Presentación efectuada en Barcelona, en la Asociación para las Naciones Unidas en España el 17 de junio de 1999

Audiencia y entrega de la Declaración al Presidente del Parlamento de Cataluña el 13 de julio de 1999

Antecedentes

La Declaración describe la dimensión ambiental de los derechos humanos, tanto los más conocidos y incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), como los más recientes y por tanto no incorporados en esta declaración. Es decir, los derechos llamados de tercera y cuarta generación: los de tercera generación son los derechos ambientales y ecológicos (que nos llevan a conceptos como seguridad ecológica) y los de cuarta generación, los biológicos y genéticos (que nos llevan al concepto de seguridad biológica).

Hay que decir que ambos conceptos nos llevan al derecho a la vida y, por tanto, cerrando el circulo, a uno de los más importantes derechos de 1. generación reconocidos en la Declaración Universal.

Atendidas las crecientes interrelaciones, fruto de la degradación superpuesta del medio ambiente, ya que variables ecológicas impactan y degradan sistemas biológicos y, a la inversa, variables biológicas degradan sistemas ecológicos, nos referimos genéricamente a los derechos no incluidos en la DUDH como de tercera generación.

ECOjustícia, pionera en el Estado Español y en Cataluña en la defensa y reconocimiento, la divulgación y fomento de los derechos humanos ambientales y la justicia ecológica, su razón de ser, propone la presentación de una Declaración de Principios indivisibles por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (segunda en Europa y primera en el Estado Español), para que sea tramitada por la Asociación para las Naciones Unidas en España, al Parlamento de Cataluña, al Parlamento Español y al Parlamento Europeo con el fin de conceptualizar y comprender mejor estos derechos y apelar a su reconocimiento por parte de instituciones, organismos, ONGs, sociedad civil, medios de comunicación y la opinión pública en general, después de realizar un trabajo de investigación y acciones previas a su fundación (en el marco de las múltiples actividades realizadas en el 50 aniversario de la DUDH).

ECOjustícia se presenta hoy, 17 de junio de 1999, haciendo esta propuesta, en el marco del 27 Aniversario de la Declaración de Estocolmo de la ONU para el Medio Ambiente Humano y Día Mundial contra la Desertización y la Sequía, el mismo día de la presentación pública de la ya nombrada Declaración, que a continuación detallamos.

Declaración de principios indivisibles sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente
Reunidos el 17 de junio de 1999 bajo los auspicios de la Asociación para las Naciones Unidas en Cataluña y de la Federación Catalana de ONG por los Derechos Humanos, la Asociación ECOjustícia propone la siguiente declaración:

RECORDANDO y teniendo presente la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

RECORDANDO y apoyando la Convención para la protección del Patrimonio Mundial aprobada por la UNESCO en 1972 y la Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente Humano, también de 1972, de la cual ahora celebramos el 27 aniversario.

RECORDANDO y teniendo presente, por su significado, la Declaración de la Década 1990-1999 para la prevención de Desastres y Catástrofes Naturales por parte del PNUMA de Naciones Unidas.

CONSIDERANDO y llamando la atención sobre el incumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobadas en Río de Janeiro en junio de 1992, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21 Global para el Desarrollo Sostenible, también aprobadas en junio de 1992 y finalmente la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertización y la Sequía de 1994.

RECORDANDO y teniendo bien presente, como marco de referencia, la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente presentada al Parlamento Europeo para su aprobación en las Naciones Unidas en 1994.

CONSIDERANDO también como referentes que nos guían la Declaración de Derechos de las Generaciones Futuras aprobada en 1997, la Declaración de Derechos sobre el Genoma Humano, también aprobada en 1997, y la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos de 1998 (todas ellas iniciativas de la UNESCO).

CONSIDERANDO y poniendo de relieve, por ser reciente y poco divulgado, el Convenio sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales, aprobado por la 4. Conferencia Ministerial por el Medio Ambiente en Europa, celebrada en junio de 1998 (primera referencia europea a la justicia ambiental).

CONSIDERANDO y poniendo de relieve, ya que no es vinculante y además se esta vulnerando, el Convenio por la Bioseguridad (modificación genética de organismos) aprobado en Cartagena de Indias en febrero de este año 1999.

CONSIDERANDO también que el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Estrasburgo de 1997, declaró que todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sano y saludable y que los derechos de tercera generación (ambientales y ecológicos) ya los empiezan a conceptualizar juristas y expertos en derecho penal y derechos humanos.

CONVENCIDOS que no se puede ejercer el derecho y el deber al medio ambiente, la necesidad de una educación ambiental y ecológica permanente y para toda la población y la necesidad de una justicia ecológica que vaya más allá de intervenir en delitos ambientales si no se facilita y circula libremente una verdadera información ambiental y ecológica con la cual la población pueda participar y tomar decisiones.

PROCLAMAMOS la necesidad que los derechos de tercera generación (no incluidos en la DUDH), y por tanto el derecho humano al medio ambiente, sea reconocido y incorporado como instrumento jurídico universal, con carácter vinculante y por las Naciones Unidas.

Y PROPONEMOS a las Naciones Unidas, que esta Declaración de ECOjustícia (y las entidades que se adhieran a la misma) sea presentada al Parlamento de Cataluña, al Parlamento español y al Parlamento europeo con la intención de coadyuvar y reforzar la aprobación y la incorporación de estos derechos a las respectivas cartas magnas y así garantizar su aplicación.

Artículo 1. EL MEDIO AMBIENTE, UN DERECHO HUMANO
1. Toda persona y todo ser vivo (por tanto toda forma de vida humana o no) tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y saludable y ecológicamente equilibrado, y esto tanto en relación a las generaciones actuales (tanto si tienen como sino tienen poder político, tienen poder de decisión y por tanto responsabilidades), a las nuevas generaciones (jóvenes o acabadas de nacer), como a las futuras generaciones.

2. El derecho humano al medio ambiente y el derecho al equilibrio ecológico del planeta, como derechos de tercera generación, han de ser considerados derechos humanos de forma indivisible, interdependientes y universales y del mismo carácter vinculante -legitimados por el derecho internacional y el derecho humanitario- que los incluidos en la Declaración Universal. En este sentido y en el marco de un fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y de una reforma democrática de las Naciones Unidas, como piden muchas ONGs y muchos países, proponemos que sean incorporados estos derechos a una nueva Declaración Universal.

