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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Ladislao Martínez López
Ecologistas en Acción
Madrid (España), octubre de 2000.
Cualquiera que se moleste en mirar el programa de estas jornadas
verá que hay bastantes ponencias con un contenido bien delimitado
y unas pocas de temática tan amplia que resulta francamente
difícil pasar de decir algunas generalidades. Creo que es el caso
de la intervención que se me propone: acudo aquí pues en
condición de "experto en generalidades", una palabra que en
alemán existe (los alemanes lo han inventado casi todo en casi
todos los campos)... y que es un insulto. Pero estoy dispuesto
a defenderme. Acotaré tanto la intervención que hasta me podré
permitir el lujo de hablar de problemas concretos de ciudades
concretas y dar cifras para describirlos.
Una primera acotación es que hablaré sobre todo de los
principales problemas de las grandes urbes: Madrid podría ser un
ejemplo. Una ciudad de millones de habitantes, rodeada por un
cinturón urbano casi continuo de poblaciones de decenas o cientos
de miles de habitantes. Dejo de lado pues los problemas de las
urbes más pequeñas (30.000-500.000 habitantes) que suelen
limitarse a problemas puntuales de ruido asociado sobre todo a
actividades de ocio, pérdidas de suelo fértil por la extensión
urbana (la plaga de los "unifamiliares y los adosados" que afecta
hasta a ciudades tan poco proclives como Soria o Cuenca),
inadecuado tratamiento de potabilización de las aguas o de
depuración de sus efluentes, o gestión deficiente de los Residuos
Sólidos Urbanos generados. Estos últimos dos problemas aparecen
más como consecuencia de la falta de recursos económicos de los
ayuntamientos que de la dificultad intrínseca de solución. Puede
haber también problemas de calidad del aire en ciudades con
actividades industriales de entidad en sus inmediaciones
(Puertollano o Huelva son buenos ejemplos), o que por motivos
climáticos o geográficos tengan una mala dispersión de la
contaminación (Valladolid).
Una segunda acotación es que no abordaré los problemas que serán
analizados con más detalle en otras jornadas de este mismo
seminario. Dejo de lado los problemas de ocupación de suelo por
crecimiento urbano, los problemas del transporte,...También
dejaré al margen aquellos problemas ambientales que se originan
en buena medida en las ciudades pero que manifiestan sus efectos
en zonas que pueden estar muy alejadas de ellas: pienso en el uso
de la energía a la que está asociada el cambio climático, las
lluvias ácidas, los accidentes nucleares, las mareas negras, los
residuos radiactivos, la minería del carbón a cielo abierto...
Todo esto lo omitiré aunque sí hablaré de uno de los problemas
que se generan en la ciudad por el uso de la energía y en ella
o en su entorno repercute: la contaminación de aire. Será este
el primer problema que aborde.
La contaminación del aire en las grandes ciudades españolas (o
europeas) es un problema que ha experimentado un notable cambio
desde finales de los 70 o principio de los 80 hasta nuestros
días. En aquellas fechas la contaminación era un fenómeno
típicamente estacional provocado fundamentalmente por las
calderas de calefacción que estaban alimentadas con combustibles
muy contaminantes. Muy frecuentemente se empleaban como
combustibles carbones de cierta calidad como hullas o antracitas
con contenidos de azufre del orden del 0,8-1,5% en peso (aunque
en algunas ciudades se utilizaban además lignitos mucho más
contaminantes y con menor poder calorífico). Se usaban también
gasóleos pesados o fuelóleo con contenido de azufre que no era
raro que llegara al 3-4%. Los contaminantes más destacados eran
el dióxido de azufre, originado en la oxidación del azufre que
formaba parte de los combustibles, y las partículas en suspensión
con tamaños y composiciones químicas variables que en casi todos
los casos contenían sales y óxidos metálicos asociados a
hidrocarburos o partículas de carbono inquemados.
