. La producción ecológica está teniendo una aceptación creciente entre la población española, un mercado que previsiblemente será mayor en el futuro, como ya ocurre en otros países europeos. Este tipo de producción puede ser además el exponente más claro de un modelo agrario basado en el respeto ambiental y en la responsabilidad social. La agricultura ecológica no será por el momento la única alternativa al modelo vigente pero sí debe ser un tipo de producción que se apoye desde las instancias públicas y que se acerque cada vez más al consumidor que la demanda.

  12. Una AOD de calidad para el medio rural. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) puede ser un apoyo esencial para la defensa del medio rural en los países empobrecidos, siempre que se den ciertas condiciones. El volumen actual de la ayuda ha caído respecto de años anteriores y, con demasiada frecuencia está orientada por los intereses de los países donantes, con lo que promueve políticas que reproducen y refuerzan modelos de producción intensiva para la exportación. Instrumentos como la ayuda alimentaria pueden llegar a provocar más perjuicios que beneficios si no se atiende a los intereses reales de los países receptores. Una ayuda de calidad debe contar con recursos suficientes, ser diseñada con la participación de las organizaciones campesinas locales y orientarse al apoyo de políticas que defiendan al campesino y al medio rural sostenible. Es clave promover acciones integradas de desarrollo rural en los países del Sur, por lo que la ayuda debe estar condicionada a la participación, la coordinación y la dinamización de los diferentes territorios rurales.

  13. Libertad para una actuación responsable de los países pobres. Pese a la importancia del comercio internacional de productos agrarios para muchos países del Sur, el elemento determinante para el desarrollo del medio rural está en la capacidad de cada país o grupo de países para definir y aplicar políticas nacionales adecuadas, sin imposiciones ni interferencias de instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el FMI. La imposición de aperturas comerciales rápidas e incondicionales ha tenido efectos dramáticos sobre grandes capas de población y ha impedido desarrollar políticas nacionales eficaces para la lucha contra la pobreza y el acceso adecuado a los alimentos. Una vez cuenten con esa soberanía, debe pedirse a los gobiernos del Sur la aplicación de políticas que promuevan el acceso a recursos naturales y financieros, favorezcan la inversión pública en infraestructuras rurales y adecúen la política comercial a los intereses de los sectores rurales mayoritarios y los mercados interiores.

    A través de este documento UPA e INTERMON OXFAM manifiestan públicamente su coincidencia en los puntos aquí desarrollados. Esta declaración es un primer esfuerzo por abrir un diálogo entre las organizaciones españolas de agricultores y las ONG de desarrollo, un esfuerzo que queremos ampliar a otros colectivos y que se une al proceso de reflexión abierto ya en otros países europeos. Instamos al Gobierno español a considerar estos elementos en el debate sobre la reforma de la PAC, abriendo los debates a la participación de los diferentes sectores implicados.


Fecha de referencia: 14-06-2001

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