3. Todas las personas de todas las condiciones tienen derecho a la protección y preservación de los recursos naturales que hacen posible la vida, el descanso, el trabajo y el bienestar (la salud incluida) en nuestro entorno más immediato y en el planeta en general. Por tanto todos tenemos el derecho y el deber de preservar el aire que respiramos, el sol por lo que representa para todos los ecosistemas y para la humanidad, el agua (dulce y potable), el agua marina y los océanos (como reserva de recursos, a parte de reserva alimentaria), el suelo urbano y rural (como medio ambiente más cercano), la tierra (para los cultivos y cosechas), los bosques (como pulmones de biodiversidad y reserva de recursos), los ríos, los mares y en general la flora y la fauna que hacen posible la existencia de la humanidad.

4. Todas las personas tienen por tanto el derecho, y los gobiernos y poderes públicos el deber, de vivir y trabajar libres de polución y degradación ambiental, de disfrutar de la naturaleza y por tanto de recreo sin peligro de contaminación, y sobretodo estar protegidos y prevenidos ante el aumento de riesgos naturales o impactos ambientales que, cada vez con más frecuencia, provocan daños, perjuicios y sobretodo morbilidad y mortalidad en crecimiento.

5. El derecho humano a un medio ambiente sano y saludable debe ser un derecho y un deber que se debe ejercer delante de entidades públicas y privadas, y por tanto es ilegítima y perversa cualquier forma de desinformación, ocultamiento y discriminación de poderes públicos o privados para neutralizar opiniones, expresiones, manifestaciones o reivindicaciones en relación a la degradación del medio ambiente y sobretodo para evitar acciones o decisiones orientadas a vigilar, proteger, defender o denunciar, situaciones que dañen el medio ambiente. Si esta desinformación es dada o avalada por personas de supuesta relevancia científica, debe considerarse un hecho muy grave y un atentado claro y directo al derecho humano al medio ambiente.

Artículo 2. LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO
1. Las generaciones actuales, los gobiernos y los estados deben luchar, garantizar y asegurar la protección, el mantenimiento y la perpetuación de la vida y de la humanidad en todas sus formas. Por tanto se debe considerar un crimen contra la humanidad atentar por obra, obviamente, pero también por omisión, negligencia, ignorancia, falta de voluntad política o con cobertura "científica", contra la naturaleza y contra cualquier forma de vida. No seamos ilusos o utópicos de pensar, que aún destruyendo la biodiversidad esto no va con nosotros; somos una especie más y dependemos de todos los ecosistemas para vivir. Al contrario, según los últimos estudios científicos que complementan la llamada Hipótesis Gaia, el Planeta en sí, de un modo u otro se adaptará a estos cambios, pero la humanidad no podrá hacerlo.

2. Todos los organismos internacionales y supranacionales, intergubernamentales, agencias que dependen o no de la ONU, tengan carácter representativo u organizativo, las ONGs y sobretodo los centros de investigación científica, que hayan aprobado acuerdos, tratados, convenios, declaraciones, informes, conclusiones, recomendaciones, etc. relacionados con la preservación de la vida en la Tierra, tienen la responsabilidad y el deber de denunciar ante los tribunales internacionales o nacionales, competentes o no (ya no podemos entrar en casuística jurídicoadministrativa) y ante todos los medios de comunicación mundiales las alteraciones, degradaciones o destrucciones irreversibles de recursos naturales y de garantizar científicamente que el progreso técnico no este provocando perjuicios irreversibles en todas las formas de vida.

3. Hay que decir, en este sentido, que una cosa es la investigación científica con objetivos civiles y para mejorar la calidad de vida de la humanidad y otra las aplicaciones tecnológicas alejadas de muchas necesidades sociales, entre ellas las ambientales, máximo cuando en sí mismas comportan delitos ecológicos, riesgos ambientales y desastres (no) naturales. Por tanto todas las personas, entidades y gobiernos han de defender el conocimiento científico, sí, y la investigación científica, también, pero rechazar y tipificar como actividades peligrosas para la seguridad ecológica y para la seguridad biológica, y por tanto susceptibles de violar y vulnerar los derechos humanos más fundamentales como son el derecho a la vida y el derecho a la salud, todas estas tecnologías no renovables o no sostenibles que si continúan su crecimiento ilimitado nos llevaran al "sobrepasamiento" (punto de no retorno de impactos ambientales y sociales)

4. Hay que proteger y garantizar el desarrollo evolutivo del genoma humano, y por tanto hay que prohibir cualquier línea de investigación "científica" susceptible de usos biotecnológicos comerciales. Los no comerciales tendrán que pasar rigurosos controles públicos y legales. La unidad genética y la diversidad biológica, tienen que ser considerados derechos humanos y derechos de la Tierra de primer orden. Por tanto tienen que quedar ilegalizadas, pero sobretodo ilegitimadas, por un gran consenso social y mundial, todas aquellas empresas y actividades comerciales orientadas a la manipulación genética, las patentes de seres vivos, partes de seres vivos y toda utilización fraudulenta de los recursos naturales patrimonio de la humanidad.

5. De la misma manera que hace poco se ha creado como un organismo independiente de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la ONU, conjuntamente con el Tribunal Penal Internacional y bajo el auspicio del PNUMA, creará un organismo independiente, y por tanto al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el nombre ya propuesto por muchas ONG internacionales, de Consejo Ambiental Mundial, que velará por la seguridad ecológica mundial y por los derechos humanos ambientales, que tendrá desde competencias divulgativas, de alerta, de denuncia, de gestión de recursos, de movilización y de ayuda humanitaria ecológica hasta la prevención de riesgos ambientales y naturales, prospectiva ecológica, transferencia de tecnología medioambiental, ayuda a víctimas de catástrofes, etc. Incluirá brigadas civiles y cuerpos de voluntarios y cooperantes bajo la coordinación de la Cruz Verde Internacional (organismo infrautilizado y casi sin competencias actualmente) y, en caso de conflicto de intereses o litigios, con el soporte de la Cruz Roja Internacional y de los cascos azules de la ONU, siempre con el mandato de la mayoría de países de la ONU y con el auspicio del Consejo Ambiental Mundial.