La contribución de la industria a los niveles de contaminación
era en muchas ocasiones significativa (casi todas las ciudades
grandes tenían a su alrededor unos complejos industriales
importantes) y a veces, era la causa principal. Este es el caso
de ciudades como Bilbao, Huelva, Gijón o Puertollano. Los valores
que se registraban eran espectaculares y era relativamente
frecuente la aparición de fenómenos tan visibles como que se
agujereasen las gabardinas en los primeros días de lluvia en
Bilbao. La causa no era otra que el ácido sulfúrico que la lluvia
depositaba sobre ellas.
El problema se corrigió en gran medida por la desaparición en
algunos casos de las empresas más contaminantes de los cascos
urbanos y por la imposición de normas que prohibían los
combustibles más contaminantes. El fuel desapareció, el nivel de
azufre de los gasóleos ha ido siendo progresivamente más bajo y
las calderas de carbón siguen reduciendo su número en casi todas
las grandes ciudades (en Madrid quedan unas 6.000). Combustibles
más limpios como el gas natural han ido ganando cuota sobre todo
en los últimos 6 años.
Pero el problema no ha desaparecido. Solo ha cambiado. Hoy la
contaminación no es fundamentalmente estacional, sino que se
mantiene en buena medida durante todo el año cuando las
condiciones de dispersión son desfavorables. Su causante es el
tráfico y los contaminantes principales los óxidos de nitrógeno
(NOx), aunque siguen existiendo valores preocupantes de
partículas y tienden a aumentar los niveles de hidrocarburos. Hay
que resaltar que los NOx son unos contaminantes bastante
insidiosos porque se forman por catálisis térmica de dos
elementos presentes en el aire (Nitrógeno y Oxígeno). Es decir
que basta con que se alcancen ciertas temperaturas en la
combustión de cualquier sustancia para que se formen.
Durante estos años se ha producido un fenómeno paradigmático. Ha
mejorado la eficiencia de los motores, se ha generalizado el uso
de los catalizadores (que eliminan buena parte de los
contaminantes emitidos) pero los niveles de contaminación no
mejoran. El incremento de la movilidad y el subsiguiente aumento
del parque automovilístico han devorado los logros de la
tecnología. Un dato significativo es que los catalizadores han
resultado ser menos eficaces para prevenir la contaminación del
aire de lo previsto. Necesitan para funcionar a pleno rendimiento
un mínimo de distancia recorrida (se ha publicado unos 6 km.
aunque los fabricantes de catalizadores insisten en que los
valores son menores en "sus catalizadores"), algo que no siempre
ocurre en los traslados urbanos que con mucha frecuencia son a
distancias muy cortas. Es un caso de evidencia de los límites de
las soluciones "posibles" de fin de tubería. Y digo posibles
porque se descartó la obligatoriedad de los catalizadores
trifásicos más eficientes para no encarecer innecesariamente los
automóviles. Aunque en nuestro país todavía hay un buen número
de automóviles que funcionan sin catalizador y la vigilancia del
correcto funcionamiento de los instalados no es precisamente
modélico, me encuentro entre los creen que en los próximos años
se mantendrá la tendencia y la mejora tecnológica será superada
por el incremento de la movilidad. Para solucionar este problema
se hacen necesarias medidas estructurales (reducción de la
movilidad en vehículos privados fundamentalmente) que nadie
parece dispuesto a implantar.
Querría resaltar además un fenómeno curioso. Los niveles
crecientes de ozono (O3) en zonas relativamente alejadas de las
grandes urbes. Este es un contaminante secundario cuya presencia
en la atmósfera depende de cientos de reacciones pero que
simplificadamente se puede suponer que se forma por
descomposición fotoquímica del dióxido de Nitrógeno. Se alcanzan
niveles muy altos en días calurosos y soleados, pero a cierta
distancia de los principales focos de contaminación. A título de
ejemplo los niveles más altos en el entorno de Madrid se detectan
en Alcalá, Coslada... Aunque en la sierra al noroeste se supone
que dichos valores son aún mayores.
