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Boletín CF+S > 15 -- Calidad de vida urbana: variedad, cohesión y medio ambiente > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/arfer.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X


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La estupefacción y reacción del poder


Por primera vez en muchos años las estructuras del poder económico y político están consternadas. Se encuentran en un impasse redefiniendo sus estrategias, dirimiendo sus conflictos internos y analizando cuál es la mejor forma de proceder para avanzar en la globalización económica, que exige sin contemplaciones la máquina de acumulación de capital y beneficio, y hacer frente al mismo tiempo a los procesos antagonistas descritos, a los comportamientos desordenados en ascenso y a la ingobernabilidad creciente que provoca la propia mundialización económica. Y el escenario se complica pues en esta dinámica se asiste a una pérdida de capacidad de actuación de los Estados, a una redefinición de su papel para que sean funcionales a los intereses de la globalización capitalista, y al mismo tiempo puedan hacer frente al antagonismo en ascenso y a la ingobernabilidad desbocada. Indudablemente los escenarios de gestión del modelo no son los mismos en el Centro que en las Periferias Sur y Este, máxime cuando la falla que separa el Centro de sus Periferias se ahonda día tras día. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación contribuyen adicionalmente a profundizar en esta situación, animando así al auge del antioccidentalismo periférico.

Todo ello se complica aún más si se pretende que las estructuras del poder económico y, sobre todo político, mantengan su legitimidad, seriamente erosionada últimamente, pues ninguna estructura de poder se ha podido mantener a medio plazo en la Historia sin gozar de una mínima legitimidad política y social. Y a ello se añade el que las fuerzas hegemónicas, el capital transnacional productivo y, en especial, el financiero especulativo, funcionan cada vez más en el corto -o cortísimo- plazo, siendo progresivamente incapaces de prever las consecuencias de su actuación más allá del tiempo real en el que operan. Y es principalmente el poder político (y militar) el que se ve obligado a tener en cuenta la gestión de los conflictos a corto-medio plazo (el largo plazo ni se menciona) en unas condiciones crecientemente complejas, presionado a ultranza por un poder económico transnacional que funciona prácticamente sin controles y con una capacidad de intervención de los Estados sobre la realidad cada vez más limitada. La contínua concentración de poder en manos de los Estados que empezó en 1648 con la Paz de Westfalia se ha acabado y hoy en día funcionan cada vez más como apéndices de una realidad que les trasciende cuya propia dinámica hace que su función pase a ser continuamente reestructurada por el capital transnacional.

Se produce la obsolescencia de un poder estatal basado en la soberanía territorial, cuando las economías nacionales funcionan cada vez más volcadas hacia el mercado mundial y están crecientemente condicionadas por éste. Y cuando los aparatos productivos nacionales articulan su relación con el exterior en base a redes y flujos que permean las fronteras estatales, que son potenciados por el desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y por la expansión irrefrenable de los sistemas de transporte. Todo ello hace que el capital sea cada vez más móvil (tanto el productivo como, en especial, el financiero especulativo, que puede llegar a viajar a la velocidad de la luz) y que vaya perdiendo el carácter que tenía antaño, de estar más bien vinculado a un territorio nacional concreto. Hoy en día se puede decir que el capital no tiene patria (el auge de los paraísos fiscales así lo manifiesta), lo cual no quiere decir que no aproveche sus vínculos más o menos estrechos con unos u otros Estados-nación. Más fuertes, en general, allí donde todavía se ubican sus sedes centrales.

Recientemente, en un magno encuentro en Budapest de la Cámara Comercio Internacional (CCI), uno de los máximos altavoces de los intereses del capital global, un directivo de una transnacional afirmaba "el entorno económico y político está todavía en manos de los gobiernos, tenemos que darles un mensaje claro, el tiempo es apremiante y tenemos que adaptarnos rápidamente. El objetivo es crear valor para el accionista (shareholders value), y la sociedad y los gobiernos tienen que entender este mensaje" [CEO , 2000 c]. En éste, y en otros encuentros de los principales responsables del poder económico y financiero se ha exigido a los gobiernos la urgente adopción de nuevas medidas de liberalización y desregulación (inicio de la Ronda del Milenio en la OMC, nueva arquitectura financiera internacional, con la consiguiente reforma del FMI y el BM, etc.) con el fin de crear un entorno institucional global que elimine cualquier tipo de restricción (política, social, medioambiental, de derechos humanos...) al funcionamiento del capital a escala transnacional. Pues, como dice Oskar Lafontaine: "el capital quiere (exige) tener un rédito mínimo de un 15% en todo el mundo" [Ramoneda , 2000], cuando la economía mundial, como mucho, crece entre el 4 y 5%.Y para eso es preciso no sólo impulsar el crecimiento global, sino, sobre todo, desregular absolutamente los mercados financieros para que ello sea factible (aunque, probablemente, no será posible por mucho tiempo), con las consecuencias que ya se han dejado entrever en los noventa.