Artículo 3. EL DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL, UN DERECHO HUMANO
1. La transparencia pública a todos los niveles de los asuntos, mecanismos, dispositivos, informaciones, indicadores, datos, etc. relacionados con los derechos ambientales de las personas, asociaciones y terceros y por tanto de la información ambiental debe ser garantizada, y tratada su vulnerabilidad como un delito ambiental. Parlamentos, gobiernos, organizaciones, universidades, medios de comunicación y poderes públicos han de facilitar, reconocer y proteger la libre circulación de información ambiental, fomentar la participación colectiva de la población, aumentar los canales y recursos para acceder a la información y levantar el nivel de exigencia política con tal de democratizar los procedimientos administrativos, jurídicos o no, medioambientales.

2. El derecho a ser informado, sin necesidad de pedirlo y mucho menos acreditarlo, debe ser garantizado y considerado de forma clara y precisa operativamente y funcionalmente: En concreto las instituciones publicas tienen que garantizar esta información mediante instrumentos masivos y al alcance de todo el mundo, con el apoyo concertado y reglamentado de todos los medios de comunicación públicos y privados, con la publicación y difusión de informes regulares (divulgando datos, indicadores, niveles y porcentajes de los diferentes ítems ambientales) sobre el estado del medio ambiente y sus diferentes impactos meteorológicos, climatológicos, ecológicos y biológicos. Las empresas privadas deberán tener hilo directo y facilitar informes medioambientales a su administración local y avisar, sin dilación, a las autoridades competentes en caso de impactos o daños ambientales, sea cual sea su causa.

3. El derecho a ser informado incluye también la información científica. La información y divulgación científica ambiental y ecológica que tenemos comparadas con las de otros países son muy bajas. No se corresponde el nivel de información tecnológica que se nos facilita con el científico.

4. El derecho a ser informado incluye también en positivo las alternativas, los proyectos, las recomendaciones en curso, tanto socioambientales como tecnológicas, pero preventivas, para evitar, neutralizar o disminuir, al menos, la degradación local y global del medio ambiente. Los programas de educación, motivación y sensibilización ambiental ciudadana deben ser conocidos y reconocidos por toda la población y deben llamar a la participación activamente. Los manuales o guías para un consumo responsable se deben distribuir de forma masiva y gratuita por todos los hogares, y se debe facilitar y fomentar el ahorro, el reciclaje y la reutilización, (las 3R). Los medios de comunicación con el apoyo de las fundaciones y ONGs pueden crear premios y concursos para empresas, ayuntamientos, etc. que se hayan destacado, con el aval de ecoauditorias fiables, de haber reducido tal índice, eliminado tal variable no sostenible, disminuido la "huella ecológica" de la ciudad, etc. Creemos que es más eficaz, como se ha demostrado en otros países europeos, incentivar y premiar que no sancionar o penalizar.

5. Los recursos y presupuestos económicos para la protección medioambiental deben aumentar y mucho, ya que se trata del derecho a la prevención de riesgos ambientales y por tanto se deben reducir los costes no sostenibles y que a la vez drenan recursos sostenibles. Se pueden reconvertir instalaciones y tecnología militar para usos civiles y en concreto para la prevención ambiental, climática y meteorológica. Hasta ciertos cuerpos militares bajo mandato civil y de protección civil podrían empezar hacer tareas de prevención o intervención en este sentido. Las infraestructuras y apoyos para la protección del medio deben ser consensuados entre agentes sociales, económicos, administración y ONG ambientales y deben estar cerca de los ciudadanos. En este sentido consideramos que los Consejos de Desarrollo Sostenible y las Agendas 21 Locales tienen que ser más plurales mucho más cercanas al ciudadano.

1. Las generaciones actuales, los estados, los gobiernos y los organismos internacionales tienen el deber de luchar, fomentar, expandir y desplegar todos sus recursos para el desarrollo sostenible, y explorar y fomentar tecnologías sostenibles, tal como plantea el llamado "Factor 4" (Ref. Club de Roma, que propone de forma contrastada duplicar el bienestar con la mitad de recursos), pero con la perspectiva del "Factor 10" (Ref. algunas ONGs y algunos ministros del medio ambiente europeos), atendiendo a los niveles de no sostenibilidad a los que estamos llegando, como medio para preservar las condiciones de la vida en el planeta y por tanto garantizar la calidad e integridad del medio ambiente. Debe quedar claro definitivamente que el actual modelo de desarrollo es insostenible y que atenta contra el medio ambiente humano y el de todo el planeta y los destruye.

2. Todos los poderes públicos, dentro de sus posibilidades, tienen la responsabilidad de proteger, restaurar y defender el medio ambiente y prevenir, mitigar y sobretodo disminuir y eliminar las causas que provocan la degradación, tanto si estas causas o efectos se dan dentro como si se dan fuera de las fronteras establecidas de sus estados. En relación a los impactos ambientales y sociales producidos por el cambio climático, hay que decir en primer lugar que las instituciones reconozcan como datos oficiales y científicos los informes 1, 2 y 3 del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, organismo dependiente del PNUMA de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, y que se divulguen los datos de estos informes. A la vez, obviamente, que las autoridades españolas cumplan los compromisos adquiridos fruto de la Conferencia de Río y de las partes de Kioto y Buenos Aires. En este sentido se tienen que proponer que este tipo de acuerdos o compromisos no sean una cuestión de gobierno o de ministerio, sino una cuestión de estado. Si el tiempo, la falta de consenso o perfiles autoritarios hacen inoperante esta propuesta, lo mejor será comenzar a perfilar una línea de justicia ambiental, jurídicamente bien documentada, tanto penalmente como desde la perspectiva de vulneración de derechos humanos, derechos ambientales y derecho internacional.

3. La protección, conservación y prevención y restauración del progresivo deterioramiento de la biosfera y la ecosfera (atmósfera, hidrosfera y geosfera), la previsión meteorológica y la perspectiva climatológica se han de considerar derechos y deberes de primer orden por parte de los poderes públicos y, por tanto, se tiene que considerar un atentado a la vida y a la salud ambiental, la falta de voluntad de aplicar los muchos acuerdos y tratados que contemplan estos derechos. Los estados y sus gobiernos han de velar tanto para que no se produzcan dentro de sus fronteras impactos ambientales y sociales peligrosos para el bienestar colectivo, como denunciar a tribunales internacionales competentes la modificación substancial o irreversible del medio ambiente, venga o no de estados vecinos o alejados.