La excesiva generación de residuos y especialmente de envases se
ha convertido en uno de los principales problemas ambientales,
invadiendo los vertederos y contaminando el aire, el suelo y el
agua. La descripción minuciosa de estos impactos sería muy
extensa ya que una de las características de los RSU es la muy
diversa composición química de los objetos que los componen entre
los que pueden señalarse los materiales formados por compuestos
orgánicos similares a los de los seres vivos (restos de comida),
pero también compuestos orgánicos con elementos "extraños" a la
biosfera (muchos plásticos que contienen compuestos orgánicos
clorados) o una multitud de compuestos inorgánicos con abundancia
de metales pesados en formas químicas de gran toxicidad o de
tremenda influencia sobre los ecosistemas. A título de ejemplo,
es de resaltar la persistencia de los plásticos clorados (como
el PVC) en los ecosistemas durante decenas y probablemente
cientos de años después de ser depositados debido a la
incapacidad de la biosfera de descomponerlos químicamente. Y es
que el enlace carbono-cloro no estaba presente en la naturaleza
antes de la acción humana y por tanto son escasísimos los seres
vivos que saben descomponerlo.
Otro ejemplo es la contaminación de acuíferos subterráneos por
metales pesados procedentes de los RSU. Finalmente los procesos
de combustión incompleta de los RSU son los principales causantes
de la aparición en el aire de sustancias tan exóticas y lesivas
como las dioxinas o los furanos.
La aparición en el mercado de envases de usar y tirar y su
consumo en grandes cantidades han creado en pocos años una
situación límite. La globalización de la producción y de la
distribución hace que el incremento de envases y de embalajes de
transporte sea cada vez mayor, al tiempo que el retorno de los
mismos para su reutilización es más difícil cuanto menos locales
son las economías. Muy sintomáticamente la tasa de crecimiento
de su producción casi triplica la misma tasa del PIB. Vivimos
pues en unas sociedades que se dan mucha maña en producir cosas
inútiles.
Según los datos recogidos en el Plan Autonómico de Gestión de RSU
de la Comunidad de Madrid, la población equivalente de la
Comunidad se situaba en 1995 en 5.219.000 personas repartidas en
5 Unidades Territoriales de Gestión (UTG) y con una producción
total de RU al año de 2.012.000 de toneladas, lo que supone una
estimación de una generación de 1,05 kg. de RSU por habitante al
día. Hay muchas ciudades con niveles de producción
significativamente mayores. Esto nos da una idea de la dimensión
del problema en las grandes áreas urbanas ya que estos millones
de toneladas no desaparecen, siguen existiendo después de que las
arrojamos a la bolsa de basura.
En torno al 50% de estos residuos es materia orgánica, casi un
20% es papel y cartón y existen también plásticos (en
proporciones crecientes), vidrio, metales y lo que suele llamarse
resto.
No quisiéramos dejar de señalar que la fracción de resto, siendo
una parte pequeña del total, entre el 8% y el 10%, contiene
sustancias que se clasifican como residuos peligrosos entre los
que cabría destacar aceites de coche, fluorescentes, baterías,
pilas, medicamentos, restos de disolventes, pinturas, pesticidas,
fertilizantes químicos, etc.
Aunque una pequeña parte de estos Residuos Peligrosos de origen
doméstico se gestionan de forma separada a través de los Puntos
Limpios y los contenedores de recogida de pilas, habría que decir
que la gran mayoría se tiran junto con el resto de RU,
produciendo graves problemas medioambientales y para la salud de
las personas.
Se estima que la generación de Residuos Peligrosos de origen
domiciliario está cercana a los 2,5 kg. por habitante y año, lo
que daría una cifra total de generación en la Comunidad de Madrid
de 13.050 toneladas al año.
Habría que considerar a los Residuos Peligrosos no sólo por su
peligrosidad propia, la cual es ya muy importante, sino por la
capacidad de contaminar al resto de RU al no hacerse una recogida
separada de los mismos, salvo en los Puntos Limpios y
contenedores de pilas ya mencionados.
En este marco se publica el 24 de abril de 1997 la Ley de Envases
y Residuos de Envases que intenta cambiar el panorama de gestión
de los RU, ya que una parte importante de los mismos son envases.
Según se recoge en los objetivos de la Ley de Envases, antes del
30 de junio del año 2001 se tendrán que haber conseguido los
siguientes objetivos:
Se valorizará el 50% como mínimo y el 65% como máximo, en peso,
de la totalidad de los residuos de envases generados.