En el mencionado encuentro de la CCI, se animaba también a los representantes del capital transnacional a implicarse directamente en la promoción de estas medidas, a salir a la palestra pública "para luchar por lo que creéis, y a no esperar que sea conseguido por los políticos que no están todavía listos para ello" [CEO , 2000 c], según manifestó uno de los participantes. Se comentó también la alianza recientemente establecida entre la CCI y las NNUU, el llamado Global Compact, esto es, considerar a las transnacionales como "ciudadanos globales", una gran operación de imagen del capital transnacional para, aprovechando lo que queda todavía de imagen positiva de las NNUU a escala planetaria, conseguir un lavado de cara de los intereses de éste, y al mismo tiempo obtener un entorno institucional mundial más adaptado a sus exigencias[1]. Las NNUU consiguen a cambio fondos económicos para seguir operando como institución mundial, superando la crisis de financiación que le amenaza desde hace años, pues los Estados, en especial los del Norte, y muy en concreto EEUU, no aportan lo suficiente para mantener su burocracia. En el mensaje de Kofi Annan en la conferencia no pudo ser más explicito: "Las NNUU es la institución global. La CCI es la asociación empresarial mundial. Continuemos juntos con esta dinámica de colaboración" [CEO , 2000 c]. Se llegó a presentar el Global Compact como el mejor instrumento para ganar el debate (mediático) sobre las "bondades" de la globalización. Y se resaltó que ésta era la vía idónea para conseguir el tan ansiado "desarrollo sostenible". "Era embarazoso escuchar al director de la agencia de medio ambiente de las NNUU comentar cómo las grandes corporaciones participantes (en el Global Compact) estaban comprometidas con el futuro de nuestros hijos, llamarlas los "héroes verdes" de nuestro tiempo y apoyar de todo corazón su capacidad de autorregulación como la clave del desarrollo sostenible mundial [...] La Cámara de Comercio Internacional ha conseguido institucionalizar al nivel de las NNUU el lavado de imagen ambiental de las grandes corporaciones (corporate "greenwash"), esto es, la absurda retórica que los mayores contaminadores a escala planetaria pueden voluntariamente resolver, ellos mismos, la crisis ecológica global" [CEO , 2000 c].

Pero en todas las intervenciones de este encuentro salía a relucir la enorme preocupación que suscitaba en la élite del capital mundial las movilizaciones contra la globalización (Seattle, Washington, Londres, Bangkok...) [CEO , 2000 c]. Este auge de la "globalfobia", como lo caracterizan, provoca divisiones en su seno acerca de la mejor forma de enfrentarlo y gestionarlo. Las estrategias de cooptación de ONGs y de algunos movimientos sociales para intentar legitimar las estrategias del capital transnacional se encuentran ya prácticamente agotadas después de Seattle, y de lo que ha llovido desde entonces, que ha sido mucho. Además, el incidir en esa vía, se dijo, haría que se retrasase innecesariamente la adopción de medidas que se estiman apremiantes para que puedan continuar los procesos de acumulación del capital a escala mundial. Parece, pues, que poco a poco se van imponiendo las posturas más duras, sin concesiones, dentro de la élite del capital mundial.

Aunque en ocasiones, como en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, se intenten ciertas medidas cosméticas como incorporar a los debates de la superélite económica mundial a algunos de los más conocidos representantes de ONGs críticas con la globalización económica ( Vandana Shiva, Martín Kohr...), con el fin de quitarse de encima el sambenito de "club privado exclusivo". Una vez que se saben observados, pues las protestas ya han llegado a sus puertas. El propio presidente del Foro, Klaus Schwab, ha propuesto una cooperación más estrecha entre gobiernos, empresas y "sociedad civil" con el fin de dotar de un rostro humano a la globalización económica [CEO , 2000 d]. En el mismo sentido ha incidido recientemente el secretario general de las NNUU, Kofi Annan, pidiendo la colaboración del mundo empresarial y gobiernos con las ONGs, pues "por si sólo, el sector privado, aun siendo tan vital como es, no puede dar a los mercados una cara humana, ni llegar a los millones de personas que se quedan al margen" [One Country , 2000]. Y hasta el BM, en un intento adicional de ganar legitimidad, ha suscrito un acuerdo con las principales confesiones religiosas para impulsar las políticas de "desarrollo" [One Country , 1999].