4. Mientras los tribunales internacionales no sean bastante competentes o los actuales Tribunal Penal Internacional y Tribunal de La Haya no sean llamados a asumir competencias, la ONU, facultada para crear mecanismos como fuerzas de paz o ayuda humanitaria, propondrá la creación de una Corte Ambiental con sede en Ginebra que con ayuda de la Cruz Verde Internacional despliegue líneas de intervención, tanto preventivas y sancionadoras como de ayuda ecológica, con la creación de "cascos verdes", expertos y científicos del IPCC en todo lo que se relaciona con desastres naturales, alta contaminación, grandes incendios o inundaciones, sequías graves, calor anómalo, aparición de plagas, pérdida de la biodiversidad, alto nivel de radiación ultravioleta, etc. y en caso de que el perfil y la intensidad de las tendencias de los desastres naturales lo hagan aconsejable, la ONU, en una asamblea extraordinaria y por tanto de una mayoría de naciones unidas con un objetivo común, hará acuerdos y convenios con la NASA, la Agencia Espacial Europea, las correspondientes rusa, china y japonesa (países con tecnología militar y civil aeronßutica muy desarrollada) para que se pongan al servicio de la ONU y en concreto de la OMS y la OMM, para operaciones de ayuda ecológica de gran alcance. Dicho de otro modo, toda la tecnología de satélites, infraestructuras, estaciones de control, radares, tecnología láser, ortofotografia cartográfica, que actualmente se aplica para usos militares o comerciales, se debe aplicar para usos civiles y ambientales.

5. En el caso de que el Consejo de Seguridad de la ONU o los países ricos, llamados G7, o una minoría de estados no aprueben, bloqueen, pospongan, etc. esta iniciativa o se nieguen a seguirla, se convocará una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas que, con el soporte paralelo de un Fórum Internacional de ONGs (como hicieron en Río) y con el soporte de todos esos organismos y agencias internacionales y centros de investigación científica, se cree un Consejo Ambiental Mundial que con la ayuda de juristas y penalistas internacionales, compañías aseguradoras internacionales (buenos aliados para presionar en esta temática) intervenga en todos los sentidos, tanto contra esos estados como contra esas organizaciones transnacionales que estén vulnerando los derechos ambientales, que quiere decir incumpliendo los acuerdos de Río, Kioto y Buenos Aires, o sea atentando contra la salud de las personas, contra las sociedades y naciones y contra la vida en la tierra. Estos estados deberían ser expulsados de las Naciones Unidas y las empresas, con indemnizaciones previas a daños y perjuicios, reconvertidas a otras actividades sostenibles y por tanto no peligrosas que igualmente tienen salida en el mercado, porque todo lo que es socialmente útil y ecológicamente sostenible, tiene su futuro asegurado.

Artículo 5. DIVULGACION, SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LA DECLARACION
1. ECOjustícia y las entidades que dan soporte a esta Declaración, proponemos hacer la máxima divulgación y difusión, ya el hecho de hacerlo forma parte de uno de los objetivos más importantes, como es aumentar el nivel de información sobre el medio ambiente y la posibilidad de acceso de los ciudadanos a esta información. Por otra parte, proponemos hacerlo de forma escalonada y descentralizada, para que el mayor número de personas y entidades puedan participar activamente en un debate y una reflexión sobre los crecientes vínculos interdisciplinarios de todos los derechos humanos, el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente y su indivisibilidad, y finalmente, decidan como se concretan cotidianamente y aplicadamente las diferentes expresiones de los derechos de tercera generación (los impactos, vulneraciones, degradaciones, negligencias, etc. en relación al medio ambiente estricto, medio ambiente y salud humana, medio ambiente y cambio climático, cambio climático y salud humana, prevención de peligros y medio ambiente, manipulación genética y medio ambiente, etc. ...). Por tanto, se trata de hacer una gran tarea de educación y sensibilización ciudadana, asociativa e institucional (para adultos), con la implicación y el protagonismo activo de vecinos, trabajadores, consumidores, estudiantes, profesores y maestros, agricultores, usuarios, voluntarios, técnicos, profesionales, etc.

2. En el mismo sentido, proponemos que esta declaración sea presentada en todos los niveles de la Administración y esté en el mayor número de Ayuntamientos y Diputaciones, para que sea debatida, perfeccionada e incluso modificada con el fin de adaptarla a la realidad de cada localidad y con propuestas concretas en este sentido, después evidentemente de un trabajo de reflexión y de consenso, convocando el máximo número de entidades que quieran participar en esta plataforma o fórum para sensibilizar la población sobre los derechos humanos y el medio ambiente (de forma indivisible). También proponemos hacerlo a todos aquellos agentes sociales y económicos, sindicatos, gremios, universidades, colegios profesionales, cámaras y otras instituciones, fundaciones, mutuas y compañías aseguradoras en el mismo sentido. Entre otras razones porque el conocimiento y la defensa de estos derechos humanos no es, no obstante lo parezca, "cosas de ONGs", sino que afectan y mucho a toda la ciudadanía, sobretodo a las actuales generaciones de adultos, que tienen poder de influir y decidir, y la defensa de medio ambiente, por la misma razón, no pase únicamente por la educación ambiental para niños/as.

3. Proponemos que esta declaración sea presentada con el procedimiento más adecuado, pero a la vez más plural y unitario, para que llegue al máximo consenso político, sea como proposición no de ley o como adopción de esta declaración, tanto en el Parlamento de Cataluña como a la Generalitat de Cataluña. También proponemos que sea presentada, con tal de enriquecer sus objetivos y funciones, al Síndic de Greuges, al Institut de Drets Humans de Catalunya y al Col.legi d'Advocats de Catalunya. En el mismo sentido pedimos que sea convenientemente matizada y asumida por la Federación Catalana de ONG por los Derechos Humanos, para que tenga el soporte de las Federaciones Catalanas de ONG para la Paz y para el Desarrollo.