En el marco del anterior objetivo global, se reciclará el 25%
como mínimo, y el 45% como máximo, en peso, de la totalidad de
los materiales de envasado que formen parte de todos los residuos
de envases generados, con un mínimo de un 15% en peso de cada
material envasado.
Se reducirá, al menos el 10% en peso de la totalidad de los
residuos de envases generados.
Para conseguir los objetivos anteriores se plantean dos sistemas
de gestión de los residuos de envases: el sistema de retorno (que
es puramente anecdótico) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Como podemos ver, los objetivos de la ley son muy reducidos
planteando incluso una limitación en el objetivo máximo de
reciclado de un 45%, lo que supone, de hecho, una limitación para
el desarrollo de una industria fuerte del reciclado. Por otro
lado, y más grave, resulta la potenciación de otras formas de
"valorización" inaceptables como es la incineración de residuos,
ya que dentro de la valorización se pone al mismo nivel la
incineración de residuos y su reciclado.
También destacaríamos que al plantear una valorización máxima del
65%, que como ya decimos incluye la incineración, y un objetivo
de reciclado mínimo del 25%, la ley está permitiendo que se
puedan incinerar el 40% de los residuos de envases.
Ya que no se plantean medidas concretas para la potenciación de
los sistemas de depósito, devolución y retorno, lo que
facilitaría la reutilización de envases, realmente van a ser los
SIG los que monopolicen la gestión de envases, haciendo más
difícil, si cabe, el uso de envases reutilizables y, por tanto,
una disminución importante de la generación de los mismos.
Finalmente habría que señalar que los objetivos de reducción no
se cumplirán salvo que medie un milagro.
Aunque la gran mayoría de los residuos peligrosos son generados
por las industrias, existe también una cantidad importante entre
los residuos sanitarios (citotóxicos, biopeligrosos o químicos)
y en la basura doméstica como resultado de los muchos productos
tóxicos que utilizamos. Ya hemos hecho algún comentario sobre
ellos anteriormente.
Según los datos más recientes de que se disponen, se producen en
torno a 3.394.353 toneladas métricas de RP en el Estado español
(los datos corresponden al año 1995). Por seguir hablando de la
Comunidad de Madrid como ejemplo, en ella se generan en torno al
5% de esta cantidad, es decir, 151.364 toneladas métricas. Ya en
su día, cuando se recopilaron estos datos para el Plan Nacional
de Residuos Peligrosos, se reconocía que las cifras eran bastante
obsoletas, particularmente en regiones como Madrid.
Algunos de los sectores industriales más importantes en la
Comunidad de Madrid (CM), y responsables de estos residuos
peligrosos, son: metales básicos y fundiciones, productos
metálicos, minerales no metálicos, química, eléctrica y
electrónica, textil y confección. La mayor concentración de estas
industrias se produce en el Corredor del Henares (Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, etc.) y en las zonas Sur de
la Comunidad (Getafe, Leganés, Arganda del Rey, Fuenlabrada,
Móstoles, entre otros).
Es conocido que un elevado porcentaje de los residuos peligrosos
generados en la Comunidad de Madrid tiene una gestión
incontrolada, lo que amenaza la protección de los ecosistemas así
como la salud pública. La principal responsabilidad recae sobre
las empresas que actúan negligentemente al no gestionar
correctamente los flujos de residuos peligrosos que generan para
permitir el máximo aprovechamiento o su correcto tratamiento y
evitar desastres ambientales.
Sus impactos sobre el medio guardan cierta similitud con lo de
los RSU, aunque en mayor grado. Los problemas medioambientales
se producen como consecuencia de la deposición directa de los
contaminantes emitidos al aire, o a través de los vertidos a
cauces superficiales o subterráneos, o por vertido directo al
suelo. Dependiendo del tipo de contaminante que se trate, y de
su mayor o menor concentración, su presencia afectará al
funcionamiento o desarrollo de los seres vivos y de los
ecosistemas. Los efectos pueden desembocar directamente en la
enfermedad o muerte de las especies o, más indirectamente, en
problemas de su reproducción o supervivencia en un determinado
ecosistema. Los impactos también se hacen notables por la
contaminación de los cauces de agua y del suelo, que a su vez
repercutirán sobre el crecimiento y la calidad de los cultivos.