Sin embargo, existen discrepancias entre las élites políticas y económicas que se reflejan en los propios organismos de carácter supraestatal (FMI, BM, OMC, NNUU, OCDE). Así, a principios de los noventa el llamado "Washington Consensus" (las políticas impulsadas por el FMI y el BM, inducidas por las élites económicas y financieras) impuso el concepto de "Estado mínimo" en la Periferia para propiciar la globalización económica. Más tarde, a finales de los noventa, y ante la ingobernabilidad creciente que propiciaba la intensificación de la globalización en estos espacios, se acuña el llamado "post Washington Consensus". Nada nuevo bajo el sol, pero sí se hacía hincapié en que para que la globalización funcione es preciso garantizar la gobernabilidad (good governance) [WB , 1997]. Sin gobernabilidad el mercado simplemente no puede existir, se venía a decir. Para ello no sólo eran necesarias las reformas institucionales que adaptasen el funcionamiento de los Estados a las exigencias del capitalismo global, y las garantías jurídicas correspondientes para proteger la propiedad transnacional, sino que era preciso reforzar el poder (policial, militar...) de los Estados, con el fin de poder gestionar los conflictos en ascenso, añadiéndole ciertas dosis de legitimación para garantizar la gobernabilidad (participación de las ONGs para lidiar con la pobreza más extrema, entramado democrático formal de baja intensidad...)

Las propias instituciones globales, BM y FMI, hacían una cierta revisión crítica de su funcionamiento y de los resultados de sus políticas, y venían a señalar también determinados cambios necesarios, de carácter cosmético, para ganar legitimidad. Quizás estas reflexiones provinieran no sólo de sus burocracias sino del peso que todavía tienen los Estados en el diseño de sus políticas, en especial los del Norte (y en concreto el G-7), ya que por el momento son organismos multilaterales. Hasta el mismísimo FMI, cuyo discurso (y por supuesto, actuación) nunca había hecho la más mínima concesión de cara a la galería, actualizaba su lenguaje en la última etapa de Camdessus (su anterior director gerente), tras la debacle que su intervención había provocado en medio mundo por la gestión de la crisis financiera que se inicia en 1997, introduciendo la necesidad de considerar determinadas medidas que pudieran "llegar a paliar" la expansión brutal de la pobreza y exclusión que la globalización financiera, y su propia actuación, generaban [Camdessus , 1999].

Sin embargo, una cosa es la retórica y otra las políticas concretas. Máxime en un momento en que la relación entre el poder económico y político se decanta cada vez más claramente respecto al primero. En estos momentos se está debatiendo la llamada Nueva Arquitectura Financiera Internacional que pretende ser una nueva vuelta de tuerca adicional para supeditar la actuación del BM y el FMI a los intereses del capital transnacional productivo y financiero especulativo sin mediación política, o con la mínima posible. Se pretende subordinar la actuación de los Estados (especialmente del Centro), en el seno de estos organismos, a los intereses del capital privado. Esto ya venía aconteciendo de forma cada vez más clara en los últimos veinte años, pero ahora se le quiere dar carta de naturaleza formal y supeditar el carácter multilateral de estos organismos a la creación de un Consejo Asesor del Sector Privado ("Private Sector Advisory Council") [Chossudovsky , 1999]. Esto es, que las políticas de estas instituciones, y las vías para la gestión de las crisis financieras, pasen a ser directamente definidas por los intereses del capital financiero transnacional.

Las primeras declaraciones del nuevo director gerente del FMI, Horst Koehler, tras su controvertida elección, lo han dejando meridianamente claro. "El FMI -vino a decir- necesita reformas, pero desde luego una de ellas no es ocuparse de aliviar la pobreza en el mundo. El organismo debe concentrase en asuntos monetarios y financieros y abandonar cualquier otro tipo de veleidades. Koehler volvió al discurso duro (...) En los países subdesarrollados, comentó, lo que hace falta es mano dura con los precios (...) y reducción del número de funcionarios. Koehler no cree que haya que tener vergüenza. Y no está dispuesto a que las opiniones públicas de la sociedad civil socaven las decisiones de las instituciones" [Gallego-Díaz , 2000]. Más claro, agua.