4. Finalmente proponemos que esta Declaración se envíe a todas las instituciones españolas, a las Cortes Generales y al Gobierno Español, así como a las instituciones europeas, al Parlamento Europeo (en este caso, además, para recordar que está pendiente de aprobación la Declaración europea de 1994), a la UNESCO, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, a la oficina de ECHO (de ayuda humanitaria), a la OMM, a la OMS y al IPCC.

Comunicado a la opinión pública en relación a las tormentas del 14 de septiembre

La Associació ECOjustícia hace un llamamiento a la sociedad civil catalana con el objetivo de decir basta, a la reiterada "postura" oficial meteorológica y climatológica, extendida y acceptada acriticamente por muchas instituciones.

Para nosotros, la primera causa de lo ocurrido, de la que apenas se ha hablado es el impacto ambiental del cambio climático a nivel regional y local (Mediterráneo) más allá de la climatología propia estacional típica de esta época y a la que se atribuyen sistematicamente todas las causas de las crecientes turbulencias meteorológicas.

Creemos del todo inercial, incompetente y habría que analizar (lo estamos haciendo) si tambien claramente negligente la actuación de muchos organismos, FUNDAMENTALMENTE ANTES Y DURANTE las tormentas, máxime cuando duraron, atravesando toda Catalunya, unas 11 horas, tiempo más que suficiente para actuaciones urgentes.

¿Que razones tenemos? Atendiendo los diferentes estudios y informes científicos sobre el impacto del cambio climático en los ciclos meteorológicos, los ecosistemas mediterráneos y el aumento de temperaturas, tanto atmosféricas como marinas, que estos últimos años se han publicado y tenemos (con más motivo los han de tener organismos públicos, medios de comunicación, servicios meteorológicos, protección civil, etc. ) no es de recibo presentar la situación como de excepcionalidad, como se nos está haciendo creer, incluso por los que están haciendo tanto ruido por el fiasco de la "Pça Cerdà" -que creemos se está convirtiendo en cortina de humo-.
Denunciamos, también, la falta de dispositivos y recursos para la prevención y protección civil en situaciones de alto riesgo ambiental, pues así se han de abordar estas situaciones que cada vez son y serán más frecuentes y peligrosas para la población.

Este año 1999, será recordado tanto a nivel peninsular como en Catalunya, como uno de los más extremos, secos, con golpes de calor fuera de época, con temperaturas medias superiores a las normales y aún más superiores las temperaturas mínimas, con las tormentas más violentas que nunca se han visto en muchas localidades (explicitado per gente mayor de éstas), granizadas cada vez más fuertes, etc. etc.

Estamos claramente en una zona susceptible de anomalías atmosféricas crecientes, recordemos que el inicio del verano ya estuvo enmarcado por la ausencia durante dos meses del Anticiclón de las Azores), la temperatura media del Mediterráneo sigue lentamente aumentando, los fen.menos tropicales aumentan (pequeños tornados cada vez más frecuentes en el litoral), crecen las nieblas bajas, etc. Por tanto no entendemos, como no se preveen situaciones como la del 14 de setiembre y no se activan alertas totales más próximas a la población, no se crean redes de comunicación entre centros de control y seguimiento via satélite conectados con protección civil, los medios de comunicación y las estaciones meteorológicas, via internet, en tiempo real.

Tenemos en nuestro territorio torres de alerta y control militar, y en cambio, no hay recursos para tener una infraestuctura de prevención de riesgos (no) naturales?
Tienen los responsables técnicos y políticos estudios prospectivos y de impacto ambiental a nivel local sobre el clima y la meteorologia actual?. Los departamentos y concejalias de medio ambiente de las administraciones están integradas en redes de gestión y prevención de riesgos ambientales? Seguimos dependiendo, de hecho, del Instituto Nacional de Meteorologia?
En el mismo sentido, consideramos casi una burla a la población tanto las "previsiones meteorológicas" de ese día, la escandalosa ausencia de boletines especiales del tiempo mientras duró la alerta oficial (interrumpiendo los programas necesarios), la ausÍncia de información permanente por Radio, TV i Internet por parte de Protección Civil y aún más indigna, la posterior información meteorológica aséptica, acrítica y "sonriente" que se nos dio, hasta el punto de que en lugar de analizar las posibles causas y sobretodo informar a fondo de datos completos meteorológicos, más allá de litros/m2, se realizó un despliegue de imagenes de "sucesos" que ser. espectacular pero que no informa.

Estamos hablando de derechos humanos ambientales aplicados. Del derecho humano de la población a ser en 1er. lugar prevenida, en 2.. lugar informada y en 3er. lugar, ciertamente, asistida (de lo que único que se ha hablado). Muchas personas, familias, negocios, talleres, explotaciones agrarias, empresas y localidades (y por tanto ayuntamientos y ciudadanos) etc han sido víctimas una vez más de la falta de previsión y no de una fatalidad de la naturaleza. Y esto debe entenderse, también, como vulneración de derechos
humanos, de 3. generación, no demasiado conocidos todavía, pero emergentes y en vías de reconocimiento internacional los próximos años.

Por otro lado, no se informa a la población de datos con estos: ¿Es normal que caigan en Catalunya 24.700 relámpagos en 24 horas, entre el 14 y 15 de setiembre? La velocidad del viento llegó a alcanzar 191,5 Km/h (categoría 3 de huracán en la escala de Saffir-Simpson). ¿Por qué en esta ocasión, pues en otras sí se ha dicho, no se han dado datos? Una velocidad que hacía saltar máximas nunca vistas y planteaba muchas preguntas?

Las pérdidas aunque no hayan habido, milagrosamente, víctimas mortales (parece que así todo está arreglado) son elevadísimas y estén o no aseguradas (todavía peor) el impacto social y humano que comportan es enorme, incluso para el mismo Estado, la Generalitat y las aseguradoras.

Se ha escrito mucho sobre las compañías eléctricas, pero muy poco sobre Protección Civil y ni una sola línea, practicamente, sobre el Servei Meteorológic de Catalunya que tiene competencias.