A pesar de que se encuentra en vigor un Plan Nacional que
establece unas prioridades de gestión consistentes en la
reducción en origen, la reutilización y el reciclaje "in situ"
y el depósito -en ese orden-, la política de la CM se ha limitado
a potenciar, por lo general, las opciones de tratamiento final
a través de las siguientes vías de gestión: se almacenan
indefinidamente en el depósito de seguridad en San Fernando de
Henares (se depositan en torno a 50-60.000 tn/año con tendencia
a aumentar y en la planta de estabilización se tratan 10-15.000
tn/año), se gestionan en la planta de tratamiento físico-químico
en Valdebebas (unas 20.000 tn/año) después de haber cerrado la
de Manoteras, se incineran (más de 5000 tn sin que la CAM dé
noticias en los documentos oficiales de dónde se hace dicha
incineración), se recuperan los materiales (unos 8-10.000 Tn de
disolventes y casi 800 tn de aceites usados) o son trasladados
a otras CC.AA. o incluso a otros países (más de 66.500 tn en
1998).
De los sistemas de gestión los que han recibido críticas más
duras del movimiento ecologista son los depósitos de seguridad
y la incineración. Aunque es sabido que la verdadera apuesta es
por la reducción en origen y la reutilización en los casos en que
es posible.
Los depósitos de seguridad son instalaciones que no pueden
considerarse como soluciones óptimas para los residuos
peligrosos, pues únicamente esconden el problema dejándoselo a
las generaciones venideras para que lo resuelvan. Por otro lado,
tampoco se puede garantizar la preservación de las propiedades
de impermeabilidad, estabilidad, etc. de los depósitos de forma
indefinida y, en este sentido, surgen preguntas en torno a las
competencias y responsabilidades de velar por la seguridad de la
instalación décadas después de su clausura y sellado. A pesar de
las importantes medidas de seguridad que suelen acompañar a los
depósitos, ocasionalmente se producen accidentes motivados
fundamentalmente por mezclas incompatibles de residuos que dan
lugar a incendios o explosiones. Por poco frecuentes que éstos
sean, debido al importante potencial de riesgo por tratarse de
un almacén de residuos peligrosos, no resultan despreciables.
La incineración es una opción de tratamiento que, aunque
aparentemente ofrezca la ventaja de reducir el volumen de los
residuos, presenta innumerables inconvenientes que justifican que
se descarte como sistema. La incineración no elimina la
contaminación presente en los residuos, sino que la dispersa y
la traslada. Es decir, una parte de las sustancias quedan
atrapadas en los sistemas de depuración de gases (filtros de
manga, precipitadores electrostáticos, etc.) si es que los tiene,
como son las partículas, NOx, SO2 y algunos metales pesados (los
metales pesados no se destruyen a ninguna temperatura). Estos
filtros después deben ir a un depósito de seguridad pues tienen
acumuladas muchas sustancias peligrosas. También es cierto que
una parte de la contaminación se escapa en forma de gas a la
atmósfera, constituyendo un medio para dispersar metales pesados,
dioxinas y furanos, partículas de pequeñísimo diámetro, etc.
Por otro lado, las cenizas que resultan del proceso son también
residuos peligrosos que deben ir a un depósito de seguridad. En
este sentido, las incineradoras no evitan la necesidad del
vertedero, sino que éstos pasan a contener otros residuos más
tóxicos que los residuos de partida.
El ruido, desde un punto de vista físico, representa una suma de
sonidos caóticos, irregulares y arrítmicos o no periódicos. En
la percepción del ruido interviene un alto grado de
susceptibilidad, e influyen las circunstancias personales del
oyente; también contribuye a la percepción del ruido su duración
en el tiempo, la intensidad o el volumen, el tipo de espacio en
que se emite y las características físicas del oído humano.
El ruido provoca estrés, ansiedad, irritabilidad, aumento de la
frecuencia respiratoria, disminución de la capacidad de
concentración e incluso, en personas especialmente sensibles,
dolor de cabeza y depresión. Las alteraciones pueden ser
temporales, lo que provoca fatiga auditiva, o bien permanentes,
en este caso tendremos el trauma sonoro, que podrá ser agudo o
crónico (este último corresponde a la sordera profesional).