La dinámica de la OMC va exactamente en la misma dirección. Su presión para que los distintos gobiernos decidan en un próximo encuentro el inicio de la llamada Ronda del Milenio le conferiría al capital transnacional, un enorme poder sobre los Estados, eliminando prácticamente cualquier restricción (política) al funcionamiento de un mercado verdaderamente global. Los contenidos del AMI, que se quieren incorporar en un capítulo especial de la Ronda dedicado a inversiones, habían llegado a ser definidos por el anterior director de la OMC, Renato Ruggiero, como la redacción de una nueva constitución mundial [Wallach , 1998] que fijase, negro sobre blanco, los derechos de hierro del capital a escala transnacional; lo que obligaría, por supuesto, a adaptar las distintas constituciones nacionales a este nuevo marco global de obligado cumplimiento. La Ronda del Milenio, al ser aún más ambiciosa, va incluso más allá.

Y en este intento el capital privado se niega a que haya la más mínima normativa mundial que socave su capacidad de actuación. Las concesiones que de cara a la galería apuntan algunos Estados del Norte, en línea con lo reclamado por ONGs moderadas y los grandes sindicatos CIOSL, esto es, unas mínimas restricciones sociales, laborales, medioambientales, y de derechos humanos, al funcionamiento del mercado global, son rechazadas de plano por los máximos representantes del capital privado. Y se urge al poder político para que en una próxima cumbre de la OMC en Qatar, al abrigo de movilizaciones (pues en los Emiratos Árabes Unidos está prohibido el derecho a manifestarse) se inicien las negociaciones de la Ronda del Milenio, que le dotará finalmente de una hegemonía planetaria.

El poder económico ya no necesita al poder político, como en el pasado, para ampliar su ámbito de actuación y su propio poder. Anteriormente el poder económico necesitaba del poder del Estado para conquistar territorios o ampliar su esfera de influencia territorial (la diplomacia de las cañoneras), para introducir dentro de la lógica del mercado a los diferentes factores productivos (tierra, trabajo...), para consolidar su propia dimensión y garantizar el funcionamiento del mercado (subvenciones a las grandes empresas, creación de infraestructuras...) y para gestionar el conflicto de clases, recurriendo a la fuerza si era necesario. Pero hoy en día está a punto de conseguir los dos primeros de manera global. El mundo entero está a punto de convertirse en una mercancía. En todo caso continuará utilizando el poder estatal para promocionar su propia actuación y poder y fundamentalmente para lidiar con la ingobernabilidad, con aparatos represivos: policiales, militares... si falla la capacidad de seducción, entretenimiento, embrutecimiento y espectáculo de los mass media y la realidad virtual sobre la población mundial.

Pero esto le va a exponer de una manera más directa al "ojo público"; pues hasta ahora, sobre todo en el siglo XX, el poder económico se había parapetado detrás del burladero que le proporcionaba un Estado crecientemente legitimado (principalmente en el Centro). Por otro lado, al propio Estado se le va a visualizar más como un simple apéndice de los intereses del capital, lo que va a redundar en una deslegitimación mayor de sus estructuras. Y la enorme capacidad de condicionar las mentes por parte de la Aldea Global, de promocionar una determinada subjetividad humana acorde con los intereses del capital transnacional, así como de desestructuración social y de desmontaje de la capacidad de antagonismo, tiene también sus límites como se ha demostrado en el centro del Imperio. Con lo cual será preciso recurrir cada vez más a mecanismos represivos para mantener un orden que en su propio despliegue genera cada vez más desorden. Y en esa dinámica la legitimación de todo el modelo se irá disolviendo aún más, necesitando cada vez más la fuerza para mantenerse. Y todo ello sin que se quiebre la lógica de acumulación del capital. Intentemos detallar, aunque sea mínimamente, estas tendencias que se vislumbran.

Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 27-03-2001


1: La CIOSL también ha suscrito el Global Compact [CEO , 2000 c]. No sabemos si recibirá, asimismo, una compensación económica por ello.

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