Hacemos un llamamineto a organismos e instituciones para que con más razón todavía aceleren los Planes Integrales -preventivos- Socioambientales a desarrollar en cada localidad, -las Agendas 21 Locales-, y allí donde se estén implementando incorporen mecanismos de prevención de riesgos y estudios prospectivos de impacto ambiental del cambio climático y mejores sistemas de información y alerta local, conectados a Radio y TV y Internet. Es una temeridad no crear nuevas estructuras de prevención de riesgos.

Finalmente decir que cada vez más, seguridad ambiental y educación ambiental han de ir indivisibles y la participación ciudadana adulta, en este sentido es imprescindible.

Estamos a disposición de instituciones, empresas, asociaciones, usuarios y consumidores. Creemos es la mejor manera de trabajar por la seguridad ambiental.

"Nunca una generación, como la actual, había tenido tanta res-
ponsabilidad sobre sí misma y sobre el futuro de la humanidad

Manifiesto colectivo solidari@s con Itoiz

Os hacemos llegar un informe que nos ha enviado el colectivo Solidarios con Itoiz desde Navarra, resumiendo la historia y la situación actual de la lucha contra el pantano de Itoiz, así como un manifiesto solidario con los 8 activistas del colectivo condenados a más de 4 años de cárcel por la acción de sabotaje realizada en 1996 cortando los cables del sistema de hormigonaje de las obras.

Este manifiesto lo podéis firmar y enviar a su dirección electrónica (solidarios@eusnet.org)

ALGUNOS DATOS
El pantano de Itoiz es un proyecto que se ubica en el Noreste de Euskal Herria en la provincia de Navarra, a 30 Kms. de Iruñea (Pamplona). Se llenaría por los ríos Irati y Urrobi. Su capacidad sería de 418 Htms3, con una altura de presa de 135 metros y una distancia lineal de 35 Km inundando 1.100 Has.

ATENTADO ECOLÓGICO Y SOCIAL
Con el llenado del pantano desaparecerían nueve pueblos de los valles de Artze, Longida e Irati, afectando de manera parcial a otros seis. De esta manera desaparecería un patrimonio histórico-artístico de incalculable valor, además de formas de vida tradicionales que han perdurado hasta nuestros días, basadas en el respeto a la Madre Tierra. El embalse de Itoiz inundaría tres enclaves calificados como reservas naturales (Txintxurrenea, Gaztelu e Iñarbe), con sus respectivas bandas de protección y dos Z.E.P.A.s (Zona de Especial Protección de Aves) creadas por la Comunidad Económica Europea. Estas figuras legislativas protectoras, dan una idea de la riqueza naturalística del entorno (zona de transición entre el medio pirenaico y mediterráneo) y la necesidad de protección de diversas especies animales en claro peligro de extinción. Este es el caso del alimoche, águila real, buitre leonado, búho real, desmán de los Pirineos, y nutria (que ya ha desaparecido con los trabajos de construcción de la presa).

FALSOS ARGUMENTOS PARA SU CONSTRUCCIÓN
La excusa del regadío:
Uno de los usos con los que se pretende justificar el embalse de Itoiz es el regadío de 57.000 Has. en la zona media y Sur de Navarra, para lo cual necesita la construcción de un gran canal de 177 Km. denominado "Canal de Navarra", que hasta la fecha no tiene ni tan siquiera proyecto. La Política Agrícola Comunitaria y los acuerdos mundiales del GATT tendentes a reducir los excedentes agrícolas y la superficie a cultivar no incentivan la creación de nuevas hectáreas de regadío, sino todo lo contrario. Además, el recién aprobado Plan estatal de Regadíos no contempla la creación de ninguna sola hectárea de regadío derivada de este proyecto. Por si esto fuera poco, prestigiosos especialistas han realizado estudios de inversión-rentabilidad de estos hipotéticos regadíos en los que se desaconsejaría dicha inversión por su gran carestía. El contestado proyecto de Riaño es un antecedente histórico de engaño en este sentido. A los 15 años de su construcción no se ha creado ni una sola hectárea de regadío de las muchas que prometieron.

El engaño del uso urbano y la producción eléctrica:
Otra justificación que dan al proyecto, es la necesidad de agua de boca para la capital y su comarca. Esto significaría según la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE- (organismo encargado de la gestión y distribución del agua) que la capital (Iruñea) tendría un abastecimiento tres o cuatro veces superior a cualquier ciudad de primer orden (1.430 l/hab/día). Además, no existe ningún proyecto serio de cómo canalizar este agua. La producción eléctrica es otra de las justificaciones utilizadas. Para ello está proyectada una central eléctrica que produzca 52 Gw/h. Pero por otro lado el pantano inundaría cuatro centrales situadas a orillas del río Irati, que producen actualmente 34,6 Gw/h y que deberían ser indemnizadas con 5.000 millones de pesetas.

LOS VERDADEROS MOTIVOS PARA SU CONSTRUCCIÓN
Sin embargo el verdadero motivo que mueve este pantano es el suministrar agua desde el Pirineo a las zonas costeras del Mediterráneo por medio de trasvases, al objeto de emplearla con fines desarrollistas y especulativos, como el uso turístico, campos de golf, etc. acentuando el desequilibrio territorial, poblacional y ecológico, incompatibles con una política mínimamente racional. El pantano de Itoiz es así una obra clave dentro de la política faraónica y despilfarradora de trasvases diseñada desde tiempos de Franco y continuada por los sucesivos gobiernos posteriores.

CORRUPCIÓN ALREDEDOR DEL PROYECTO
Desde su comienzo, ésta obra está caracterizada por la corrupción. La adjudicación a las empresas constructoras fue fraudulenta. Antonio Aragón (ex-Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y ex-presidente de la CHE) cobró entre 240 y 480 millones de pesetas por dicha adjudicación. Tanto él como Gabriel Urralburu (ex-presidente del Gobierno de Navarra), ingresaron en prisión por la adjudicación fraudulenta de ésta y otras obras. El siguiente presidente del Gobierno, Javier Otano, tuvo que dimitir de su puesto por idénticas razones, estando en la actualidad en espera de juicio. Además, el máximo responsable de la seguridad de las obras, Leoncio Castro, fue uno de los cabecillas del GAL (Grupo paramilitar creado por el Gobierno español que asesinó a unas 30 personas). El presupuesto inicial del proyecto (16.000 millones de pesetas), a ascendido a 30.000 millones de pesetas sin causa justificada.