En la actualidad en el Estado español está vigente la NBE CA-88
(Norma Básica de Edificación, reguladora de las Condiciones
Acústicas, de 1988), que con relación a la Unión Europea presenta
un bajo nivel de exigencia. Los Ayuntamientos actúan contra la
contaminación acústica a partir de las Ordenanzas Municipales de
Protección del Medio Ambiente y a través de los Planes Generales
de Ordenación Urbana.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 1985 la Ordenanza General de
Protección del Medio Ambiente Urbano, modificada y adaptada en
abril de 1994 (cuando se escriben estas notas se habla de nuevas
modificaciones en la ordenanza). A destacar que en Madrid se
intenta disciplinar el uso de las alarmas o sirenas y el
Ayuntamiento de Córdoba otorga protección destacada contra el
ruido a la hora de la siesta en verano.
A pesar de tanta regulación, son muy escasas las ordenanzas que
contemplan los niveles máximos permisibles de inmisión (el sonido
o conjunto de sonidos recibidos por el receptor) en el exterior
de los edificios, ya que la mayoría sólo contemplan niveles
máximos de emisión en el interior de los mismos (el ruido de
emisión está generado por el tráfico, la maquinaria, y en general
por los sonidos emitidos por objetos exteriores al receptor).
Como dato significativo, hay que destacar que más del 50% de las
denuncias que en temas medioambientales recibe el Ayuntamiento
de Madrid tienen como causa las molestias por ruido.
Parte de la explicación de este fenómeno es la muy baja calidad
acústica en los edificios españoles. Aunque las exigencias de
aislamiento acústico de la actual Normativa española son de
obligado cumplimiento no se cumplen. Según un reciente estudio
de la Asociación Española contra la Contaminación por el Ruido
(AECOR), el 35% de los proyectos de edificación diseñan mal la
prevención de los ruidos, y las deficiencias aumentan al 55%
cuando estos proyectos se convierte en obras.
En medios urbanos el mayor contaminante es el tráfico rodado,
seguido por el transporte aéreo y por el ferrocarril. En un
segundo escalón tenemos las industrias. Luego las obras públicas,
la construcción de viviendas, edificios... Por último, tenemos
las actividades lúdicas y recreativas: discotecas, bares con
música, verbenas, ferias callejeras... Sin olvidar los problemas
causados por los servicios de urgencia y seguridad: las alarmas
y sirenas.
Con el paso de los años, los niveles de ruido máximo emitidos por
los vehículos se han reducido progresivamente, pero de forma
paralela, el número de vehículos que circulan por las ciudades
ha ido creciendo. De este modo, la disminución del ruido en los
vehículos no queda reflejada en las ciudades. Comparando los
resultados de mediciones hechas en 1985, con mediciones más
recientes realizadas en 1995, vemos que el nivel de ruido apenas
se ha reducido en 0,8 dBA. La actual normativa 96/20/CE sobre
control de ruido de vehículos, no refleja la realidad, ni
siquiera sirve para clasificar el ruido procedente de diferentes
vehículos con distintos grados de molestia.
En relación con el transporte aéreo vemos cómo el impacto del
ruido de aviones es particularmente significativo en el entorno
más inmediato de los grandes aeropuertos (operaciones de despegue
y aterrizaje), agravado considerablemente por la relativa
proximidad entre los aeropuertos y las ciudades, y por el
crecimiento experimentado por el tráfico aéreo, tanto civil como
militar. Según el Anuario de El País de 1999, en septiembre del
año anterior, el número total de entradas y salidas de aviones
en los aeropuertos españoles se contabilizaba en 1.158.777
vuelos, de los cuales 200.211 correspondían al de Madrid-Barajas.
En España los principales consumos de agua corresponden a la
agricultura, con cerca del 80% del total, mientras que el sector
urbano y el industrial utilizan el 20% restante. Sin embargo, en
las ciudades y sus entornos la proporción puede invertirse. Las
estadísticas indican que en 1997 el consumo de agua en la
Comunidad de Madrid fue de 282 litros por habitante y día. Pero,
en realidad, esa cifra es tan sólo el resultado de dividir el
volumen total tomado de embalses y captaciones por el Canal de
Isabel II (492 hm3) entre el número de habitantes abastecidos
(4.779.000). El reparto real del agua gastada, por sectores,
según el propio Canal, es aproximadamente el siguiente: 50%
doméstico, 17 % industrial, 10% en centros públicos y el resto
es no facturado, fugas...
De los datos anteriores podemos deducir que el consumo doméstico
es de unos 140 litros de agua por habitante y día. Pero las
medias aritméticas resultan a veces engañosas. En realidad, hay
grandes contrastes en los consumos medios por persona y día. Por
ejemplo, en la ciudad de Madrid, ciertos barrios consumen hasta
cuatro veces más agua, de media por habitante y día, que otros.
Es el caso de Moncloa (345) frente a Tetuán, Villaverde o
Vallecas (entre 90 y 100). La presencia de jardines individuales
es un elemento determinante. Sin presentar valores escandalosos,
los consumos de una ciudad como Madrid podrían reducirse de forma
muy significativa sin mermar la calidad de vida de los ciudadanos
mediante medidas sencillas (grifería ahorradora, cisternas de
doble uso, electrodomésticos eficientes en el uso de agua,
mantenimientos adecuados....).
Las elevadas pérdidas de agua son una de las características de
las redes de suministro urbano. El Canal de Isabel II estimaba
recientemente que el agua perdida en las redes de distribución
supone el 12,6% del total. Sin embargo, técnicos de esta empresa
declaraban de forma privada al diario ABC: si estos datos fueran
reales no habría motivo de preocupación. Las pérdidas rondan el
26% del agua desembalsada [ABC , 4-IV-97]. Estas declaraciones,
que presentan unos datos a mi juicio más realistas, nos muestran
la magnitud del problema de las fugas, un fenómeno muy
relacionado con la antigüedad y el estado de deterioro de una
parte importante de la red de distribución.
Uno de los principales problemas de estos elevados consumos de
agua es la necesidad de disponer, sobre en todo en climas secos,
de ingentes sistemas de almacenamiento. La cantidad de agua que
se puede almacenar en los embalses depende de las aportaciones
que realicen los ríos que los alimentan (entradas) y de los
volúmenes que se vayan derivando para el consumo (salidas).
Cuando el consumo crece y crece llega inevitablemente un momento
en el que ampliar el almacén ya no es solución, simplemente
porque las aportaciones de los ríos ya no dan de sí para llenar
más embalses. Esto es lo que empieza a ocurrir en el caso
madrileño. Aunque estuviéramos dispuestos a construir nuevos
embalses en todos los ríos madrileños los recursos obtenidos no
variarían sustancialmente.
A medida que la explotación de los ríos madrileños se ha ido
haciendo más intensa, los paisajes fluviales han ido
deteriorándose progresivamente. La incidencia en el paisaje
fluvial del sistema de captación y uso de agua madrileño puede
resumirse así:
La inversión realizada por la Comunidad en saneamiento y
depuración ha sido cuantiosa. Pero tras el triunfalismo de las
previsiones iniciales, políticos, gestores y empresas guardan un
discreto silencio sobre los resultados obtenidos. Porque, a pesar
de todo, las aguas de los ríos madrileños siguen estando sucias.
El Índice de Calidad General integra 23 parámetros que miden la
calidad de las aguas. La calidad del agua se considera excelente
cuando el índice oscila entre 85 y 100 unidades y mala cuando
está por debajo de 50 unidades. Un análisis de los datos del
Manzanares después de su paso por Madrid indica que desde 1981
a 1994 en el mes de enero, los valores varían entre 27,3 de 1989
a 51,4 del año siguiente con la mayoría de los valores entre 35
y 45. La construcción de siete grandes depuradoras en Madrid no
parece haber tenido un efecto drástico en la mejora de la calidad
del agua del río Manzanares. Aunque es evidente que sin ellas
todo sería mucho peor.
Fecha de referencia: 25-02-2001
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