ILEGALIDAD DEL PROYECTO
El proyecto técnico del pantano de Itoiz está anulado por la Audiencia Nacional (29/9/95). Esta anulación ha sido corroborada por el Tribunal Supremo (14/7/97). A pesar de ello ninguna de estas instancias judiciales ha sido capaz de paralizar las obras. En estos momentos la presa principal está concluida y la carretera de circunvalación (en sustitución de la actual que quedaría inundada), se inaugurará próximamente. Una vez que se inutilice la actual carretera, darán comienzo a las obras de la presa secundaria. En 1994 la Coordinadora de Itoiz presentó una queja a la Unión Europea de Medio Ambiente que la desestimó. En Noviembre de 1998, el Defensor del Pueblo Comunitario dictaminó que el archivo de dicha queja no está justificado, constituyendo un caso de "mala administración" por parte de la Institución Comunitaria. Está claro que las presiones políticas por parte del Gobierno de Navarra y del Gobierno Español fueron las causantes de este archivo. Para colmo el Gobierno de Navarra contrató a la empresa mafiosa Burson-Marsteller (multinacional del lavado de imagen) para hacer labores de comunicación con respecto al pantano. Dicha empresa ha asesorado a diferentes dictaduras y a empresas contaminantes para crear estados de opinión favorables para sus intereses en momentos difíciles.

FALTA ABSOLUTA DE SEGURIDAD
Un reciente estudio realizado por Antonio Casas, Catedrático de Geodinámica de la Universidad de Zaragoza, indica que la ladera izquierda donde está asentada la presa principal, presenta grandes problemas de estabilidad que podrían tener "consecuencias catastróficas" acentuados por los llenados y vaciados del embalse y ante posibles movimientos sísmicos, pudiendo provocar el deslizamiento de 3 millones de metros cúbicos de tierra, lo que podría ocasionar el taponamiento de los desagües del fondo, el desbordamiento de la presa (como ya ocurriera en 1963 en la localidad italiana de Vaiont, causando 2.000 muertos), e incluso la rotura de la presa (como en el caso de Tous en el estado español, en donde murieron varias decenas de personas). En un estudio realizado por el Ministro de Medio Ambiente se califica a esta presa como de "máximo riesgo". Tanto el Gobierno de Navarra como el de Madrid han ocultado deliberadamente todos los estudios que han ido realizando sobre la peligrosidad de la presa, desde mucho antes de comenzar la obra hasta nuestros días.

MILITARIZACIÓN DE LA ZONA
Las obras del pantano han supuesto la total militarización de la zona.
A pie de presa construyeron un cuartel de la Guardia Civil en el que viven unos 60 miembros. A ellos hay que añadir los más de 30 guardas jurados de empresas de seguridad privadas. El hecho de que a escasos kilómetros de la obra existan otros tres cuarteles más de la Guardia Civil hacen de la zona de Itoiz una de las más militarizadas de Europa. Esto se traduce en un continuo acoso policial a la población: controles casi diarios de carreteras, cacheos, amenazas, y más que "sospechosas" quemas de locales populares y vehículos particulares.

OPOSICIÓN AL PANTANO DE ITOIZ. LA COORDINADORA DE ITOIZ
La Coordinadora de Itoiz nació en el año 1985 (año en el que se comenzó a hablar de este proyecto) como organismo de oposición al pantano de Itoiz. A lo largo de todos estos años de vida, su labor fundamental ha sido la informativa, divulgativa (informes técnicos varios), movilizadora (encarteladas, manifestaciones, acampadas) y jurídica (presentación de querellas a las diferentes instancias judiciales).

En Febrero de 1995 y cuando las obras del pantano llevaban ya más de un año y medio, nace el colectivo Solidari@s con Itoiz para cubrir un nuevo frente de lucha: el de la acción directa, pública y no-violenta, dentro de una estrategia de desobediencia civil en defensa de la tierra. En estos cinco años de vida hemos realizado más de cuarenta acciones para denunciar la irracionalidad de unas instituciones que a pesar de la evidencia de las razones de oposición han seguido adelante con esta obra anti-ecológica e ilegal. Estas acciones las realizamos en las sedes de las instituciones responsables de la obra o a pie de obra. Al acabar las acciones permanecemos en el lugar de los hechos sin oponer resistencia a la detención, a pesar de los malos tratos que nos han infringido los diferentes cuerpos policiales o guardas de seguridad de la obra. A consecuencia de nuestras acciones hemos sufrido cinco juicios, y aparte de los 2 meses de cárcel que tuvieron que pasar ocho miembros de nuestro grupo por el corte de cables, otra persona del colectivo cumplió una pena de 16 meses de prisión.

EL CORTE DE CABLES
En verano de 1995, la Audiencia Nacional declara nulo e ilegal el proyecto del pantano de Itoiz, exigiendo a la Coordinadora de Itoiz el pago de 23.000 millones de pesetas para su paralización. En vista de que las obras, lejos de detenerse incrementaban su ritmo, nuestro colectivo decidió paralizarlas mediante una audaz acción. Así, el 6 de Abril de 1996, al amanecer, 8 miembros de "Solidari@s con Itoiz" acompañados de cinco periodistas, penetraron en el recinto de obras. Dos de ellos redujeron al guarda jurado, arrebatándole el arma para evitar el peligro de los posibles disparos, y lo maniataron (de esta manera permaneció durante 5 minutos aproximadamente). A continuación, depositaron su pistola en el tejado de la garita de vigilancia. Instantes después los otros seis Solidari@s, provistos de sierras radiales, procedieron a cortar los 6 cables del sistema de hormigonado de la presa. Estos cables que medían 800 metros de longitud soportaban el transporte del hormigón necesario para la construcción de la presa. Eran por tanto el corazón de la obra. De esta manera se interrumpieron los trabajos durante un año. Como en todas las acciones que realiza el grupo, una vez efectuado el corte de cables los 8 Solidari@s permanecieron en el lugar hasta la llegada de los guardas de seguridad de la obra y de la guardia civil. Fueron esposados a la espalda y obligados a tumbarse boca abajo recibiendo una salvaje paliza durante una hora. A consecuencia de la cual los 8 sufrieron diversas lesiones: rotura de tímpano, lesiones en tendones de las piernas, moratones por todo el cuerpo, etc... En un juicio celebrado en primavera de 1999, dos guardas jurados fueron condenados a indemnizar con 1 millón de pesetas por las lesiones ocasionadas a dos de los agredidos. Este dinero todavía no ha sido pagado. Los periodistas también fueron agredidos y su material fotográfico velado. Al día siguiente, la delegación de un periódico cuyos periodistas habían sido testigos de la acción, fue asaltada presumiblemente por la policía, que buscaba material gráfico comprometedor de la acción. Estas 8 personas fueron encerradas durante más de 8 horas en un furgón policial en compartimentos individuales de 1 por 0,50 metros bajo un sol de justicia, esposados atrás y sin poder beber agua. Durante 15 días hubo una gran campaña de los mass media que calificaron la acción de terrorista, intentando posicionar sin éxito a la población en contra de los autores. Estos ingresaron en prisión, en donde estuvieron 2 meses, saliendo en libertad provisional en espera de juicio por la fuerte presión popular. A los 2 días de su salida de la cárcel, se celebró una manifestación en contra del pantano a la que asistieron 15.000 personas (una de las más grandes en la historia de la lucha contra el pantano).

A raíz de dicha acción hubo una fuerte campaña de solidaridad con los detenidos constituyéndose espontáneamente una gran cantidad de grupos de "Solidarios" con los Solidarios, que protagonizaron acciones directas en contra del pantano. También se realizó una campaña de apoyo a la que se adhirieron mas de 300 colectivos.

CONSECUENCIAS PENALES DE LA ACCIÓN
A los 2 años de la acción, se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Navarra contra los 8 Solidari@s, que se enfrentaron a cinco peticiones diferentes, entre las que destacaba la del Gobierno de Navarra que pedía 19 años de cárcel para cada uno de los acusados. Finalmente, la sentencia fue de 4 años y 10 meses (para cada uno de los acusados) por detención ilegal (secuestro), y tan solo 3 fines de semana por el corte de los cables. La indemnización por los daños causados ascendió a 1.800 millones de pesetas. El colectivo interpuso un recurso al Tribunal Supremo que ha sido finalmente desestimado en Octubre de 1999. La sentencia es pues firme e implica el inmediato ingreso en prisión. El poder judicial no puede tolerar acciones tan limpias como la presente, y al darse cuenta que el corte de cables no constituía en sí mismo un delito castigable con pena de cárcel, se agarra a una retención que no superó los 5 minutos, para calificarla como detención ilegal o secuestro, contradiciendo jurisprudencia anterior. La duración del supuesto secuestro queda reflejada en el vídeo que sirvió de prueba testifical en el juicio y que está a disposición de todo el mundo. Es clarificador que a los 4 policías miembros del GAL (recientemente juzgados) que tuvieron secuestrado a Segundo Marey durante 10 días en pésimas condiciones, se les aplique la misma condena, demostrando a las claras, las diferentes varas de medir que utiliza la justicia española dependiendo de quién sea la persona juzgada. Ello sin contar que estos policías dudamos mucho que vayan algún día a la cárcel, ya que sus superiores (Rafael Vera, ex-secretario de Estado para la Seguridad y José Barrionuevo, ex-ministro del Interior) están en la calle en la actualidad, después de haber sido juzgados, condenados y tras un breve espacio de tiempo en la cárcel, indultados. Además, está muy claro que en el caso de la retención de 5 minutos, no era éste el objetivo específico de la acción (como lo era en el caso de Marey), sino que se hizo para posibilitar el corte de los cables. Es muy ilustrativo que el Tribunal Supremo se remita a una sentencia del año 1874, para defender que dicha retención constituyera un delito de detención ilegal (secuestro). Por otra parte en Euskal Herria son prácticamente diarias las detenciones ilegales practicadas por los diferentes cuerpos policiales (algunas incluso de horas) sin que esto constituya delito alguno. Vemos pues, como una vez más el poder judicial se alía con el poder político y económico para apoyar la irracionalidad, la ilegalidad y la falta total de sensibilidad para con la Madre Tierra, castigando con una condena desproporcionada y ejemplarizante a quien la defiende. El paralelismo de esta sentencia con respecto al contencioso general del pantano se hace evidente ya que el poder judicial es incapaz de paralizar una obra que él mismo, de manera reiterativa, ha calificado de ilegal, poniendo en evidencia una vez más el sometimiento de éste a las directrices del poder político y económico. Nada más hacerse firme la sentencia tanto la Coordinadora de Itoiz, Greenpeace como Ecologistas en Acción (organización que agrupa a más de 120 grupos ecologistas y medioambientalistas de todo el estado español), hicieron pública la petición de indulto para los 8 Solidari@s. Este hecho añadido al apoyo recibido anteriormente por una gran parte del movimiento sindical, ecologista y popular de Euskal Herria y de todo el Estado, nos indican con claridad que el colectivo "Solidari@s con Itoiz" no está sólo.

"S.O.S. ITOIZ" EUROPEAN TOUR
Ante el inminente encarcelamiento, los autores del corte de los cables, así como otros miembros del colectivo, han iniciado una gira por Europa para dar a conocer la lucha contra el pantano de Itoiz. En esta gira, el colectivo "Solidari@s con Itoiz" realizará un ciclo de vídeo-charlas explicando las razones que les llevaron a realizar el corte de cables y el resto de acciones directas en contra de este macro-proyecto. Otro objetivo es contactar con los diferentes grupos de defensa de la Tierra para intercambiar experiencias de lucha y recabar apoyos internacionales. En este sentido se iniciará una campaña de apoyo y solidaridad con nuestra lucha por parte de colectivos ecologistas, políticos y sociales.

Para contactar con nuestro colectivo o recabar más información, estas son nuestras direcciones:

"SOLIDARI@S CON ITOIZ"
Unai Behrendt Baztan
Nagusia Kalea 38-5.B 31.001 Iruñea
EUSKAL HERRIA
Estado Español

OCTUBRE DE 1999
MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD
Teniendo en cuenta que el pantano de Itoiz constituye:

Boletín CF+S > 11 -- Especial: EL AGUA Y LA CIUDAD > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n11/n11news.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

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